6 de enero 2023
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Al menos 29 personas murieron por la violencia desatada el jueves en el estado mexicano de Sinaloa (norte) tras la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán más buscados por Estados Unidos, según reveló este viernes el Gobierno de México.
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, puntualizó que de los 29 fallecidos, una decena pertenecían a las Fuerzas Armadas mexicanas y 19 a los grupos criminales que generaron los disturbios violentos. Ningún civil inocente perdió la vida.
“Diez militares perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en aras de garantizar la seguridad. El Estado mexicano les dará honores fúnebres”, dijo en la rueda de prensa diaria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto al saldo de heridos, el responsable del Ejército contabilizó a 35 militares lesionados por armas de fuego, así como afectación a varios vehículos terrestres y aéreos de las Fuerzas Armadas.
También detuvieron a 21 miembros del crimen organizado, detalló Sandoval.
Violencia en las calles de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán
En el operativo durante y tras la detención de Ovidio Guzmán en la madrugada del jueves participaron 3586 efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes afrontaron la violencia desatada en las calles de ciudades como Culiacán (capital de Sinaloa), Los Mochis y Mazatlán.
López Obrador incidió en que el Gobierno actuó de manera “responsable” para “cuidar a la población civil, que no hubiera víctimas inocentes”.
Además, añadió que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, le comunicó que la situación en la región se está normalizando, después de sufrir una jornada de bloqueos, agresiones a balazos y autos incendiados.
“No hay grupos armados en Sinaloa, en bloqueos, que ya están quitando desde ayer (jueves) todos los carros que fueron incendiados y que utilizaron para bloquear las calles, prácticamente en toda la ciudad (de Culiacán)”, explicó.
Los hechos en Sinaloa han despertado temor en la ciudadanía porque recuerdan al polémico “culiacanazo”, operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio Guzmán, pero lo liberaron horas después por actos violentos del Cártel de Sinaloa.
Ovidio Guzmán fue trasladado la noche del jueves al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano —conocido también como el penal de Almoloya—, ubicado en Estado de México, donde fue recluido su padre y del que se fugó en 2015.
Todo ello sucede días antes de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte.
Juez congela la extradición del “Chapito”
Un juez federal mexicano congeló este viernes la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, al concederle un amparo. El juez suspendió “los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución”, de acuerdo con el expediente 24/2023 del Juzgado Sexto del Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
Esto “para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”.
Asimismo, el magistrado concedió otro amparo para evitar la incomunicación del narcotraficante, lo que le permite contactarse con sus familiares y abogados defensores.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla la detención de Ovidio Guzmán. Foto: EFE / José Méndez
Tanto López Obrador como el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, descartaron en la rueda de prensa diaria del Gobierno que la extradición se fuese a realizar por la vía rápida y estimaron que Estados Unidos tardará entre cuatro y seis semanas en presentar acusaciones penales contra el hijo del Chapo Guzmán.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso que Ovidio se enfrenta en México a acusaciones por delitos contra la salud (narcotráfico) y relacionados con armas de fuego, y también tiene investigaciones abiertas por delincuencia organizada.
Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición en 2019 y ofrecía cinco millones de dólares por su captura desde diciembre de 2021, imputa al narcotraficante delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas a ese país, detalló Rodríguez.
