4 de septiembre 2020
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Un grupo de siete congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de ese país, Donald Trump para exigirle que cese la deportación de solicitantes de asilo nicaragüenses, que son regresados al país, a pesar de que han denunciado que fueron encarcelados o torturados por oficiales del régimen orteguista.
La carta fue enviada este tres de septiembre a la Casa Blanca, y fue firmada por los congresistas Albio Sires, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Eliot L. Angel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y los miembros del Congreso Donna Shalala, Debbie Wassserman Shultz, Adriano Espaillat, Debbie Mucarsel-Power y Juan Vargas.
En la misiva los congresistas manifiestan que “condenamos fuertemente sus recientes decisiones de expulsar a los activistas nicaragüenses que han sufrido torturas por el régimen de Daniel Ortega”.
Usando los ejemplos del caso de Valeska Alemán, Moisés Alberto Ortega Valdivia y su esposa Jessica Carolina Pavón Pavón, los congresistas explican a Trump que los tres fueron expulsados sin siquiera darles derecho a una entrevista y posteriormente fueron entregados a autoridades del régimen de Ortega, donde anteriormente habían sido encarcelados y torturados.
Los congresistas consideran que la decisión de Trump pone en peligro las vidas de los activistas nicaragüenses y además, alegan que “socava” los objetivos de Estados Unidos con Nicaragua y va en contra de los “valores de Estados Unidos”.
“Hacemos un llamado para que se consideren todas las futuras solicitudes de asilo de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, y demandamos a su administración que deje de colaborar con el régimen de Ortega con la deportación de nicaragüenses”, se lee en la carta.
El caso de Alemán fue reportado por el diario estadounidense Washington Post el 28 de agosto y se demostraba que la activista de 22 años, quien fue torturada dos veces en las cárceles del régimen, fue deportada de Estados Unidos a pesar de haber presentado un libro con pruebas de la persecución y torturas en su contra.
La situación de Ortega Valdivia y su esposa no fue mejor, según los congresistas. Ambos fueron expulsados de Estados Unidos sin darles el derecho a una entrevista y como consecuencia han vivido asedio y amenazas desde entonces al punto que tuvieron que refugiarse en casas de seguridad.
“Estos casos demuestran el costo humano de los cuatro años de esfuerzo de su Administración por desmantelar el sistema de asilo de los Estados Unidos y el uso de la crueldad para tratar de detener a futuros solicitantes de asilo incluso si eso significa colaborar con regímenes represivos y socavar los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos”, expresan los congresistas.
El 28 de julio del 2018, solo unos meses después del estallido de la crisis de abril, un grupo de congresistas pidió a Trump que extendiera el Estatus de Protección Temporal (TPS), debido a la situación de persecución que se había desatado en Nicaragua.
Los congresistas además relatan que en el 2019 enviaron otra carta solicitando la suspensión de las deportaciones de nicaragüenses y que como respuesta, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas respondió confirmando que había un acuerdo entre la administración Trump y Ortega para expulsión de nicaragüenses.
Según la carta “lo que ICE no demostró es que los deportados son llevados a cárceles donde son interrogados por oficiales de Ortega, como ocurrió en los casos de Alemán y Ortega Valdivia”.
La carta concluye diciéndole a Trump que “le exigimos que deje de deportar nicaragüenses directamente a las manos de Daniel Ortega”.
