La lista de víctimas de la represión de la dictadura orteguista en Nicaragua incluye a miles que esperan justicia desde el exilio o en Nicaragua, y también a más de una decena de personas que han muerto en los cinco años transcurridos desde el estallido social de la Rebelión de Abril sin obtener la justicia que demandaron. 

Son padres y madres de los asesinados, de reos de conciencia, o presos políticos que murieron dentro de las cárceles o heridos de las protestas que jamás se recuperaron.

A esta lista se suman los presos que no pudieron despedirse de sus madres, los exiliados que encontraron la muerte en otra tierra, y los excarcelados que vivieron sus últimos años sin la paz que les arrebató la represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el quinto aniversario de la Rebelión de Abril de 2018, CONFIDENCIAL reúne algunos de los nombres y las historias de los nicaragüenses que fallecieron sin encontrar justicia. 

I. Los presos que murieron en la cárcel 

La dictadura Ortega Murillo es la responsable de la muerte en prisión de los presos políticos Eddy Montes y Hugo Torres. Al primero lo mataron a tiros durante una agresión policial en prisión, y al segundo lo mató la negligencia del régimen 

Eddy Montes, 57 años

Eddy Montes fue asesinado el 16 de mayo de 2019 en la cárcel La Modelo, en Tipitapa. Minutos antes de que los carceleros le dieran un impacto de bala, el reo de conciencia nica-estadounidense, estaba jugando ajedrez con otros presos políticos. 

Según el testimonio de los presos, Montes se levantó y les dijo: “Ya vengo, porque los muchachos me necesitan” y se dirigió hasta donde un grupo de reos estaba en huelga por los maltratos y torturas que recibían en el penal. Allí lo impactó una bala de AK que acabó con su vida. 

El Ministerio de Gobernación dijo que uno de los centinelas disparó “en defensa propia” durante un forcejeo con Montes, quien intentó quitarle el arma. Esta versión fue desmentida por los reos de conciencia que estuvieron al momento del disparo. También fue rechazada por sus familiares.

Eddy Montes, originario de Matagalpa, tenía siete meses de estar en prisión cuando fue asesinado. Salió de Nicaragua en 1984, primero a Costa Rica y después a Estados Unidos, donde fue soldado de la US Navy en una base de California y en Corpus Christi, Texas, y obtuvo la nacionalidad estadounidense. Regresó a Nicaragua en los años 90, cuando terminó el primer Gobierno sandinista. Fue encarcelado el 7 de octubre de 2018 y estaba condenado a 32 años de prisión por supuesto “terrorismo”. 

Hugo Torres, 73 años

Exguerrillero sandinista, general de brigada en retiro y segundo preso político fallecido en prisión

(1948 - 2022)

El general de brigada en retiro, Hugo Torres, vivió sus últimos siete meses en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, y en el Hospital Carlos Roberto Huembes, de la Policía Nacional, donde fue trasladado después de varios meses de sufrir un deterioro en su salud, cuando a mediados de diciembre de 2021 tuvieron que sacarlo en brazos de la celda donde fue injustamente encarcelado, según el testimonio de los reos políticos que estuvieron con él. 

Murió en prisión el 12 de febrero de 2022, después de dos meses en que la dictadura de Ortega ocultó a la población su paradero y su estado de salud. Su muerte causó tanta indignación a nivel nacional e internacional, que la dictadura intentó justificarse. Alegó que Torres murió debido a una enfermedad que ellos “atendieron de manera adecuada”, pero nunca hubo reportes de su salud. Sin embargo, los presos políticos que estuvieron junto al “Comandante Uno”, como era conocido, aseguran que a Torres lo trasladaron al hospital tardíamente. 

El exguerrillero sandinista participó en los dos operativos del FSLN que liberaron a presos políticos de la dictadura somocista: la toma de la casa de Chema Castilla en 1974 en que fue liberado Daniel Ortega, y el asalto al Palacio Nacional, en 1978 que liberó a más de 60 presos políticos entre ellos: Tomás Borge, Javier Carrión, René Núñez. 

Daniel Ortega ordenó encarcelar a Hugo Torres, el guerrillero que lo liberó en 1974, el 13 junio de 2021, a pesar de su edad y su condición de general en retiro del Ejercito.

“Tengo 73 años de edad, nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de Somoza no logró encarcelarme, luchamos duro y murieron muchos compañeros.Era otro espacio y otro contexto, hoy la lucha es pacífica”, dijo Torres en un vídeo grabado antes de ser encarcelado.

II. Madres y padres de Abril 

Al menos 355 nicaragüenses fueron asesinados durante las protestas sociales detonadas en abril de 2018, calcula la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las muertes siguen en la impunidad, mientras los padres y madres de las víctimas claman justicia. Algunos ya murieron esperándola.

Ángel Gahona Ramos, 73 años

Padre del periodista asesinado Ángel Gahona

(1949 - 2021)

El pastor evangelico, Ángel Gahona Ramos, padre del periodista asesinado durante una cobertura a las protestas de 2018 en Bluefields, Ángel Eduardo Gahona López, murió el 23 de septiembre de 2021, durante la segunda ola de la covid-19, que el régimen de Ortega intentó ocultar.

Después del asesinato de su hijo, Gahona Ramos y su esposa Amanda López, vivieron en el exilio durante 18 meses, debido a la represión que los persiguió por demandar justicia, pero en 2020 volvieron a Nicaragua a seguir demandando justicia. 

“Queremos justicia, no queremos venganza. Que el nicaragüense sepa que la justicia está de su lado, que sepa que se puede mover y vivir en dignidad”, dijo entonces y agregó que ojalá sus “canas no lleguen al sepulcro sin saber la verdad”. Sin embargo, murió antes de encontrar justicia para su hijo asesinado. 

Gahona Ramos dedicó 42 de sus 72 años a la vida pastoral. Él y su esposa fueron pastores de las Asambleas de Dios. Vivieron un tiempo en Venezuela, donde apoyaron la formación de nuevos ministerios en las zonas más alejadas de ese país y, cuando volvieron a Nicaragua, continuaron su labor pastoral en la zona norte. Su fe fue el soporte que los ayudó tras la muerte de su hijo. 

Álvaro Conrado Avendaño

Padre de Álvaro Conrado Dávila, adolescente asesinado.

(2023)

En los últimos cinco años, Álvaro Conrado Avendaño reclamó justicia por el asesinato de su hijo de 15 años, Álvaro Conrado Dávila, a quien dispararon francotiradores el 20 de abril de 2018, cuando llegó a donde estaban los manifestantes a pasarles agua. Su padre, Álvaro Conrado Avendaño, falleció el 28 de enero de 2023 a causa de un infarto al corazón.

Él era presidente de la Asociación Madres de Abril (AMA), que agrupa a madres, padres, hermanos y familiares de las víctimas de las protestas en Nicaragua, que buscan justicia para los asesinados y no repetición. 

Su esposa, Lizeth Dávila, contó que murió hasta el último día clamando por justicia para su hijo. El día de su repentino fallecimiento estuvo en reuniones con los miembros de AMA y al final de la tarde se comunicó con ella y sus dos hijos, quienes están en el exilio. “Él cortó la llamada porque llegó a buscarlo un amigo. Estando con ese amigo, sufrió un desmayo” y ya no se recuperó.

“Mi hijo era un niño normal y me duele realmente (…) pero yo no quiero un mártir, a mí no me sirve eso, yo lo que solicito es justicia”, dijo Conrado Avendaño, en mayo de 2018, cuando interpuso una denuncia en la Fiscalía nicaragüense, donde nunca le dieron respuesta.

Justina López

Madre de Carlos Erick López, asesinado en Masaya.

(2023)

El 28 de febrero de 2023, Justina López falleció sin encontrar la justicia que tanto buscó en los últimos cinco años. Ella perdió a su hijo, Carlos López, de 23 años, el 4 de junio de 2018. Él alcanzó a despedirse antes de ser asesinado de un balazo en el pecho en una trinchera de Masaya. 

“Madre, si muero será por una causa”, recordó en vida Justina, y seguido le pidió un beso y le dijo que la amaba. 

Carlos López, era profesor de la escuela rural Rubén Darío, ubicada en Niquinohomo. Tras su asesinato en 2018, Justina López dedicó sus días para pedir justicia y eso terminó afectando su salud, según cuentan quienes la conocieron. Sus restos descansan en el mismo cementerio donde yace su hijo. 

“Ella fue luchadora e incansable para que los culpables pagarán por los crímenes de lesa humanidad”, dijo a medios de comunicación el exatrincherado Alejandro Moraga. 

Josefa Narváez, 46 años

Mamá del adolescente asesinado, Wendell Rivera.

(1976 - 2022)

Después de dos años de lucha contra un cáncer y cuatro años de clamar por justicia por el asesinato de su hijo Wendell Rivera, de 17 años, Josefa Narvaéz, falleció.

Ella era miembro de la Asociación Madres de Abril (AMA) y había vivido sus últimos años entre el acoso policial, la enfermedad que poco a poco acabó con su vida y la justicia que nunca llegó. 

Josefa y su familia fueron víctimas de allanamientos y de amenazas por protestar y pedir justicia. El último allanamiento ocurrió en enero de 2021. En esa ocasión, según contó su esposo, una de las policías la amenazó con encarcelarla. También le negaron atención para su enfermedad. 

Su hijo Wendell Rivera –quien acababa de cumplir 17 años– fue asesinado de un disparo en la cabeza el 23 de junio de 2018, cuando regresaba junto a su hermano mayor, Reynaldo Rivera, y unos amigos de jugar fútbol. Según describe su familia, aparecieron dos camionetas con policías y hombres encapuchados (paramilitares) que los atacaron. 

Wendell buscó refugió por orden de su hermano Reynaldo, pero al ver que este era golpeado por los oficiales y paramilitares, se regresó. Fue entonces cuando lo golpearon también, luego se llevaron a El Chipote al hermano mayor y a él le dispararon en la cabeza. 

Josefa Narváez murió el 23 de febrero de 2022, en el asedio y persecución que le causó pedir justicia por su hijo. 

III. Madres y padres de presos políticos que fallecieron cuando sus hijos estaban en la cárcel

Los presos políticos de la dictadura Ortega Murillo han enfrentado en prisión el luto por la pérdida de sus madres, padres y hermanos, sin que pudieran darles el último adiós. Un monitoreo de CONFIDENCIAL contabilizó al menos 15 reos de conciencia que perdieron a sus familiares estando ellos en prisión. Estos son algunos de sus rostros.

Heidi Meza, 66 años

Mamá del líder universitario, Max Jérex. 

(1955 - 2021)

La salud de Heidi Meza empeoró desde que su hijo, Max Jérez, de 28 años, fue encarcelado injustamente, el 5 de julio de 2021. A pesar de su clamor por verlo por última vez cuando estaba en agonía, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no lo permitió.

Max Jérez supo de la muerte de su madre casi un mes después de que fue sepultada, cuando le permitieron una vista con su familia. “Ese fue el momento más duro, porque además estaba encerrado en una celda de castigo, aislado, y realmente fueron condiciones muy difíciles”, relató el líder estudiantil tras ser excarcelado y desterrado de Nicaragua, en febrero de 2023. 

Meza había sobrevivido a un derrame pleural y sufría neumonía. Estas condiciones se agravaron desde el encarcelamiento de su hijo. “Antes que lo detuvieran, él me llamó y me dijo: ‘hoy me detiene, sea fuerte. Yo estoy preparado, estoy tranquilo. Usted también tiene que ser fuerte, no quiero que se enferme por estar pensando en esta situación’”, recordó. 

Sin embargo, el arresto inminente de su hijo la superó y su salud empeoró hasta que el 17 de septiembre de 2021, dos meses después del arresto, murió en la cama de un hospital de Managua.

Silvana Pérez

Madre del preso políticos Uriel Pérez

(2021)

El 24 de diciembre de 2021 falleció Silvana Pérez tras sufrir un derrame cerebral. Ella era la madre de Uriel Pérez, de 31 años, a quien la dictadura encarceló en noviembre de 2019. En sus últimos dos años, esta madre clamó por la libertad de su hijo, quien había participado en las protestas cívicas en Masaya. 

En 2020, Silvana Pérez, vivió con el temor de que su hijo no sobreviviera a la covid-19. Él se contagió en las celdas de la cárcel La Modelo y su salud empeoró tanto que tuvieron que internarlo en el Hospital Alemán Nicaragüense, sin que su familia lo supiera. 

Doña Silvana se enteró porque fue a buscarlo personalmente a los hospitales, después que no lo llevaran a una audiencia en los juzgados de Managua. Allí se enteró de la gravedad de la enfermedad.

“Yo pido de corazón a Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos, porque todos se van a morir ahí (en las cárceles) porque no hay condiciones”, clamó en vano la madre porque su hijo fue regresado a una celda de máxima seguridad.

Uriel Pérez fue liberado hasta el 9 de febrero de 2023, junto con otros 221 presos que fueron desterrados a Estados Unidos, y a quienes posteriormente les quitaron la nacionalidad. Estuvo 26 meses en prisión por los supuestos delitos de “venta y comercialización de estupefacientes”. 

Aura Cela Palacios García, 68 años

Mamá del preso político Chester Membreño. 

(1951 - 2019)

Chester Membreño se enteró que su mamá, Aura Palacios, había fallecido el 9 de enero de 2019 porque un preso común se lo dijo. “Yo denuncié todo al director Roberto Guevara, porque no tuvo el trato de derecho humano de notificarme”, dijo Membrero, quien es abogado de profesión y fue preso político durante 11 meses. 

La salud de su mamá, Aura Palacios, aquejada por doce años de diabetes, se deterioró desde que fanáticos orteguistas intentaron quemar su casa el 20 de junio de 2018 -- después que Membreño diera una conferencia de prensa en Masaya--, y empeoró cuando el 23 de julio de ese año lo arrestaron.

La última vez que Chester y su madre se vieron fue dos meses antes de que ella falleciera a causa de complicaciones de un aneurisma en la arteria aorta. Ese día, el 15 de noviembre de 2018, no pudo abrazarla porque la vio a través de un vidrio, pues él estaba en una celda de máxima seguridad. 

Su mamá era una reconocida maestra de primera de Masaya. Estaba jubilada desde hace diez años, pero no vivió sus últimos días en paz por la represión y encarcelamiento de su hijo.

Elba Castrillo de Balmaceda

Mamá del preso político Wilfredo Balmaceda Castrillo

(2022)

Wilfredo Balmaceda ha perdido al menos tres de sus familiares en los ocho años que lleva en prisión. Él es uno de los diez presos políticos que están detenidos desde antes de la Rebelión de Abril. En marzo de 2022, su mamá Elba Castrillo falleció sin verlo en libertad.

Su hijo es uno de los nueve ciudadanos que fueron condenados por la masacre del 19 de julio de 2014, en la cual murieron cinco simpatizantes sandinistas. Según una investigación del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, todos los condenados en el caso pertenecían a estructuras políticas partidarias en el momento en que ocurrieron los hechos o eran opositores de vieja data. 

Balmaceda era el secretario municipal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Sobre su mamá se conoce muy poca información. 

Hilda Chamorro Hurtado

Mamá del expresidente del Cosep, José Adán Aguerri

(2021)

Hilda Chamorro no alcanzó a ver a su hijo, José Adán Aguerri, en libertad. El 11 de octubre de 2021, cuando el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) acababa de cumplir cuatro meses en prisión, murió. 

Un mes antes de su fallecimiento, la dictadura de Ortega permitió por primera vez, después de 90 días, que las familias de los 35 presos políticos detenidos en las celdas de El Chipote, los vieran por diez minutos. En esa visita se les encontró “físicamente irreconocibles” y se supo que estaban sufriendo de torturas psicológicas, interrogatorios y aislamientos.

La revista Magazine, retrata el reportaje Los Chanito Aguerri que doña Hilda Chamorro tenía una gran influencia “en la personalidad y preparación profesional de cada uno de sus cinco hijos. Ella había sobrevivido a un aneurisma cerebral que en la mayoría de los casos provoca la muerte instantánea, pero que ella supo resistir. “Para la familia este fue un milagro y una etapa que les recuerda que deben mantenerse unidos”, relataban en el reportaje.

IV. Heridos, confiscados y exiliados que fallecieron 

Entre las víctimas de la represión también hay heridos que perdieron algún miembro o quedaron postrados en cama, nicaragüenses que fueron confiscados por su participación o vinculación en las protestas cívicas, y exiliados que huyeron para preservar su vida, pero encontraron la muerte lejos de su tierra

Néstor Armando Sotelo, 46 años

Un disparo lo dejó cuadripléjico. 

(1975 - 2021)

Néstor Sotelo pasó los últimos tres años de su vida postrado en una cama, alimentándose por una sonda y defecando en una bolsa a causa de una golpiza y un impacto de bala que recibió el 21 de abril de 2018. 

Ese día, Sotelo, quien es padre de tres hijos, venía de su trabajo a su casa cuando se encontró con una camioneta llena de paramilitares. Estos le dispararon en uno de sus glúteos y después se bajaron a golpearlo. 

El doctor Alejandro Lagos, quien le brindó atención médica y humanitaria en los últimos tres años, contó a La Prensa, que el disparo no era de gravedad; sin embargo, la paliza que le dieron lo dejó postrado en cama. 

Sotelo fue uno de los heridos mencionados en el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de mayo de 2018. Él era uno de los dos que estaban internados en el Hospital Alemán Nicaragüense, pero que las autoridades se negaban a informar sobre su situación. “La única autoridad que tiene la potestad de brindar esta información es la dirección general, o el fiscal”, dijeron trabajadores del área administrativa. 

Néstor nunca se recuperó del disparo ni de la golpiza. Su mamá, una adulta mayor de 88 años, quien vive en pobreza, tuvo que hacerse cargo de sus cuidados hasta el día de su muerte. 

Esperanza Lacayo, 86 años

Madre del excarcelado político Michael Healy y víctima de confiscación.

(1935- 2021)

Esperanza Lacayo de Healy no pudo ser sepultada en el cementerio familiar donde descansan sus seres queridos, porque esta es una de las cuatro propiedades que el régimen de Daniel Ortega le confiscó en 2018. 

Así que, cuando falleció el 5 de enero de 2021, no solo partió con el dolor de ver a su hijo, el empresario de nacionalidad nica-estadounidense, Michael Healy, encarcelado injustamente, sino que también se fue sin recuperar las más de 200 manzanas que le arrebataron de un día a otro.

“Yo estaba en Estados Unidos en un chequeo médico, cuando me avisaron que la finca había sido tomada, que habían saqueado mi casa, con todas mis cosas personales y viejas propiedades de mis papás, porque esta propiedad tiene 200 años de estar en la familia, a lo largo de cinco o seis generaciones. Yo he vivido ahí toda mi vida”, denunció tras volver a Nicaragua. 

Las propiedades confiscadas son las fincas Santa Lucía, Zopilote y Chatilla ubicadas en Buenos Aires, Rivas, esta última era la residencia de doña Esperanza. Según denunció, los asaltantes aprovecharon las cosechas que tenían en las fincas para venderlas en trapiches de Carazo. “Teníamos un trapiche que no estaba en uso, que íbamos a habilitar este año, pero ellos desmantelaron la maquinaria, y entiendo que la vendieron como chatarra. Eso mismo pasó con los tractores. La hacienda quedó completamente vacía”. 

Su hijo fue liberado hasta el pasado 9 de febrero de 2023. Ese día, el régimen también le quitó su nacionalidad nicaragüense, y el 17 de marzo oficializó la confiscación de  las fincas de doña Esperanza Lacayo en las que el INTA instaló el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias “Comandante Ezequiel”. 

Moisés Gómez "Ambulancia", 54 años

Autoconvocado que ayudó a trasladar a los heridos 

(1967 - 2021)

A Moisés Gómez lo conocían como “Ambulancia”, ese fue el mote que se ganó durante las protestas de abril de 2018, cuando sin pensarlo ocupó su motocicleta para trasladar a los opositores que resultaron heridos en los ataques cometidos por la Policía y los paramilitares en Masaya. 

En más de alguna ocasión a Gómez le tocó mover los cuerpos de los fallecidos, incluidos los de agresores, porque él decía “que los muertos no eran perros y tenían derecho a ser velados por sus familias”, recordó su hermana en una publicación de Facebook.

Antes de las protestas, Gómez vivía en el barrio Países Bajos de Masaya, pero después tuvo que exiliarse por los encarcelamientos y la represión que persiguió a quienes ayudaron a los manifestantes del supuesto “intento de golpe de Estado”, según el Gobierno. 

Sin embargo, en el exilio encontró la muerte. El 19 de junio de 2021 falleció en un hospital de Costa Rica a causa de la covid-19. El 8 de ese mismo mes, “Ambulancia” había cumplido 54 años y ese día fue internado porque ya no podía respirar. “Lo intubaron, pero fue demasiado tarde”, contó su hermana. 

V. Excarcelados políticos que fallecieron sin ver justicia

La dictadura de Daniel Ortega ha encarcelado a más de 1200 nicaragüenses tras las protestas de 2018. De estos al menos 50 siguen detenidos, otros cientos están en el exilio o viven en Nicaragua bajo asedio. Y al menos dos ya han muerto sin ver el cambio en el país.

Tomás Madonado, 67 años

Exmilitar y preso político de la dictadura Ortega Murillo

(1954 - 2021)

El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Tomás Maldonado, se convirtió en preso político de la dictadura de Daniel Ortega, el 2 de agosto de 2018. Su delito fue ir a orar por los jóvenes que estaban en los tranques en Carazo. Sin embargo, fue condenado por “crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y daño agravado”. 

Maldonado fue secretario político del FSLN en Carazo. Era pastor evangélico de una iglesia ubicada en Jinotepe, Carazo. Estuvo en prisión durante diez meses y fue liberado bajo la Ley de Amnistía que aprobó el régimen en junio de 2019. Sin embargo, desde que salió de la cárcel sufrió de represión y amenazas de muertes por partidarios orteguistas, según contó su familia. 

“Los asedios siempre han estado, hace dos días todavía le avisaron (a Maldonado) que lo andaban en una lista, pero afortunadamente no ocurrió nada, no sabemos si era mentira o verdad, a él un contacto solo le avisó”, dijo su esposa a La Prensa, el día que murió.

Maldonado también sufrió por la persecución contra su hijo, el activista Joao Maldonado, quien participó en las protestas y fue empujado al exilio en Costa Rica. En septiembre de 2021, cuando el exmilitar tenía tres meses de fallecido, Joao sobrevivió a un intento de asesinato. 

Carolina Gutiérrez

Primera presa política transgénero 

(2021)

Carolina Gutiérrez Mercado, conocida como “Sexy Carolina”, fue la primera mujer transgénero en convertirse en presa política de la dictadura Ortega Murillo. Estuvo detenida durante diez meses en la cárcel La Modelo, donde sufrió burlas y humillaciones por parte de las autoridades del penal. 

El día de su arresto, Carolina fue golpeada por los oficiales, quienes le zafaron dos piezas dentales. En la cárcel siguió siendo torturada psicológicamente por su identidad sexual. 

“Me siento con los traumas psicológicos, verdaderamente muy afectado porque los policías tal vez por ser funcionarios se creen más que uno, me sentía muy ofendido de esa manera”, dijo tras ser liberada en mayo de 2019.

Tras salir de prisión, Carolina –quien vivía en extrema pobreza– se dedicó a lavar y planchar ropa ajena y a vender enchiladas. Sin embargo, su salud poco a poco comenzó a deteriorarse, hasta que el 23 de abril de 2020 falleció a causa de leucemia. En sus últimos días, amigos y familiares pidieron ayuda médica, pero ya era demasiado tarde. Pocos días antes de fallecer, en el abandono y pobreza, la familia Carolina lo bautizó en el Evangelio.