Daniel Gutman | IPS
23 de enero 2018
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Pasaron tres años desde la muerte del fiscal Alberto Nisman, que sigue ensombreciendo a Argentina pues todavía no se aclaró si lo mataron o si se suicidó. Además, su denuncia póstuma está más viva que nunca y amenaza con la cárcel a quien hasta hace dos años era presidenta y hoy es la principal lideresa de la oposición.
El fiscal Nisman, encontrado muerto de un balazo en su departamento, el 18 de enero de 2015, investigaba el mayor atentado terrorista de la historia argentina: la explosión del edificio de la mutual judía, la AMIA, en Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos.
"En estos tres años hemos seguido lo que fue diciendo la Justicia. Y la última resolución del juez habla de un asesinato que, por otro lado, parece lo más probable", dijo a IPS el actual presidente de la AMIA, Agustín Zbar.
"Nisman dedicó casi 20 años a la causa AMIA. Fue la razón de su vida", acotó.
"No hay dudas de que su muerte fue por causa de su trabajo. Y seguramente hoy Nisman no estaría muerto si la causa AMIA hubiera avanzado y se hubiese castigado a los culpables", agregó Zbar, un abogado que ha tenido una intensa actividad política y fue diputado nacional.
Nisman no tenía dudas de que el ataque se había planeado en Irán al más alto nivel estatal y llevaba más de diez años reclamando la extradición de siete exfuncionarios de ese país, siempre rechazada por la República Islámica.
Con la causa judicial atascada en ese punto, el 15 de enero de 2015 Nisman presentó una impactante denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández, a quien acusó de encubrir a los ideólogos del atentado, a través de un acuerdo firmado en 2013 por su gobierno con Irán, que nunca llegó a entrar en vigencia.
Ese pacto creaba una Comisión de la Verdad con representantes de los dos países y habilitaba a un juez argentino a viajar a Teherán a interrogar a los sospechosos. Según Fernández, se buscaba así reactivar una causa judicial paralizada.
Pero para Nisman, el verdadero objetivo era que se archivara la acusación contra los iraníes y así descongelar la relación entre los dos países.
La denuncia sacudió el tablero político y Nisman fue convocado a explicarla en el Congreso Nacional, el 19 de enero. Pero la noche anterior fue encontrado muerto, con un balazo en la cabeza y un arma de fuego a su lado, en el departamento en el que vivía solo en Puerto Madero, el barrio más moderno y cotizado de Buenos Aires.
Desde aquel día, la investigación judicial por la muerte del fiscal se enredó con cambios de jueces y fiscales, denuncias de presiones políticas y distintas pericias que, en algún caso, abonaron la tesis del suicidio. y en otro, la del homicidio.
Sin embargo, la exesposa y madre de las dos hijas de Nisman, no tiene dudas. El fiscal murió como consecuencia de "un plan criminal con intervención de agentes del Estado", dijo el 18 de este mes Sandra Arroyo Salgado, un rato antes del homenaje íntimo realizado en el cementerio judío de La Tablada, en las afueras de la capital argentina.
Para Arroyo Salgado, que es jueza federal en lo Penal, el crimen de su exmarido tenía dos objetivos: "Primero, silenciarlo; y segundo, condicionar la actuación de los jueces y fiscales, demostrando qué le podía pasar a quienes se animaran a investigar. Alberto fue el que se animó y tuvo la valentía de denunciar al poder vigente".
Luego de la muerte de Nisman, y mientras era presidenta Cristina Fernández, la Justicia consideró que la denuncia del fiscal ni siquiera tenía elementos suficientes como para que se abriera una investigación. Pero el criterio cambió luego de que ella abandonara el poder, en diciembre de 2015.
En 2016, la causa fue puesta en movimiento por un tribunal de apelaciones y, en 2017, avanzó al punto tal que el juez Claudio Bonadio ordenó en diciembre último la detención de importantes figuras del gobierno anterior.
La resolución de prisión preventiva también alcanzó a la expresidenta, acusada de traición a la patria, un delito que muy raramente es aplicado.
Sin embargo, ella no fue encarcelada porque la protegen sus fueros parlamentarios, ya que en octubre había sido elegida senadora nacional por la provincia de Buenos Aires con 37 por ciento de los votos contra 41 por ciento del candidato oficialista.
En marzo, cuando se reanude la actividad parlamentaria, el Senado debería debatir y votar si le quita o no los fueros, aunque hoy parece improbable que ello suceda. El oficialismo no está decidido a propiciar el encarcelamiento, sin condena, de quien hace apenas tres meses fue ratificada como líder del principal espacio opositor.
"Nosotros repudiamos el acuerdo de Argentina con Irán y batallamos contra él, pero no compete a la comunidad judía liderar el avance contra quien fue elegida dos veces presidenta por el voto popular", dijo Zbar a IPS.
"También nos preguntamos los motivos de ese acuerdo, pero la investigación corresponde a la Justicia", agregó el presidente de la AMIA.
Por su lado, la investigación de la muerte de Nisman dio un giro en septiembre pasado, cuando un estudio de una fuerza de seguridad determinó que a Nisman lo mataron a sangre fría, luego de sedarlo con una droga y golpearlo, al punto que incluso le rompieron el tabique nasal.
En cambio, la autopsia realizada inmediatamente después de la muerte por el Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, había llegado a la conclusión de que no hubo otra persona en la escena del crimen y por lo tanto inclinó la balanza hacia el lado del suicidio.
Sobre la base de la nueva pericia, el juez federal Julián Ercolini dictó una resolución de 656 páginas sobre la última Navidad, en la que concluyó que a Nisman lo mataron.
El juez procesó como "partícipe necesario" en el crimen a Diego Lagomarsino, un técnico informático que trabajaba para Nisman, que dijo haberle prestado al fiscal, uno o días antes de su muerte, el arma con el que lo mataron o se mató, ya que Nisman se la había pedido porque temía por su seguridad.
Junto a Lagomarsino, señalada por la exesposa de Nisman como un supuesto agente de inteligencia, fueron procesados como encubridores cuatro policías que trabajaban como custodios del fiscal, que habrían liberado la zona para que lo asesinaran.
Sin embargo, en la resolución del juez no se explica quién o quiénes lo mataron, de qué forma lo hicieron ni cómo entraron a su departamento, donde no había signos de ninguna puerta forzada.
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