1 de septiembre 2022
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Después de quince meses de cárcel, la justicia al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, comenzó a presentar a los presos políticos de El Chipote, bajo la “inventada” figura de “audiencia informativa”. Aunque se desconoce el objetivo real del régimen con su exhibición, el hecho ocurre tras las reiteradas denuncias de sus familiares sobre una drástica reducción de alimentos que ha provocado su desnutrición y adelgazamiento extremo, además del agravamiento de enfermedades preexistentes o problemas de salud adquiridos en prisión, donde sufren maltratos físicos y sicológicos.
CONFIDENCIAL presenta este recuento de cómo estaban los nicaragüenses, que hoy son presos políticos en El Chipote, antes de la cacería desatada por la dictadura a finales de mayo de 2021, y cómo están ahora. Además, muestra los retratos hablados de algunos de ellos, presentados por sus familiares en la campaña "Sé humano", que comprueban la veracidad de sus estados, denunciados antes de su presentación.
Los extrabajadores de la FVBCh: primeros presos políticos de la cacería de 2021
A partir del martes 30 de agosto de 2022, el régimen de Daniel Ortega comenzó a presentar por primera vez, en más de 14 meses de arresto, las primeras imágenes de los presos políticos que han permanecido aislados y bajo torturas físicas y sicológicas en las celdas de El Chipote. Los extrabajadores de la FVBCh fueron los primeros en ser exhibidos ante la justicia orteguista y una batería de medios de la propaganda del régimen.
El 20 de mayo de 2021, el régimen orteguista ejecutó el segundo allanamiento ilegal al estudio de grabación de CONFIDENCIAL y Esta Semana, dirigidos por el periodista Carlos F. Chamorro, y tras el primero de decenas interrogatorios en el Ministerio Público en contra de periodistas y profesionales, ordenó el secuestro de dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh): Marcos Fletes (contador) y Walter Gómez (financiero), el 28 de mayo. Dos semanas después, el 15 de junio, detuvo a Pedro Vásquez, conductor la Fundación, tras citarlo a la Fiscalía por el caso de supuesto lavado de dinero por el que condenó a Cristiana Chamorro, expresidenta de la organización y precandidata presidencial.
Después de siete días de audiencias maratónicas, el 11 de marzo, Gómez y Fletes fueron condenados a trece años de cárcel, cada uno: cinco años por presunto lavado de dinero; cuatro años por la supuesta apropiación indebida; dos por gestión abusiva y otros dos por presunta falsedad ideológica. Vásquez fue sentenciado a siete años por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.
Los tres extrabajadores fueron condenados en el juicio político contra la FVBCh, por la que también fueron condenados Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijos del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y la expresidenta de la República, Violeta Barrios de Chamorro.
Familiares de Fletes han expresado preocupación por su deterioro físico: una evidente pérdida de peso, que revela una mala nutrición, una condición que empeoraría su padecimiento de diabetes. Fletes tiene tres hijos: de quince años, doce y dos años, por quienes pregunta cada vez que puede ver a sus familiares.
María Consuelo Céspedes, esposa de Gómez (55 años), denunció en marzo de 2022 que su marido ha perdido más de 50 libras y padece problemas en la piel (psoriasis). Además, sufre “trastorno depresivo ansioso”. En los interrogatorios, a Gómez le aseguraron que también habían detenido a parte de su familia y que sería condenado a tres décadas de cárcel. Las secuelas de tortura lo hacen ver débil, encorvado, y con ciertos tics nerviosos, como un movimiento similar a una mecedora. La mayor parte del tiempo lo mantienen en una celda oscura.
Norma Maribel Vega Ríos, esposa del conductor Pedro Vásquez Cortedano (60 años), ha denunciado que él padece mareos y ha perdido más de 40 libras de peso. También ha presentado síntomas de presión alta. En marzo de 2022, la esposa describió que lo vio pálido, cabizbajo y que en la última sesión judicial de esa fecha no podía sostenerse en pie.
Los líderes estudiantiles encarcelados en El Chipote
El 30 de agosto fue exhibido el líder estudiantil Lésther Alemán, quien increpó a Daniel Ortega y exigió su renuncia, durante en el inicio del primer intento de "Diálogo Nacional", en mayo de 2018, tras los primeros días de la masacre orteguista contra el estallido social de abril. Y también, el presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Max Jerez. Ambos fueron secuestrados por la Policía Nacional, el 5 de julio de 2021.
El día previo, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) informó que Jerez y Alemán tuvieron un décimo encuentro con sus familiares el 27 y 28 de agosto, y las familias constataron su deterioro, comprobado ahora en las primeras imágenes públicas desde su detención y condena arbitraria.
La familia de Alemán constató que “continúa con serios problemas médicos en su pierna derecha y padeciendo taquicardia y migraña”, sin recibir atención médica especializada ni oportuna, con lo que temen "secuelas físicas de por vida y dificultades para caminar o movilizarse”.
AUN agregó que Jerez “ha sobrellevado este proceso con mucha resiliencia, agradeciendo todas las muestras de solidaridad, apoyo y fortaleza”.
La madre de Jerez, Heidi Meza Torres, falleció el 17 de septiembre de 2021, tras varias semanas de estar enferma, en una condición que se agravó desde el secuestro de su hijo.
Cuatro de siete precandidatos presidenciales siguen en prisión por órdenes de Ortega y Murillo
Durante la persecución política de 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron encarcelar a siete precandidatos o aspirantes presidenciales que esperaban competir en las votaciones de noviembre de 2021, reducidas a una "farsa electoral" desconocida por la mayoría de la comunidad internacional.
Los precandidatos convertidos en reos de conciencia son: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. De ellos, tres están bajo "casa por cárcel" y cuatro en celdas de El Chipote, presentados este 30 y 31 de agosto: el economista Juan Sebastián Chamorro; el líder campesino Medardo Mairena Sequeira; el cofundador de 100% Noticias, Miguel Mora Barberena, y el politólogo Félix Maradiaga Blandón.
La presentación de los presos políticos comenzó horas después de que familiares de los reos de conciencia denunciaron que sufren “desnutrición y adelgazamiento extremo”, por una reducción drástica e “incompatible con la vida” en los alimentos que reciben, mientras siguen bloqueando el ingreso de medicinas y alimentos enviados por familiares.
“Estamos sumamente alarmados por la reducción drástica de las raciones alimenticias después de la última visita, llegando a extremos incompatibles con la vida. El aumento en las raciones reportadas en nuestro comunicado anterior, no solo no se mantuvo, sino que se redujeron más que nunca, provocando más desnutrición y adelgazamiento extremo que nos tiene sumamente preocupados”, indicaron los familiares en un comunicado conjunto, divulgado en una conferencia de prensa, el 29 de agosto.
La respuesta del régimen fue una serie de “audiencias informativas”, encabezadas por el magistrado Octavio Ernesto Rothschuh, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que notificó a los opositores cómo marcha el "proceso judicial". A las sesiones solo tuvo acceso la prensa oficial y medios ligados al orteguismo, que compartieron en sus plataformas digitales fotografías y videos de los prisioneros.
En las imágenes, los presos políticos se ven claramente más delgados y pálidos --por la falta de horas de "patio" en las que puede recibir luz del sol--, aunque los medios de propaganda del régimen afirman que están “gozando de perfectas condiciones de salud”.
Tres precandidatos o aspirantes presidenciales tienen "casa por cárcel", y solamente una vez se ha mostrado foto de uno de ellos. Se trató de la aspirante presidencial independiente Cristiana Chamorro, en abril de 2022. Quienes están bajo "arresto domiciliario" son:
- Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en "casa por cárcel" desde el 2 de junio de 2021, cuando allanaron su vivienda bajo un fuerte dispositivo policial en el que varios periodistas y ciudadanos fueron golpeados por agente antimotines.
- Arturo Cruz Sequeira, exembajador de Nicaragua en Estados Unidos y catedrático universitario, arrestado al regresar al país en el Aeropuerto Internacional de Managua, el 5 de junio de 2021, y trasladado a arresto domiciliar el 19 de febrero de 2022, por "problemas de salud", según comunicado del régimen.
- Noel Vidaurre, el político conservador fue citado por el Ministerio Público para ser investigado por "traición a la patria", bajo la Ley 1055, con la cual fue condenado, y permanece incomunicado y aislado en su residencia desde el 24 de julio de 2022.
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presos políticos mantiene la dictadura orteguista en Nicaragua. Más de 60 de ellos arrestados de mayo a noviembre de 2021.
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reos políticos detenidos de mayo a noviembre de 2021 están en celdas de El Chipote, y la dictadura comenzó a presentarlos.
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reos de conciencia detenidos de mayo a noviembre de 2021 tienen "casa por cárcel"; diez son mayores de 60 años.
Las cuatro presas políticas aisladas y en confinamiento
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó por primera vez a las cuatro presas políticas que, por más de 14 meses, ha mantenido aisladas y en confinamiento solitario en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote. Medios oficialistas mostraron fotografías de las prisioneras Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Suyen Barahona, integrantes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que surgió en los noventa como disidente del FSLN.
Las presas políticas Dora María Téllez (exguerrillera sandinista y fundadora del MRS) y Ana Margarita Vijil (expresidenta de Unamos), permanecen detenidas en El Chipote desde el 13 de junio de 2021. Ambas fueron condenadas —en juicios separados y a puerta cerrada en El Chipote— a diez y ocho años de prisión, respectivamente, por supuestamente “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
El 19 de julio, la familia de Téllez divulgó un retrato hablado, a través de la campaña "Sé Humano", en el que dieron una aproximación de su deterioro físico. “Luce muy delgada, envejecida, completamente pálida, su piel está casi traslúcida, se pueden ver incluso sus venas. Ha perdido unas 16 libras de peso y antes de ser apresada no padecía ninguna enfermedad crónica. Hoy su vida está en peligro”, advirtieron.
La familia de Ana Margarita Vijil también ha denunciado su deterioro físico y estiman que ha perdido más de diez libras de peso. En mayo de 2022, su madre, Pinita Gurdián, afirmó que su hija estaba “cada vez más delgada” y que todas las personas presas políticas en El Chipote “padecen hambre”.
Pinita Gurdián: Ana Margarita, vida mía, pido tu libertad incondicional
El único deseo que siento es tener a Ana Margarita a mi lado. Así, mi proceso de curación lo podré llevar con paz y esperanza
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La presidenta de Unamos, Suyen Barahona, fue declarada culpable, en febrero de 2022, por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”. La Fiscalía pidió quince años de cárcel e inhabilitación a cargos públicos. En ningún momento del juicio le permitieron la comunicación con su defensa.
Su esposo, César Dubois, denuncia que él y su hijo de seis años --que están fuera del país por la persecución política--, no han podido ver ni comunicarse con Barahona, ni le han permitido recibir cartas, fotos o dibujos. “Nuestro hijo tiene hoy 443 días sin ver ni oír a su mamá”, reclamó este 29 de agosto.
Barahona está aislada y bajo confinamiento solitario desde que fue capturada el 13 de junio de 2021. Con las condiciones inhumanas de su encierro y raciones alimenticias precarias ha perdido más de 30 libras de peso y tiene afectaciones en la piel y dolor en el cuerpo.
Diez presos políticos de El Chipote siguen sin ver a sus hijos
Dieciocho menores de edad aún no pueden visitar a sus padres ni les permiten comunicarse o mostrar las cartas y dibujos que hacen para sus padres
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Familiares de Tamara Dávila han denunciado su deterioro físico, con una piel pálida y la pérdida de más de 40 libras de peso. Fue encarcelada el 12 de junio de 2021 y condenada, en marzo de 2022, a ocho años de prisión por supuestamente “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Después de más de un año en una celda empernada, fue trasladada a una celda de barrotes donde continúa “aislada, incomunicada, en solitario, y sin recibir atención médica adecuada”. Además, fue obligada, durante más de 14 meses, a no ver a su hija de seis años, hasta este 18 de agosto, luego de presionar la autorización del régimen con una huelga de hambre.
Josefina Vijil: Te quiero contar sobre mi hija Tamara
Exigimos tenerla de regreso, viva y bien. Exigimos su libertad inmediata y de las más de 167 personas presas políticas. Devuélvannos a Tamara
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Empresarios que son reos de conciencia en El Chipote
El 31 de agosto, la justicia orteguista organizó por segundo día consecutivo una serie de supuestas “audiencias informativas” para exhibir a otros diez presos políticos detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, entre ellos empresarios Luis Rivas Anduray, anterior CEO del Grupo Promerica, y Álvaro Vargas, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). También fue presentado el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann. El presidente del Cosep, Michael Healy, fue exhibido el día anterior.
Luis Rivas Anduray, condenado a trece años de cárcel en febrero de 2022, fue presentado ante la sala dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), a cargo del magistrado Noel Pereira, quien aseguró que están a la espera de la contestación de agravios por parte del Ministerio Público para dar trámite al recurso de casación. El empresario fue juzgado políticamente por tres supuestos delitos: “menoscabo a la integridad nacional”, “posesión ilegal de armas de fuego”, y un tercero no especificado.
Fue capturado el 15 de junio de 2021 y, según el politólogo Manuel Orozco --en una entrevista en Esta Semana--, el “pecado” de Rivas fue tener un vínculo directo con el gran capital nicaragüense y el régimen de Daniel Ortega.
El martes, fue presentado el empresario Michael Healy, quien fue arrestado el 21 de octubre y presidía el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula patronal de Nicaragua. Healy fue condenado a trece años de cárcel en mayo de 2022.
Su condena se convirtió en una agresión más en contra del empresario agrícola, al quien el régimen ya había puesto en la mira desde mediados de 2018, y cuya familia fue confiscada, pese ese acto está prohibido por la Constitución Política.
Su deterioro, pese a que aún no cumple un año en prisión, es evidente en una alarmante pérdida de peso, su piel pálida y flácida, que lo hacen lucir en un acelerado deterioro.
Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y vicepresidente del Cosep, fue presentado ante el juez Cuarto Distrito Penal de Juicio en Managua, Ángel Fernández, quien aseguró que están analizando el recurso de apelación introducido por su defensa. Vargas está condenado a nueve años de cárcel por la justicia orteguista.
El gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, fue arrestado el 13 de agosto de 2022, tras el allanamiento y ocupación del diario. Fue condenado a nueve años de prisión por supuesto lavado de dinero y este 31 de agosto, compareció ante la jueza orteguista Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Managua, la misma que lo declaró culpable y sentenció, el pasado 31 de marzo.
Tardencilla le "informó" que está pendiente “la remisión de la causa para designar la sala penal que conocerá de la misma”, después de que su abogado presentó un recurso de apelación.
Holmann fue llevado con engaño a El Chipote, y no había sido visto públicamente hasta este miércoles, una semana después que el régimen consumó la confiscación del edificio del diario, en el que instaló el Centro Cultural y Politécnico “José Coronel Urtecho”, bajo la administración del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
Su extrema delgadez y palidez confirman las denuncias de sus familiares, que en varias ocasiones denunciaron la delicada situación de salud en la que se encuentra. También han alertado agravamiento de problemas en su vista.
Abogados, politólogos y activistas
El abogado Róger Reyes, sentenciado a diez años de prisión por supuesta conspiración para cometer menoscabo, fue informado por el Juez Quinto Distrito Penal de Juicio, Félix Ernesto Salmerón, que su recurso de apelación se presentó fuera del tiempo reglamentario.
Reyes, también integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) ha presentado varios padecimientos físicos y psicológicos en prisión. Ha sufrido depresión, estrés, fuertes dolores de cabeza, estuvo en aislamiento y en huelga de hambre para demandar atención de salud mental.
Los familiares del politólogo y preso político José Antonio Peraza, condenado a diez años de cárcel por supuesta “traición a la patria”, expresaron, en junio de 2022, que temen por su vida porque sufre un deterioro físico “evidente”.
Karol Peraza, hermana del preso político, aseguró que antes de su arresto arbitrario, Peraza "pesaba 210 libras y era fuerte y atlético”, y ahora ha perdido mucho peso y luce un evidente desgaste físico y mental, mientras le siguen negando atención médica oportuna y especializada. Entre los problemas de salud que ha presentado hay pérdida acelerada de peso, problemas en la piel y recurrente infección renal, pese a que antes era un hombre saludable.
El sociólogo y activista Irving Larios fue condenado a trece años de cárcel por los supuestos delitos de “conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas,” en un juicio político a cargo de la jueza Décimo de Distrito Penal de Juicio, Nancy Aguirre Gudiel, quien este miércoles le dijo que su defensa presentó un recurso de apelación de forma extemporánea.
Siete presos políticos presentados el 1 de septiembre
El jueves primero de septiembre de 2022, el régimen de Daniel Ortega presentó a los siete presos políticos que faltaban de un grupo de 27 que han permanecido desde hace más de un año incomunicados, aislados y sometidos a raciones de hambre en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) o El Chipote. Al igual que en las dos rondas anteriores, los medios de propaganda orteguista difundieron fotografías y videos de los reos de conciencia durante unas inventadas “audiencias informativas”, consideradas ilegales por abogados independientes.
El cronista deportivo, Miguel Mendoza, fue detenido el 21 de junio de 2021 y condenado a nueve años de prisión por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Sus familiares han demandado que el régimen de Ortega le permita ver a su pequeña hija, quien se ha visto afectada por la ausencia forzada de su padre. El magistrado de Apelaciones, Octavio Rothschuh, dijo a Mendoza que su expediente está pendiente de ser enviado a la Corte Suprema de Justicia.
En la última visita, realizada del 26 al 28 de agosto, su esposa, Margin Pozo, denunció que la disminución en las porciones de comida que recibe en El Chipote afecta su salud. Mendoza padece diabetes e hipertensión, por lo que debe mantener una dieta pertinente y por el contrario, continúa bajando de peso.
“Me impactó muchísimo cuando lo vi porque está más delgado. No puedo precisar cuántas libras ha perdido porque nos comentó que no lo han llevado a la clínica y no sabe cuál es su peso exacto. Sin embargo, físicamente se ve bastante delgado. Lamentablemente, desde la última visita que tuvimos, le disminuyeron las porciones de comida”, indicó su esposa.
Violeta Granera, de 70 años, está detenida en El Chipote desde el 8 de junio de 2021. Pese a su edad, sus problemas crónicos de presión alta, diabetes y un padecimiento coronario, no ha sido considerada para darle la casa por cárcel, al igual que otros presos políticos con similares condiciones.
Granera fue condenada a ocho años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo. El magistrado Rothschuh le informó que están a la espera de la contestación de agravios -perjuicios contra el preso político- por el Ministerio Público para que su caso sea enviado a la Corte.
Sus familiares han denunciado que su salud sigue deteriorándose en la cárcel, ha bajado de peso, persisten los problemas dentales que afectan la ingesta de alimentos y ha sido sometida a constantes interrogatorios.
María Oviedo, abogada y coordinadora del equipo especial jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fue detenida el 29 de julio de 2021 y condenada a ocho años de cárcel por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagar noticias falsas”.
Oviedo había denunciado en varias ocasiones la violación a los derechos humanos de los reos de conciencia, y estaba a cargo de la defensa de los líderes campesinos detenidos semanas antes de su propio arresto.
La también exfiscal mencionó, durante su juicio político, las irregularidades de su proceso a cargo de la jueza orteguista Ulisa Tapia Silva, del Juzgado Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio. Este primero de septiembre fue informada por el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la sala uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que su caso está pendiente de remitir a la Corte Suprema de Justicia, que deberá emitir una sentencia, según medios oficialistas.
Oviedo ha demandado, al igual que otros reos políticos, le permitan ver a sus hijos y el ingreso de un libro. En enero pasado, sus familiares denunciaron ante la CPDH —organización cerrada por el régimen— que la abogada se encontraba “irreconocible” por los malos tratos a las que estaba sometida en prisión y los escasos diez minutos de sol cada semana.
Los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas fueron arrestados el mismo día que el también líder campesino y exaspirante presidencial, Medardo Mairena, el 5 de julio de 2021. Esta es la segunda vez que los tres integrantes del Movimiento Campesino se encuentran en prisión, ya que en 2018 fueron capturados y acusados por terrorismo, pero en 2019 fueron liberados producto de la Ley de Amnistía creada a medida del régimen de Ortega.
El magistrado Rothschuh le aseguró a Mena que su caso estaba en apelación, sin especificar si ya fue remitido a la Corte.
Pedro Mena y Freddy Navas fueron condenados a diez años de prisión por “conspiración”. Sus familias han denunciado que, al igual que otros reos políticos, los campesinos han bajado de peso y les preocupa su salud por las condiciones en las que se encuentran en El Chipote, donde en más de un año de reclusión apenas han recibido diez visitas.
En el caso de Navas, el presidente de la sala penal dos del TAM, Noel Pereira, sí le confirmó que su expediente ya estaba radicado en la Corte.
Alex Hernández, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) fue capturado el 24 de agosto, acusado por “conspiración” y condenado a diez años de cárcel, el pasado 1 de marzo. Esta es la segunda vez que Hernández se encuentra en prisión, ya que formó parte de los más de 300 reos de conciencia que el régimen orteguista mantuvo en prisión desde 2018 hasta que aprobó una Ley de Amnistía a su medida y liberó a la mayoría de presos políticos. Luego se exilió y más tarde decidió regresar al país.
El magistrado Pereira informó a Hernández que su defensa había interpuesto el recurso extraordinario de casación y estaban esperando la respuesta a los agravios por parte del Ministerio Público.
El joven opositor Yader Parajón fue detenido el 4 de septiembre de 2021, cuando intentaba salir del país por El Guasaule, puesto fronterizo con Honduras. Fue acusado por la justicia orteguista de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y condenado a diez años de cárcel. El primero de septiembre, el presidente de la sala penal dos del TAM, Noel Pereira, le aseguró que su proceso judicial estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Yader Parajón es hermano del nicaragüense asesinado en mayo de 2018, Jimmy Parajón, en el contexto de la Rebelión de Abril. Tanto su padre como él demandaron justicia por la muerte de su hermano, uniéndose a la Asociación Madres de Abril, pero la respuesta que recibieron del régimen fue asedio policial. Su padre resiste la muerte de un hijo y el encarcelamiento del otro.
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Inventan “audiencias informativas” para exhibir a reos políticos
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La justicia orteguista se inventó la figura legal de “audiencia informativa” para exhibir a los presos políticos de El Chipote, alertan abogados y defensores de derechos humanos, tras argumentar que el Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua no establece en ninguno de sus artículos la celebración de “audiencias informativas”, por lo que su convocatoria y realización es “ilegal” y persigue fines “políticos”.
Es “una estrategia de represión”, que evidencia “tratos crueles y denigrantes” contra los reos de conciencia, y que además, busca “desprestigiar” la denuncia de sus familiares, que han alertado del riesgo en que se encuentran sus vidas en prisión, incomunicados, sin acceso a atención médica oportuna y alimentación suficiente, consideró Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien califica estas audiencias como una “continuación de la farsa judicial que han sido los juicios”.
Magistrado sin competencia
Tras más de un año de encierro y juicios políticos herméticos, los medios de comunicación afines al régimen presentaron fotografías y videos de los diez presos políticos que fueron llevados a los juzgados de Managua a las “audiencias informativas”, lideradas por el magistrado Octavio Ernesto Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
Sin embargo, según abogados defensores, el TAM ya no tiene competencia para realizar audiencias, ya que dictó sentencia en la mayoría de los casos de presos políticos en El Chipote. Su función, en este momento, “es verificar que los recursos de casación presentados por las defensas cumplan con los requisitos de ley para ser admitidos y elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia”, explicó un abogado defensor, que solicitó omitir su nombre por seguridad.
Los medios oficialistas indicaron que Rothschuh informó a los presos políticos sobre el estado de los diferentes recursos judiciales presentados por sus abogados, pero el magistrado tampoco convocó a los abogados defensores.
“Es ilegal la convocatoria porque no estaba el abogado, es ilegal esa audiencia porque no existe”, refirió un abogado defensor.
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