30 de marzo 2023
AA
Share
La seguridad del centro migratorio donde fallecieron 39 migrantes estaba a cargo de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (SEICSA), que es propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario del régimen de Daniel Ortega en los estados de Coahuila y Nuevo León, según han revelado medios mexicanos.
El Gobierno de México informó este miércoles que, tras las primeras investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), se identificó a ocho presuntos responsables de las muertes por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez; entre ellos dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco agentes de la empresa de seguridad privada.
El Estado mexicano no ha informado oficialmente el nombre de la empresa de seguridad —que se encuentra bajo investigación—, pero el medio Latinus y el periodista Carlos Loret de Mola señalaron que se trata de SEICSA, que ha recibido contratos millonarios de parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
De acuerdo con el reconocido periodista mexicano, los vigilantes de SEICSA se observan en un video que reveló que los guardas de seguridad y otros funcionarios dejaron encerrados a los migrantes cuando inició el incendio en el centro migratorio, donde además resultaron heridos 27 migrantes que permanecen en los hospitales.
Videos de seguridad filtrados muestran a agentes impasibles mientras migrantes detenidos pedían que abrieran la puerta, y compatriotas de las víctimas han denunciado que la tragedia “se pudo evitar”.
“SEICSA tiene diversas denuncias por violaciones a los derechos humanos, principalmente en incidentes con migrantes”, informó la plataforma Latinus, que detalló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció el año pasado que “personal de SEICSA” estuvo involucrado en la agresión a un migrante hondureño en la estación “Las agujas” del Instituto Nacional de Migración (INM) en la Ciudad de México.
Contratos millonarios
En febrero pasado, una investigación de Loret reveló que la empresa SEICSA recibió 130 contratos del Gobierno de AMLO por más de 3000 millones de pesos, equivalentes a 162.1 millones de dólares.
Además de con el INM, la empresa de vigilancia tiene contratos con la Fiscalía, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco de Bienestar, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ortega designó el 30 de enero de 2023 a Valdés como cónsul honorario de Nicaragua para el estado mexicano de Nuevo León, con sede en la ciudad de Monterrey, pero también lo nombró en 2019 en un cargo idéntico para el estado de Coahuila, con sede en la ciudad de Saltillo.
“¿Qué hace un cónsul honorario de Nicaragua volviéndose súbitamente multimillonario contratista de la 4T (como se llama el Gobierno de López Obrador)? Es un misterio”, afirmó Loret.
Según la investigación, Valdés ha aprovechado las buenas relaciones de AMLO y Ortega. “Los negocios del cónsul honorario se han fortalecido con los recursos públicos, entregados por el Gobierno Federal Mexicano a su empresa SEICSA”, insistieron en el reportaje investigativo.
Citados a declarar y órdenes de arresto
El Gobierno mexicano “reprueba la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil”, dijo en una conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
Añadió que todos los posibles implicados en la tragedia “serán citados a rendir declaración, sean o no servidores públicos”, entre ellos el director del INM, Francisco Garduño.
Expresó que “hubo un delito grave" en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y cuestionó: “¿Quién no permitió la salida de estas personas?”.
La fiscal especial en materia de derechos humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, informó en la misma conferencia que la institución solicitó las primeras cuatro órdenes de aprehensión, contra un número similar de personas, por el incendio en la estación migratoria.
Precisó que las órdenes solicitadas son contra el migrante que inició el fuego en la instalación del INM, del que no se reveló su identidad, dos son contra agentes del INM y una contra un guardia de seguridad privado.
Además, dijo que la carpeta de investigación que está integrando la FGR es por los delitos de homicidio doloso, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad y lesiones.
*Con información de EFE.
