17 de septiembre 2020
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Una corte penal de El Salvador ordenó el miércoles la captura del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), por su vínculo con una tregua entre las pandillas que, según la Fiscalía General de la República (FGR), supuso prebendas penitenciarias a sus líderes a cambio de bajar las cifras de homicidios.
Un representante del Ministerio Público indicó que la medida fue dictada durante una audiencia de imposición de medidas contra Funes por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
“A partir de la evidente renuencia de comparecer ante las autoridades del imputado Funes Cartagena, tomó a bien dictar la medida cautelar más gravosa, que es la detención provisional”, sostuvo.
Añadió que se debe tramitar la orden de captura internacional ante la Policía Nacional Civil (PNC) e Interpol, con la que Funes suma seis órdenes de detención en diferentes procesos por cargos de corrupción.
Evita extradición
Funes enfrenta procesos penales por la supuesta desviación y lavado de más de 351 millones de dólares, el pago de sobornos, revelar un documento secreto de Estados Unidos, la malversación de fondos de una represa y evasión de impuestos.
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El exmandatario se encuentra actualmente en Nicaragua, donde recibió la nacionalidad, lo que ha impedido que sea extraditado a El Salvador a raíz de que la Constitución de ese país lo prohíbe.
Funes, quien gobernó bajo la bandera del “cambio” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) ante la corrupción de Administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.
Tregua entre pandillas
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un armisticio que, de acuerdo con datos del Gobierno, redujo los homicidios sensiblemente.
La reducción de la violencia por el supuesto acuerdo de las pandillas llamó la atención de todo mundo, pero detrás estaba, según las acusaciones del Ministerio Público, un acuerdo con el Gobierno.
Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo el control de estas bandas y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en estos sitios.
Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso.
No obstante, en el juicio contra los operadores de la tregua el exministro de Seguridad y de la Defensa David Munguía Payés, también procesado por este caso, declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de Gobierno de “pacificación”.
Tras la ruptura de la tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en 2014, se dispararon a 103 por cada 100 000 habitantes en 2015 y a 81 en 2016. Estos fueron los dos años más violentos en la historia reciente del país centroamericano.
