6 de noviembre 2023
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Las masivas protestas contra un contrato por una concesión minera en Panamá son "una manifestación clara y evidente que el que manda es la población panameña", asegura el abogado Giovanni Olmos, consultor legal, especialista en derecho penal y ambiental de ese país. Las protestas exigen la revocación del contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense Firts Quantum Minerals, para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica durante 20 años, prorrogables.
En entrevista con Carlos Fernando Chamorro en el programa La Tertulia, el también exfiscal de delitos ambientales de Panamá aseguró que la empresa minera tiene 26 años trabajando en una zona del Corredor Biológico Mesoamericano, generando un impacto "muy fuerte al ambiente". Sin embargo, el Parlamento, mediante tramite exprés, aprobó el contrato por una concesión minera en Panamá, conocido como ley 406, que fue ratificado por el Ejecutivo y desencadenó las protestas "inéditas" en el país canalero desde el 20 de octubre.
"Lo que nosotros atacamos desde de la perspectiva jurídica-técnica ambiental es que no se presentó estudio de impacto ambiental categoría tres, vigente en tiempo real, de todos los impactos que se han generado. Hay muchas denuncias, videos de que hay bastante contaminación, mal manejo de los desechos sólidos, líquidos, gaseosos", denunció Olmos.
Asimismo, dijo que el trato con la minera también viola el Acuerdo de Escazú, que precisamente, vela por el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El estado del contrato de la concesión minera en Panamá
El presidente del país, Laurentino Cortizo, dijo el 3 de noviembre que "espera" el fallo de la Corte Suprema de Justicia ante varias demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el polémico contrato por la concesión minera en Panamá.
"Con el respeto debido a la separación de los poderes del Estado, esperamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia", señaló el mandatario panameño en la red social X (antes Twitter).
La Corte de Panamá ha admitido casi una decena de demandas de inconstitucionalidad contra el contrato. Una de ellas está más avanzada que el resto y tanto el fiscal general como el Procurador de la Administración han opinado que ese pacto minero es "inconstitucional.
Ambientalistas y juristas alegan que el fallo de inconstitucionalidad de la Corte, el máximo órgano de justicia, pondría en una situación más ventajosa al Estado frente a una posible futura demanda internacional de parte de la empresa minera por incumplimiento del contrato de la concesión minera.
Olmos cuestiona al Gobierno por "salir a defender un contrato", que prometió ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares. Espera que se escuche la demanda del "soberano" y que el 6 de noviembre, el Gobierno llame a un diálogo nacional con diversos sectores para encontrar una solución a la crisis, además de esperar el fallo de la Corte.
¿Cuál es la dimensión y el alcance de estas protestas? Hemos visto imágenes de movilizaciones masivas, ¿ha habido un paro nacional o son solamente movilizaciones?
Esto es inédito. Es una movilización, una protesta pacífica. Hay algunas personas fascinerosas que quieren aprovecharse, pero es una manifestación pacífica. Se ha ondeado la bandera en la ciudad capital... pero también en el interior de la República. A la misma hora todos los panameños están en todas las provincias organizados, salen con la bandera a reclamar justicia ambiental, a reclamar de que ya se deje de adoptar políticas que verdaderamente sorprenden a todos cuando se aprueban leyes de esta naturaleza y las sancionan inmediatamente. El pueblo le exclama a un grupito de personas que gobiernan, le están diciendo: "yo soy el soberano, yo soy el que decido y usted va a hacer lo que tiene que hacer y lo va a hacer".
¿Quién está detrás de estas protestas? ¿Tiene un perfil de un movimiento social, tiene un perfil político? Y le pregunto esto porque en Panamá se van a celebrar próximamente elecciones.
Yo no soy político y lo puedo decir con propiedad. Hay políticos que obviamente están opinando, pero eso es una mínima parte del conglomerado de panameños y panameñas votantes. Es algo espontáneo, es un sentimiento, es un feeling, es algo altruista, trasciende cualquier aspiración política. Esta es una manifestación clara y evidente que el que manda es la población panameña que le está exclamando a un grupito de empresarios, a un minúsculo grupito del Gobierno, que no llegan ni a cien personas, diciéndoles: "señores, nosotros somos lo que queremos que este contrato ley, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, se analice para que sea revocado como corresponde, según la ley, según las convenciones y los acuerdos internacionales en materia de comercio".
El presidente Cortizo, ante esta crisis y la protesta, anunció una moratoria de futuras concesiones y les solicitó a la Asamblea convocar a una consulta popular el 17 de diciembre para decidir sobre la derogación de la ley. ¿Esta consulta es viable? ¿Qué reacción tiene el movimiento de protesta ante esto?
Esta consulta creo que no va a prosperar. No va a tener efectividad. Yo creo que esa discusión es inútil porque ya está el contrato ley. Al existir el contrato ley llevarlo a una consulta no es la forma. Yo creo que aquí, lo que va a darle peso a todo esto para que no tengamos problemas de reclamaciones internacionales y de arbitraje, va a ser lo que diga la Corte. Además de lo que haga el Ministerio Público para determinar los posibles daños ambientales...
Esa propuesta de referéndum no es aplicable, porque se debe proponer antes de una consulta pública, de una ley. Todo tiene que ser antes y no después, cuando ya está aprobado. Me parece un contrasentido.
Esta ley se aprobó en 72 horas, hubo debate nacional, hubo una advertencia sobre las consecuencias que tendría. El Gobierno decía que al amparo de esta concesión la minera iba a hacer inversiones de más de 370 millones de dólares anuales y que iba a beneficiar también a la comunidad que están en esa zona donde se lleva a cabo la obra.
Sí. Ellos han hecho una inversión importante. Los números lo maneja el ministro de Comercio e Industria y alguna información que tenemos la ciudadanía. El aporte creo que no es real, no es cónsono al daño que se le ha ocasionado a los recursos naturales en un área sensible en el Corredor Biológico Mesoamericano y yo creo que Panamá merece más.
Además que ella (la empresa) está operando sin permiso, sin concesión, operando sin ningún instrumento. Bueno, ahora, con el contrato ley (...) si está generando miles y miles de millones de dólares a la empresa en sí, pero a Panamá, además del daño ambiental, el daño social y el daño que se le está ocasionando al mismo país per se, no estamos recibiendo lo que corresponde realmente.
¿Quién respalda este proyecto? Usted ha dicho que es un grupo muy pequeño del Gobierno, del sector empresarial. ¿Los inversionistas nacionales y extranjeros apoyan el desarrollo de este proyecto minero?
Yo digo que es un grupo minúsculo, porque los que gobiernan son personas que fueron escogidas. Pero el que manda es el soberano, es el pueblo. Los que debieron haber salido a defender el contrato es la empresa y los abogados que les pagaron millonarias sumas en honorarios. Pero el Gobierno en si, salir a defender un contrato que, a juicio de la mayoría de los expertos en comercial y en contratos han dicho que es ilegal, inconstitucional, no pueden.
El Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Ambiente, la misma Presidencia. No me parece que ellos son los que deben de salir a defender el contrato. El Estado es el que tiene que poner las condiciones, no la empresa. Si creo que también no se ha visto muy bien que sea el mismo Gobierno que salga a defender un contrato, que ya se ha dicho es ilegal.
Dos procuradores de la nación --el procurador de administración y el procurador general de la nación-- en las dos demandas de inconstitucionalidad que están más avanzadas han dicho que el contrato ley es inconstitucional e incluso, han dicho que se violó el Acuerdo de Escazú, además de otras normas. Ya no es que el pueblo esté equivocado. Quiénes son los que están equivocados son ellos.
¿Qué se espera en Panamá el próximo lunes, cuando termine esta especie de receso de las fiestas patrias? ¿Las protestas van a continuar? ¿Existe la posibilidad de que se establezca algún diálogo o están esperando alguna decisión o resolución de la Corte Suprema?
Primero, el fallo de la Corte. Segundo, el diálogo. Yo pienso que el Gobierno central, el presidente debe llamar a todos los sectores, a los expertos en arbitraje comercial internacional, llamar a los constitucionalistas, juristas, economistas para que el lunes arranque un diálogo sensato, honesto, buscar entre todos la solución. Si el Gobierno fue el que incurrió en esto, bueno, yo creo que todos podemos ser solidarios y los expertos apoyar al Gobierno. El lunes espero que el Gobierno llame a alguna reunión con la sociedad civil, con todos los sectores que tienen que ver con este tema del contrato-ley.
