2 de octubre 2020
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El director del medio salvadoreño de investigación El Faro, José Luis Sanz, aseguró en una entrevista con Efe que teme que el Gobierno de Nayib Bukele busque la detención de los directivos de este periódico y se paralice su funcionamiento en represalia por sus investigaciones.
También advirtió que si Bukele logra consolidar su poder político y acallar a los medios críticos, es "demasiado optimista" pensar que los periodistas no estarán en riesgo.
Estas declaraciones surgen en momentos en el que diversos sectores reclaman acciones, incluso de instancias internacionales, para proteger la libertad de prensa en El Salvador.
El Faro ha denunciado que es víctima de persecución del Gobierno de Nayib Bukele. ¿Nos podría contar desde cuándo vienen notando estos ataques?
La actual Administración ha confrontado con el periodismo, especialmente con los medios de comunicación que hacemos investigación, incluso desde antes de llegar al poder.
Esto ha venido evolucionando y creciendo en gravedad y en presión.
En julio, desde uno de estos medios administrados por el Estado, La Página, se lanzó una agresiva campaña de difamación, de calumnia contra El Faro y sus periodistas, acusando a unos de nuestros reporteros de cometer una agresión sexual y al periódico y sus directivos de haberla encubierto.
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Justo dos días después de que esta periodista (supuesta víctima) se pronunciara públicamente y desmintiera a La Página, arrancó una auditoría contra nosotros el Ministerio de Hacienda.
Desde un principio sentimos que esta auditoría lo que buscaba no era en realidad comprobar que pagamos nuestros impuestos, que los pagamos, o que declaramos nuestros ingresos, que los declaramos, sino que encontrar algún otro tipo de información o construir algún tipo de relato en contra del periódico.
Por eso nos hemos amparado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, porque creemos que lo está sucediendo es lo que los abogados llaman una desviación de poder. Es decir, se está utilizando una herramienta legítima del Estado con un fin distinto del que se enuncia.
El presidente, el pasado día 24, en cadena nacional dijo que estamos siendo investigados por lavado de dinero, algo que ni el Ministerio de Hacienda ni la Fiscalía nos ha notificado.
Que el presidente anuncie a todo el país que estamos siendo acusados o investigados por lavado de dinero lo consideramos una clara amenaza.
Hacía semanas que estábamos recibiendo alertas de que en realidad se pretende emitir ordenes de detención, si la Fiscalía lo permite, contra algunos directivos, contra mí, contra Carlos Dada (fundador), contra otras personas del periódico o incluso llegar a congelar nuestras cuentas.
¿Ni la Fiscalía ni el Ministerio de Hacienda les han notificado de tal investigación?
No tenemos ninguna notificación formal más allá del hecho de que en una cadena nacional el presidente de la República diga que estamos siendo investigados.
Es falso lo que dice el presidente de que nosotros estamos ocultando el origen de nuestros fondos. Los que estamos resistiéndonos a entregar son los nombres de nuestros suscriptores.
Lo único que podemos temer es que si nosotros entregamos a Hacienda esa información, pueda ser utilizada para atacar a nuestros suscriptores
¿Qué otras acciones legales estarían tomando para buscar protegerse?
La primera acción que estamos tomando es cumplir a rajatabla con la auditoría en contra de lo que dice el presidente, (...) tratar de que la auditoría se ciña a la información realmente relevante para los supuestos fines de una auditoría.
La segunda es recurrir a instancias superiores para que se haga cumplir la ley, (...) estamos valorando incluso recurrir a instancias legales internacionales.
En una publicación del día después de la cadena nacional, hablan de un tuit de un candidato a diputado del oficialismo que decía que los quiere ver en detenidos. ¿Esto levanta aún más las sospechas?
El presidente lleva mucho tiempo acusándonos de mentir, especialmente después de que revelamos la negociación entre este Gobierno y la Mara Salvatrucha (MS13) para reducir los homicidios.
Hay un trabajo muy fuerte de construcción de la narrativa antes de que las cosas sucedan y en concreto, además, el ministro de Hacienda (Alejandro Zelaya) ha participado.
Hubo un tuit de un candidato a diputado del partido oficial que decía que los periodistas incómodos íbamos a terminar en una celda incomoda. Utilizaba juegos de palabras, pero en la práctica decía que por violadores o por lavadores.
El ministro de Hacienda que nos está auditando retuiteó y difundió ese mensaje.
Que el ministro que está a cargo de nuestra investigación, sin que haya razón para ello, difunda un mensaje en el que se dice que vamos a terminar en la cárcel por lavado de dinero, evidentemente alimenta las sospechas de que en realidad lo que están buscando no es la verdad.
Una de las líneas de críticas que ha tenido el Gobierno contra ustedes es su relación con un empresario de apellido Simán. ¿Podría desmentir que ustedes responden a una línea de este empresario?
Parte de lo que sucede es que Nayib Bukele construye narrativas basadas en la falacia y en la leyenda. Y hace más de año y medio insiste en construir la leyenda de que los medios independientes, como El Faro y Factum, tenemos ingresos oscuros.
Uno de los fundadores de El Faro, eso no es secreto y está en nuestra página web, es Jorge Simán, (...) que creó de la nada, junto con el periodista Carlos Dada, este periódico y que ha hecho pequeños aportes en esa etapa en la que ninguno de los periodistas de El Faro cobrábamos.
Lo que ocurre es que Nayib Bukele juega a la desinformación, creo que es el principal actor de desinformación en este país. Cuando habla de Simán, él no se refiere a Jorge Simán, se refiere a Javier Simán, que fue precandidato a la presidencia por el partido de derecha Arena. Para él simboliza una especie de actor oscuro supuestamente con capacidad económica ilimitada y que mueve los hilos de la política nacional y de los medios de comunicación.
En esa misma línea narrativa dice que él está detrás de El Faro. Eso es falso, rotundamente falso.
¿Esto tendrá un objetivo de parte del Gobierno? ¿Cuál considera que es el gran objetivo?
El presidente entiende la democracia simplemente como una herramienta de elección de liderazgo político, pero no tiene realmente valores democráticos. Con lo que sueña es con un Gobierno que tenga dominio absoluto no solo de las instituciones, sino de la narrativa, de la conversación en el país.
Cualquier actor, y ahí estamos los medios de comunicación, que desafíe su narrativa hace que Nayib Bukele considera que se le está atacando y que reaccione con toda la violencia normalmente verbal, pero ahora institucional que estamos viendo.
Al presidente Bukele le pone nervioso que diversos medios, El Faro, Gato Encerrado, Salud con Lupa, Factum y el mismo Diario de Hoy, hayamos publicado investigaciones que revelan presuntos casos de corrupción.
Los planes de Gobierno de Nayib Bukele no se conocen, lo único que sabemos es que pretende controlar el poder Legislativo después de las elecciones de febrero de 2021 y que no quiere que nadie, y eso nos incluye a los medios de comunicación más incisivos, discuta sus afirmaciones y desafíe su narrativa.
¿Considera que se está en el camino de que en El Salvador se den cosas como las que sucedieron en Venezuela y Nicaragua contra la libertad de prensa?
Creo que Nicaragua es un horizonte posible para lo que está sucediendo en el país a una velocidad vertiginosa.
Si consolida su poder en las elecciones del año que viene, si consigue acallar a los medios de comunicación independientes (...) lo que tendríamos es que nuestra democracia está en sus manos y lo cierto es que las señales que ha dado este primer año de Gobierno hacen pensar que no son unas manos confiables.
Este Gobierno es un Gobierno que se siente cómodo en la sombra, que se siente muy cómodo teniendo un discurso público mientras gobierna sin ser interpelado.
¿Ustedes temen por su integridad física y personal?
En este momento tememos que haya detenciones ilegales contra algunos de nosotros bajo una apariencia de legalidad pero a partir de acusaciones sin fundamento, legitimadas solo desde el Ejecutivo. Esperaríamos que no, pero podría suceder con la tolerancia de la Fiscalía.
Pensar que durante esta Administración, si se consolida este control político, este dominio, esta hegemonía en el debate público y en las instituciones, nosotros no vamos estar en riesgo o los periodistas no van a estar en riesgo creo que sería ser demasiado optimistas.
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