20 de noviembre 2019
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La instalación y puesta en funcionamiento de la planta MAN, en Los Brasiles, es una muestra de los errores de la planificación del régimen de Daniel Ortega en materia energética. Una fuente del sector afirmó a CONFIDENCIAL que la planta MAN es “un caso de cómo no hacer un proyecto energético”, al punto de que si esta generadora fuera privada, los “bancos ya la hubieran ejecutado”.
Pero la dictadura no ha perdido ni un dólar con esta generadora, que hoy es uno de sus proyectos más rentables en su voraz negocio con las plantas térmicas.
Bajo el argumento de darle “estabilidad al sistema eléctrico nacional”, la dictadura autorizó a la nueva planta de Alba Generación —del conglomerado de Albanisa, que manejan miembros del círculo de confianza de la pareja dictatorial—, una licencia por 30 años, con un contrato que, solo por el pago de potencia instalada, supera los 25.1 millones de dólares al año, a pesar de que en términos reales no puede generar más de la mitad de esa potencia.
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A su conveniencia, la dictadura obvió que Nicaragua ya presentaba un exceso de capacidad instalada y que podría recurrir a la compra de energía más barata en el mercado regional. “Para estabilizar el sistema se podía comprar en el mercado regional. No había necesidad de más generación”, sostiene la fuente.
Precisamente, el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora Hinojos, confirmó en entrevista a CONFIDENCIAL que entre agosto y octubre de este año, Nicaragua ha importado una suma de 150 megavatios del mercado regional, específicamente de Guatemala y Panamá, donde los precios de la energía son más baratos.
Sin embargo, el objetivo real del régimen con la instalación de esta generadora, era dar un descanso a las plantas Hugo Chávez y Che Guevara, que igual mantienen sus cobros fijos por la potencia instalada. Un plan que le ha resultado perfecto, ahora que estas también enfrentan las trabas por las sanciones de Estados Unidos impuestas contra la corrupción y la violación de los derechos humanos de la dictadura de Ortega.
Errores desde el principio
Una fuente del sector de los generadores de energía eléctrica, que habló con CONFIDENCIAL bajo la condición de proteger su identidad, indicó que desde el inicio hubo errores con la instalación de la planta MAN. El recuento revela errores de principiantes.
Cuando los motores de la planta llegaron al Puerto de Corinto, en el Pacífico de Nicaragua, no contaban con las grúas necesarias para bajar los motores. Tampoco tomaron en cuenta que, en la ruta de Corinto, en Chinandega, hacia Los Brasiles, en Managua, había puentes que no soportarían el peso de 350 toneladas de cada uno de los motores, y tuvieron que reforzar los puentes.
Una vez en Los Brasiles, los errores continuaron cuando los técnicos de Albanisa dañaron el transformador mayor, que costaba más de un millón de dólares, según la fuente. “El equipo decía en varios idiomas que no se debía abrir, pero los técnicos trataron de repararlo y lo dañaron, al final tuvieron que poner uno más pequeño”, detalla.
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“Todas las fallas, desde el inicio hasta la puesta en marcha, les costaron como mínimo al menos unos 150 millones de dólares. Una planta que debió costar 300 millones de dólares terminó en 450 millones; obviamente ellos tuvieron que ver cómo compensaban ese dinero, y se dieron muchos beneficios en el contrato”, reveló la fuente.
La dictadura también había descubierto que la planta no iba a poder generar la capacidad prometida, pero se recetó un contrato en el que no caben pérdidas.
La riña entre López y Mansell
El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Salvador Mansell, le indicó “varias veces” al entonces presidente de la junta directiva de Petróleos de Nicaragua (Petronic), Francisco “Chico” López, que la planta MAN “no se podía” instalar en Los Brasiles, porque la subestación y las redes no lo permitían. López hizo caso omiso, según la fuente, por un interés participar en que la planta se instalara en ese terreno.
Francisco López, en una foto de julio de 2016. Cortesía | La Prensa | Confidencial
Puesta en Los Brasiles, con su transformador mayor más pequeño —tras aquel error que superó el millón de dólares—, la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) informó a Alba Generación que la planta no se podía instalar en esa zona “porque no dejaba pasar la energía de Honduras y El Salvador hacia Costa Rica, ya que estaba generando en medio de dos puntos, donde hay limitaciones en los transformadores”.
Así se cumplió la advertencia que Mansell le había hecho a “Chico” López, y la opción del organismo regional fue permitirles solo generar 70 megavatios hora, la mitad de su capacidad total de 140 megavatios por los cuales recibe su pago fijo de más de 25.1 millones de dólares al año.
“En la CRIE no manda Ortega, así que tuvieron que acatar”, confió otra fuente que conoció la riña entre Mansell y López.
“Ellos se disputan quién manda más en energía. En el último año Mansell —también presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel)— ha agarrado un poco más de poder”, dijo la fuente, mientras, Estados Unidos sancionó a “Chico” López —también tesorero del FSLN y vicepresidente de Albanisa—. A este último, las sanciones le costaron su cargo en Petronic y la presidencia de la junta directiva de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), aunque, este año, Ortega lo nombró “ministro asesor para la producción y el comercio”.
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megavatios hora es la capacidad instalada del sistema eléctrico de Nicaragua, aunque la demanda máxima en hora pico rara vez supera los 720 megavatios hora. A las generadoras se les pagan 632 MWh de potencia instalada, una “exageración”, dicen los expertos, porque esto lo pagan los consumidores.
80%
de la demanda máxima debe contratar la distribuidora, según las leyes del país; el otro 20% debe ser comprado en el mercado de ocasión, a generadores sin contrato. Actualmente, está contratado el 97%, porque la distribuidora contrajo el mercado de ocasión al exceder la cesión de contratos.
Falsos planes de expansión
Hay una desacertada planificación energética, señala experto
El régimen orteguista no ha cumplido con ninguno de sus grandes proyectos energéticos. La construcción y puesta en marcha de la planta hidroeléctrica Tumarín, de 252 megavatios hora, fue pospuesta en varias ocasiones hasta salir de los planes de expansión del régimen.
El ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas, en un documento enviado a CONFIDENCIAL, detalló que Tumarín debió entrar en operación comercial en 2014, luego se pospuso para 2019, pero al final el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la sacó del plan de expansión.
También en 2019 debió entrar en operaciones una planta de gas de 300 megavatios, y para 2021 se esperaba una planta hidroeléctrica de embalse, de 100 megavatios, pero “nada de esto fue realizable”.
El plan establece que en los próximos seis años se iniciarán proyectos de energía —incluye de todos los tipos de generación— por un monto mayor a los 1 700 millones de dólares. Sin embargo, fuentes del sector “dudan mucho” que, “con estos montos y los tiempos”, el Gobierno pueda conseguir los fondos o a los inversionistas para realizar estos proyectos.
Bárcenas mencionó que la Generadora Eléctrica Occidental (GEOSA) —instalada en 1976— tendría que haber salido de funcionamiento el año pasado, pero ahora el MEM prevé que eso suceda en 2025, luego de 49 años de operar con “una baja eficiencia y altos costos”.
A las generadoras térmicas Censa, Tipitapa y Corinto se les venció el contrato original en 2014, pero se les prorrogó hasta 2024, aunque el régimen en su último plan de expansión lo extendió hasta 2026.
Bárcenas comentó que el Gobierno prorrogó a esas tres plantas porque “le aportan estabilidad al sistema, ya que la generación incorporada desde 2007 es menos eficiente, y no cumplen con los criterios de desempeño mínimo del sistema, establecidos en la Normativa de Operación, salvo la planta MAN”.
