4 de junio 2016
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La esposa del magnate de canales de televisión Ángel González, Alba Elvira Lorenzana, forma parte de la lista de personas requeridas, a través de una orden de captura internacional, por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Lorenzana es señalada de pertenecer a un amplio esquema de conexiones financieras, en el que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, operaban para enriquecerse ilícitamente y financiar la campaña electoral que les permitió llegar al poder en 2012.
Según el comunicado oficial del organismo, la apertura del nuevo caso de corrupción al que nombraron “Cooptación del Estado”, devela una trama criminal que tenía varias modalidades, entre ellas la financiación de la campaña política de Pérez Molina, a través de la captación de fondos en empresas fantasmas. Las televisoras, inscritas oficialmente a nombre de Lorenzana, depositaron miles de quetzales a esas entidades y sus favores fueron retribuidos cuando los líderes del Partido Patriota (PP) llegaron al Poder.
“En 2008 se echa a andar todo un entramado de empresas controladas por Roxana Baldetti para captar fondos, entre ellas: Comercial Urma, Publicmer, etc. Las entidades empiezan a recibir flujos de dinero de Radio Televisión Guatemala S.A. (Canal 3) y Televisiete S.A. (Canal 7). Conforme avanzó la campaña, incrementaron los pagos a las empresas hasta alcanzar la suma de Q17,679,200.00 (US$2,315,621). Mensualmente y generalmente en la misma fecha, se registraban dos pagos por Q215.600.00 (US$28,239), uno de Radiotelevisión y el otro de Televisiete. Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Roxana Baldetti durante la campaña (2008-2011) fueron beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión (2012)”, indica el comunicado de la Cicig.
El nivel de influencia en Centroamérica del conglomerado de empresas del magnate Ángel González, es grande. En Guatemala, es ampliamente conocido su poder político y su vinculación con los presidentes del país, incluyendo Vinicio Cerezo. Desde 1985, el empresario de origen mexicano, logro construir un emporio con el control de cuatro canales de televisión, más de 20 radios y varias frecuencias en UHF.
Sin embargo, todos sus negocios se hacen a través de terceros, según la prensa guatemalteca. Como la ley de aquel país prohíbe que un extranjero adquiera medios de televisión, González usó a su esposa y suegra como testaferros. Aurora Cardona y Alba Elvira Lorenzana se convirtieron, en el papel, en las dueñas de los medios adquiridos por González.
En Nicaragua, el empresario mexicano es propietario de los canales 2, 9, 10 y 11 y de varias radios. Mantiene junto con el grupo económico del comandante Daniel Ortega ( dueño del 4, 6, 8 y 13) un duopolio televisivo.
La trama del Partido Patriota
Pérez y Baldetti estan siendo investigados por su participación directa en otros casos de corrupción como ‘La Línea’, Terminal de Contenedores y el Caso del Lago de Amatitlán. En abril de 2015, cuando se presentó el caso de ‘La Línea’, se pensaba que se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos. Conforme avanzaron las diligencias judiciales se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta del país.
El esquema financiero del Partido Patriota (PP) consistía en una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos. Un modelo típico de redes político-económicas ilícitas, funcionaba de 2007 y continuó durante el mandato presidencial de Pérez y Baldetti.
Después del inició de la investigación en el caso ‘La Línea’, los investigadores de la Cicig, llegaron a la conclusión que no se trataba de un gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala.
La CICIG apoya a las instituciones del Estado en la investigación de las actividades de los grupos que cometen actos ilegales y que tienen enlaces directos e indirectos con agentes del Estado o la capacidad de bloquear acciones judiciales concernientes a sus actividades ilegales. La influencia de estos grupos dentro del Estado es considerada como una de las bases fundamentales de la impunidad en el país y como un gran obstáculo que impide los esfuerzos de fortalecer el estado de derecho.
