21 de octubre 2019
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Primera de tres entregas
El lunes 16 de abril, el capitán retirado Roberto López, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), leyó en conferencia de prensa la Resolución 1-317 que cambiaría la historia de Nicaragua.
El documento ordenaba de forma unilateral, aumentar los porcentajes que cotizaban los empleadores, los empleados, y el Estado mismo. También disminuía los montos a los que se podía aspirar en concepto de pensión, además de aplicar un impuesto a las pensiones en curso y las venideras.
Si la Administración de Daniel Ortega dio ‘luz verde’ a López, dejando de lado el ‘modelo de diálogo y consenso’ entre el Gobierno y la empresa privada que hasta ese entonces les había funcionado muy bien, fue únicamente porque el INSS estaba a punto de quedarse sin dinero.
“La administración del INSS está desesperada por conseguir ingresos, porque entre junio y agosto —septiembre a más tardar— se quedaban sin plata. Por eso se van solos, porque las cámaras del Cosep no les ofrecieron más recursos”, dijo en su momento un economista con acceso a las finanzas del Instituto.
Funides: “En 2020 crece el hueco financiero, porque se agota el efecto de las reformas aplicadas, y luego verán qué nuevas reformas hacer”. Carlos Herrera | Confidencial
Róger Murillo, actuario especializado en temas de Seguridad Social, tampoco puede precisar una fecha, pero sí calcula que, más o menos a finales de 2018, el INSS se quedaba sin dinero, según los estudios actuariales a los que tuvo acceso.
Una ironía monumental, para una entidad que, en 2012, tenía una reserva superior a los 15 000 millones de córdobas, “que le daba para cinco a seis años más, si no hacía nada para mejorar su situación”, explicó Murillo.
Un experto en temas de Seguridad Social, que requirió el anonimato, dijo que, “al analizar integralmente la crisis del INSS”, resulta evidente que el problema financiero del Seguro Social “se profundizará a extremo, si no se toman acciones y políticas que eliminen las causas que generan el problema”.
El ‘problema’ podría explicarse de forma simplificada, diciendo que el Instituto gasta más de lo que percibe. Si bien esto no es nuevo (comenzó en 2013), la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, y sus consecuencias económicas, solo agravaron el problema del Seguro Social, como lo muestran las estadísticas: mientras disminuía el número de afiliados —y crecía el número y costo de las pensiones— aumentaba el déficit operativo del INSS, que fue de 2371.8 millones de córdobas en 2017, y casi se duplicó en 2018, hasta alcanzar los 4738.9 millones.
Cada vez menos cotizantes
Los datos indican que el Instituto perdió 158 000 cotizantes en 2018, y otros 15 069 en 2019, y que esa sangría continuará. “El Gobierno podría financiar al INSS uno o dos años, pero eso no es sostenible, porque el tamaño del déficit es muy grande, y crece cada año”, explicó la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Del mismo modo, las estadísticas muestran que el número de afiliados a la Seguridad Social se redujo en 1633 personas en julio de 2017, y siguió haciéndolo a lo largo de todos y cada uno de los meses siguientes, con la excepción de noviembre de ese mismo año, cuando creció en 2507 empleados.
Carlos Herrera | Confidencial
De hecho, el único otro mes en que creció el número de cotizantes fue noviembre (de 2018), cuando se afiliaron 6889 personas más, lo que muy probablemente obedece a las contrataciones de las empresas —principalmente del sector comercial— que requieren de personal temporal para atender la época de ventas navideñas.
Murillo asegura que la explicación para esa disminución constante en el número de afiliados al Seguro Social, es que “ya había contracción económica”. No solo por la reducción del dinamismo de la economía nacional, producto de los menores ingresos de la privatizada cooperación oficial venezolana, sino también como efecto de la reforma a la Seguridad Social —esta sí, en consenso con el sector privado— vigente a partir de 2014.
Esa reforma, que significó el incremento del aporte patronal en un punto porcentual en 2014 y otro en 2015, y de medio punto más en 2016 y 2017, para acumular tres puntos adicionales a la cuota que pagan los empleadores, hizo que las empresas comenzaran a reducir personal, como una forma de lidiar con sus mayores costos de operación.
El problema es que “sin nuevos cotizantes no hay ingresos suficientes para mantener al Seguro Social”, dijo Murillo. El experto en temas de Seguridad Social citado antes, coincide con él, y señala de cara al futuro cercano que “el problema será gravísimo para el año 2020, causado por la desafiliación de empleadores y trabajadores”.
Al respecto, Murillo recordó un problema adicional: en Nicaragua, la tasa de cobertura es muy baja, tanto si se le compara con las necesidades financieras de la entidad, como si se hace con otros países de Centroamérica.
“La tasa de cobertura es menor a 25% en el caso de Nicaragua, mientras Costa Rica o Panamá supera el 90%. Tenemos que conseguir que esa tasa crezca, para comenzar a equilibrar las finanzas del INSS”, propuso.
Fotografía del edificio central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Carlos Herrera | Confidencial
Aunque en otras circunstancias, las finanzas públicas podría intentar ser el salvavidas para el INSS, la constante disminución de los ingresos del Presupuesto General de la República hace que este esa opción sea inviable.
Si el año pasado fue posible destinar 4882.4 millones de córdobas al Instituto (según el ‘Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República 2018’ se le adelantaron trece cuotas anuales de la deuda histórica, “por razones de [sus] problemas financieros” más otros 405.7 millones por deudas de pensiones especiales y aporte estatal); el total a entregarle en 2019 se queda en 411.3 millones.
Aun cuando esa suma representa menos de la doceava parte que el año pasado, al primer semestre de 2019, solo se habían entregado 158.7 millones, o sea, 38.6%.
Desde abril de 1990 hasta febrero de 2019, se han puesto en marcha 18 reformas al Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. Todas firmadas por el Poder Ejecutivo. “Puedo decir que las 18 reformas puestas en vigencia de manera vertical, todas han fracasado. Esta última no será la excepción”, asegura un experto en temas de Seguridad Social que aceptó conversar con CONFIDENCIAL, a condición de mantener su nombre en reserva.
Un informe de Funides sobre la crisis de la Seguridad Social considera que “el INSS sobrevivirá este año, a lo más. En 2020 crece el hueco financiero, porque se agota el efecto de las reformas aplicadas, y luego verán qué reformas hacer en 2020”.
Lo que le pasó al Instituto fue advertido por expertos y economistas independientes que desde hace más de cinco años propusieron una reforma integral. Funides asegura que “el INSS era una bomba de tiempo. Un problema que no se resuelve con parches”.
Un parche es precisamente lo que se le puso con la reforma del primero de febrero pasado, y ese ‘parche’ “le permite sobrevivir este año, pero no esa una solución de largo plazo. A inicios del próximo año vuelve a agravarse el problema”, alerta.
El Estado debía protegerlos, no el INSS
Aunque los administradores del Instituto tenían toda una gama de opciones para mejorar las finanzas de la entidad a su cargo, una de las más sanas a mediano y largo plazo, era incrementar el número de cotizantes, mejorando así la correlación entre el número de aportantes y el de dependientes de la Seguridad Social.
En vez de eso, López y su entorno tomaron una decisión que aceleró la caída: otorgar miles de pensiones a personas que no habían cumplido el requisito mínimo de haber cotizado 750 semanas durante toda su vida laboral.
Murillo se refiere a “la manera irracional con que comenzaron a repartir las pensiones reducidas, ‘regalo’ que no estaba contemplado en la ley”, con la sola excepción de aquellos trabajadores que hubieran comenzado a cotizar después de cumplir 45 años.
54 620 pensiones de vejez reducida proporcional se concedieron entre julio 2013 y diciembre 2018. Carlos Herrera | Confidencial
Murillo y otros expertos que critican la decisión oficial de ofrecer estas pensiones reducidas a quienes ‘legalmente’ no tenían derecho a ellas, no cuestionan las pensiones en sí, sino el origen de los recursos necesarios para costearlas.
“Esas pensiones debieron haber sido cubiertas por el Estado, con recursos del Estado, y no del INSS”, dijo el economista que pidió mantener su nombre en reserva, para evitar ser objeto de represalias por parte del oficialismo.
El experto en temas de Seguridad Social, también refrenda esa posición, al decir que “las pensiones de vejez reducida proporcional, y de viudez reducida, actualmente a cargo del INSS, deben ser asumidas de inmediato por el Estado”.
Respalda ese imperativo, en el hecho que, entre julio 2013 y diciembre 2018, se concedieron 54 620 pensiones de vejez reducida proporcional, lo que tuvo un costo acumulado de poco más de 5000 millones de córdobas; mientras que las 1943 pensiones de viudez reducida, costaron 89.7 millones de córdobas.
“Estas pensiones no tienen respaldo actuarial, y por ello generan déficit al INSS. Solo en el 2018, el INSS pagó más de 1000 millones de córdobas” por esos conceptos, explicó.
Aunque será muy difícil salvar al INSS mientras la economía nicaragüense no comience a crecer —y que lo haga de forma sostenida y acelerada— al no resolver las cuatro graves crisis particulares del Instituto: financiera, jurídica, administrativa y de credibilidad, “el INSS seguirá en un estado dramático”, aseguró el experto.
La crisis del INSS en cifras
150 000
millones de córdobas era la reserva superior del INSS en 2012. Esto bastaba para cinco o seis años si no hacía nada para mejorar su situación.
2371.8
millones de córdobas sumó el déficit operativo del INSS en 2017. El mismo casi se duplicó en 2018, alcanzando los 4738.9 millones de córdobas.
158 000
cotizantes perdió el INSS en 2018, más otros 15 069 en 2019. El déficit del INSS es grande y crece cada año. La sangría continuará, alerta Funides.
54 620
pensiones de vejez reducida proporcional se concedieron entre julio 2013 y diciembre 2018, con un costo superior a los 5000 millones de córdobas.
- Lean segunda entrega:Vivir sin cobertura del Seguro Social.
