16 de agosto 2023
AA
Share
La orden de confiscación contra la Universidad Centroamericana (UCA) se basa en un oficio girado por la jueza orteguista Gloria María Saavedra Corrales, quien acusa —sin presentar pruebas— al alma mater de los supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria y conspiración.
De acuerdo con la titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, durante las protesta cívicas de 2018, la UCA “funcionó como un centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados”.
Estos supuestos grupos “emplearon métodos terroristas” y “destruyeron universidades públicas, edificios públicos y privados”. Asimismo, cometieron “actividades delincuenciales con armas de fuego, municiones letales, morteros, bombas molotov y objetos contundentes, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas al país”, según el oficio en poder de CONFIDENCIAL.
De todas estas acusaciones contra la UCA, la jueza orteguista no presenta una sola prueba. Saavedra Corrales ha estado a cargo de los algunos procesos contra varios sacerdotes, algunos de ellos ya excarcelados y desterrados; otros todavía están en prisión o bajo “investigación”.
En un comunicado, la universidad jesuita calificó como “infundados” los señalamientos de que funcionaron “como un centro de terrorismo”.
“Ante todo esto, la UCA reitera su compromiso con la sociedad nicaragüense por una educación superior de alta calidad y fiel a sus principios fundacionales desde hace 63 años”, según la nota de prensa.
Dictadura podrá ir tras directivos
Saavedra Corrales afirma que la universidad ha traicionado “la confianza del pueblo nicaragüense, que los acogió en nuestro país para que funcionaran como institución de educación superior”.
“Por ello —prosigue— son y continúan siendo traidores al pueblo nicaragüense. Estos incidentes de violencia dejaron secuelas de luto y dolor en las familias nicaragüenses”.
La jueza describe que la UCA “ha sido dirigida, hasta el día de hoy, por grupos de personas que han transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las instituciones de la educación superior”.
“La Universidad Centroamericana (UCA) por medio de sus principales directivos han atentado de forma continua contra la independencia, la paz, soberanía nacional y autodeterminación del pueblo nicaragüense”, según la jueza.
A estos directivos —que no nombra— los acusa de cometer “delitos contra la integridad nacional, entre otros, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado, perjudicando la unidad del país, de la familia y la comunidad”.
La acusación de conspiración contra “la integridad nacional” es usada por la justicia de la dictadura para detener, enjuiciar y condenar a centenares de presos políticos en Nicaragua.
“Lo que más me preocupa de los señalamientos de terrorismo es que, al menos en el deber ser legal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas recae individualmente sobre las personas naturales. Es decir, en contra de los directivos de la UCA”, explicó el exfuncionario judicial Yader Morazán, especialista en administración de justicia, en la red social X, antes Twitter.
“Y a partir de que ya se iniciaron actos preparatorios de incrimización, en cualquier momento podrían capturar a sus directivos y/o personal administrativo, porque ya tienen una ‘justificación legal’”, agregó.
Incautación del dinero, mobiliarios y propiedades
El oficio judicial fue recibido la tarde del martes 15 de agosto y está dirigido al rector de la UCA, el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López. En el documento se ordena la incautación de cuatro propiedades de la UCA, que “se encuentran registradas en Managua y los demás bienes inmuebles que pudiera tener a su favor”.
Además, “Se ordena la incautación de todos los bienes muebles propiedad” de la UCA, “sujeto o no a registro ante una oficina pública, ya sea que se encuentren dentro o fuera de dichas propiedades; entre estos: equipos rodantes, equipos y mobiliarios de oficina, bienes informáticos, libros y registros físicos, digitales, dinero”.
La jueza orteguista manda, también, a incautar “todo el dinero, sea en moneda nacional o extranjera, de las cuentas bancarias inmovilizadas, certificados de depósitos, ya sea en moneda nacional o extranjera, títulos valores y otros instrumentos financieros negociables en un mercado de valores”.
“Lo anterior —prosigue— de una manera enunciativa, pero no limitativa de los demás bienes que pudiera tener la Universidad Centroamericana (UCA) en el territorio nicaragüense”.
De acuerdo con el oficio, se establece “la incautación de todo lo antes dicho a favor del Estado de la República de Nicaragua, que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”.
Asimismo, la judicial giró oficios al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a la Superintendencia de Bancos, a la Dirección Nacional de Registros, a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República, “para lo de sus cargos”.
