6 de enero 2023
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Miles de migrantes nicaragüenses que van en camino hacia Estados Unidos han quedado en un “limbo migratorio”, tras la implementación de un nuevo plan del Gobierno de Joe Biden. Los migrantes ya no podrán entrar a territorio estadounidense, por lo que sus opciones —según expertos en migración— se reducen a quedarse “varados” en México o regresar a Nicaragua, de donde huyeron de la represión y la crisis económica.
El presidente Biden anunció que el país expulsará de manera expedita a México a los migrantes de Nicaragua, Cuba y Haití que crucen de manera irregular la frontera, bajo el llamado Título 42, una polémica normativa sanitaria que limita aún más el acceso al asilo en la frontera y que fue heredada del Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021).
“Mi mensaje es este: si usted está intentando salir de Cuba, Nicaragua o Haití, no se presente en la frontera. Quédese donde está y haga la solicitud de forma legal”, expresó Biden en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
La Administración estadounidense informó que aceptará a más de 30 000 migrantes al mes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, pero que expulsará “de inmediato” a México a los ciudadanos de esos países que intenten cruzar de manera irregular.
El migrante y defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, señaló que esta medida afectará directamente a los nicaragüenses que están en México esperando cruzar. Muchos de estos vendieron sus pertenencias y adquirieron préstamos con intereses altos para pagar el viaje y ahora quedaron en un “limbo”.
“Tenemos información que en ciudades como San Pedro y Tapachula, (al sur de México), hay miles de nicaragüenses esperando (avanzar hacia Estados Unidos). Esto lo sabemos porque nos llaman casi a diario pidiéndonos orientación y también nos llaman familiares de personas que están varadas en México”, explicó Cuevas, de la Defensoría de Nicaragua de Derechos Humanos (DNDH), ubicada en Miami.
Alertó que los migrantes nicaragüenses en México están expuestos al aumento de la delincuencia. Desde DNDH han recibido denuncias de familiares sobre la ola de secuestros de connacionales de los últimos meses y sobre delitos sexuales cometidos contra mujeres migrantes.
La decisión del Gobierno estadounidense se da después de que durante el año fiscal de 2022 se registrase la detención de 2.76 millones de migrantes indocumentados, una cifra inédita.
Los nicaragüenses, cubanos y venezolanos lideraron la cifra récord de la migración hacia Estados Unidos en 2022. Entre enero y octubre, fueron detenidos unos 147 277 nicaragüenses por la Patrulla Fronteriza de ese país. Esta cifra supera a los 87 749 connacionales que se entregaron a las autoridades en 2021.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) justificó la expansión del Título 42 a nicaragüenses, cubanos y haitianos citando una reducción del 90% en el número de arrestos de venezolanos en la frontera después de que comenzó a aplicar esta restricción en octubre pasado.
Sin embargo, cientos de migrantes venezolanos siguen entrando al país por cruces ilegales, sin ser detectados por las autoridades migratorias y viéndose expuestos a situaciones de mayor riesgo.
“El Título 42 es un fracaso. Solo ha animado a los migrantes a cruzar de manera repetida y en áreas cada vez más remotas y peligrosas”, dijo Marisa Limón Garza, directora ejecutiva de la organización Las Américas, en un comunicado.
Unos migrantes se preparan para cruzar el Río Bravo, en una sector de la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas. Foto: EFE / Abraham Pineda Jácome
Los requisitos y los excluidos del nuevo plan
El plan migratorio, que entró en vigencia inmediatamente después de su anuncio, establece que los ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití que quieran migrar a Estados Unidos deberán hacerlo a través del programa denominado “libertad condicional”, que les permitirá vivir y trabajar en este país por un período de dos años.
“Hasta 30 000 personas al mes de estos cuatro países, que tengan un patrocinador que reúna los requisitos y superen los controles de antecedentes, podrán venir a Estados Unidos por un periodo de dos años y recibir autorización para trabajar”, explicaron.
En octubre pasado, el DHS explicó que, para aplicar al programa, los interesados deberán demostrar que tienen un patrocinador que tenga un estatus migratorio legal en Estados Unidos y que pueda acreditar que tiene los recursos financieros por el periodo de tiempo que los migrantes vayan a residir en el país.
Se desconoce si estos 30 000 migrantes que recibirán de forma legal, serán distribuidos equitativamente entre los connacionales de estas cuatro nacionalidades o si se elegirán por el número de llegada. Sin embargo, la abogada supervisora de Nicaragua American Human Rights Alliance (NAHRA), Astrid Montealegre, expresó que estos se enfrentarán a otro problema.
“La gran limitante que vemos con esta política es que solo permite migrar a los migrantes nicaragüenses, cubanos y haitianos por medio de patrocinadores que sean residentes o ciudadanos de los Estados Unidos, pero sabemos que la mayoría de personas que están migrando indocumentadas no cuentan con alguien que sea residente o ciudadano”, destacó.
Aún no se conoce cómo será el procedimiento que deberán realizar, desde Nicaragua, los connacionales que tengan intenciones de migrar en los próximos meses.
De este programa migratorio están excluidos los deportados de EE. UU. en los últimos cinco años. Tampoco serán aceptadas las personas que tengan una residencia permanente o nacionalidad de otro país que no sea de estos cuatro.
Montealegre comentó que en el caso de los migrantes que se encuentran en los centros de detención de Estados Unidos seguirán sus procesos y de no demostrar su caso de asilo serán deportados. Esto impedirá que en el futuro puedan aplicar al programa humanitario para migrar legalmente.
“Las personas que están llegando a la frontera a partir de hoy están sujetos a una expulsión expedita, esto ni siguiera cuenta como una deportación porque no serán procesados, sino que serán excluidos de manera expedita”, destacó.
El presidente de EE. UU., Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Foto: EFE
Medidas no resolverán crisis humanitaria
Funcionarios de alto rango de la Administración de Biden explicaron en una llamada con periodistas que la motivación de estas medidas es el “nuevo patrón migratorio” que se está dando en la frontera, ya que “la inestabilidad política, económica y política en todo el mundo está alimentando algunos de los mayores niveles de migración”, no vistos desde la Segunda Guerra Mundial.
En este contexto, EE. UU. ha visto en su frontera sur números récord en décadas de migrantes que tratan de cruzar irregularmente, “motivados en su mayor parte por un nuevo éxodo sin precedentes de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, dijo uno de los funcionarios.
Cuevas resaltó que estas medidas reducirán el alto número de migrantes que llegan a EE. UU. de estos países, pero no impactarán en el alivio de la crisis humanitaria que se ha detonado.
“La gente que se viene al exilio no es que decidió migrar porque quiere cambiar de ambiente, es porque no tiene opciones o tiene hambre”, apostilló.
Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo del Programa de Diálogo Interamericano, dijo que estas medidas no son “totalmente humanitarias” y no toman en cuenta el problema de origen y las condiciones de los migrantes.
“Este no es un plan completamente humanitario porque tiene muchos huecos. El primero y más peligroso es que esta propuesta no cuenta con una contraparte de política exterior que permita reducir el nivel de represión política y depresión económica que causan dictaduras como la de Nicaragua, sin una política exterior que tenga el peso proporcional ante los abusos (del régimen en Nicaragua), el tema humanitario es cosmético”, opinó.
Detalló que la cantidad de migrantes beneficiados “es arbitraria y en detrimento de las cantidades de gente que está saliendo”, además no corresponde con la realidad de los migrantes porque muchos de los que se han ido en busca de asilo político no tienen “un patrocinador” que se responsabilice por ellos, pues salieron “ante la emergencia del golpe represivo. Por lo tanto, el imponer cuotas a nacionalidades huyendo de la represión se convierte en una contradicción”.
Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, opinó que “el abrir una ventana chica para unos pocos refugiados y personas que buscan asilo al tiempo que se le cierra la puerta en la cara a la mayoría, no es ético ni la solución a la situación actual en la frontera”.
Además, “es una estrategia inefectiva que acentuará el caos y la confusión en la frontera, hará poco para resolver el sistema de inmigración, y pisoteará nuestros valores como país que da la bienvenida”, sostuvo.
El grupo Asylum Seeker Advocacy Project afirmó que “un enfoque de 'zanahoria y garrote' puede funcionar con los asnos, pero jamás funcionará con gente que huye de la violencia”.
*Con información de la agencia EFE
