8 de mayo 2016
El narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán fue trasladado este sábado desde el penal del Altiplano a otra cárcel en la fronteriza Ciudad Juárez, una medida que desató especulaciones sobre su posible extradición a Estados Unidos, mientras sus abogados discrepan sobre esa posibilidad.
"No podemos confirmar si es para extraditarlo o para otra situación, aunque es más fuerte el rumor de que es para extraditarlo", indicó a Efe una fuente oficial que confirmó el traslado antes de hacerlo el Gobierno en un comunicado oficial. El boletín gubernamental aclaró luego que el traslado de Guzmán, quien estaba recluido en la cárcel del central Estado de México desde su recaptura el pasado 8 de enero, se produjo por las obras que se llevan a cabo en el penal del Altiplano para reforzar su seguridad.
Por su parte, uno de los abogados del líder del cártel de Sinaloa José Refugio dijo a Efe que el anuncio del traslado de Guzmán a Chihuahua, al norte del país, coincidió con un posicionamiento jurídico de última hora que indica que Guzmán es extraditable a Estados Unidos. "Eso no quiere decir que (la resolución) haya motivado el traslado", especificó Refugio, a quien se le notificó en la noche del viernes la decisión, tomada por el Juzgado Tercero de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
El letrado mostró su tranquilidad, dado que "no es una resolución ejecutiva". Si la Secretaría de Relaciones Exteriores la avala, de lo cual están "absolutamente convenidos", a la defensa se le concederán 30 días hábiles para promover un amparo, argumentó. Hasta que el recurso no se resolviera, no se podría ejecutar la extradición, y si resultara favorable a la defensa, el capo no podría ser remitido a Estados Unidos, donde enfrenta numerosos cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Otro de los abogados del Chapo, Juan Pablo Badillo, manifestó que, a su entender, "es obvio" que el traslado al norte está vinculado con una posible extradición. Lo consideró como un acto "un tanto obsceno, toda vez que trastoca todo Estado de derecho", además de ser "sorpresivo" tanto para su defendido como para los letrados. Añadió que el cambio de penal "entorpece la defensa", ya que "sus causas penales, sus procesos, están radicados" ante jueces y tribunales de la Ciudad de México.
"El Chapo", que siempre se mostró reticente ante una posible extradición, ahora se muestra "abierto" a la posibilidad de que esta suceda, coincidieron ambos abogados. "Su deseo es permanecer en México, ser juzgado por leyes y jueces mexicanos" pero "no descarta una posibilidad de hacer una negociación ante el Gobierno norteamericano", precisó Badillo.
En cuanto a cuál será el próximo paso de la defensa de cara al traslado a Ciudad Juárez, Refugio afirma que "lo primero" será hablar con el capo. "Ahorita hay que ver a Joaquín, (ver) qué es lo que nos dice, cuál es su situación allá, y ya que nos dé la instrucción: si gestionamos su cambio, si denunciamos, ejecutamos una acción legal", aportó su colega.
Durante su estancia en el Altiplano, la defensa del Chapo denunció en reiteradas ocasiones supuestas violaciones a los derechos humanos del narcotraficante. Los abogados proclamaron entonces que los funcionarios de la prisión no le dejaban dormir, con continuos pases de lista, y que se le negaban las visitas a sus familiares. Aspectos que ya "se superaron" en sus últimos momentos en el penal, según Badillo.
Guzmán fue recluido en esta cárcel del centro del país seis meses después de que se fugara del mismo penal a través de un túnel de 1,5 kilómetros que conectaba su celda con una casa a medio construir. Era la segunda vez que huía de una penitenciaría de máxima seguridad tras hacerlo en 2001 de otra del estado de Jalisco (oeste) en un carro de lavandería.
Tras su traslado, permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, en el "ala de máxima seguridad", según indicó la Secretaría de Gobernación. "Como parte de la estrategia de seguridad implementada de septiembre a la fecha, se han rotado a más de 7.400 internos en todo el país", añadió la institución en un comunicado que no hace ninguna referencia a una posible extradición