14 de mayo 2022
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La Asamblea Legislativa de El Salvador, el pasado 27 de marzo, declaró un régimen de excepción que suspendía por 30 días los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso, luego de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele solicitara la medida para abordar un incremento de la violencia cometida por pandillas.
Para Ruth López, defensora de derechos humanos de la organización salvadoreña Cristosal, la medida “es demasiado intensa”.
“Hay una afectación para todos los ciudadanos del país, cuando el Estado tiene las herramientas necesarias para poder controlar las situaciones de violencia”, afirmó la directora anticorrupción de Cristosal.
El 24 de abril, la Asamblea aprobó una nueva solicitud del gobierno de Bukele de ampliar 30 días más el régimen de excepción bajo el argumento que las condiciones que propiciaron los hechos de violencia persistían. Según cifras oficiales, más de 20 000 personas han sido arrestadas desde el 25 de marzo, en muchos casos por el delito de pertenecer a “agrupaciones ilícitas”.
En una entrevista con el programa Esta Noche, López señaló que el régimen de excepción ha facilitado graves abusos contra la ciudadanía y que se han violentado derechos básicos como el derecho a la defensa. “Quienes más están produciendo las vulneraciones son la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas”.
¿En qué consiste el régimen de excepción impuesto en El Salvador?
Nuestro marco constitucional establece en el artículo 49 la posibilidad de fijar un régimen de excepción en determinadas circunstancias donde ocurren grandes desórdenes del orden público. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestra jurisprudencia constitucional establece, desde la década de los 90, que el incremento de homicidios no constituye una causal para promover un régimen de excepción, porque un régimen de excepción lleva a la suspensión de derechos y a la suspensión de garantías.
¿Cuáles son los abusos y violaciones de derechos humanos que han documentado durante el régimen de excepción?
Se registran múltiples detenciones arbitrarias. Una situación que se está viendo es que cuando la persona es detenida, no se le dicen las razones por las cuales es detenida, por tanto, no se conoce el delito que se le está imputando. Otro caso es cuando no se sigue un procedimiento legal para disputar la detención o cuando no hay evidencia de que hay una comisión de un delito. Tampoco presentan una orden de detención. Se les ha detenido también por no portar su documento único de identidad, por tener en el teléfono alguna fotografía que la Policía considera tiene vinculación con las pandillas o por tener un tatuaje artístico.
¿Quiénes son los principales perpetradores de estos abusos, de acuerdo a los testimonios que han recibido de las víctimas, sus familiares, abogados y sociedad civil?
La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada son los mayores vulneradores. También se ha advertido que los jueces, porque no tienen en consideración toda la información que se les presenta, no tanto por no tener la capacidad, sino porque están desbordados. Pero principalmente la Policía Nacional y la Fuerza Armada.
¿De qué manera han documentado y corroborado esas denuncias?
Lo hemos hecho por fuentes abiertas. La otra forma ha sido por medio de una plataforma exclusiva de denuncias sobre el régimen de excepción que Cristosal ha habilitado. Las personas llenan un formulario donde dejan su contacto para que el personal pueda contactarlos para verificar cuál es la situación en la que está su familiar o la arbitrariedad que quieren denunciar. Luego se hace un proceso de verificación.
¿Tienen información sobre las condiciones en las que permanecen los detenidos?
Algunas personas que ya han sido liberadas reportan hacinamiento, hechos de violencia en lo interno, pero no hay forma de verificar. Uno de los problemas que hemos enfrentado es la poca institucionalidad de protección, porque la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no se ha pronunciado sobre ninguna de las vulneraciones que hemos comentado. Debemos recordar que hay personas que han sido directamente afectadas por estas arbitrariedades.
En redes sociales hay un debate entre la gente que opina y avala el régimen de excepción, el discurso y las medidas adoptadas por el presidente Bukele, por considerar que estas personas merecen esos tratos. ¿Cómo es visto desde la perspectiva de los derechos humanos?
La situación es compleja porque realmente los salvadoreños están cansados. Estamos cansados de todo el daño que han causado las pandillas. La situación de violencia que vive El Salvador es una situación crítica que no es de ahora, sino que, es una situación que a lo largo de los años no ha sido controlada. Pero una cosa es establecer medidas represivas en contra del delito y otra muy diferente es vulnerar los derechos de manera general.
Human Rights Watch y Cristosal documentaron dos casos de personas detenidas durante el régimen de excepción que murieron bajo custodia y medios de comunicación salvadoreños han informado sobre tres casos adicionales. ¿Las autoridades gubernamentales se han pronunciado sobre estas muertes?
Sobre estas situaciones no hay ninguna explicación por parte del Gobierno. Esto es sumamente grave, porque estas personas estaban bajo la custodia del Ejecutivo. Una de las características del Gobierno de Nayib Bukele es precisamente no referirse a lo que pueda resultar incómodo o pueda ir en detrimento de la imagen del Gobierno o que la ciudadanía advierta que está mal. Es decir, que lleve a un nivel de cuestionamiento.
En el informe también señalan violaciones al debido proceso contra los imputados. ¿Cuáles son estas violaciones?
La Corte Interamericana se ha pronunciado sobre que no puede haber una suspensión al derecho a la defensa. Sin embargo, esto no es lo que no está ocurriendo, porque las personas no pueden tener una defensa, inclusive pública, porque en el caso del privado, hay colegas abogados que están siendo llamados a no defender a pandilleros, cuando no todas las personas que están siendo detenidas son pandilleros. Esta es una de las situaciones más graves, en donde se está privando de libertad a personas que no han cometido un delito.
¿Está El Salvador experimentando una crisis de derechos humanos?
El Salvador viene viviendo una crisis de derechos humanos desde el inicio de la pandemia. El tratamiento de la pandemia en El Salvador fue militarizado, un tratamiento basado en la suspensión de las garantías para evitar la circulación. Pero si continuamos en el tiempo, cuando se inició a ejercer el derecho a la protesta, este también ha sido limitado a partir de poner retenes policiales. La libertad de expresión también ha sido limitada al limitar el derecho a la información y una criminalización de la actividad periodística. Lo que están viviendo en nuestro país los periodistas es sumamente grave.
