8 de septiembre 2022
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Ortega gobierna por cuarto período consecutivo y, en estos dieciséis años, ha cerrado 54 medios de comunicación, periódicos, radioemisoras, canales de televisión y medios digitales, algunos a través de la cancelación de sus licencias de operación, otros mediante asfixia económica y, los más recientes, por la toma manu militari de sus instalaciones y la confiscación de sus bienes.
También 11 trabajadores y directivos de medios de comunicación han sido encarcelados en los últimos cuatro años (ocho de ellos aún en prisión), más de 140 periodistas se han visto obligados al exilio, hay tres reporteros condenados por supuestas calumnias (Kalúa Salazar, David Quintana y Elsa Espinoza), un canal de televisión nacional (Canal 12) embargado y obligado –al igual que otros tres medios de alcance nacional– a retirar de su programación habitual toda clase de contenido político o de interés público.
La imposición de la censura ha escalado en 13 de los 17 departamentos y regiones autónomas de Nicaragua. En una primera etapa, entre 2007 y 2017, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el régimen asaltó y cerró radios comunitarias y canales locales como: NotiWaslala, NotiCuá, Radio Palabra de Mujer, Radio Voz de Mujer, Canal 29, en Chinandega; Canal 50, en León; Radio Emperador y Radio Bosawás.
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trabajadores y directivos de medios de comunicación han sido encarcelados entre 2018 y 2021, y ocho de ellos actualmente continúan en prisión.
1reporteros han sido condenados por supuestas calumnias: Kalúa Salazar, de La Costeñísima, en Bluefields; David Quintana, de Boletín Ecológico, y Elsa Espinoza.
Los trabajadores y directivos de medios, encarcelados
Ocho de once trabajadores y directivos de medios de comunicación que han sido encarcelados entre 2018 y 2021 continúan en prisión. Ellos son: Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y aspirante presidencial; Miguel Mora, cofundador y exdirector de 100% Noticias, aspirante presidencial y excarcelado político; Pedro Joaquín Chamorro Barrios, exdirectivo de la FVBCh y miembro del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Además, están arrestados el cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza; el comentarista político Jaime Arrellano. También, el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann (detenido en agosto de 2021) y los conductores de La Prensa: Carlos Lam y Mario Sánchez, detenidos en agosto de 2022. Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, y Juan Lorenzo Holmann también son directivos del diario La Prensa, que también ha sido confiscado de forma ilegal. Te recomendamos leer:- Las huellas del orteguismo en los presos políticos
- Los trece presos políticos que están bajo casa por cárcel
El asalto de Daniel Ortega a los medios en 2018
Una segunda etapa de esta guerra contra el periodismo independiente inició en 2018, cuando los periodistas y medios documentaron y difundieron la masacre orteguista contra el estallido social de ese año y las graves violaciones de derechos humanos, que dejaron más de trescientos asesinados, 1600 detenciones arbitrarias y más de 900 presos políticos, miles de heridos, decenas de desaparecidos y 100 000 exiliados. Solamente en 2018 fueron cancelados, asaltados y confiscados 12 medios de comunicación: Radio Darío, Radio Amerrisque, NotiDalia, NotiWiwilí, NotiPantasma, Radio Stereo Apante, Radio Jerusalén, Radio Humedales, Radio Voz Juvenil, CONFIDENCIAL y 100% Noticias. El orteguismo no logró su objetivo de callar a todos los medios independientes que fueron atacados y confiscados. Radio Darío de León, –incendiada el 19 de abril de 2018–, CONFIDENCIAL y Esta Semana –asaltados y ocupados el 13 de diciembre de 2018– y 100% Noticias –asaltado y ocupado el 21 de diciembre de 2018, junto al secuestro de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau– continúan informando a través de sus plataformas digitales. El relator especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el colombiano Pedro Vaca, destacó durante una gira de trabajo en Costa Rica, en julio de 2022, que “a pesar del propósito de silenciamiento que es absolutamente claro y evidente, la prensa nicaragüense, incluso desde el exilio, ha hecho un esfuerzo por seguir informando.“(Defender la libertad de prensa) no es defender privilegios de algunas personas, sino defender el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
Censura, cierres, confiscaciones, y encarcelamientos
1violaciones a la libertad de prensa han sido reportadas entre el primero de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2022, según el organismo Voces del Sur.
El asesinato de Ángel Gahona en la impunidad
Brandon Lovo y Glenn Slate son los primeros presos políticos condenados por una dictadura que les imputa la muerte de las víctimas de su propia masacre Lee el artículo A partir de 2019, la embestida del régimen alcanzó a los medios de comunicación nacionales. El Nuevo Diario, el segundo periódico más antiguo de Nicaragua, asfixiado económicamente, cerró su publicación el 27 de septiembre de 2019. Ese mismo día también fueron cerrados los diarios de carácter metropolitano Metro y Q’hubo. Y en los siguientes meses siguieron emisoras locales como: Radio Alegre, Única; Radio La Ley y Radio Universidad. En este contexto de censura y represión, en 2021, fueron confiscados ilegalmente CONFIDENCIAL y 100% Noticias, también fueron canceladas las organizaciones y fundaciones que trabajaban en la promoción y defensa de la libertad de prensa en Nicaragua: la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) y Periodistas, Escritores y Narradores (PEN – Nicaragua). Para encarcelar periodistas y ciudadanos, el régimen creó un marco jurídico que restringe las libertades públicas de los nicaragüenses. Con la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la “Ley de Soberanía”, a finales de 2020, el régimen orteguista intentó darle un matiz de legalidad a sus acciones contra la prensa independiente y las organizaciones de la sociedad civil. La entrada en vigencia de estas leyes, a principios de 2021, coincidió con el agravamiento de las violaciones a la libertad de prensa.
El 20 de mayo de 2021, la Policía allanó —por segunda vez— el estudio de grabación de los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, instalado provisionalmente en una oficina del centro corporativo Invercasa, tras el asalto y confiscación de la redacción de CONFIDENCIAL, en diciembre de 2018. Un mes después, la noche del 21 de junio de 2021, Chamorro anunció que se había exiliado en Costa Rica por segunda ocasión, tras confirmarse que la Policía allanó su vivienda con la intención de arrestarlo.
El Ministerio Público también participó activamente en esta guerra contra la libertad de prensa. A partir del 24 de mayo de 2021 esa institución interrogó a 55 periodistas y dueños de medios de comunicación, según Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). Los fiscales cuestionaron a los periodistas sobre su relación con la FVBCh, indagaron sobre el funcionamiento de los medios de comunicación independientes y en algunos casos los amenazaron con abrir causas penales usando la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como "Ley Mordaza", aprobada en octubre de 2020.
Después de los primeros interrogatorios fueron arrestados ilegalmente los extrabajadores de la FVBCh: Walter Gómez, exadministrador; Marcos Fletes, excontador; y Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la fundación y precandidata presidencial. A todos ellos, el régimen los acusó y condenó por supuesto lavado de dinero.
Tres semanas después, el 25 de junio de 2021, la embestida continuó con el arresto del exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, en un primer momento la Policía dijo que la detención se produjo en el marco de la “Ley de Soberanía”, pero finalmente fue acusado y condenado en la misma causa contra su hermana, entonces también aspirante presidencial para las votaciones de noviembre de 2021, en las que Ortega y Murillo anularon toda competencia electoral, arrestando a otros seis precandidatos opositores. Entre ellos, está el fundador del canal 100% Noticias, el periodista Miguel Mora, encarcelado por segunda ocasión y condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”.
El cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza –arrestado el 21 de junio de 2021, es otro de los comunicadores convertido en preso político por el régimen de Ortega. Mendoza fue enjuiciado en la cárcel por el presunto delito de “conspiración” y por infringir la “Ley de Soberanía”, por denunciar los abusos del poder a través de las redes sociales, El periodista fue condenado a nueve años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las únicas pruebas en su contra fueron testimonios de policías encubiertos, unos treinta tuits y un par de publicaciones de Facebook, en las que el cronista deportivo ejercía su derecho a la libertad de expresión.
El 24 de julio fue capturado el comentarista político de televisión Jaime Arellano, director del programa Jaime Arellano en La Nación que se transmitía a través de redes sociales.
El asalto a La Prensa
El 13 de agosto de 2021, el régimen de Ortega se tomó por la fuerza las instalaciones del diario La Prensa, el más antiguo del país. El asalto ocurrió horas después de que el diario denunció que se quedó sin papel para continuar circulando a nivel nacional, debido a que la Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró en un almacén fiscal la materia prima del último rotativo nicaragüense. Al día siguiente, el gerente general del diario, Juan Lorenzo Holmann, fue conducido con engaños a la Dirección de Auxilio Judicial o El Chipote, donde luego fue acusado, juzgado y condenado a nueve años de prisión por el supuesto delito de lavado de dinero. El 6 de julio de 2022, tras la cobertura que brindó el diario La Prensa a la expulsión de 18 Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, la Policía desató una cacería contra periodistas y también secuestró, el 6 de julio, a dos conductores del diario. Ambos fueron sacados de sus casas y trasladados a El Chipote, donde permanecen detenidos “bajo investigación”, sin que las autoridades del régimen especifiquen la razón de la misma. A los arrestos, siguieron allanamientos a las casas de varios periodistas, fotógrafos y personal del diario. También "visitas" y amenazas a extrabajadores del diario. Esta situación obligó a La Prensa a poner en resguardo a su personal y posteriormente sacarlo del país. El editor en jefe del diario La Prensa, Eduardo Enríquez, lamentó que “ya no es seguro” continuar haciendo periodismo desde Nicaragua. Con la persecución contra La Prensa, el Gobierno provocó una nueva oleada de más de 40 periodistas que se vieron obligados a salir al exilio. El 23 de agosto, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó el robo de los bienes y el edificio del diario La Prensa, un año después de que la Policía Nacional ocupara a la fuerza sus instalaciones y arrestaran a su gerente general. En el edificio robado, el régimen instaló, el Centro Cultural y Politécnico “José Coronel Urtecho”, bajo la administración del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).“Tuvimos forzosamente que sacar al personal porque en las casas de otros colaboradores, de otros redactores, editores, fotógrafos, estaban llegando personas vestidas de civil a preguntar por ellos, llevando el mensaje de que el régimen sabía quiénes eran, qué hacían, y consideramos que ya no era seguro continuar trabajando con un régimen que ha criminalizado el trabajo periodístico”.
Escalada de agresiones contra medios locales
Si en 2021 prevaleció un agravamiento de las violaciones a la libertad de prensa, el 2022 ha sido un año letal para los periodistas y medios de comunicación locales en Nicaragua. Entre enero y agosto de 2022 un total de 26 medios de comunicación departamentales y municipales han sido cancelados por el régimen, la mayoría emisoras locales que estaban ubicadas en el norte de Nicaragua y pertenecían a la Iglesia católica. El cierre de estos medios ocurrió a la par del arresto de una decena de sacerdotes críticos al régimen. A principios del año fueron obligados a cerrar sus transmisiones el canal local Condega Visión y Radio Católica de Bluefields. Luego fueron cancelados los periódicos Voz Católica, una publicación de la Iglesia; y Trinchera de la Noticia, cuyas oficinas también fueron allanadas por la Policía. En mayo la embestida del régimen continuó con la cancelación del Canal Católico de Nicaragua, perteneciente a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que en 2018 fue intermediaria en un fallido diálogo nacional entre el régimen y la sociedad civil.
“Con un solo golpe, el Gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, donde las estaciones clausuradas prestaban un valioso servicio comunitario a miles de personas. Es obvio que se pretende acabar con todo vestigio de prensa independiente en Nicaragua”.El más reciente de los ataques se registró a principios de agosto de 2022, cuando la directora de Telcor, Nahima Díaz Flores, hija de Francisco Díaz, el sancionado director de la Policía y consuegro de Daniel Ortega, ordenó el cierre de los canales locales: TV Merced, Canal San José, Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, Radio San José, Radio Católica de Sébaco, Radio Santa Lucía, Radio Esquipulas y Radio Católica de Waslala, todos pertenecientes a la diócesis de Matagalpa y Estelí. En simultáneo también fueron cancelados Radio Vos y RB3 “El Canal de la Zona Láctea”, en el departamento de Matagalpa. Días después el Canal NGTV3, en Nueva Guinea; Radio Darío y Radio Sky, en León; Radio La Guarachera, en Chinandega; Radio San Carlos, en Río San Juan; y Radio Stereo Fe, en Nueva Segovia. El argumento de Telcor es que las emisoras de la diócesis de Matagalpa no contaban con los permisos de operación o “el título habilitante vigente”. Sin embargo, monseñor Rolando Álvarez –actual preso político bajo casa por cárcel– aclaró que él mismo presentó toda la documentación requerida desde 2016, pero “nunca recibimos respuestas como es ya la costumbre del Gobierno en algunos y muchos otros casos”. La directora de Radio Vos, de Matagalpa, Argentina Olivas, denunció en entrevista con Esta Noche, que en esta guerra contra la libertad de prensa los medios de comunicación están en desventaja, porque no existe ninguna instancia que pueda frenar “esta violencia de Estado” que continúa registrándose. “¿Qué podemos hacer si los agresores son ellos, los mismos que dicen que aplican la justicia? ¿A quién le reclamamos?”, cuestionó. Para Olivas, los constantes ataques del régimen de Ortega contra los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil son “una manera de expropiar el derecho a la organización” y “todos los derechos humanos”, ya que se hacen con el fin de “que la gente no se siga reuniendo”, porque “cualquier forma organizativa ellos (el régimen) la ven como una amenaza a su poder”. La tarde del 15 de agosto, el régimen también apagó la voz de Radio San Carlos, que por 23 años transmitió en vivo desde ese municipio del departamento de Río San Juan. Ese día, Telcor notificó el cierre porque supuestamente “el transmisor era distinto al que estaba inscrito” en el ente regulador, y la potencia solicitada era 500 watts y no de 1000 watts, pero “todo eso se hizo con el permiso de ellos”, aseguró el abogado Silvio Pilarte, propietario de la radioemisora. Pilarte fue alcalde de San Carlos por parte del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en la época del presidente Arnoldo Alemán (1996-2002). El abogado y su familia se exiliaron en Estados Unidos, en febrero pasado, por la persecución del régimen. Salir de Nicaragua “es duro, nunca pensé hacerlo”, lamenta el periodista David Mendoza, quien decidió exiliarse semanas después de que Telcor canceló su canal RB3, en el municipio de Río Blanco, Matagalpa. Sin embargo, considera que fue la mejor decisión que pudo tomar porque “un periodista en Nicaragua corre muchos riesgos: desde caer preso hasta que te manden a silenciar de manera permanente”, advierte.
