27 de octubre 2023
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Los beneficios económicos de la minería a gran escala a cielo abierto y la destrucción ambiental se enfrentan en Panamá. Un nuevo contrato a largo plazo otorgado a First Quantum de Canadá, aprobado por la Asamblea Nacional con poca consulta pública y rápidamente firmado por el presidente Laurentino “Nito” Cortizo, ha llevado una vez más a una casi paralización del transporte en Panamá.
Si bien el desacuerdo por extender la nueva concesión a la empresa minera ha estado latente durante aproximadamente un mes, las protestas se intensificaron en la última semana. “Panamá sin minería” es el lema ampliamente escuchado en los distintos lugares de protesta.
La enorme mina y concesión, ubicada en la provincia de Colón a unas 65 millas al oeste de la ciudad de Panamá, representa un pequeño porcentaje de la actividad económica del país. Panamá es principalmente una economía orientada a los servicios, que depende en gran medida de la banca de inversión nacional y extranjera, el comercio, los seguros, los puertos de contenedores y el registro de buques insignia, los servicios médicos y de salud, los bienes raíces y el turismo.
Reedición del año pasado en Panamá
En julio de 2022 se produjo una protesta similar a nivel nacional por numerosos problemas económicos y sociales que afectaban a diferentes sectores de la población, y se paralizó el país durante varias semanas. Al igual que en los disturbios actuales, al principio el Gobierno se mostró evasivo, pero luego se vio obligado a celebrar negociaciones nacionales sobre los precios de la gasolina y los alimentos y muchas otras cuestiones.
Hace quince meses, la prensa internacional prestó poca atención durante la primera semana de bloqueos de carreteras y calles, pero luego la cobertura se hizo más amplia. Para reabrir el país, el Gobierno se vio obligado a ceder en varios puntos que al principio se negó a discutir.
Al igual que en 2022, el presidente Laurentino “Nito” Cortizo ordenó esta semana a la Policía lanzar gases lacrimógenos para intentar disolver las protestas, pero el efecto ha sido una vez más el contrario.
Un tema candente, pero descontento general
Esta vez las protestas se centran en un tema específico: el contrato minero a largo plazo; sin embargo, muchos observadores ven el creciente malestar como un reflejo del descontento general con la clase política, desde el presidente hasta abajo. Se observa ampliamente la desconexión entre la legislatura y la población en general.
Más de 50 manifestantes han sido arrestados en enfrentamientos con la Policía mientras el Gobierno intenta detener las manifestaciones por la fuerza utilizando gases lacrimógenos. Pero como en el pasado, esa represión sólo inflama las protestas.
Numerosas organizaciones de trabajadores, incluidos trabajadores de la construcción, profesores, personal médico, estudiantes universitarios y grupos indígenas son las fuerzas principales detrás de las protestas contra el contrato minero.
Algunas organizaciones cívicas se oponen al contrato debido en gran parte a preocupaciones sobre el impacto ambiental de la mina en expansión, que aparentemente preocupa poco a la legislatura y al presidente, quienes enfatizan los beneficios económicos de los impuestos.
Las protestas se desarrollan en distintos puntos de la carretera Panamericana, cerrando el tránsito de camiones, incluida la distribución de alimentos perecederos cultivados en la occidental provincia de Chiriquí y de la que depende la capital.
Las escuelas y universidades han estado cerradas toda la semana y los autobuses solo circulan en algunas calles.
El jueves, por segundo día consecutivo, miles de panameños marcharon en la tarde en la ciudad capital, donde numerosas calles y autopistas muy transitadas están cerradas.
También el jueves, la Corte Suprema acordó conocer de un recurso para declarar inconstitucional el contrato. Se han presentado ante el Tribunal cuatro demandas de este tipo.
*Reportaje publicado originalmente Havana Times.
