7 de junio 2018
El director del Instituto de Estudios Estrátegicos y Políticas Públicas (IEEPP), Félix Maradiaga, señalado el pasado martes 5 de junio por la Policía Nacional de dirigir una red delincuencial y terrorista en el país, no ha sido acusado en las primeras declaraciones del el Ministerio Público sobre el tema, según extrae de una nota publicada en el portal oficialista El 19 Digital.
"Hemos logrado establecer la existencia de estructuras delincuenciales organizadas por el sujeto conocido como Félix Maradiaga en conjunto con la agrupación delincuencial "Viper", dedicada al crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, asesinato y otros delitos conexos", dijo el martes el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, Luis Alberto Pérez Olivas, en rueda de prensa.
Sin embargo, la nota publicada este jueves señala que el Ministerio Público, a través de la fiscal Valeska López, "hizo del conocimiento del pueblo nicaragüense la formal acusación" en contra de Cristian Josué Mendoza, alias Víper, y menciona como sus cómplices a Alejandro Arauz Cáceres, alias Águila; Manuel Largaespada, alias R7; Humberto Arias Romero, alias H; y Kennett Romero, alias Rasta, por el delito "de asesinato agravado en perjuicio" en contra de Keller Pérez, "a quien los acusados dieron muerte por asfixia utilizando alambre de electricidad el pasado 22 de mayo".
De esta forma, no acusan formalmente a Maradiaga a pesar que lo vincularon directamente en la conferencia de prensa de la Policía. “Es una acusación tan ridícula, desprendida de la realidad que sería motivo de risa, de bromas sino fuera porque estamos frente a un régimen asesino que lleva más de 130 de muertos en menos de 50 días”, aseguró recientemente Maradiaga, quien participaba en una serie de actividades en el marco de la 48 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Maradiaga dijo esta semana a CONFIDENCIAL no estar sorprendido por esta “persecución política”. Según él, desde que critica al Gobierno de Ortega ha vivido este asedio, pero se ha agravado desde el 18 de abril, cuando fue desatada la violencia desenfrenada contra los universitarios y la sociedad que participa en la rebelión cívica.
Siguen investigaciones
Este jueves, la fiscal informó que los señalados de asesinar a Pérez, cuyo cuerpo apareció abandonado en la Cuesta El Plomo, tuvieron "los ánimos de desaparecer el cuerpo y evitar su identificación, lo rociaron de gasolina para quemarlo y borrar cualquier tipo de evidencias que los implicara en tan abominable hecho".
“Se ejerció la acción penal en representación de la víctima ante la autoridad judicial, a la que se solicitó orden de captura para los acusados Humberto José Arias, Kennett Romero y Manuel Largaespada. La responsabilidad penal de los acusados por el delito de asesinato agravado será probada en juicio”, explicó López.
Sin embargo, según recoge el portal oficialista, la representante de la Fiscalía indicó que "se continúa el proceso de investigación" contra los acusados ''y en contra de otras por estar presuntamente relacionadas en la comisión de hechos delictivos tales como asesinato, incendios, daños, saqueos, crimen organizado y terrorismo".
Otras acusaciones
El Ministerio Público acusó también a Christopher Henríquez por el delito asesinato en contra del ciudadano Jorge Gastón, fallecido durante un enfrentamiento en la comarca El Quebracho en Boaco. Asimismo el ciudadano Julio Ampié es acusado por el delito de homicidio frustrado en perjuicio de Norman Rodríguez por el conflicto en el mismo tranque de Boaco.
También se acusa a Jaime Ramón Ampié, Julio Ampié, William Efraín Picado y Christopher Henríquez por supuestamente haber cometido el delito de lesiones en perjuicio de Jeffri Sevilla, Luis Ochoa y Honson Hernández; todos también son acusados por el delito de exposición de personas al peligro en perjuicio de 20 ciudadanos.
La Fiscalía igualmente acusa a Reynaldo Antonio Lira por el delito de amenazas con arma de fuego en contra de Julia García, Reyna Oporta, Maryelin Miranda, Eraldis Carballo, mujeres que protestaban contra el tranque ubicado en el Empalme de Boaco el pasado 25 de mayo. Se giró además orden de captura para Christopher Henríquez.
Jaime Ramón Ampié se desempeña como promotor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en Boaco y ha alegado inocencia porque no se le ocupó ningún tipo de arma.