13 de septiembre 2015
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Panamá.- Un humorista está a las puertas del poder en Guatemala, donde además por primera vez ha dimitido un presidente, todo gracias a un movimiento civil derivado del hartazgo frente a la corrupción e impunidad, lacras que de forma y a ritmos distintos intenta combatir Centroamérica.
La lucha contra la ilegalidad y el latrocinio se da con gran apoyo mediático en Centroamérica, región azotada por una violencia que deja miles de muertos cada año.
El triunfo de Jimmy Morales, candidato presidencial del Frente de Convergencia Nacional (FCN), está asegurado según el escrutinio preliminar de las votaciones del domingo pasado, que le da casi el 24 % de los sufragios, aunque la autoridad electoral debe oficializarlo.
Morales, de 46 años, venció a dos políticos percibidos como tradicionales en Guatemala: Manuel Baldizón, que repetía como aspirante presidencial por Líder, y Sandra Torres, del partido UNE y ex primera dama (2008-2012), que se perfila como la rival del humorista en la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre próximo.
El propio Morales reconoció que su triunfo es producto de la coyuntura histórica que atraviesa Guatemala: la semana pasada renunció a la Presidencia Otto Pérez Molina, una decisión inédita en la democracia de ese empobrecido país.
La dimisión del general retirado, de 64 años, fue el corolario de varios meses de multitudinarias marchas en contra de la corrupción y la impunidad, todas totalmente pacíficas en un país considerado de los más violentos del mundo, especialmente por la acción del narcotráfico y las pandillas.
No cayó Pérez Molina en el error de reprimir las manifestaciones, convocadas a través de las redes sociales y en las que destacó la participación de los jóvenes.
"La gente se hartó (...) que se hayan descubierto todos los temas de corrupción y que muchos de los partidos estén vinculados" incidió en los resultados de las presidenciales, ha dicho Morales.
Ya comenzaron a resonar fuerte las críticas por su inexperiencia, especialmente desde la política tradicional, lo que parece un harakiri si, precisamente, ha sido su desvinculación de los partidos lo que le ha llevado al triunfo.
Pérez Molina está en prisión ligado por su supuesta implicación en una red de corrupción aduanera, que también obligó a renunciar en mayo a la vicepresidenta Roxana Baldetti, en prisión y a la espera de saber si será enjuiciada.
El expresidente se ha declarado inocente y víctima de una confabulación de la Justicia de su país y Estados Unidos, al que involucra en el asunto por su supuesta influencia en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CICIG es un ente respaldado por la ONU creado en 2007 para desarticular estructuras corruptas dentro del Estado guatemalteco, y sus investigaciones fueron clave para la caída de Pérez Molina.
Un organismo similar a la CICIG, y que dé los mismos resultados, pide en Honduras la "Oposición Indignada", que realiza desde hace meses movilizaciones pacíficas en contra de la corrupción.
Las "marchas de las antorchas" comenzaron en junio pasado después de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, reconoció que su campaña electoral recibió en el 2013, aunque sin saberlo, dinero procedente de un desfalco millonario en el Seguro Social.
Hernández rechaza la intervención de un ente como la Cicig en su país y pidió ayuda a la Organización de Estados Americanos (OEA), que actúa desde el mes pasado como facilitador de un "diálogo sin condiciones" propuesto por el mandatario.
El facilitador, John Biehl del Río, parece hasta ahora coincidir con Hernández en que los hondureños están en capacidad de resolver solos sus asuntos, aunque ha dicho que los ánimos "están crispados".
En El Salvador, que vive uno de los momentos más violentos de su historia con registro de hasta más de 40 crímenes diarios, se celebró una marcha contra la impunidad el sábado pasado.
El Gobierno en manos de la antigua guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) vinculó la manifestación a la derecha y su intento de "trasladar" a El Salvador los problemas de Guatemala, y respondió ese mismo día con una "anticoncentración".
La sociedad salvadoreña está pendiente ahora de la extrema violencia, que en agosto derivó en 907 crímenes, más del doble que en julio, situación que las autoridades atribuyen a una purga en las pandillas y su enfrentamiento con el Gobierno.
En Panamá, la lucha anticorrupción se libra en los tribunales y, de momento, mantiene a una docena de funcionarios del Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) con medidas cautelares.
El Ejecutivo de Juan Carlos Varela ha presentado en su primer año en funciones al menos 200 denuncias de corrupción, y Martinelli, quien salió del país en enero y se dice víctima de persecución política, ha sido implicado por sus exfuncionarios en ilegalidades.
El Supremo ha abierto al menos 3 causas penales al exmandatario, que junto a otros sectores critica que su antiguo vicepresidente y actual gobernante dedique más a perseguirlo que a atraer inversiones.
En el último año en Panamá se han dado situaciones sorprendentes, como que un empresario detenido por recibir sobornos del gobierno anterior haya devuelto al Estado más de 20 millones de dólares.
