Gobierno de Honduras intenta desviar investigación

Berta era una mujer reconocida mundialmente por su defensa del pueblo indígena lenca de Intibucá y por su férrea oposición a proyectos de desarrollo que no consultaban a las comunidades. Por su defensa del río Gualcarque, uno sagrado para los lencas que se concesionó para generación de energía a la empresa nacional Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y la trasnacional china Sinohydro, fue reconocida con el premio Goldman en Estados Unidos el año pasado. Este galardón no evitó que el 20 de febrero de 2016, fuera amenazada por última vez en una protesta en la carretera por la continuación del proyecto hidroeléctrico.

En Honduras, el 13% de la población pertenece a un pueblo indígena o garífuna. El pueblo lenca vive en una de las zonas más empobrecidas de Honduras, en Intibucá, La Paz y Santa Bárbara. Estos departamentos, además de su abandono, comparten el río Gualcarque.

En 2011, este río fue dado para la construcción de una represa hidroeléctrica a una compañía nacional propiedad de la familia Atala, también dueña de Banco Ficohsa. La firma se asoció a Sinohydro, la trasnacional china de energía, y obtuvieron financiamiento del Banco Mundial (BM) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como fondos del gobierno de Finlandia a través de Finfund y otros entes. Sin embargo, cuando el conflicto se agudizó, tras el asesinato de tres indígenas en la zona, y fue más visible a nivel mundial, el Banco Mundial se retiró del proyecto. Por esto, Berta fue catalogada por la BBC de Londrés como la mujer que le torció el brazo a este organismo internacional.

Berta recibió medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las múltiples amenazas. Sin embargo, la policía no estaba patrullando la noche de su asesinato, así como debía hacerlo, según el mandato del Estado. El gobierno de Honduras, en conferencia de prensa, aseguró que Cáceres había renunciado a las medidas y que no notificó su cambio de domicilio. Su familia desmintió esta excusa. Dijo que ella aceptó el patrullaje aun cuando no confiaba en este ente de seguridad. En este país centroamericano, la policía está coludida con el crimen, tanto que en 2011 comenzó un proceso de depuración tras el asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, a mano de cuatro agentes.

EL 20 de febrero, cuando fue amenazada por última vez, miembros de la policía nacional les advirtieron que hombres armados los esperaban para matarlos. Berta y Tomás Gómez, indígena lenca, se preguntaron: Si sabían que atentarían contra nosotros, ¿por qué no los detuvieron? La policía se convirtió en una amenaza hace mucho tiempo.

A Berta la conocían miles de personas en Honduras. Aún cuando los medios de comunicación nacional la ignoraban, su lucha trascendía fronteras y era “una piedra en el zapato”, como dijo Tomás Gómez, miembro del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) que ella coordinaba desde 1993.

Tanto así que en su homilía del 2 de diciembre de 2015, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga “aconsejó” a sus feligreses no participar en el Copinh. La activista siempre fue publicitada por los grupos de poder como una mujer que sembraba el caos y vendía una mala imagen del país al exterior.

Berta no fue bendecida en un culto católico antes de ser enterrada. En un acto ecuménico en una plaza pública, distintas espiritualidades convergieron y en idiomas nativos garífuna y miskito se agradeció por su vida y se pidió a la “Pacha Mama” que la recibiera en su seno. Un movimiento de comunidades maya maya k’iche’, de Guatemala, le rindió homenaje en su propio idioma. La recordaron como una mujer símbolo de la lucha territorio-cuerpo, y como un apoyo en sus batallas contra proyectos que ignoran a las comunidades e impactan al pueblo indígena en toda Mesoamérica.

Fue el gobierno patriarcal

“No es un crimen pasional, fue el gobierno patriarcal”, gritaban mujeres del movimiento feminista, mientras se trasladaba el cuerpo al cementerio.

Este grito respondía a la línea de investigación que el gobierno de Honduras priorizó desde el día del crimen. La primera persona detenida como sospechosa de cometer el asesinato fue su expareja y miembro del Copinh, Aureliano Molina. Dos días después, la fiscalía lo dejó libre por falta de pruebas. Esto generó la idea de que el asesinato de Cáceres es de índole personal. Una idea que toma peso en las pláticas callejeras y en cúpulas eclesiales y políticas.

También fue requerido Tomás Gómez, uno de los más cercanos compañeros de Berta, quien aseguró que todo es una estrategia para incriminarlos y destruir el Copinh.

Olivia Zúniga, hija mayor de Berta, exigió respeto a quienes quieren “manchar la imagen e integridad” de su madre y desvirtuar la lucha que le generó tantas amenazas. Por esto, sus hijos (tres mujeres y un varón) pidieron a la CIDH intervenir en la investigación para que sea independiente y no deje impune el crimen.

El gobierno de Estados Unidos se comprometió con apoyar las investigaciones, tanto así que justo la noche del domingo, agentes del FBI llegaron a La Esperanza e Intibucá. Sin embargo, la familia expresó sus dudas respecto al apoyo de ese país que promueve proyectos como DESA, los cuales generan caos en las comunidades hondureñas.

Las que quedan

Berta dejó muchas semillas sembradas. Tanto así que el día de su entierro, miles de personas se movilizaron para despedirla y exigir justicia.

“Debemos salir a las calles, debemos hacer algo para cambiar esto que estamos viviendo en Honduras”, gritaba Salvador Zúniga, exesposo de Cáceres, con quien procreó cuatro hijos. Él lloraba mientras escuchaba a sus hijos exigir justicia para su madre, pedir al pueblo que continuara la lucha y que saliera a las calles.

Olivia, Berta, Laura y Salvador, además, exigieron cancelar la concesión del río Gualcarque y el cierre de operaciones de la empresa DESA. Es imposible no ver en estos jóvenes la cara, el temple y la energía de su madre.

La CIDH otorgó medidas cautelares a la familia de Berta y a los miembros del Copinh para garantizar su seguridad.

Después del asesinato de Berta, cientos de mujeres y hombres defensores del territorio se movilizaron hasta La Esperanza. Allí estaban quienes lideran la resistencia contra los proyectos mega-turísticos en el caribe hondureño. Llegó Mirian Miranda, la reconocida líder garífuna, a quien su comunidad resguardaba a cada momento. También los pobladores del Bajo Aguán, donde 160 campesinos y 19 guardias de seguridad han sido asesinados por un conflicto de tierras con terratenientes como la familia Facussé, también de origen árabe. Una de esas mujeres iba en muletas por un reciente atentado sufrido en la zona por su labor en el Observatorio de Derechos Humanos.

También estaban allí las artistas que desde la poesía hablan de las luchas de las mujeres contra el patriarcado. Y las que desde los barrios marginales de San Pedro Sula buscan construir paz en medio de maras, pandillas y militarización. Esas mujeres son la semilla de Berta.

Se emocionaron al ver a los hijos tan jóvenes y fuertes que tuvieron que enterrar a su madre y pedir que este caso no quede impune, como el 90% de los crímenes en Honduras.

Al ser consultadas las hijas de Berta sobre si confiaban en que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) tomara el caso de su madre, respondieron que no confiaban en ninguna investigación manejada desde el gobierno.

La Maccih se instaló hace dos semanas en Honduras solo con la venia del presidente ya que aún no la ratifica el Congreso Nacional. Los comisionados se retiraron del país y prometieron volver al tener fondos para comenzar su trabajo que, según el convenio, solo tiene que ver con asesoramiento y nombramiento de jueces para casos especiales. Esta misión no tiene potestad para investigar independientemente como lo hace la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) con el Ministerio Público, en Guatemala.

Los hijos de Berta han vuelto a encender la luz de las antorchas que hace unos meses exigía justicia y la renuncia de un presidente que presume de haber bajado los índices de violencia pero que es cuestionado ante la sangre derramada.

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Nota original en https://nomada.gt/gobierno-de-honduras-intenta-desviar-investigacion/