La atención internacional se dirigió en marzo pasado a Daniel Ortega y Rosario Murillo cuando un grupo de expertos de derechos humanos en las Naciones Unidas (ONU) denunció ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, comparando los abusos del régimen nicaragüense durante los últimos cinco años con los crímenes de los nazis cometidos en la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, los autores de las arbitrariedades en Nicaragua son muchos más que la pareja gobernante. En la estructura de represión participan decenas de funcionarios —policías, jueces, fiscales y oficiales del Sistema Penitenciario— que han sido beneficiados por el dictador con ascensos, condecoraciones, prebendas económicas y poder después de 2018, según un retrato parcial de los principales protagonistas estatales de la represión, publicado por CONFIDENCIAL cuando se cumple el quinto aniversario de la Rebelión de Abril.

En septiembre de 2018, en el aniversario de la Policía, Ortega condecoró a 359 policías de distinto rango por sus “acciones heroicas”, meses después que las actuaciones represivas causaron 355 asesinados y más de 2000 heridos en aras de perpetuar un sistema que descansa en la impunidad.

Los operadores políticos de la represión orteguista

Aunque en la cúspide de la pirámide de la represión están Ortega, Murillo y su asesor de seguridad Néstor Moncada Lau, un conspirador que participó en crímenes en los años ochenta, otros operadores políticos tienen responsabilidad en la ejecución de sus órdenes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, es impulsor del marco legal represivo usado contra opositores. El secretario político de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, es el enlace con las alcaldías de todo el país y con la Juventud Sandinista, y los grupos paramilitares, responsables de violaciones de derechos humanos, de acuerdo con Estados Unidos.

El Ejército proporciona información de inteligencia, mientras ofrece su respaldo público a Ortega y se niega a desarmar a los grupos paramilitares que atacaron a la población, coordinados con la Policía Nacional.

Por su parte, el canciller Denis Moncada Colindres lidera el frente diplomático para intentar “lavarle la cara” a la dictadura. Mientras ese equipo denuncia sin evidencias que fueron víctimas de un “intento de golpe” en todos los foros que puedan, el “asesor” Laureano Ortega Murillo representó a su padre en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China Continental y en el acercamiento con potencias antiestadounidenses como Rusia e Irán para evitar rendir cuentas sobre sus actos, lo que los especialistas han descrito como una diplomacia del aislamiento.

La estrategia para apoyarse en la Policía: presupuesto y más agentes

Desde las primeras horas de las protestas, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles el 18 de abril de 2018, la Policía asumió su papel represor, junto a grupos de choque para intentar aplacar a los manifestantes y, meses después, en un dúo de la muerte con grupos paramilitares. En septiembre, la Policía prohibió las manifestaciones de opositores y ciudadanos, estableciendo un estado de facto policial.

En recompensa a su labor como brazo represivo, la Policía recibió un incremento de su personal y también de presupuesto. Una investigación de datos de CONFIDENCIAL, publicada en enero de 2022, detalló que el régimen aumentó en un 27% el número de agentes de la Policía, lo que se tradujo en 4000 nuevos oficiales entre 2019 y 2021. Con ellos sostuvo un estado policial de facto que conculca los derechos de los ciudadanos y actuó de manera preventiva para evitar cualquier manifestación de la población, hostigando a los opositores en sus casas.

Los fondos de la Policía se triplicaron en 2022, comparando la cifra con la de 2008. Alcanzó finalmente más de 4000 millones de córdobas. Ortega también condecoró y exaltó públicamente a los 359 oficiales mencionados, haciendo énfasis que “realizaron acciones heroicas (durante 2018), a riesgo de sus vidas, resultando heridos en defensa de los intereses supremos de la nación y en protección de las personas, familias y comunidades, cumpliendo fielmente con su misión constitucional”. Estos son algunos de los oficiales de la cadena de mando policial.

El primer comisionado Francisco Díaz Madriz, director general

Subió al poder el 5 de julio de 2018 en sustitución de Aminta Granera Sacasa, quien renunció a su puesto a finales de abril de ese año, según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, formado por la OEA para investigar el período comprendido entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. Ese documento expresa que “una investigación seria no puede dejar de analizar la responsabilidad” en los hechos violentos del director y su antecesora.

Díaz es consuegro de Ortega. La hija del jefe policial está casada con uno de los hijos de la pareja dictatorial, Maurice Ortega Murillo. Su otra hija, Nahima, dirige el instituto regulador de telecomunicaciones (Telcor), encargado de la represión a los medios de comunicación independientes. Fue sancionado el 05 de julio de 2018 por Estados Unidos, pero Ortega lo condecoró en  2020 con la orden Augusto César Sandino “en su máxima expresión Batalla de San Jacinto” y tres años después le entregó la Rigoberto López Pérez.

Comisionado general Ramón Antonio Avellán Medal, subdirector general

Dirigió la “operación limpieza” que significó la muerte de decenas de personas en el despeje violento en julio de 2018 de las barricadas, levantadas por la población en las protestas en Masaya y en especial en el barrio Monimbó. Estados Unidos considera responsable a las tropas bajo su mando de al menos 107 muertos. Lo sancionaron el 7 de noviembre de 2019.

Se convirtió en subdirector de investigaciones, después de la salida en mayo de 2012 del comisionado general Carlos Palacios, señalado por su amistad cercana al narcotraficante Henry Fariñas.  Desde un primer momento, se destacó por su crueldad. En las investigaciones por la conocida “masacre del 19” fue mencionado por un testigo de torturarlo en una casa de seguridad. El caso correspondía al proceso judicial por el asesinato de cinco simpatizantes del FSLN en 2014, cuando regresaban a sus casas al norte del país, en caravanas desde la concentración del 19 de julio en Managua.

El comisionado general Adolfo Marenco Corea, subdirector general

Hasta el 17 de enero de 2023, este poderoso funcionario era considerado un intocable en el régimen. Había permanecido en esa posición desde 2011. Sin embargo, fue enviado a retiro después de ofrecerle pasar a trabajar en comisión de servicio al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), que administra el pago de pensiones de la Policía y las entidades del Ministerio de Gobernación. Un trabajo administrativo para alguien que viene de un área operativa de vital importancia para la dictadura.

Marenco fue enviado a la cárcel El Chipote, luego de desobedecer órdenes de Murillo. Según fuentes policiales, se encuentra ya libre con la propuesta de seguir trabajando en las sombras del aparato represivo. Fue miembro de la extinta Dirección General de la Seguridad del Estado en los años ochenta. De acuerdo a la estructura policial, a los agentes de Marenco les correspondía obtener “la información” para los operativos represivos contra los opositores en 2018.

Fue designado en el cargo el 1 de abril de 2017. En teoría, la Inspectoría investiga los abusos de derechos humanos cometidos por agentes. Sin embargo, Vanegas más bien ha justificado los mismos, leyó los comunicados a nombre de la institución de varias de las detenciones e informó sobre la prohibición de realización de manifestaciones a los organismos de derechos humanos en diciembre de 2018. Así la dictadura conculcó derechos de los ciudadanos consignados en la Constitución.

Comisionado general Jaime Antonio Vanegas, inspector general

Comisionado general Zhukov Pérez Serrano, jefe de Inteligencia

Graduado en Rusia. Ortega lo exaltó públicamente en diciembre pasado. Trabajó bajo el mando del comisionado general Adolfo Marenco Corea como subdirector a cargo del espionaje del régimen. Y luego lo sustituyó cuando Ortega mandó a aquel a retiro. Tiene responsabilidad en la vigilancia política del régimen. Desde su puesto anterior sus agentes indagaron y alimentaron expedientes contra personajes, a los cuales el Estado consideró de “interés” por ser críticos al orteguismo.

Comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de Tropas Especiales conocidas como la DOEP

Urbina es señalado como uno de los perpetradores directos de la masacre de 2018. Es experto en artes marciales. Fue parte de la escolta de Daniel Ortega en los años ochenta y fue ascendido a comisionado general en 2014. Ese mismo día, el gobernante lo ascendió junto a otros miembros de su círculo personal en la Policía como al médico Julio Paladino y el actual jefe de seguridad, Alberto Acuña Avilés.

Comisionado Marlon Moreno, jefe de Operaciones y planes de la DOEP

Lo ascendieron en septiembre de 2018. Fue destacado con la medalla al valor “Juan Ramón Torres Espinoza” en el grupo de los 359 oficiales condecorados por su papel en la represión. En declaraciones a la Policía, el oficial llamó héroes a sus colegas que murieron en el contexto de las protestas.

Comisionado Zacarías Salgado, segundo jefe de las Tropas de Intervención Rápidas (TAPIR)

Fue ascendido y recibió la medalla por su papel en el “restablecimiento del orden y seguridad” del país, junto al comisionado Moreno. En el diario La Prensa, se denunció que participó durante junio de 2018 en el operativo sangriento para sacar al comisionado general Avellán de la estación policial de Masaya, donde se encontraba rodeado por manifestantes.

Su historia es un clásico caso de impunidad. Fue el jefe de un operativo en que oficiales asesinaron por “error” a una familia en la comunidad Las Jagüitas. El juicio impactó en la opinión pública, porque además de la brutalidad del hecho, se impusieron penas irrisorias a los responsables. Cinco policías más de ese operativo fueron condecorados también por Ortega, según un reportaje de la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas.

Comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de DAJ

El cinco de marzo de 2020, Estados Unidos sancionó al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el organismo que realiza los “interrogatorios” a los sospechosos del régimen.

Los grupos de derechos humanos independientes denunciaron a la cárcel conocida como El Chipote, donde están las oficinas de la DAJ, por ser un centro de torturas para los detenidos. También es el sitio donde estuvieron decenas de presos políticos hasta su destierro en febrero pasado a Estados Unidos por órdenes del régimen de Ortega.

En la primera etapa de la persecución a opositores, las madres llegaban a preguntar por sus hijos. La Policía no brindaba ninguna respuesta a las interrogantes, luego de ejecutar capturas sin órdenes judiciales, violando cualquier tipo de procedimiento.

Comisionado general Fidel Domínguez, jefe de León

Comandó directamente los operativos represivos en este departamento en el occidente del país. Fue ascendido al rango en septiembre de 2020. Lo conocen por torturador y se encuentra sancionado también por Estados Unidos.

“Ha dirigido numerosos ataques contra ciudadanos y periodistas nicaragüenses. Por ejemplo, agentes de la Policía Nacional de Nicaragua agredieron a un periodista durante un operativo policial dirigido por Domínguez. Según los informes, también participó en la tortura y golpizas de un exdiputado de la oposición y tres miembros de una familia de conocidos opositores al régimen”, afirmó en un comunicado el Departamento del Tesoro el 21 de diciembre de 2020.

Comisionado general Sergio Gutiérrez, jefe de la Dirección de Investigaciones Económicas

Trabajó como segundo de Managua durante la represión de 2018. En 2022, estuvo como jefe de Matagalpa y participó durante el asedio policial a la Curia Episcopal.

Tras el asalto a esas instalaciones realizado el viernes 19 de agosto de 2022, la Policía secuestró a monseñor Rolando Álvarez y lo llevó a casa de familiares donde permaneció recluido a la fuerza en un proceso anómalo. En febrero pasado, el obispo fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel.

Gutiérrez, quien intentó conversar con el obispo durante el asedio, fue removido el 21 de enero de 2023, pero lo pusieron a cargo de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) a nivel nacional.

Comisionado general Pedro José Rodríguez Argueta, jefe de la Dirección de Seguridad Pública

Antes del régimen de Ortega, el oficial trabajó con jóvenes en riesgo en la prevención de violencia juvenil. Luego sacó su rostro más fiero, a la par del sometimiento de sus actuaciones al FSLN.

Dirigió a la Policía en Carazo durante la “operación limpieza” en 2018. Estuvo como jefe del Triángulo Minero y lo quitaron finalmente el 21 de enero de 2023. Lo designaron jefe de la Dirección de Seguridad Pública Nacional, luego que estuvo supuestamente bajo “investigación” en el propio Chipote, lo que se conoció públicamente por fuentes policiales en los días del retiro del subdirector Marenco.

Comisionado general Vladímir Cerda Moraga, jefe de la Dirección de Protección Ciudadana

Amenazó en 2019 al líder del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, y le reclamó por la muerte de 22 policías en el contexto de las protestas. Identificado plenamente con el FSLN, el alto oficial fue condecorado en septiembre de 2018 con la medalla al valor por sus “actos heroicos en defensa de los intereses supremos de la nación”.  Tiene su rango actual desde 2019.

Comisionado general Juan Valle Valle, jefe de Masaya

Es orteguista. Fue jefe de vigilancia y patrullaje en Managua hasta su actual cargo. Masaya es una ciudad ocupada por las autoridades para evitar cualquier tipo de protesta, desde que paramilitares y policías quitaron violentamente los tranques en la “operación limpieza”, causando muerte y dolor entre los ciudadanos.

Es comisionado general desde septiembre de 2020. Ha participado con esmero en la represión a la Iglesia católica y ha impedido las procesiones católicas. Fue sancionado por Estados Unidos el 5 de marzo de 2020.

El Ejército y su “servicio de inteligencia”

Aunque públicamente han intentado guardar distancia de la represión contra la población, el marco legal existe en Nicaragua integra al Ejército en el sistema nacional de seguridad soberana, mediante la Dirección de Investigación para la Defensa (DID), uno de los órganos de espionaje del estamento castrense.

General de Ejército, Julio César Avilés, comandante en jefe

Es el jefe militar con más años en el cargo desde la fundación del Ejército en 1979, después de Humberto Ortega. Daniel Ortega lo nombró en el cargo en 2009 y lo ha prolongado en el poder militar. Leal al partido sandinista, otros exmilitares han cuestionado su servilismo. La dictadura se sostiene por la fuerza, porque desde hace años perdió la capacidad de gobernar.

General de brigada, Boanerge Balladares Sandoval, jefe de la DID

Hay muy pocos registros sobre su vida como militar. El general Avilés lo nombró en el cargo cuando aún tenía el rango de coronel. Eso ocurrió el 3 de marzo de 2010, según una nota de prensa. Ortega lo nombró general de brigada el 30 de agosto de 2011, según el acuerdo presidencial 179-2011, publicado en la Gaceta diario oficial. En 2019, se filtró el video de la exministra sandinista Ana Isabel Morales cuando le dijo a militantes sandinistas que la inteligencia del Ejército estaba trabajando en el territorio contra quienes consideraban opositores.

General de brigada, Leonel José Gutiérrez López, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar

De pertenecer a un tipo de agentes que trabaja en la sombra, este alto jefe militar sorprendió cuando participó como vocero del Ejército cuando la comandancia brindó su respaldo a las reformas constitucionales en 2013 que permitieron la reelección indefinida de Daniel Ortega.  “Expresamos en esta reunión nuestros criterios técnicos en apoyo a estas reformas constitucionales, sin embargo  en respeto a la comisión que realiza esta consulta consideramos que son ellos quienes deben dar detalles de los mismos”, dijo entonces en la Asamblea Nacional, según una nota de prensa del Parlamento. Fue ascendido a general de brigada en 2011, junto a Balladares Sandoval.

Sistema de justicia al servicio de los Ortega Murillo

Durante décadas, el FSLN ha influido en decisiones del Poder Judicial en casos como el de la denuncia por violación contra Ortega, realizada por su hijastra Zoilamérica en 1998. También en negocios con propiedades en manos de operadores del partido y corrupción generalizada.

Instalado en el poder en 2007, Ortega inició el proceso para lograr el control total de este poder del Estado. Aventajó a su socio, el expresidente Arnoldo Alemán, con quien se repartió las instituciones en 2000, y 13 años después un magistrado liberal reconoció a CONFIDENCIAL que el poder del FSLN era tal que imponía sus decisiones con una llamada a los jueces. 

La Corte le ha permitido a Ortega impunidad, reelegirse en el cargo cuando se lo prohibía la Constitución en 2011, y sacar del juego electoral a opositores. En las alturas del poder judicial, los conocidos del gobernante son rostros conocidos entre sus fanáticos.

Magistrado Marvin Aguilar García, vicepresidente en la Corte Suprema de Justicia y secretario del FSLN en la institución

Originario del departamento de Chontales, en la región central del país. Es coterráneo de Ortega. Asesora directamente al gobernante y a Murillo, y ocupa el cargo partidario en la institución desde 2019 cuando renunció el magistrado Rafael Solís Cerda.

Fue castigado por Estados Unidos el 21 de diciembre de 2020. Reelegido el 14 de junio de 2022 por un acuerdo de la Corte Plena como vicepresidente por 2.5 años más.  “Coordina la persecución de miembros de la oposición prodemocrática”, afirmó el Departamento  del Tesoro.

Magistrado Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, presidente del TAM

Es matagalpino. Lo juramentaron juez penal en 2016. Lo ascendieron a magistrado en octubre de 2021, después de la destitución de su antecesor, Gerardo Rodríguez. “Es más fiel, es más sicario”, dijo una fuente judicial. Es hijo de la maestra de ANDEN y concejal sandinista en su localidad, Salomé Mejía. Llevó el caso del asesinato en 2018 del periodista Ángel Gahona que quedó en la impunidad. Estados Unidos lo sancionó el 19 de abril de 2023, cuando se cumplió el quinto aniversario de las protestas en Nicaragua. “Anunció la decisión de despojar a 94 ciudadanos nicaragüenses de su nacionalidad”, dice el Departamento del Tesoro.

Henry Morales, magistrado de Apelaciones de Managua

Es cuñado del presidente del TAM, se identifica con el FSLN, aunque en sus inicios era liberal. Fue ascendido también en octubre de 2021 como magistrado tras la salida de Gerardo Rodríguez. Es conocido por su papel como represor de presos políticos. La periodista Lucía Pineda, expresa política, conoció personalmente a Morales y aseguró en su momento que el judicial se prestó a la censura de 100%Noticias.

Octavio Rothschuh, magistrado de Apelaciones de Managua

Es presidente de la Sala Penal I desde el 2 de julio de 2021.  Es miembro activo del FSLN, asistió a actividades partidarias en 2019, realizó audiencias ilegales y anunció la sentencia para desterrar a 222 presos políticos a Estados Unidos. Apelaciones es otro eslabón represivo del orteguismo.  Fue sancionado por la administración de Biden el 19 de abril de 2023.

William Irving Howard López, magistrado de Apelaciones de la circunscripción oriental de Masaya

Fue juramentado el dos de febrero de 2022. Antes se desempeñó como juez de distrito de lo penal. Condenó a los presos políticos Nidia Barboza y a Edder Muñoz. Estados Unidos lo sancionó en julio de 2022.

Antonio Otoniel Arauz Torres, juez del municipio de San Ramón, Matagalpa

Según testigos, este funcionario disparó con una ametralladora a plena luz del día contra la población en abril de 2018. Fue ascendido de juez suplente a titular el 30 de noviembre de ese mismo año. Le impidieron entrar a Estados Unidos el 21 de diciembre de 2019.

Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, sexto distrito penal de Audiencias

Encarceló a familiares de perseguidos políticos, después que la Policía no los encontraba en su casa, porque se habían ido al exilio.  Caso conocido el del hermano de Dulce Porras, Freddy Martín; los parientes directos de Javier Álvarez: Jeannine Horvilleur (esposa), Ana Carolina (hija) y Félix Ernesto Roiz (yerno). Fue sancionado por EE. UU.

Nadia Tardencilla Rodríguez, del Juzgado Segundo del Distrito Penal de Juicio

La nombraron en febrero de 2021. Es hija del exdiputado Orlando Tardencilla, exguerrillero en los años 80 y embajador de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas en Suiza. Se ha destacado por perseguir a presos políticos. Según Estados Unidos, cuyas autoridades la sancionaron el 19 de abril de 2023, ella fue la que despojó de su nacionalidad al obispo Rolando Álvarez y lo condenó por “traición a la patria”.

Ángel Jancarlos Fernández, juez del Cuarto Penal de Juicio de Managua

Graduado de la Universidad Redemptoris Mater (UNICA), fundada por el cardenal Miguel Obando, quien fue aliado de la dictadura hasta su muerte el cuatro de junio de 2018. Antes de las protestas de ese año, la casa de estudios lo felicitó en las redes sociales por su actuación como juez Primero Local de Managua. Fue sancionado por la Administración Biden el 15 de julio de 2022, junto a un grupo de 23 operadores judiciales acusados de “socavar procesos o instituciones democráticas”. Entre sus víctimas están líderes del sector privado como Michael Healy, Luis Rivas y Álvaro Vargas, la dirigente de UNAMOS Dora María Téllez, y los opositores José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.

Félix Ernesto Salmerón, juez Quinto Distrito Penal de Juicio

Se graduó como abogado en 2007. Fue juez suplente tercero de Distrito, especializado en violencia en Managua. También estuvo en el cargo de jefe de la tramitación de secretarios de los Juzgados Especializados en Violencia y en la oficina de Tramitación Local de los Juzgados capitalinos. Es parte de la maquinaria que condenó a presos políticos, entre sus víctimas está el expresidente del Cosep José Adán Aguerri, los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena,  el exdiputado José Pallais, pero también los exaspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz. También las dirigentes opositoras Violeta Granera y Tamara Dávila.

Melvin Vargas García, juez Séptimo Distrito Penal de Juicio

Según él, la administración de justicia en Nicaragua es respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, fue sancionado por Estados Unidos en el grupo de los 23 operadores, señalado de socavar procesos democráticos cuando condenó a la activista Samantha Jirón. Es uno de los funcionarios judiciales para quienes los eurodiputados solicitan sanciones desde enero de 2023.

Luden Martín Quiroz García, juez Noveno Distrito Penal de Juicio

En septiembre de 2021, dos meses antes de un discurso virulento de Ortega contra los presos políticos, este abogado se desempeñó como juez de ejecución de embargos. Su trayectoria es desconocida entre conocedores del sistema penal, pero declaró culpables actuando como juez penal a varios presos políticos como Ana Margarita Vijil, Miguel Mendoza, entre otros. Fue sancionado por EE. UU. el 15 de julio de 2022.

Nancy Aguirre Gudiel, jueza Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio

Sancionada. Ocupa el cargo desde 2010, pero en el período, a partir de 2018, se destacó persiguiendo a presos políticos. Entre sus víctimas se encuentra el activista Irving Larios.

Ulisa Yahoska Tapia Silva, jueza del décimo tercero distrito penal de juicio

Se desempeñó en cargos en Ticuantepe y Condega. Se destacó persiguiendo a presos políticos, lo que le valió para ser sancionada por Estados Unidos. Entre sus víctimas, mencionadas en un reporte al Congreso de ese país, destacan los activistas Yaser Vado y Yader Parajón, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, el dirigente campesino Freddy Navas, la defensora de derechos humanos María Oviedo, la líder de UNAMOS Suyén Barahona, entre otros.

La Fiscalía y la “fábrica” de delitos

El Ministerio Público ejecutó la persecución judicial. Un reportaje de CONFIDENCIAL, publicado en octubre de 2020, reveló que una estructura en la institución operó fabricando casos contra presos políticos, integrada por funcionarios leales que, como jueces y magistrados, también supeditaron sus decisiones judiciales a los intereses del FSLN.

Según el informe del GIEI, desde 2018, entrevistas de familias de las víctimas de la represión revelaron la desconfianza a la Fiscalía y al Poder Judicial que eran vistas como “agencias totalmente dependientes del poder político”. Estos son los miembros de la institución, señalados de cometer abusos.

Ana Julia Guido, fiscal general

Fue condecorada el 22 de febrero de 2023 por Daniel Ortega con la orden Augusto C. Sandino en su máximo grado, entregada a militantes por su “fidelidad y lealtad”. Exsubdirectora de la Policía formó dentro del Ministerio Público el equipo encargado de la fabricación de expedientes contra presos políticos, dirigido por la unidad de Crimen Organizado a cargo del fiscal Javier Morazán.

Manuel de Jesús Rugama, fiscal

Es uno de los fiscales que se destacó más por su saña en la persecución contra medios independientes. Este hostigamiento se desató con el caso fabricado contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. A través del mismo, el régimen apresó e inhabilitó a la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro. Rugama es expolicía. Según las denuncias en su contra, es prepotente, igual que Heidy Ramírez, otra fiscal que amenazaba con la ley de ciberdelitos a los periodistas en los interrogatorios, refiriéndose a la norma creada por el orteguismo para perseguir a las “noticias falsas”.

Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal

Fue asistente de Ana Julia Guido desde que fue adjunta de la institución. También exdirectora de la Secretaría de Género y vinculada al FSLN. Fue sancionada por Estados Unidos el 15 de julio de 2022 en una lista 23 operadores ligados al orteguismo. De acuerdo con la acusación estadounidense, ella socavó el proceso democrático y las instituciones, presentando cargos falsos contra los opositores antes de las votaciones de 2021.

Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, fiscal

Fue miembro de la Juventud Sandinista, estuvo en el área de la Unidad de Delitos contra la Violencia de Género, y en 2021 pasó a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, el grupo élite formado para fabricar casos políticos bajo el mando del fiscal Morazán. Fue sancionada en el mismo grupo de Castro, por las mismas razones, por Estados Unidos.

Carlos Rafael Espinoza Castilla, fiscal

Castigado por Estados Unidos. Según la información recopilada por CONFIDENCIAL, es originario de Chontales, laboró también en Jinotega. En 2019, empezó a ganarse un nombre como perseguidor de presos políticos y, así, se convirtió en uno de los protegidos de la fiscal general Ana Julia Guido. Entre sus víctimas está el periodista Miguel Mora, pero también decenas de casos más.

Perla de los Ángeles Baca, fiscal

Nació en Nagarote. Sancionada por Estados Unidos. Fue asistente del fiscal de Jinotega y se desempeñó como subordinada de Manuel Rugama, un expolicía con trayectoria de perseguidor de presos políticos y periodistas.

Martha Ileana Morales, fiscal

Las fuentes la señalan de ser una “fiscal de escritorio”. Fue directora de planificación y estadísticas del Ministerio Público y no se le conoce experiencia en su trabajo. Fue también parte del equipo de fiscales que persiguió a opositores y los envió a la cárcel, haciendo equipo con policías y jueces del régimen. Fue sancionada por Estados Unidos.

Verdugos en otras instituciones

En la represión en Nicaragua, también han participado médicos, educadores y directores de otros despachos gubernamentales, según las denuncias en su momento de los familiares de las víctimas.

Iván Ruiz, oficial del SPN

Fue ascendido a alcaide por Daniel Ortega el 19 de octubre de 2020. Este funcionario fue director de la Galería de la Máxima Seguridad en el penal La Modelo, conocida como la 300. Los familiares de los presos políticos lo han señalado de torturas. Ortega ha negado las acusaciones.

Sonia Castro, asesora presidencial para temas de salud

Fue denunciada por ordenar que no se atendieran en hospitales públicos a los opositores heridos en las protestas, cuando se desempeñaba como ministra de Salud. Fue sancionada por Estados Unidos, Europa, Canadá, Reino Unido y Suiza. La denuncia más emblemática fue la relacionada a Alvarito Conrado, un niño asesinado en las protestas por un francotirador, que murió buscando atención médica en Managua. Él fue uno de los menores asesinados por la dictadura. El padre del niño Conrado falleció recientemente sin ver justicia por el crimen contra su vástago.

Ramona Rodríguez, rectora de la UNAN-Managua

Expulsó al menos a 110 estudiantes vinculados con las protestas de abril, robándoles su futuro. Fue premiada con el nombramiento como presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Asumió esa institución para el período 2022-2024. Este organismo se apoderó de los bienes inmuebles de las universidades confiscadas por la dictadura. En un reporte de Confidencial (CONFIDENCIAL), en febrero pasado, se hablaba de 18000 estudiantes afectados por la confiscación de seis universidades.

Nahima Janet Díaz Flores, directora de Telcor

Era de la Juventud Sandinista. Está a cargo de la institución que persigue a los medios de comunicación independientes. Es hija del jefe de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz. Tiene estudios en marketing. En sentido contrario al ensañamiento contra el periodismo crítico, ella ha permitido la expansión del grupo mediático de la familia presidencial que sirve de vehículo para la propaganda del régimen. Fue sancionada por Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Suiza.

Isaac Lenín Bravo Jane, embajador en Irán

Durante una década perteneció a Unen, donde fue su presidente entre 2013 y 2016. Fue condecorado por Ortega con la orden Rubén Darío el 3 de diciembre de 2018, junto a nueve expresidentes del órgano de control estudiantil, entre ellos Fidel Moreno. Es embajador en Irán desde enero de 2020. El régimen ha estrechado relaciones diplomáticas y ha buscado una alianza militar, según recientes revelaciones de The New York Times. En sus primeras palabras, como "diplomático", el funcionario dijo que la República Islámica era un "símbolo de resistencia frente al acoso del imperialismo estadounidense".