20 de agosto 2019
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El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército de Nicaragua, era hasta antes de la crisis de abril de 2018, uno de los grupos inversionistas con mayor rentabilidad en Nicaragua, aunque sus inversiones son manejadas en sigilo al margen del escrutinio público.
Pese a que la Contraloría General de la República está facultada para auditar las cuentas del Instituto, la CGR nunca ha auditado directamente los recursos de este ente público, sino que acepta las auditorías privadas contratadas por el mismo IPSM, que se mantienen en reserva.
Ilustración | CONFIDENCIAL
El Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar establece que el IPSM contratará a una firma externa de auditoría para que elabore informes anuales de las operaciones realizadas por el Instituto, que serán presentadas a la administración y la CGR.
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El general en retiro Joaquín Cuadra, exjefe del Ejército, ha sido el único en presentar públicamente un informe auditado —por una empresa extranjera— del IPSM. Lo hizo en 1995, un año después de constituirse el Instituto. Según la auditoría, entre 1994 y 1995, el Instituto registró unas utilidades de cinco millones de dólares, todo un éxito en una Nicaragua que iniciaba su reconstrucción después de una década de guerra.
Esa fue la única y última vez que un jefe del Ejército mostró públicamente las cuentas del IPSM. Desde esa fecha han seguido años de silencio al respecto. En 2012, un reportaje de CONFIDENCIAL —basado en una auditoría de la firma Deloitte & Touche— reveló que el IPSM tenía en 2002 un capital de 29.5 millones de dólares, que para 2009 se había incrementado a 72.3 millones de dólares. Fuentes de la entidad castrense afirmaron, en ese entonces, que los fondos del IPSM podrían rondar entre los 90 y 100 millones de dólares, de estos al menos un 35% estaban invertidos en bonos en Estados Unidos.
El capital del IPSM se divide entre las inversiones en el exterior (Estados Unidos y Panamá) y nacionales. Las inversiones en EE. UU. son de bajo riesgo, porque corresponden específicamente a dinero del fondo de pensiones de retiro de los afiliados. Mientras que los demás negocios son para diversificar la cartera, hacer crecer las utilidades y ofrecer más beneficios a los afiliados. Son fondos separados, que se manejan con extremo secretismo.
En la actualidad, el IPSM está dirigido por el coronel Julio Modesto Rodríguez Balladares, quien rinde cuentas ante la Junta Directiva, que está encabezada por el jefe del Ejército, general Julio César Avilés Castillo, e integrada por militares y civiles, entre ellos el jefe del Estado Mayor, mayor general Bayardo Rodríguez; el inspector general, mayor general Marvin Corrales; el jefe de Personal y Cuadros, Bayardo Pulido; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalván; y el director ejecutivo del INSS, Roberto López.
Negocios y alianzas
El IPSM participa en empresas diversas, unas con capital propio y otras con inversiones asociadas, que ofrecen servicios de construcción y comerciales diferenciados.
El conglomerado empresarial de la entidad castrense posee también inversiones en el sector de las urbanizaciones, bienes raíces, financieras, seguros, servicios de seguridad y resguardo de valores, turismo, supermercados, servicios médicos, y universidades.
Un estudio publicado en 2008, por el investigador Eduardo Marenco, indicó que las empresas y propiedades del IPSM son de tres tipos: las heredadas en los años de 1980, que son de su completa propiedad; las compañías donde solo es socio, como el Banco de Finanzas (BDF) y la aseguradora ASSA, y los complejos y terrenos militares que son parte de su patrimonio.
“Al estar interconectadas las empresas entre sí, retroalimentarse mutuamente y el contratar periódica y sistemáticamente entre sí, es una de las principales características de las empresas asociadas al IPSM”, señaló el estudio.
Esa característica de funcionar en circuito se cumple al ciento por ciento en el negocio de las urbanizaciones. Los proyectos son llevados a cabo por las dos constructoras de los militares: Construcciones Nicaragüenses Asociados (Coniasa) e Inmuebles Nicaragüenses (Innicsa). Los materiales son adquiridos en las ferreterías o distribuidoras del IPSM. Una vez terminadas, las casas pueden ser adquiridas a través de préstamos del BDF, y aseguradas por ASSA.
Las inversiones del Fondo de Pensiones
Otro de los secretos del IPSM son sus inversiones en los Estados Unidos. Se conoce que el Instituto ha invertido en la Bolsa de Valores de Nueva York. Además, ha adquirido bonos del Tesoro de Estados Unidos, así como la compra de acciones de empresas y fondos de inversión.
Las inversiones del IPSM en la Bolsa de Valores de Estados Unidos se estiman en unos 30 millones de dólares y son manejadas a través de varias firmas especializadas, entre ellas: Russell Investments, Reverence Capital Partners y TA Associates.
En noviembre pasado, un grupo de nicaragüenses en Estados Unidos inició una campaña para que estas firmas de inversión dejen de administrar el Fondo de pensiones del Ejército, al que señalan de “proporcionar armas de guerra a las fuerzas armadas irregulares”.
En una carta, los ciudadanos indican que “la diáspora nicaragüense en los Estados Unidos” se acerca a esas firmas de inversión “porque el Gobierno de los EE. UU.” les ha informado que “el Ejército nicaragüense tiene varios millones de dólares depositados” a través de esas empresas.
Las pensiones de los militares
Mantener un fondo de pensiones de retiro, al margen del Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), fue la razón de ser del IPSM, aunque por la buena andanza de las inversiones, el Instituto ahora ofrece otros beneficios a sus afiliados. De mayor a teniente coronel pueden aspirar a una casa, a un carro, a becas en el exterior para los hijos. Todo a través de préstamos.
Dentro del IPSM solo están cobijados los oficiales con rango superior a teniente. Los militares con rango inferior cotizan al INSS.
Daniel Ortega en la celebración del 38 aniversario del Ejército de Nicaragua. Foto | Presidencia
El IPSM funciona con lo que aporta el Estado como empleador, y cada oficial como empleado, que en ningún caso sobrepasa el 10% del salario mensual. Los aportes del Gobierno se incluyen en el presupuesto anual del Ejército. La cotización es pagada: un tercio el afiliado y dos tercios el Estado.
El capital semilla del IPSM provino de al menos 24 millones de dólares que se obtuvieron por la venta de Gobierno a Gobierno de una flota de los helicópteros Mi-24 y Mi-25 a Perú, y del sistema de radares a Ecuador. Con esos recursos se pudo “simular” que los oficiales del Ejército habían cotizado entre 1979 y 1994, año en el que comenzaron realmente a cotizar.
Entre más recursos tiene el IPSM, mayor será la pensión de retiro, que el máximo será el 90 % del último salario. Hace unos cuatro o cinco años, un coronel podía retirarse con unos 2500 dólares mensuales, un monto mayor que el máximo que permite la jubilación en el INSS.
El IPSM, en su página web, explica que un oficial que se retira a los 40 años de Servicio Militar Activo (SMA), recibe una pensión equivalente al 90% de su salario mensual; si se jubila a los 35, le otorgan una pensión del 85%; si lo hace a los 32, le dan el 80%; y si se retira a los 30, recibe el 75% de su salario.
Los oficiales tienen la opción de retiro prematuro, pero en este caso, la pensión se reduce considerablemente. El IPSM estipula que si un oficial se retira con 27 años de SMA recibirá el 62% de su salario; si se jubila a los 24, recibirá un 50%; y quienes lo hagan a los 21, solo obtienen el 41%.
El IPSM contempla también el retiro por incapacidad permanente, en este caso el oficial recibe tres años de salario, según información de la página web.
