8 de septiembre 2015
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México.- Seis meses de investigaciones le han valido a los expertos comandados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tumbar la "verdad histórica" de la Fiscalía mexicana sobre la desaparición de 43 estudiantes y lanzar una hipótesis sobre el móvil de los hechos que no ha sido explorada. Tras haber acabado su periodo de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe de conclusiones en el que niega la hipótesis ofrecida por el Gobierno de que los estudiantes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero), fueron quemados en un basurero.
Los expertos rechazaron categóricamente esta posibilidad, con base en un peritaje realizado por José Torero, un reconocido especialista en incendios, quien tras realizar trabajo de campo, examinar las pruebas y contrastar las declaraciones de los presuntos autores materiales concluyó "que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis". Con esto se pone en duda, como ya habían hecho numerosas instituciones, la versión oficial ofrecida el pasado mes de enero por el entonces fiscal, Jesús Murillo, la llamada "verdad histórica" que decía que los jóvenes fueron asesinados por narcotraficantes del cartel Guerreros Unidos e incinerados en una enorme hoguera que ardió durante horas.
Murillo dijo que los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero, para después arrojar sus restos al río San Juan. Sin embargo, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) que analizó los restos recuperados en el basurero y en el río solo pudo identificar genéticamente a uno de los jóvenes, Alexander Mora.
Tras conocerse el informe, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció que las conclusiones de los expertos serán analizadas y la propia procuradora, Arely Gómez, dijo que se realizará un nuevo peritaje en el basurero. Además, el Gobierno mexicano decidió prorrogar el mandato de los expertos y determinó que haya una acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición, por lo que estos serán resueltos por el mismo juez federal.
Numerosas irregularidades
En su informe, los expertos del GIEI denunciaron también numerosas irregularidades en la investigación, entre ellas omisiones, destrucción de evidencia, y presuntas torturas a los detenidos. Como una de sus exigencias principales, pidieron que se siga buscando a los normalistas, ya que siguen teniendo la categoría de desaparecidos. Recomendaron además seguir una nueva línea de investigación, el móvil del traslado de estupefacientes, que no ha sido tenida en cuenta hasta ahora.
Y es que la toma por error de un autobús cargado de droga oculta pudo ser el móvil del ataque armado y la desaparición ya que, según dijo el experto del GIEI Carlos Beristain, "el patrón de actuación" de los perpetradores de los ataques aquella noche muestra una intención de "no dejar salir los buses de Iguala" y "acabar con cualquier posibilidad de huida". El grupo denunció que aquella noche los jóvenes se apoderaron de cinco autobuses para trasladarse, pero la investigación no da cuenta de uno de ellos, que podría ser "central" en la investigación. La toma de los autobuses en Iguala para desplazarse a la capital mexicana a fin de participar en una manifestación podría haberse cruzado con la "existencia de drogas ilícitas (o dinero)" en una de las unidades.
En el informe se indica también que el resto de explicaciones posibles, como la confusión con un grupo del narcotráfico, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con que los jóvenes iban desarmados y con su llegada a Iguala para sabotear un acto público.
Por otro lado, los expertos denunciaron que ninguna fuerza del Estado mexicano actuó para proteger a los estudiantes atacados y desaparecidos, ni policías de Guerrero, ni agentes federales, ni miembros del Ejército, a pesar de que tenían conocimiento de los ataques a los jóvenes e incluso estuvieron en algunos escenarios cuando se producían.
Entre el primer y el segundo ataque pasaron tres horas "sin que en ningún momento se presentara la Fiscalía, ni servicios periciales para atender a las víctimas, investigar los hechos o levantar la escena del crimen", denuncia el informe.
En opinión de los expertos, lo sucedido aquella noche fue algo orquestado. En palabras de Claudia Paz, también miembro del GIEI, fue un "operativo" que estuvo "dirigido por un hombre de forma coordinada y había una persona que impartía todas las órdenes".
Tras presentar su informe, los expertos se lo entregaron a los representantes del Gobierno, entre gritos de los familiares de los estudiantes de "fue el Estado". Ellos también lo recibieron. En su intervención, Beristain hizo un recuento de los datos de aquella fatídica noche en la que 6 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 resultaron heridas, hubo 80 víctimas que fueron perseguidas y sufrieron atentados contra sus vidas y 43 normalistas fueron desaparecidos.
Además, hay 700 familiares directos "que han sufrido las consecuencias de la pérdida, del impacto del dolor, del miedo, también del trato recibido en todos estos meses". Esta tarde, en una conferencia de prensa, los familiares exigieron reunirse con Peña Nieto y que los expertos se queden en México de manera indefinida, hasta que se sepa qué pasó con sus hijos.
