24 de septiembre 2015
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La Habana.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y "Timochenko", el líder de las FARC, acordaron un plazo de seis meses como máximo para firmar la paz y anunciaron un sistema de justicia especial para todos los implicados en el conflicto, con beneficios para quienes admitan su responsabilidad.
La Habana, sede permanente de un proceso de paz que comenzó hace tres años, fue escenario de un histórico apretón de manos entre Santos y "Timochenko", que rubricó el crucial paso hacia la paz dado en un acto al más alto nivel, con el presidente Raúl Castro como anfitrión y apoyados por las delegaciones negociadoras y los países garantes (Cuba y Noruega) y acompañantes (Venezuela y Chile).
El 23 de marzo de 2016 será la fecha tope para concluir las negociaciones y firmar un acuerdo de paz definitivo, tras el cual las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tendrán un plazo de 60 días para la dejación de armas. Además de poner plazos al fin del conflicto, el Gobierno y la guerrilla lograron superar el escollo más importante del proceso con su acuerdo para crear una "jurisdicción especial de paz" que juzgará delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra.
Un mecanismo que contará con salas de justicia y con un tribunal de paz, que tendrá competencia sobre todos los actores implicados en la guerra y que establecerá dos tipos de penas: uno para los que reconozcan su responsabilidad en esos delitos y otra para los que no.
Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves serán de entre 5 y 8 años de "restricción efectiva de libertad en condiciones especiales", lo que quiere decir que no cumplirán esa pena en una prisión convencional. Quienes admitan esa responsabilidad pero "de manera tardía", es decir durante el juicio ante un tribunal, tendrán penas también de entre cinco y ocho años en prisión y en las condiciones ordinarias. Y para aquellos acusados de delitos muy graves que nieguen su responsabilidad las condenas podrán ser de hasta 20 años de cárcel.
El acuerdo prevé otorgar una amnistía lo "más amplia posible" por "delitos políticos y conexos", medida que requerirá de una ley del Congreso colombiano.
No serán objeto de esa amnistía los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves, como la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.
"Ha llegado la hora de la paz" aseguró Santos quien calificó los acuerdos alcanzados hoy de "logro mayor", destacó la "madurez" que ha alcanzado el proceso de paz y reconoció y valoró el paso dado por las FARC para llegar a este momento. "Somos adversarios, estamos en orillas diferentes pero hoy avanzamos en la misma dirección, la más noble de cualquier sociedad que es la de la paz", dijo el presidente colombiano.
Santos subrayó que los acuerdos de este miércoles, además de ser una "gran noticia para Colombia", suponen una "esperanza para otros conflictos armados del planeta". "Es la primera vez que un Gobierno y un grupo armado ilegal llegan a un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones, crean un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves", precisó.
El presidente colombiano agregó que este camino hacia "una paz sin impunidad" no significa la creación de "un sistema extrajudicial, todo lo contrario".
FARC: Dispuestos a asumir responsabilidades
Por su parte, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko" expresó su "gran satisfacción" por el acuerdo y puso el acento en que el mecanismo de justicia especial se ha diseñado "para todos los involucrados en el conflicto y no solo para una de las partes".
El líder guerrillero aseguró que las miembros de las FARC están "dispuestos a asumir responsabilidades" por sus actuaciones "a lo largo de la resistencia pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios sin ningún fundamento ni fórmula de juicio".
"Creemos imprescindible que el resto de los actores del conflicto, tanto los que han combatido como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin escatimar un ápice de verdad", añadió.
El jefe de las FARC aseguró que la guerrilla "hará todo" lo que esté a su alcance por lograr, incluso antes del plazo máximo, un acuerdo de paz e instó a las partes a multiplicar esfuerzos para alcanzar el alto el fuego bilateral definitivo, la dejación de armas y la transformación de la guerrilla en un movimiento político legal.
También intervino en el acto celebrado en La Habana, el presidente cubano, Raúl Castro, para asegurar que la paz en Colombia es "posible" e "indispensable" y resaltó que no habrá descanso hasta lograr ese objetivo. Castro manifestó que el "profundo respeto a las posiciones de las dos partes, la absoluta imparcialidad, la discreción y el apoyo firme, consistente y solidario, la discreción continuarán caracterizando la modesta contribución de Cuba al proceso de paz".
Las dudas que resuelve el acuerdo de justicia transicional
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El comunicado sobre lo acordado sobre justicia transicional que acaban de anunciar en la Habana el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero Timochenko indica que se resolvió uno de los mayores nudos gordianos del proceso de paz con las Farc. Aunque por el lenguaje del comunicado es claro que todavía siguen construyendo el acuerdo sobre este punto, lo que ya se avanzó sirve para destrabar la negociación y de alguna manera hace irreversible el proceso de paz. De hecho, Santos dijo que había acordado con el jefe de las Farc que en seis meses debían firmar el Acuerdo Final (vea nuestro cubrimiento especial de los acuerdos)
Éstas son, según el comunicado que leyeron los delegados de Cuba y Noruega como países garantes, las respuestas a las 10 principales que estaban abiertas y podía responder el anuncio de hoy:
1.¿Que tanta privación de la libertad van a tener los guerrilleros?
Aunque ya se sabía que no iban a terminar en cárceles ordinarias, parece que tampoco serán cárceles especiales. En el comunicado solo se habló de “privación de las libertades”, por lo que no es claro qué tan amplia sería esa libertad.
Sí es claro que habrá alguna restricción de la libertad y que ésta no sería igual para todos. Los que hayan cometido delitos atroces y de lesa humanidad y reconozcan sus acciones, durarán entre 5 y 8 años sujetos a esas privaciones de la libertad, y además se comprometen a resocializarse con trabajo, capacitación o estudio.
Para los demás sí habrá cárcel. Si aceptan tardíamente su responsabilidad (el comunicado no dice después de qué momento, pero posiblemente una vez la justicia transicional les formule cargos) podrán ser condenados a penas de prisión de entre 5 y 8 años; los que no lo acepten y sean derrotados en juicio, tendrán hasta 20 años de cárcel.
2. ¿Qué tanta impunidad habrá?
La justicia que acordaron es la restaurativa, que más que un castigo lo que busca es ‘restaurar’ la relación entre las víctimas y los victimarios. Bajo esta lógica, en el acuerdo quedó que los condenados y las víctimas podrán acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de obras.
Aunque no se dijo que solo los “máximos responsables” serán los procesados, como lo establece hoy la Constitución a través del Marco para la Paz, quedó que se investigarán los “responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.” Esto garantizará que por lo menos los más graves no quedarán impunes.
En lo que habrá impunidad es en que el Estado tramitará la “amnistía más amplia posible” sobre el delito político y sus conexos a través de una ley que se debatirá en el Congreso. Este punto es clave porque si el Congreso aprueba la “reforma constitucional para la paz”, esa ley saldría a través de un procedimiento exprés en el Congreso.
Aquí la pregunta es cuáles delitos se considerarán “conexos”. Ya el presidente de la Corte Suprema dijo que el narcotráfico es conexo con la rebelión. Tocará ver hasta dónde lo estiran.
En todo caso, los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra no serán amnistiables y serán juzgados por el sistema de justicia transicional. Esto sí mantiene los límites del Marco Jurídico para la Paz, que ya pasó el filtro de la Corte Constitucional en dos ocasiones, lo que le da solidez jurídica a este punto del acuerdo.
3. ¿Va a haber un proceso judicial que lleva a una condena?
Sí. Este es quizá el mayor logro de los negociadores del Gobierno, pues se acordó que el proceso contra los que cometieron delitos atroces sí va a ser judicial y no un mecanismo extrajudicial vinculado a la Comisión de la Verdad como querían las Farc.
Las Farc se negaban a que hubiera un juicio que condujera a una condena porque ellos sienten que son unos rebeldes y no unos delincuentes. Una condena tiene el peso simbólico de precisamente ‘condenar’ lo que hicieron.
Además, para quienes no acepten su responsabilidad y terminen condenados por la sala de enjuiciamiento, la condena será de cárcel.
4. ¿Las penas quedan condicionadas?
Sí, quedan condicionadas a que reparen a las víctimas, cuenten la verdad plena, y a no repetir los delitos. Además, para acceder a estas penas alternativas tendrían que haber dejado antes las armas, un proceso que deberá empezar máximo a los 60 días después de la firma del Acuerdo Final.
Eso pone una presión sobre los procesados por la justicia transicional, pues podrían terminar excluidos si no cuentan la verdad, siguen delinquiendo o no reparan a sus víctimas, como ha ocurrido con varios jefes paramilitares en Justicia y Paz. Pero quizás lo más importante es que supedita todo esto a la dejación de las armas, que era el siguiente punto difícil de negociar.
5 ¿Quién va a juzgar a los guerrilleros?
Será una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz, ad hoc, de cuya conformación se sabe que la mayoría de sus jueces y magistrados serán colombianos pero que también podrá haber unos extranjeros.
Habrá dos tipos de procesos. Para aquellos en los que el involucrado acepte su responsabilidad y contribuya con la verdad, su confesión se contrastará con investigaciones de la Fiscalía, sentencias existentes, información de organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos. Con esos insumos, se definirá la sentencia de entre 5 y 8 años de “restricción efectiva de la libertad”.
El otro proceso será para quienes no acepten su responsabilidad a tiempo o no lo hagan nunca. En ese caso sí habrá un proceso judicial más largo, con contradicción entre la defensa y la acusación, y terminará también en una sentencia, pero en este caso de cárcel y por un máximo de 20 años.
6. ¿Podrán participar en política?
El comunicado dice que las dos partes tienen como objetivo que las Farc se conviertan en un movimiento político , pero no establece cuáles de sus miembros podrán participar en política y, sobre todo el punto clave de si los miembros de su cúpula que estén condenados en condiciones especiales, podrán hacerlo.
7. ¿Qué van a entregar las Farc para resarcir a sus víctimas?
No se sabe, pero las sentencias deberán incluir la mayor reparación y restauración posible para las víctimas.
8. ¿Se define la fórmula de justicia transicional para los militares?
El comunicado deja claro que, al igual que otras personas, estarán incluídos en el esquema de justicia transicional, como querían ellos mismos. Eso podría terminar con los militares responsables de falsos positivos, posiblemente hasta los ya condenados (por el principio de favorabilidad penal), por fuera de la cárcel y cumpliendo penas de máximo 8 años de restricción de la libertad. Pero todo esto sujeto a que acepten su responsabilidad y cuenten la verdad.
9. ¿Cuáles serían los máximos responsables del Establecimiento?
No es claro, pero el comunicado dice que la Jurisdicción Especial incluirá a “todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado”1, lo que quiere decir que no solo serán funcionarios y guerrilleros.
10. ¿Desde cuándo se pagarían las penas?
Santos dijo que había acordado con el jefe guerrillero Timochenko que en un plazo de seis meses (es decir, a más tardar el 23 de marzo de 2016) deberían firmar el Acuerdo Final. Y que a los 60 días de la firma deberían haber dejado las armas para beneficiarse de esta jurisdicción de justicia transicional.
