Redacción Confidencial / Última Entrega
4 de mayo 2023
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El general de Ejército Julio César Avilés Castillo guardó un silencio ensordecedor el domingo 8 de julio de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega movilizó a más de 2000 hombres armados para atacar el departamento de Carazo, ubicado en el suroriente de Nicaragua.
El operativo duró tres días. Según los informes de organismos de derechos humanos, asesinaron a 22 personas en una masacre que las Fuerzas Armadas describieron como “actividades de orden público” en un comunicado de 194 palabras emitido cuando terminaron las acciones armadas.
La cuna natal de Avilés, la ciudad de Jinotepe –ubicada en ese departamento– estuvo entre los lugares agredidos por hombres portando ametralladoras soviéticas PKM, fusiles de francotirador Dragunov y lanzacohetes RPG-7, de acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El Ejército negó su participación en la represión y dijo que tenía control sobre su “personal, armamento y medios”.
La tensión se mantuvo durante días, después que la Policía y paramilitares despejaron violentamente las barricadas, levantadas por la población en el contexto de las protestas contra Ortega. Muchos de los sobrevivientes huyeron de sus casas para salvar la vida y los padres que quedaron no se movían de las puertas, esperando sin éxito que sus hijos regresaran sanos, después de la Operación Limpieza, según un testigo.
Legalmente, el Ejército participa en el “sistema nacional de seguridad soberana”, a través de la Dirección de Información para la Defensa (DID), encargada del espionaje de Estado desde las estructuras castrenses. Los moradores de Carazo señalaron desde entonces la responsabilidad de Avilés y los militares, no solamente por el asunto jurídico, sino por el tipo de armas usadas en el ataque coordinado en esa zona.
“Avilés no solo calló, actuó, (los del régimen) mandaron a acribillar a la gente en Carazo, sobre todo en la tierra del general. Por eso, nadie lo quiere allá. La mayoría de muertos fueron jóvenes, se ensañaron con ellos”, dice Agustín, un poblador que conoce directamente a la familia de Avilés y se pregunta cómo pudo permitir que corriera tanta sangre.
Viendo para otro lado, o bajo la sombra de crímenes cometidos en el campo por sus oficiales entre 2015 y 2019, el general Avilés, de 67 años, es hoy un “soldado leal” a la dictadura. En trece años de gestión, convirtió a la institución militar en uno de los pilares del poder de Ortega, en medio de las crecientes inconformidades internas y la presión internacional para que Nicaragua retorne a la democracia.
Un alto oficial en condición de retiro, que conoce personalmente al general, opina que tiene fama de “calculador”, y destaca como parte de su gestión “la corrupción, desprofesionalización, deslealtad al pueblo y a la Constitución”.
Para construir el perfil periodístico sobre el jefe del Ejército, CONFIDENCIAL consultó con otros militares en retiro para rastrear sus huellas en la institución, con especialistas en temas de seguridad, defensores de derechos humanos y una de las víctimas de un operativo castrense en noviembre de 2017.
También consultamos diversas fuentes documentales y conversamos con la comandante guerrillera Mónica Baltodano, quien fue su jefa en la guerrilla sandinista.
A pesar de que algunos de los entrevistados para este reportaje están en el exilio, solicitaron el anonimato para evitar represalias a sus familiares en Nicaragua. Uno de ellos describe a Avilés como un hombre “despiadado que se mueve en las sombras” y con gran capacidad para “saber adular al poder”, lo que le permitió subir en el escalafón militar y sostenerse en el máximo nivel.
Otro rasgo de su personalidad es la “toma de decisiones con mano pesada”, lo que valoran como positivo para un militar en circunstancias adversas. Es recordado como “hábil” haciendo negocios con quien se le ponga enfrente. “Recuerdo que una vez un productor les dijo a varios militares en una reunión, que Avilés lo había impresionado, porque no llevaba un minuto hablando con él y ya le estaba ofreciendo de venta alambre para que lo ocupara en sus fincas”, rememora una fuente.
El control del orteguismo en las Fuerzas Armadas
El jefe militar dirige una institución integrada por 15 705 miembros en 2023, según los datos oficiales del Estado de Nicaragua. Las Fuerzas Armadas nacieron en la revolución sandinista, pero vivieron una etapa de profesionalización entre 1990 y 2007, hasta que el mismo Ortega lideró su proceso de involución y garantizó el retorno al redil partidario.
El retroceso empezó cuando el gobernante le recordó a la cúpula militar su origen sandinista en enero de 2007, y meses más tarde se expresó contra la disposición constitucional que establece su carácter y principios.
“Apolítico es un perro, un elefante, un león, un gato, los animales domésticos son apolíticos, pero los seres pensantes ¡no pueden serlo! (…) Todos somos seres políticos y no hay un soldado, un policía, no hay un ciudadano nicaragüense de la ciudad y el campo, que no sea un ser político”, dijo Daniel Ortega en un acto público, en diciembre de 2007.
Así, delante del alto mando militar, se pronunció en contra del artículo 93 de la Constitución Política, que establece que “el Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante”.
Para la siguiente elección presidencial, en 2011, Ortega anuló los candados constitucionales que prohibían la reelección presidencial continua y se presentó en fórmula con el ya entonces general de Ejército en retiro, Omar Halleslevens Acevedo, sentado a su lado en aquel acto de diciembre.
El mandatario siguió sus coqueteos con los oficiales y planteó una alianza política. Con el retiro de Halleslevens, en 2009, nombró a Avilés como nuevo comandante en jefe y desde entonces lo ha prorrogado en el cargo por tres períodos.
El general Avilés realizó estudios militares especializados en transporte en la Escuela Interarmas General Antonio Maceo, en Cuba, y fue educado en infantería en Francia, pero Ortega destacó su trayectoria sandinista.
En su currículum militar hay otro dato que no es menor en el círculo del actual gobernante, constituido por conspiradores forjados en la lucha antisomocista: Avilés dirigió la sección de Inteligencia y Contrainteligencia hasta su ascenso a la Jefatura del Estado Mayor General en 2005, cuando asumió como el segundo al mando del general Halleslevens.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Avilés el 22 de mayo de 2020, por estar políticamente alineado con Ortega. Enfatizaron que se había negado a desarmar a los paramilitares que atacaron a la población en 2018. Según registros periodísticos, un grupo de la sociedad civil demandó al Ejército que asumiera esa postura el 2 de julio de ese año. Seis días antes del inicio de la agresión en Carazo.
Sin embargo, Avilés incluso negó la existencia de los grupos armados pro Ortega, y defendió la posición de no intervenir, argumentando que se apegaban a la “Constitución” e instando a que hubiese un diálogo político.
“Los militares proporcionaron armas a los parapoliciales que realizaron actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertos, importantes hechos de violencia y abusos a los derechos humanos de las personas asociadas a las protestas”, sostuvo un comunicado oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En junio de 2021, Estados Unidos también castigó al general de brigada Julio Modesto Rodríguez Balladares, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del Ejército.
El segundo en la cadena de mando del Ejército, el mayor general Bayardo Rodríguez Ruiz, también fue sancionado en enero de 2022, así como el jefe de la Dirección de Personal y Cuadros del Ejército, el general de brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz.
En ese proceso de absorción de los militares al servicio de Ortega fueron claves varios factores: establecer una relación directa de los altos mandos con el “jefe supremo”, aumentar la partida presupuestaria, financiar millonarios negocios del IPSM y atraer a decenas de oficiales retirados a la función pública. El más destacado de ellos fue precisamente el general en retiro Omar Halleslevens, quien ejerció como vicepresidente en el período 2012-2017.
“Avilés forma parte del grupo de la comunidad de contrainteligencia, que durante los años 90 se dedicó a marcar a aquellos oficiales que trabajaban por crear las bases de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Al asumir la jefatura, Halleslevens comenzó la purga de aquellos oficiales”, explicó un militar en retiro a CONFIDENCIAL.
Aquel “soldado de la patria”
La alianza castrense con el orteguismo tuvo su mayor expresión pública cuando el Ejército respaldó las reformas constitucionales que permitieron la reelección indefinida del gobernante en 2013. A cambio, Ortega modificó el Código Militar para permitir la continuidad de Avilés y lo instauró como un caudillo en las Fuerzas Armadas.
En noviembre de 2013, Avilés declaró a los periodistas, que era un “soldado de la patria, disciplinado. Y sí hoy aquí estoy en este cargo y mañana a mí me dicen que debo estar a cargo de una tarea específica, alrededor del Río San Juan, o en el Caribe nicaragüense, pues ahí vamos a estar”.
Menos de un mes después de sus declaraciones, Avilés ordenó el retiro de su número dos y sucesor según la tradición militar hasta entonces, el mayor general Óscar Balladares Cardoza, a quien Ortega nombró al día siguiente como “asesor presidencial para asuntos de infraestructura con rango de ministro”, sin ninguna función específica.
Ortega rompió de ese modo con el proceso de sucesión y ascensos en la cúpula militar para instaurar un esquema político, en el que Avilés resultó inamovible en la última década, mientras fueron cambiados dos veces con su aprobación el equipo de la Comandancia General: el jefe del Estado Mayor y el inspector general.
De hecho, el primer alto jefe militar que sacó de la cadena de mando fue al mayor general Denis Membreño Rivas, a quien nombró como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) el 21 de septiembre de 2012, es decir poco más de un año antes de que sacara a Balladares.
Para el militar en retiro consultado para este reportaje, el actual jefe del Estado Mayor Bayardo Rodríguez y el inspector general Marvin Corrales son reconocidos por plegarse a Ortega en un ambiente de lealtad cultivado desde el antiguo Ejército Popular Sandinista.
“Si revisamos la cadena de mando, permanece estática y las salidas de oficiales se hacen sigilosamente en los últimos años. Con Ortega se acabó el orden de la prelación y la antigüedad. Con la introducción de la mano de la señora (Rosario Murillo) te puedo asegurar que, de coronel para arriba, venía un obsequio directo a ellos. Todas esas estrategias –agregó– eran para dominar la estructura real de poder que es el Ejército”.
Hijo de un defensor de derechos humanos
En Jinotepe, al general lo llamaron de varias maneras a medida que fue creciendo: el chele, pelo de mondongo (por pelirrojo), Avilés a secas, el general. Nació el 11 de agosto de 1956 y se crio en una casa esquinera vieja, techo de tejas, en el populoso Barrio San Antonio.
Está casado con Concha Marenco de Salinas y tiene trece hijos. Es hijo de Oneyda Castillo Vega y Julio Avilés, un abogado de origen conservador que trabajó en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y cayó varias veces preso durante el somocismo, recuerda la comandante guerrillera Mónica Baltodano.
Un jinotepino que lo conoce asegura que no es un gran lector y que le encantan las rancheras, en especial las de “Paquita la del Barrio”. Es de orígenes humildes. Su abuelo Eudoro Avilés vendía leche, queso y cuajada en su vivienda ubicada sobre la misma calle donde se crio el general.
El jefe militar es el mayor de una familia integrada por sus hermanos Ivón, Claudia, Alma Celeste —médica y coronel— y el notario Bolívar Antonio. Hace años perdieron en un accidente de tránsito a su hermana Ibis Avilés Castillo, a quien varios vecinos recuerdan como una mujer “muy apreciada”.
Las mismas fuentes sostienen que el general destacó, desde la niñez, por su mal carácter. Siempre buscaba el conflicto. “Avilés era callejero, bochinchero, igualito a su hermano. Se parecen mucho”, opinan.
Baltodano, crítica del régimen de Ortega y quien fue responsable de Avilés cuando él era joven en la guerrilla, afirma que el seudónimo del general fue “Maynor” y protagonizó junto a sus compañeros de generación “páginas heroicas” en la lucha contra el somocismo.
“Era de los chavalos de secundaria, aventados, audaces, hasta un poco locos, en su natal Jinotepe. Estos muchachos protagonizaron páginas heroicas. La Guardia somocista los reprimió duramente, y varios de sus compañeros de generación cayeron brutalmente asesinados, en masacres como la del 9 julio de 1978, o en agosto la de Álvaro ‘el cabo Sánchez’”, precisa Baltodano.
Después del asesinato de “el cabo”, Avilés siguió conspirando, pero en Managua. Durante la insurrección de 1978, participó en las actividades de la actual Ciudad Sandino, conocida entonces como Open-3. Posteriormente fue trasladado al norte, a las unidades de combate rurales de la facción del Frente Sandinista, conocida como Guerra Popular Prolongada (GPP), que mantenía a la montaña como el eje central político y militar.
Durante la década de los ochenta, en plena guerra civil, el general ocupó distintos cargos: Jefe de la Sexta Región Militar-Matagalpa, jefe del Estado Mayor de la Primera Región Militar-Estelí y segundo jefe de la Dirección de Transporte.
La primera vez que Ortega habló de Avilés fue cuando informó en 2009 a una multitud de militantes sandinistas que el “pueblo presidente” lo escogió como el nuevo comandante en jefe para el período de 2010- 2015. El militar ni siquiera se encontraba presente, pero el dictador se encontraba flanqueado por su esposa Rosario Murillo y su hijo Laureano, vistiendo una camiseta con una calcomanía que decía: “Yo amo al FSLN”.
En ausencia, entonces, Ortega nombró a Avilés y ratificó los vínculos partidarios que unían a ambos personajes. “El Ejército propone a un compañero que nació en Jinotepe, Carazo. Que a los 14 años fue capturado por la genocida Guardia somocista, cuando él estudiaba en el Instituto Juan José Rodríguez. Siendo un muchacho estaba luchando contra la dictadura”, destacó Ortega.
“Ha puesto todos los servicios de Inteligencia al servicio de El Carmen (residencia y despacho de Ortega y Murillo): el espionaje y las operaciones de inteligencia fueron más que evidentes desde 2007”, agregó el exoficial que considera que esa área militar resultó también muy importante en la crisis de 2018.
Baltodano critica la represión contra los ciudadanos en esos días de crisis y asegura que todos “fuimos testigos” del uso de armas de guerra de parte de los armados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Los operativos fueron especialmente violentos. En esos días recibí llamadas que me hacían colaboradores de la lucha antisomocista. Algunos tuvieron que salir al exilio. Recuerdo la indignación de Sonia Aguilar (q.e.p.d.), una histórica luchadora, quien afirmaba que el propio Avilés estuvo vinculado a ese operativo, en el que se sentía implicado por ser Jinotepe su ciudad natal”, evoca la exjefa guerrillera.
La impunidad de los crímenes en el campo
El 23 de enero de 2015, el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, originario de Matagalpa, supo que había pasado algo grave en la comunidad de Pantasma, en la vecina Jinotega al norte del país, donde una “mochila bomba” acabó con la vida de dos personas que eran señaladas de pertenecer a grupos armados con fines políticos. De acuerdo con pobladores y organizaciones de derechos humanos, el Ejército fue el responsable de ese bombazo.
El tercer muerto fue el brigadista de salud Modesto Duarte, en cuyo cuerpo hallaron huellas de tortura. Arce formaba parte entonces del Cenidh. Y viajó más de dos horas hasta la zona. Al llegar, encontró que velaban a Duarte en su casa.
El defensor de derechos humanos decidió subir hasta una “montañita” cercana, donde encontró pedazos de restos humanos. “Vemos como a los 300 metros unos zopilotes y lo que encontramos varios fue un pie en un árbol”, precisa el abogado, quien al momento de esta entrevista se encontraba en Ginebra, Suiza, donde participó como representante del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más en actividades de la sesión 52° del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
El caso de la “mochila bomba” de Pantasma permanece en la impunidad, igual que otros más denunciados durante la última década en Nicaragua. Según el Libro Blanco, presentado por la dictadura el 3 de enero de 2018 para intentar lavarle la cara a las autoridades, la Policía y el Ejército participaron en el asesinato de 16 personas, a quienes identificaron como “delincuentes” y responsabilizaron de “robos y crímenes”.
Los “eliminados” por el Estado fueron Gabriel Garmendia Gutiérrez, alias “Yahob”; Joaquín Tórrez Díaz, “Cascabel”; Enrique Aguinaga, “El Invisible”; Rafael Dávila Pérez, “Colocho”; Dennis Gámez Rugama, “Rigoberto”; Santiago Palacios Sevilla, “Waina”; Saúl Palacios Navarrete, “Youdanis”; Bernardo Martínez, “Zapoyol”; Francisco Reyes Martínez, “Cinco Pinos”; Gerardo Gutiérrez, “El Flaco”, entre otros.
Arce sostiene que estos crímenes tienen fines políticos. Por eso, agrega, hay una clara responsabilidad de la cadena de mando militar, encabezada por Avilés. Entre los ejecutados hay supuestos rearmados contra Ortega, otros son opositores —algunos excontras— y otros campesinos que fueron víctimas por estar en el momento “equivocado”.
“Ese señor que ocupa el cargo de general de Ejército tiene toda la responsabilidad sobre esos crímenes que han ocurrido en el campo. Que son decenas y que están en la impunidad”, denunció Arce en referencia a Avilés.
En noviembre de 2017, la campesina Elea Valle conoció de primera mano el horror. Se encontraba en su casa en la comunidad San Antonio de La Cruz del Río Grande, en el Caribe Sur nicaragüense. Su esposo Francisco, conocido como “el Charrito”, se había enmontañado con “Colocho”—citado en el Libro Blanco como delincuente— para combatir contra la dictadura. Ambos eran hermanos y los acompañaron en su lucha dos campesinos más.
El 12 de noviembre de ese año, Elea fue avisada de que el Ejército asesinó a su esposo y sus hijos Yojeisel Elizabeth y Francisco Alexander, de 16 y 12 años respectivamente, cuando los niños fueron a encontrarse con su padre, porque les daría un dinero en la comunidad San Pablo 22.
Los enterraron en una fosa común, después de que los militares entregaron los cuerpos a un grupo de 280 pobladores. Al llegar a la comunidad, Valle encontró todavía los cadáveres de los niños en un potrero, mientras las otras víctimas ya estaban bajo tierra.
“Mis dos hijos estaban irreconocibles. Los mataron el domingo 5 de noviembre a las cinco de la mañana y los mantuvieron tirados en un potrero. A la niña, la misma gente le había trepado la ropita, porque la habían dejado totalmente desnuda. Yo eché la mirada para dentro del pozo (tumba) y miré a mi esposo y mi cuñado. Miré mi vida destrozada. Deseaba morirme e irme junto con ellos”, relata Valle.
La campesina acudió cuatro veces ante las autoridades policiales en Managua, para pedir que le entregaran los cadáveres. Pero nunca lo permitieron y los militares llegaron incluso a custodiar la fosa común hasta el 2 de noviembre, que es cuando se conmemora a los muertos.
Su caso se conoció tanto en el ámbito nacional como internacional. Ella asumió el riesgo de la denuncia hasta que se exilió para resguardar su integridad, en julio de 2021. “Si yo tuviera enfrente al general Avilés le diría que no sea cruel, porque él es un padre. A él le dolería si fueran sus familiares”, dice Elea Valle.
La lealtad a Ortega
Para Baltodano, el balance que se puede hacer en los trece años de gestión de Avilés al frente será recordado como el de la “perversión de la institución armada”.
“El Ejército se venía construyendo como una institución nacional, apolítica, apartidista. Era un componente esencial para la paz y la estabilidad del país. Bajo el mando de Avilés todo eso se cayó y el Ejército se convirtió en un ordinario aparato de control del dictador”, lamenta la exguerrillera Mónica Baltodano.
El 2 de septiembre de 2019, en ocasión del aniversario del Ejército, Avilés acusó a los organismos no gubernamentales de hacer llamados a los militares para que abrieran la posibilidad a un “golpe de Estado”, al “Gobierno legítimamente constituido”, en referencia a Ortega y Murillo. “Lo que jamás haremos”, sentenció.
Avilés agradeció a Ortega por su respaldo para fortalecer las capacidades castrenses y le aseguró que contaban con esa institución para seguir en el camino de la “estabilidad”.
Para Baltodano, autora de la serie Memorias de la Lucha Sandinista, el Ejército de hoy es la guardia pretoriana de Ortega. Tanta es su lealtad que guardaron silencio cuando se conoció la muerte en la cárcel del general de brigada en retiro y prisionero político, Hugo Torres Jiménez, el 12 de febrero de 2022.
“Fue una vergüenza deshonrosa para los mandos que a Hugo Torres no le rindieran los honores de un general en retiro, que además murió siendo injustamente prisionero del Gobierno. El silencio del Ejército, que no se atrevió ni siquiera a sacar un comunicado –lamenta Baltodano– solo se explica por la actitud servil de Avilés frente a Ortega y Murillo”.
*Este reportaje es parte de la serie “Los militares de Daniel Ortega”, una investigación especial de CONFIDENCIAL, con el apoyo de Connectas, sobre la relación de Daniel Ortega con el Ejército de Nicaragua, que incluye la donación de casi un centenar de propiedades, el incremento millonario de su presupuesto y efectivos, y la estructura de mando bajo el general de Ejército, Julio César Avilés.
