15 de julio 2015
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Las autoridades continúan sin presentar ante el sistema de justicia a los oficiales responsables de la masacre a una familia inocente producida la noche del sábado, después que agentes abrieron fuego contra el vehículo en que las víctimas se trasladaban desde una iglesia a su casa.
La Policía Nacional informó el lunes pasado que fueron 14 policías los que participaron en un operativo antinarcótico realizado en el sector de las Jagüitas en Managua, que acabó con la muerte de dos niños y una mujer según el comunicado oficial que no precisa, sin embargo, quién estuvo a cargo de la fallida intervención policial ni quién la supervisó en la cadena de mando.
El día del crimen, minutos después de escuchar testimonios en el sitio, la primera comisionada Aminta Granera, jefa Nacional de la Policía, orientó al director de investigaciones que ese mismo día los oficiales “durmieran” en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), que se apartara Asuntos Internos y que fueran referidos a la Fiscalía para la acusación que hasta ahora no se ha realizado.
“Estamos cumpliendo las 72 horas y hasta el momento no han presentado acusación, no sé qué están esperando. Es desafortunado todo este asunto que pasó. Desde el inicio ha habido contradicciones, incluso de la misma primera comisionada. (El caso de) Este crimen horrible tiene que transparentarse y garantizar que no vuelva a suceder”, dijo el diputado opositor Alberto Lacayo, miembro de la comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.
Lacayo cuestionó que el presidente Daniel Ortega no “ha dado la cara” en su calidad de “jefe supremo” de la institución. “Se ha escondido en El Carmen, no sé si atemorizado o nervioso ante esta situación bochornosa para la institución que está encargada de la paz y el orden y estamos ahora con una Policía que desafortunadamente ha sido víctima del poder absoluto de Ortega”, añadió el legislador.
Avellán no brinda explicaciones
Las dudas sobre el caso en general no son explicadas por las autoridades. Confidencial llamó al comisionado general Ramón Avellán, a quien Granera le ordenó la detención de los oficiales, pero cortó la llamada al celular cuando escuchó que era un equipo periodístico el que quería hacerle una consulta.
La Constitución establece un plazo de 48 horas para que la Fiscalía General de la República acuse ante los tribunales. En los juzgados capitalinos aún no han comunicado cuándo será la audiencia según consultas realizadas este martes por este periódico. La fiscal Ana Julia Guido no respondió su celular.
En el comunicado oficial, la Policía justificó la masacre señalando que el padre de las víctimas, Milton Reyes, no detuvo su carro ante la señal de alto. Dijeron que acusarían a los que encontraran responsables de la investigación que están haciendo.
El Programa televisivo Esta Noche, transmitido en Canal 12, tuvo como invitados para hablar de la masacre de Las Jagüitas al diputado Alberto Lacayo, a Elvira Cuadra, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y a Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“La actuación de la (primera) comisionada no está respaldada hasta ahora por un hecho concreto por mostrar a las personas involucradas, presentarlos a la orden de los jueces para que inicie el proceso o dar mayores explicaciones de cuál va ser el procedimiento de la investigación”, dijo Cuadra durante su intervención televisiva.
Carrión ve “patrón de impunidad”
El abogado Gonzalo Carrión recordó que hay más de una docena de casos, en que las autoridades policiales se han visto involucradas en violaciones a derechos humanos que han sido documentados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). “Este fuego no se trata de un error, no se trata de un accidente, es criminal”, dijo Carrión.
Según el activista de derechos humanos, la mayoría de las ejecuciones protagonizadas por oficiales han dejado el sin sabor de la impunidad total. Los especialistas cuestionaron las actuaciones de la Dirección de Asuntos Internos, y hablaron de la ausencia de supervisión del poder civil sobre la Policía.
Cuadra, del IEEPP, asegura que han fallado los controles internos y nuevamente fallaron en el caso de las Jagüitas. “Ha fallado cómo se planificó ese operativo, qué medidas de seguridad se tomaron, cómo fue organizada la cadena de mando, qué alternativa: Plan A, Plan B, Plan C se iban a tomar en el caso en que ocurrieran imprevistos”, explica.
Cuadra recordó que con la nueva ley de la Policía los filtros de supervisión que tenía la institución policial desaparecieron para dar lugar a una relación directa entre los altos mandos y el Presidente Daniel Ortega.
Carrión insistió en el manejo que ha hecho el gobierno del sepelio, el que se quiso tomar aún con faltas de delicadezas como la imposición de una misa católica cuando los deudos son evangélicos.
“La institución que mató estuvo en la vela y el gobierno supremo que lo dirige abrumó tomando o pretendiéndose tomar el sepelio. Esa forma no es respetuosa de los derechos humanos”, dijo Carrión, quien lamentó el deterioro sensible de la institucionalidad policial.
Carrión se preguntó qué tipo de capacitación técnica están teniendo quienes se preparan en la Academia de la Policía.
