16 de agosto 2024
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“Hoy yo tendría mi título de Psicología, pero me arrebataron esa posibilidad”, lamenta Mariana, exalumna de la Universidad Centroamericana (UCA), que cumplió un año desde su cierre y confiscación ordenada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La UCA confirmó su cierre por órdenes de la dictadura el 16 de agosto de 2023. Desde entonces, Mariana ha pasado por duelo, rabia, esperanza y mucha incertidumbre.
Mariana recuerda el dolor que sintió cuando vio cómo quitaban las letras de la entrada de la universidad y colocaban el nuevo nombre: Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
“Estaba demasiado triste (cuando quitaron las letras de la universidad), entré casi de inmediato a mi correo de la UCA para tratar de sacar mi información, cuando de repente lo cerraron y, en ese momento, empecé a llorar”, detalla Mariana.
A Mariana solo le faltaba una clase y su tesis para finalizar su carrera, que compaginaba con su trabajo en el área de Recursos Humanos de una empresa de manufactura. “Es triste ver que intentaron dejarme sin poder estudiar”, insiste.
Hace unos meses, en un busca de completar sus estudios, intentó matricularse en la nueva universidad, controlada por el régimen, pero le dijeron que había un problema y que no podían aceptarla.
“La señora que me atendió solo me dio mis documentos y pude escuchar como a otros estudiantes les decían que no los podían matricular, pero a ninguno nos dijeron por qué”, relata.
Tras la confiscación de la UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de El Salvador, y la Universidad Rafael Landívar (URL), de Guatemala; ambas jesuitas, ofrecieron la oportunidad de continuar estudios, con la condición de cursar al menos un año.
Sin embargo, en el primer semestre de este año la carrera de Psicología solo la ofrecieron de forma presencial. “No podía dejar mi trabajo y me sentí frustrada”, comenta la joven, quien añade que, incluso, estaba lista para estudiar en otra universidad en Nicaragua, aunque significara empezar “desde primer año”.
El 20 de julio, Mariana inició su primer semestre sabatino y virtual en la URL. Aunque pasó casi un año sin poder estudiar, ahora tiene la esperanza de un futuro título.
Ese título “no me representa”
Carolina cursaba el último semestre de su carrera en la UCA cuando fue cerrada. Su tesis —que defendería en noviembre de 2023— ya estaba en su última etapa de revisión. La confiscación le causó una mezcla de sentimientos que, un año después, no es capaz de describir. Sentía “como si el mundo se me venía encima”, sostiene.
Ella rechazaba la posibilidad de continuar sus estudios en la "nueva" Casimiro Sotelo Montenegro. Sentía que hacerlo “era una traición a todos los valores aprendidos” en la universidad jesuita. Sus maestros le hicieron reflexionar que era “su mejor opción” para obtener su título, en un corto plazo.
“Era injusto que cinco años de educación y sacrificio se quedaran en el aire. Peor aún, era desperdiciar toda la enseñanza y formación que la UCA nos había dado, orientada especialmente para hacer un cambio en la sociedad”, enfatiza Carolina.
El 15 de enero de 2024, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) concretó el inició de clases en la “nueva” universidad, luego de dos intentos fallidos, primero el 28 de agosto y después el 25 de septiembre de 2023, y cinco meses después del robo de la UCA. Los estudiantes de reingreso como Carolina perdieron un semestre de clases.
Regresar a las instalaciones de la UCA fue “duro”, reconoce Carolina. La universidad “ya no se sentía igual”, prevalecía cierta “hostilidad hacia los estudiantes de reingreso” y los maestros “se molestaban cuando mencionábamos el nombre UCA, teníamos que referirnos a ella como la antigua universidad”, agrega.
Las clases en la Casimiro Sotelo tampoco fueron iguales que en la confiscada UCA. A Carolina le asignaron un tutor para su tesis, que tenía redactada desde antes de la confiscación, éste revisó el documento y le orientó cambiar elementos de la estructura y ponerle cosas que, a juicio de ella, son “innecesarias”.
Carolina finalmente obtendrá un título de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Eso le genera un conflicto interno. Está consciente de que ese documento le permitirá ejercer su profesión, al menos en Nicaragua, pero “no me siento identificada con ese título, no me representa a mí ni a toda la formación que recibí en la UCA”, opina.
Compañía de Jesús exige justicia
La justicia del régimen acusó de “terrorismo” a la UCA, por refugiar, en diferentes ocasiones, a cientos de estudiantes que se manifestaron contra la dictadura desde 2018. El vocero de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús ante la crisis en Nicaragua, el sacerdote español José María Tojeira, denunció que la confiscación obedeció a represalias del Gobierno.
“Es cierto que se han confiscado varias universidades privadas, pero creo que como la UCA tenía cierto prestigio, es una universidad más compleja, el cierre obedece fundamentalmente a la represalia por haber abierto las puertas de la UCA en 2018 a una población que huía de una manifestación disuelta a tiros, con heridos y muertos”, dijo el sacerdote jesuita en una entrevista con Infobae.
Para Tojeira, todo lo sucedido con la UCA está “dentro de un proyecto que tiene el Gobierno actual de Nicaragua, de no tener oposición dentro del país, no solo oposición política, sino oposición de pensamiento, de opinión, etcétera”.
La jueza orteguista Gloria María Saavedra Corrales, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, ordenó la incautación de todos sus bienes inmuebles y sus cuentas bancarias, argumentando que “funcionó como centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas”.
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, administradora de los bienes de la UCA, exigió justicia al régimen Ortega-Murillo, al cumplirse un año “de la impune e injustificada confiscación” de la UCA, sus centros de investigación, bibliotecas, colecciones históricas de documentos, catálogos de recursos naturales, propiedades y recursos financieros.
“Reiterar que todo ello ha sido un invaluable daño al patrimonio científico y cultural de Nicaragua y sigue siendo una grave violación al derecho a la educación de miles de jóvenes que estudiaban en la UCA o pretendían hacerlo; a la libertad de cátedra de cientos de docentes que estaban contribuyendo al desarrollo cultural y científico del país; a los derechos laborales de todo el personal universitario, al derecho de propiedad de la Compañía de Jesús, además de ser una grave violación al inalienable derecho al debido proceso legal y a la legítima defensa”, expresaron en un comunicado.
“Aún me siento en el limbo”
Hace unas semanas, Laura, estudiante de Marketing, inició su segundo semestre en línea en la Universidad Rafael Landívar, gracias a una beca. Dice que el grupo eran casi 40 estudiantes, pero algunos han abandonado las clases.
A ella solo le faltaba una clase y su tesis para culminar la carrera, pero se resignó a tener que estudiar un año más. “Es duro porque ahora tenemos clases de lunes a viernes de seis a nueve de la noche y es cansado llegar del trabajo y empezar a estudiar”, expresa. Además, para cumplir con las tareas debe desvelarse.
Laura detalla que la mayoría de sus compañeros trabajan y a veces no les da tiempo de irse a sus casas “y se quedan conectados desde sus centros laborales hasta las nueve de la noche”. Además, este segundo semestre tiene clases los sábados.
La joven destaca que “ve más cerca” su sueño de graduarse, aunque le preocupa no saber cuánto costará la culminación de estudios, el título y si tendrá que viajar a Guatemala a la graduación.
“Me parece que es un costo elevado y me preocupa porque no puedo asumir esos costos. Hasta ahora no tenemos una respuesta oficial de qué pasará, porque, aunque nos han ayudado, no estaban listos para recibirnos”, señala.
Ante esa situación, admite, ha valorado la posibilidad de terminar la carrera en la Casimiro Sotelo. Sin embargo, Laura manifiesta que las veces que ha llegado a la nueva universidad se sintió “vigilada”, por lo que deberá decidir qué hacer con su futuro profesional en las próximas semanas.
“De alguna manera aún me siento en un limbo”, afirma.
Seis de cada diez buscaron otras universidades jesuitas
Datos conjuntos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador, y la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala, indican que, de los 5000 estudiantes que tenía la UCA al momento de su cierre, 2301 solicitaron ingreso en otras universidades jesuitas de Centroamérica, una proporción de seis de cada diez alumnos.
De estos 2301 estudiantes, 2203 cursaban carreras de grado y 98 eran de postgrado. La mayoría de los estudiantes de grado estaban en los últimos años de su carrera o eran egresados en proceso de titulación.
Al menos 407 estudiantes de Nicaragua continúan sus carreras en las universidades de El Salvador y Guatemala, durante el primer ciclo de 2024. De ellos, 158 estudian de forma presencial y 249 en modalidad virtual.
En ambas universidades se ofertan 15 carreras, entre ellas: Economía, Finanzas, Mercadeo, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Inglés, Comunicación Social, Psicología, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Civil y Arquitectura.
Para el segundo ciclo de 2024 ambas universidades admitieron a otros 34 estudiantes nicaragüenses, pero solo 29 completaron el proceso de inscripción.
Entre el 45% y el 72% de los 407 estudiantes cuentan con algún tipo de beca para alguno de los ciclos de estudio, según los datos.
Los estudiantes nicaragüenses también han recibido asesorías y apoyo para trámites migratorios, incorporación de títulos y en reglamento especial para equivalencias; acompañamiento psicosocial de emergencia y sesiones de terapia, y tutoría académica personalizada y jornadas de reflexión con docentes.
“Me negué a adoctrinar”
Tras el robo de las instalaciones de la UCA, el exprofesor universitario Raúl pensó que cualquier universidad, colegio o empresa en Nicaragua “quedaba a disposición de la dictadura”.
El hecho sorprendió a este académico impartiendo clases en un instituto técnico. Aquel semestre no pidió dar clases a los alumnos de Ingeniería Industrial, (carrera que impartía la Facultad de Ciencias, Tecnología y Ambiente de la UCA), porque tenía contratos empresariales que cumplir.
Todos aquellos con los que habló ese día, en especial sus colegas docentes, expresaron “frustración, enojo, decepción”. En los días posteriores siguieron en contacto, pero cortó toda comunicación cuando comenzaron a llamarlo para pedirle información sobre ellos.
Como varios de sus colegas, unas semanas después Raúl recibió una oferta para seguir impartiendo clases en la nueva universidad. Todos ellos sabían que rechazar esa propuesta pondría en riesgo su seguridad. Por eso, su estrategia fue decir que sí, pero pedir tiempo para incorporarse.
Cuando le dijeron que lo esperaban, aprovechó las semanas que le dieron para vender todo lo que pudo, y migrar por veredas a Costa Rica, acompañado de su esposa e hija.
Instalado en San José, Raúl, refiere que trabaja como técnico clase ‘B’ porque, aunque se llevó sus diplomas y títulos, no ha podido homologarlos en ese país, lamentando que a los nicaragüenses los traten “como si fueran personas que tienen menos derechos”.
El exprofesor de la UCA se rehúsa a reconocer alguna validez a la nueva universidad, pese a que acaba de graduar a sus primeros alumnos y cuestiona “qué valores se inculcan en ese lugar, siendo que esa universidad se instauró bajo un robo”.
La UCA era como “mi segundo hogar”
Lucía trabajó en el área administrativa de la UCA durante 15 años, hasta el día de su confiscación. Permanecía más tiempo en la universidad que en su propia casa, por lo que el día del robo de la universidad sintió que perdía más que su trabajo, sintió que perdía “un hogar”.
“Ha pasado un año y todavía no supero cómo se adueñaron de manera ilegal de la UCA”, menciona Lucía. Agrega que la universidad fue su casa de estudios y que todavía le duele al recordar el momento en que tuvo que sacar sus objetos personales “dentro de una bolsa de basura”.
Luego de la confiscación de la UCA, Lucía no pudo conseguir otro empleo dentro del sector privado en Nicaragua y la mayoría de las oenegés en las que solicitó trabajo también fueron confiscadas.
“Busqué trabajo de lo que fuera, pero de lo que fuera no existía”, enfatiza.
El desempleo y el temor al régimen orteguista impulsaron a Lucía a emigrar a Estados Unidos, a finales de 2023. En ese país intenta reconstruir su vida “trabajando en algo que no es lo que estudié”.
Lamenta que en Nicaragua “no hay estabilidad laboral” y “si no apoyas al Gobierno es mejor salir del país”.
