9 de enero 2022
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Las principales órdenes que bajan de El Carmen —residencia y centro de mando de la pareja presidencial en Nicaragua— se refieren al tipo de estrategia represiva que ejecuta la Policía Nacional. En los meses posteriores al estallido de abril de 2018, la institución se encargó de desmontar, por la vía violenta, cualquier protesta o manifestación de la oposición. Entre 2019 y 2020, los agentes policiales constantemente acosaron, intimidaron y amenazaron a los dirigentes opositores en toda Nicaragua.
En 2021, la Policía realizó un giro en su táctica represiva y apostó por la “actuación preventiva” para evitar cualquier reunión opositora. A la par, desataron una “cacería” selectiva de líderes opositores, entre ellos siete candidatos a la Presidencia, y cerraron el año con al menos 160 presos políticos.
Los 167 presos
políticos en Nicaragua
En un 2021 marcado por el recrudecimiento del estado policial de facto y la persecución política, el régimen de Daniel Ortega elevó a 167 el número de presas y presos políticos en Nicaragua, con 67 nuevos reos de conciencia entre finales de mayo y mediados de noviembre.
Datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas muestran que en 2021 fueron detenidos 105 opositores. De estos, 24 fueron puestos en libertad; de otros 24 no tienen información sobre su excarcelación; y 57 personas continúan en celdas de delegaciones departamentales, la cárcel “La Modelo” o el centro carcelario Evaristo Vásquez, conocido como “el nuevo Chipote”.
El viraje en la estrategia represiva policial, según fuentes vinculadas a la Policía, fue una “decisión política” de la pareja presidencial, y “no una decisión operativa” de la Jefatura Nacional de la Policía. “Existe una máxima en la Policía: dejémosle las cosas políticas al comandante (Ortega). Él sabe lo que hace”, sostuvo la fuente.
De los 57 presos políticos de 2021, 19 fueron capturados en junio de ese año. En ese mes, la Policía capturó en un mismo día a cinco opositores — todos integrantes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), anteriormente llamada Movimiento de Renovación Sandinista (MRS)—. Ese domingo 13 de junio fueron detenidos los exjefes guerrilleros Hugo Torres Jiménez y Dora María Téllez; el exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco; Ana Margarita Vijil; y Suyén Barahona.
Menos de 24 horas antes, también había sido detenida la activista Tamara Dávila. Y el 8 de junio también fueron detenidos, con horas de diferencia, los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, la líder cívica Violeta Granera y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
Policía se queda sin préstamos y sin compras
Dos semanas después de la sanción de Estados Unidos a la Policía Nacional, el 5 de marzo de 2020, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) canceló el desembolso de 7.6 millones de dólares (unos 254.6 millones de córdobas al tipo de cambio de esa fecha), de un préstamo para la Policía.
La suspensión, según el banco regional, fue “en acuerdo” con el Gobierno orteguista. El préstamo era para un proyecto de “Ampliación de la Cobertura Rural de la Policía Nacional para fortalecer la Seguridad Ciudadana”.
El crédito fue suscrito en abril de 2014, por un monto total de 16.3 millones de dólares. Los 7.6 millones, que se cancelaron, era lo que faltaba por desembolsar. En los últimos cinco años —hasta 2020—, el BCIE había desembolsado a la Policía nicaragüense, al menos 8.7 millones de dólares.
El BCIE ha sido el único organismo multilateral que ha mantenido su apoyo financiero al régimen, especialmente a la Policía; pese a los señalamientos nacionales e internacionales de abusos y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
La sanción estadounidense dificulta que la Policía Nacional reciba directamente financiamiento extranjero, ya que —según expertos— los préstamos externos no pueden “triangularse” y deben darse vía cuenta bancaria, a lo cual ya no tiene acceso la institución policial.
El castigo de Estados Unidos afecta también las compras al exterior de la Policía; sin embargo, la institución ha echado mano de empresas privadas para evadir esta situación. Una investigación de CONFIDENCIAL reveló que la compañía Servicios de Protección Física y Seguridad S.A. (Serprosa), una firma de seguridad autorizada en 2019 para operar en el comercio de armas, compró a una fábrica mexicana —Giramsa SA de CV— al menos 350 uniformes y pertrechos para uso de antimotines, por un monto superior a los 302 000 dólares.
Este equipamiento no se vende al público ni a empresas privadas de seguridad, por lo que su destinatario sería la Policía Nacional. El listado de la compra incluye: cascos; trajes completos de antimotines; escudos modelo gladiador; escudos modelo inglés; guantes y pasamontañas. De cada producto se adquirieron 350 piezas, según la lista de empaque en poder de CONFIDENCIAL.
Fuentes de la industria de seguridad y venta de armas calificaron como “inusual” la autorización a Serprosa, ya que desde las protestas cívicas de 2018, el régimen canceló el otorgamiento de nuevos permisos para la importación de armas.
Crece el presupuesto
El presupuesto de la Policía Nacional ha crecido anualmente durante todos los años del orteguismo. En 2007, Ortega elaboró y aprobó una partida presupuestaria de 1193 millones de córdobas para la institución policial, que se ejecutaron en 2008.
Los mayores incrementos presupuestarios se han dado entre 2013 y 2017. En esos años, el presupuesto pasó de 1738 millones de córdobas, en 2013, a 2126 millones en 2014; luego subió a 2505 millones en 2015; se elevó a 2936 en 2016, y alcanzó los 3293 millones de córdobas en 2017, según los informes de liquidación presupuestaria de esos años, publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Según los datos, más del 90% del total de los presupuestos policiales se han utilizado para gastos corrientes, principalmente pago de salarios y otros beneficios para el personal permanente.
Para 2022, la Asamblea Nacional —dominada por el régimen— avaló un presupuesto de fondos superiores a los 4048 millones de córdobas.
De acuerdo con el Presupuesto General de la República de 2022, la partida de la Policía Nacional se usará principalmente —más de 3780 millones de córdobas— en gastos corrientes. En este apartado, el pago de salarios y otros beneficios se lleva más del 60%, con al menos 2714 millones de córdobas para ese objetivo.
Del presupuesto de 2022, solo 267 millones de córdobas están programados para gastos de capital o inversiones.
La crisis sociopolítica, derivada de la represión policial, no ha afectado al presupuesto policial, que ha mantenido un crecimiento anual. Sin embargo, las fuentes de financiación sí han visto una merma en las donaciones y préstamos externos.
En 2018, los préstamos y donaciones externas sumaron 139 741 630 córdobas; para 2019 esa cifra se redujo un -34.6% y cerró en 91 266 084 córdobas. En 2020 —año de la sanción estadounidense contra la Policía—, la caída fue del 72% y el año finalizó con 25 427 798 córdobas. En 2021, no hubo financiamiento externo.
