Caso Rosenthal: “un parteaguas”

Centroamérica es una región vulnerable y poco preparada para enfrentar al lavado de dinero y el crimen organizado, asegura el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana y experto en lavado de dinero, Alejandro Aguilar. Dentro de la región, explica Aguilar, Nicaragua ha sido el último país en adoptar ciertos estándares internacionales contra esta amenaza, hasta tal punto que estuvimos dentro de una “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional, el órgano creado mundialmente para dar seguimiento a los compromisos internacionales a los problemas relacionados con el lavado de dinero.
A partir de esa situación se aprobó la Ley de Unidad de Análisis Financiero, Ley 793, lo que le ha permitido al país dar la cara a nivel internacional. Sin embargo, dice Aguilar en esta entrevista, ni Nicaragua ni Centroamérica están listas para enfrentar casos como los del Grupo Continental, en Honduras, al que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) señaló "como empresas que desempeñan un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”.

¿Que significa que Nicaragua no esté dentro de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional?

No significa que en el país no se lava dinero, lo que dice es que este país tiene mecanismos de prevención, por tanto se adoptan prevenciones razonables que en el estándar internacional se consideran mínimas, así es que todas aquellas entidades financieras o empresas que tienen relaciones con ese país pueden sentirse razonablemente tranquilas, por lo tanto no necesitan adoptar medidas especiales de diligencias sobre Nicaragua o sobre sus ciudadanos, porque un territorio no cooperador podría hacer que ese ciudadano no pueda abrir una cuenta bancaria en ningún lugar del mundo.

¿La ley 793 blinda a Nicaragua ante posibles casos de lavado de dinero o vínculos empresariales con el crimen organizado?

No. Lo que hace es generar un mínimo sistema institucional que permita detectar posibles operaciones sospechosas o inusuales para darle seguimiento a aquellas que se repitan, con el fin de quizá llegar a detectar operaciones de lavado de dinero en el país. Se trata de un estándar internacional mínimo. En este momento en el mundo, en materia de lavado de dinero, no hay soberanía posible por reivindicar. Es un tema totalmente internacional que está en manos de mecanismos e instrumentos internacionales.

¿Está lista el resto de Centroamérica para enfrentar situaciones como la de Honduras?

Centroamérica ha venido trabajando para cumplir unos estándares mínimos, pero no es que los Estados están enfocados en evitar a toda costa cualquier operación de estas. Este escándalo (Grupo Continental) estalló en Estados Unidos y las autoridades de la Fiscalía estadounidense no van a tener la delicadeza de venir a decir: ‘vamos a hacer esto, hemos detectado esto, pongámonos de acuerdo para que no dañe su economía’. Ellos están en su batalla frontal. Detectan algo, dan seguimiento, encuentran las pruebas. Son trabajos de años, suele ser un trabajo muy serio. Y no estamos preparados para enfrentar las consecuencias de una decisión de ese tipo. Lo podés apreciar en la forma errática, en mi opinión, con que se ha comportado el Estado hondureño: hay un caos que el Estado no sabe cómo manejar y se le está dificultando mucho, porque sus estructuras, sus instituciones no están preparadas para resolver una crisis derivada de una imputación penal en Estados Unidos.

¿Es una situación de vulnerabilidad en la región?

Me parece que eso que le pasa a Honduras nos puede pasar a nosotros. Creo que si hubiese sido un grupo financiero costarricense o salvadoreño hubiera pasado lo mismo, hubiera sido un caos, porque nadie está preparado para enfrentar una situación así.

¿Qué va a pasar después de esto en la región?

Supongo que los Estados Centroamericanos van a tratar de tener mayor comunicación con las autoridades norteamericanas a partir de este caso. El caso Rosenthal es un parteaguas, va a haber un antes y un después. Este caso va a tener consecuencias en el plazo inmediato, como es el cierre del banco, el despido de trabajadores, el cierre de actividades económicas, pero también va a tener consecuencias en el mediano plazo. Esto es un engranaje económico, Centroamérica es un muy pequeña, aquí todas las familias grandes están conectadas.

Y conectadas al poder político también. ¿Qué consecuencias tendrá este caso en esas relaciones de poder?

Esto convoca a la responsabilidad de los Estados y de la clase empresarial centroamericana. A los Estados porque esto demuestra que no es un juego, aquí se están procesando personas y están dando seguimiento estricto a transacciones que están realizando grupos económicos, sobre todo a aquellas que pasan por Estados Unidos. Ningún Estado centroamericano puede aparecer mundialmente como protector o apañador de esto. A Honduras le va a afectar muchísimo esto en el mediano plazo.

¿Cómo afecta a los países una institución como la de Honduras, donde la OFAC vincula a grupos empresariales con el crimen organizado?

No podés decir que tenés un estándar de prevención del lavado y luego no tener resultados. El caso Rosenthal plantea esto: si tenés un estándar mínimo de prevención tenías que haber sabido esto, porque no es posible que lo sepan en Estados Unidos y en Honduras no. Y si lo sabían, ¿por qué no actuaron antes?

¿Qué deben hacer los Estados y las empresas para blindarse ante este tipo de amenazas?

Se supone que los sistemas de prevención son mecanismos para tratar de detectar tempranamente operaciones de lavado, no para impedir que ocurran, porque el lavado se produce inmediatamente que el dinero ingresa en los circuitos financieros y tiene aparente legitimidad o legalidad, de manera que todo el tiempo se están produciendo operaciones de lavado de dinero. Centroamérica, y América Latina, no ha entendido la magnitud de lo que puede significar esto. Lo que creo es que los Estados necesitan conversar más, profundizar el nivel de cooperación, tienen que resolver que si se detectan operaciones de lavado de dinero en la región son los Estados de la región los que deben tomar la iniciativa y procesar a los responsables, porque si dejas pasar el tiempo vas a tener escándalos como el de Honduras, que ya no controlas y no sabes qué tipo de afectaciones van a tener. Los Estados de Centroamérica deben acuerparse.

Las instituciones que se han creado en Nicaragua, como la UAF o la Superintendencia de Bancos, ¿tienen la capacidad de responder si se diera un caso como el de Honduras aquí?

Centroamérica no está preparada para resolver un asunto de esta magnitud. Son demasiados los desafíos. El regulador o supervisor bancario, frente a una situación de esta magnitud, una cuestión casi de Estado, lo que hace es intervenir, pero como se produce un retiro masivo de dinero entonces cierra la institución para poder controlar ese retiro de fondos. Una vez que cierra afecta a un montón de gente más. El cierre de una entidad afecta a las demás. Es muy importante la sanidad del sistema financiero, porque si hay un sector donde no te podés dar el lujo de que ninguno de los actores esté incumpliendo con ciertos estándares es el sector financiero. La competencia del regulador termina en esa entidad que se llama banco o financiera, a lo sumo puede alcanzar a aquellas empresas que forman parte del grupo financiero, pero no más allá porque no tienen competencia. Si ya le es difícil enfrentar la administración, la gestión, para evitar la quiebra de esas entidades que forman el grupo financiero afectado, ¿te podés imaginar con el resto de empresas que forman parte del entramado económico de participación de ese grupo? Para enfrentar esta situación necesitas un conjunto de instituciones que previamente se hayan dispuesto para poder resolver un problema así, que no se agota en la imputación de responsabilidad penal de unas personas, porque las consecuencias tienen una magnitud incalculable.