Nicas y ticos en la milla fronteriza: vivir con el miedo a perder tu hogar

Nicaragüenses y costarricenses han habitado la milla fronteriza norte de Costa Rica desde inicios del siglo XX, dedicándose principalmente a la agricultura y llevando una vida apacible e inalterada, arraigada de generación en generación, hasta que un decreto presidencial en 1994 convirtió la zona en un refugio silvestre. Esa decisión ha provocado su exclusión y los ha dejado propensos al desalojo de sus casas. Nicas Migrantes de CONFIDENCIAL visitó la zona, hablo con sus habitantes e investigó la inseguridad jurídica que afecta la tranquilidad y los derechos a estos poblados binacionales transfronterizos.

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María y Juan habitan dos países a la vez. El matrimonio nicaragüense se despierta en su habitación en tierra costarricense, y sale al patio a tomar café en territorio nicaragüense. 

Más de cinco décadas atrás, la familia de María se asentó allí, y hace más de 30 años la pareja heredó el terreno. Del lado de Costa Rica, la casa se ubica en la comunidad de Jomusa, Upala, en la provincia de Alajuela.

Unas 5500 familias en la zona norte de Costa Rica, contigua a Nicaragua, viven en la llamada milla fronteriza costarricense. Sus terrenos están partidos por la línea que divide los dos países, pero conviven en dinámicas transfronterizas: nicaragüenses y costarricenses trabajan, estudian y realizan actividades en ambos lados de la frontera, cruzando sin restricciones, sin necesidad de un pasaporte o de una visa. 

Nicas Migrantes de CONFIDENCIAL visitó la zona y, al conversar con sus pobladores binacionales, encontró que, desde hace más de quince años, viven con el temor al desalojo de sus tierras ubicadas del lado costarricense, debido a que la milla fronteriza norte de Costa Rica fue declarada Refugio Nacional de Vida Silvestre, lo que impide la existencia de asentamientos humanos. Esa declaratoria, sin embargo, llegó a pesar de que ellos ya tenían décadas de haberse establecido allí.

Los habitantes brindaron sus testimonios bajo anonimato, porque algunos tienen una relación tensa con los militares del lado nicaragüense que vigilan la frontera, y prefieren que estos no conozcan sus identidades. También temen la recriminación y estigmatización de quienes consideran que ellos no tienen derechos por vivir en un territorio que está en una suerte de “limbo legal”.

¿Qué es la milla fronteriza y el Refugio de Vida Silvestre?

El corredor fronterizo abarca dos kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras norte y sur de Costa Rica. “Se le considera como un bien demanial del Estado, (la zona) no puede ser adquirida, apropiada o vendida por particulares, por temas de seguridad y soberanía nacional”, indica Edgardo Araya, abogado ecologista y exdiputado costarricense.

La milla fronteriza norte, donde viven Juan y María, abarca parte de los cantones de La Cruz, Upala, Los Chiles, San Carlos, Sarapiquí y Pococí. Desde 1994, la milla fronteriza norte se declaró Refugio Nacional de Vida Silvestre mediante el Decreto Ejecutivo N.° 22962-Mirenem, con la finalidad de salvaguardar un “importantísimo corredor biológico”, así como el ecosistema de bosque húmedo tropical presente en esta área.

El refugio abarca una franja de dos kilómetros de ancho, extendiéndose desde Bahía Salinas en el Pacífico, hasta Punta Castilla en el Caribe, cubriendo una extensión de 60 071 hectáreas a lo largo de la línea fronteriza norte del país, según lo establece el decreto.

Freddy Pacheco, especialista en estudios de impacto ambiental, explica que, en la década de 1990, Costa Rica aceleró el establecimiento de áreas de conservación para proteger su rica biodiversidad. Se creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre a lo largo de la frontera norte con el propósito específico de conservar la biodiversidad única de la región, lo que implica la protección de hábitats naturales, especies silvestres y la promoción de la investigación científica, educación ambiental y ecoturismo en la zona.

El decreto fue promulgado sin considerar adecuadamente la realidad de las comunidades transfronterizas, señala Alejandro Ubau, exalcalde de Upala (2011- 2016), y educador en la Universidad Nacional (UNA). “Parece que la creación del corredor ambiental –añade– se basó más en mapas que en la realidad de las comunidades que ya habitaban la zona”. 

Así lo señala también un proyecto de ley de 2017 que buscaba dar seguridad jurídica a los pobladores de la zona que, según la iniciativa, “son tratados como precaristas en las tierras que han habitado durante décadas y enfrentan crecientes amenazas de desalojo, aun cuando ellos habitan estas tierras muchos años antes de que se declarara como refugio”.

Son 5500 familias, aproximadamente 22 000 personas, distribuidas en 45 comunidades que pertenecen a los seis cantones, las afectadas por ese cambio en las tierras que han habitado, en algunos casos, desde inicios del siglo XX, según los propios habitantes.

Esta designación de la zona como Refugio de Vida Silvestre ha implicado medidas de conservación para la flora y fauna, así como reglamentaciones y restricciones sobre las actividades humanas dentro del refugio como la agricultura, la ganadería, la extracción de recursos naturales y el desarrollo urbano.

Una buena parte de estas familias se ha dedicado a la agricultura, por lo que el decreto que creó el refugio en la zona les impuso una serie de obstáculos. Juan comenta que antes cosechaban mucho más de lo que producen actualmente. Con el paso de los años, ha enfrentado regulaciones más estrictas, como la restricción del uso del suelo, solo puede sembrar ciertos cultivos y está prohibido el uso de agroquímicos, y eso reduce sus producciones.

Sin seguridad jurídica ni acceso a servicios

Al tratarse de una zona demanial, los pobladores no pueden obtener títulos de propiedad, pero, durante un tiempo, la figura de derecho de concesión reglamentada y supervisada por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) era suficiente para acceder a préstamos bancarios con los que invertía en sus tierras, explica Juan. “Antes el banco llegó a prestarme hasta 26 millones de colones (unos 52 000 dólares según el tipo de cambio actual), los cuales utilicé para la siembra y compra de tres tractores. Pero ahora ya no puedo”, explica

Ubau confirma que la designación del corredor fronterizo como refugio silvestre anuló ciertos beneficios para los pobladores allí asentados, tales como proyectos sociales, bonos de vivienda y préstamos bancarios.

La amenaza del desalojo

Desde 2008, diversas resoluciones de la Contraloría General de la República, sentencias de la Sala Constitucional y del Tribunal Ambiental Administrativo han ordenado la anulación de permisos de viviendas otorgados en áreas silvestres protegidas y el desalojo de sus ocupantes, porque los asentamientos humanos no están permitidos en refugios de vida silvestre.

“Si me preguntás hasta dónde es mi tierra, te puedo decir que desde este lado hasta allá (señala) es mío. Pero si me preguntás si cuento con algún respaldo, solo tengo mis derechos de posesión, lo que me hace vivir en constante zozobra”, describe Juan.

“Los que habitamos en esta zona nos encontramos en una situación precaria en cuanto a la tenencia de la tierra y bajo la constante amenaza de sacarnos de nuestro hogar en cualquier momento”, refuerza Nelson Álvarez, miembro del Comité Milla Fronteriza, que se creó en 2014 e incluye a diversos líderes de las comunidades afectadas en los seis cantones.

La falta de seguridad jurídica en las comunidades ubicadas dentro de la milla fronteriza y el refugio silvestre afecta significativamente la calidad de vida de sus habitantes, coincide Ubau. La ausencia de títulos limita el acceso al crédito agrícola, la posibilidad de construir o mejorar una vivienda.

Juan explica que actualmente muchos pobladores, para poder trabajar, se ven obligados a solicitar préstamos informales con altas tasas de interés. “Dificultan nuestro trabajo, somos más pobres las familias y las comunidades, al no tener acceso a préstamos bancarios”, lamenta.

La larga espera por una solución

A lo largo de los años, han sido varias las promesas de distintos Gobiernos respecto a una solución definitiva que brinde certeza sobre la permanencia de estas familias en sus tierras, pero ninguna se ha logrado concretar. 

Una iniciativa propuesta en 2017 fue el proyecto de “Ley para establecer un Régimen Jurídico Especial para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte”, que buscaba regular concesiones territoriales, autorizaciones administrativas y coordinación entre instituciones. Sin embargo, la Procuraduría General de la República señaló que la forma en que estaba redactada la ley presentaba “problemas de técnica legislativa y posibles conflictos con la constitucionalidad”.

Las persistentes manifestaciones de los pobladores de la zona han llevado a la Asamblea Legislativa a evitar los desalojos mediante la implementación de moratorias, es decir, medidas temporales que restringen o prohíben el desalojo por un periodo determinado. La más reciente se aprobó a mediados de 2021 por un plazo de tres años, cuyo vencimiento es en junio de 2024.

En enero de 2024, el legislador José Pablo Sibaja presentó una propuesta de ley para establecer una nueva moratoria por otros tres años, reportaron medios costarricenses. “El tema de la milla fronteriza y zonas especiales hay que solucionarlo ya, debemos llevar paz y tranquilidad a cientos de familias, no es posible que miles de hombres y mujeres vivan con miedo e incertidumbres de que los desalojen de sus hogares”, afirmó Sibaja.

La promesa del presidente para la milla fronteriza

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha presentado una posible salida a la incertidumbre de estos pobladores. Durante su visita a México de Upala, en noviembre de 2023, Chaves se reunió con líderes del Comité de la Milla Fronteriza Norte y residentes locales, a quienes les prometió presentar un proyecto de ley en agosto de 2024.

La iniciativa de Chaves otorgaría concesiones en 543 hectáreas de las áreas protegidas donde actualmente viven las comunidades, para que puedan seguir habitando sin temor a ser desalojadas.

De acuerdo con un comunicado de Presidencia de Costa Rica, el proyecto está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto del Desarrollo Rural (INDER) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que realizan estudios topográficos y ambientales exhaustivos para determinar las áreas que pueden ser concesionadas, según la nota oficial.

También, indican que estas concesiones permitirían a los habitantes de la zona vivir y trabajar en las tierras con seguridad jurídica, tendrán acceso a créditos, servicios públicos y bonos de vivienda.

Pedro Quintana, miembro del Comité Milla Fronteriza, estuvo presente en la reunión con el presidente Chaves y señala que, según lo expuesto durante ese encuentro, las concesiones tendrían una validez inicial de 25 años y se podrían prorrogar, siempre y cuando se respeten ciertos requisitos.

No hay información detallada sobre esos requisitos, porque el proyecto de ley aún no ha sido presentado ante la Asamblea Legislativa. El abogado Edgardo Araya, resalta que el desconocimiento de los detalles del proyecto de ley dificulta la evaluación de su viabilidad.

Álvarez comenta que gobiernos anteriores han presentado propuestas de ley para otorgar títulos a las personas que viven dentro de la milla fronteriza; sin embargo, han sido declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional, debido a la protección especial que tiene esta área como bien demanial.

Araya expresa preocupación por la posibilidad de que el proyecto que presentará Chaves juegue con las esperanzas y expectativas de la población.

En relación con el desalojo de los habitantes, Araya dice que hasta ahora no se ha implementado ninguna medida de ese tipo a gran escala en la milla fronteriza norte, dada la complejidad para encontrar una alternativa para sus residentes. 

Mientras tanto, los residentes albergan esperanzas en la propuesta que sería presentada por el Gobierno actual y exigen que los estudios que se realicen adopten un enfoque inclusivo, uno que no sólo vele por la seguridad de la Reserva Nacional de Vida Silvestre y la soberanía del país, sino también por los habitantes de esa tierra y sus derechos humanos.

“Sin garantías de seguridad jurídica por parte del Estado costarricense, continuaremos viviendo en la incertidumbre”, menciona Juan. “Mi vida ha transcurrido en estas tierras, trabajando la tierra. Por eso –afirma– este proyecto de ley me llena de esperanza y confío en que podamos obtener la seguridad legal que tanto hemos solicitado”.

La vida transfronteriza de nicaragüenses y costarricenses 

El desalojo de estas familias implicaría el desarraigo y el fin de una vida transfronteriza que ha existido por generaciones. 

Nicas y ticos han realizado principalmente actividades agropecuarias en ambos lados de la frontera. Además, el Estado costarricense brinda servicios esenciales como escuelas y centros de salud para los residentes de la zona, sin importar su nacionalidad o de qué lado de la frontera habitan.

Ubau y Álvarez, aunque nacieron en Costa Rica, son descendientes directos de nicaragüenses que se establecieron en Upala a principios del siglo pasado.

Juan comenta que entre la comunidad siempre se han apoyado, y que el acceso a servicios, de un lado o del otro, ha sido parte de su cotidianidad. “A menudo, mujeres embarazadas del lado nicaragüense me llaman para llevarlas al hospital de Upala, ya que (para llegar al) hospital más cercano en Nicaragua implica cruzar el lago (de Nicaragua), o la gente de acá (Costa Rica) pasa a Nicaragua a verse con los médicos de allá, porque es gratuita la salud o más barata”, explica. 

Lo mismo ocurre con los estudiantes nicaragüenses que asisten a escuelas en Costa Rica porque son más cercanas. “Allá (en Nicaragua) deben viajar en lancha o caminar hasta dos horas en zonas inseguras, pero aquí incluso hay una buseta que los colegios de Upala proporcionan para que puedan viajar seguros de un punto a otro”, prosigue.

Asimismo, residentes de Costa Rica van a Nicaragua para comprar productos del hogar o para cultivar en parcelas. “Todos los días cruzo (a Nicaragua) para trabajar la tierra, porque aquí los productos para sembrar son más caros y difíciles de conseguir, además, es fácil encontrar quien te alquile la tierra, acá (en Costa Rica) ya no te dejan”, cuenta Manuel, un nicaragüense que reside en Costa Rica desde hace más de cinco años. 

En La Raya, comunidad en México de Upala, la gente vive del comercio. Allí la calle pertenece a Costa Rica, mientras que las casas frente a esa calle están en territorio nicaragüense.

“Nos han advertido que planean construir un muro para impedir que los costarricenses nos compren, pero ellos vienen aquí porque su economía los obliga a buscar precios más bajos”, dice un comerciante local y compara: “Por ejemplo, este pantalón (señala) cuesta alrededor de 300 córdobas (ocho dólares), mientras que en Upala no encontrarías uno por menos de 10 000 colones (20 dólares)”.

Las 5500 familias binacionales que viven dentro de la milla fronteriza norte esperan una solución para vivir sin incertidumbre en sus hogares, manteniendo la convivencia pacífica, y la colaboración transfronteriza que tenido a través de generaciones. “Yo me crié aquí... me enamoré, formé una familia –dice María–. Quisiera que mis hijos tuvieran la oportunidad de decidir si desean quedarse en estas tierras o no, sin el temor de ser expulsados”.

El reportaje “Nicas y ticos en la milla fronteriza: vivir con el miedo a perder tu hogar” es una producción especial de Nicas Migrantes, de CONFIDENCIAL.