26 de octubre 2022
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Desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrestó a monseñor José Leonardo Urbina, el pasado 13 de julio, y lo presentó “como culpable” ante los medios de comunicación oficialistas él “ya estaba condenado”. Además “fue el primer caso en este país en el que ni siquiera le permitieron tener una legítima defensa”, afirma el abogado Francisco Omar Gutiérrez, quien fue designado por su familia como su defensor, pero nunca fue autorizado por la dictadura orteguista, que incluso lo desterró del país.
La familia del párroco de Boaco solicitó en reiteradas ocasiones que se le admitiera un abogado privado. Sin embargo, el juez Edén Aguilar, titular del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Violencia de Managua ignoró todas las peticiones.
Inicialmente tuvo como abogado defensor a Harry Valle Palacios, un reconocido militante orteguista que en sus redes sociales exhibía fotografías en actividades partidarias del régimen. Pero este renunció, el 21 de julio, tras verse expuesto como fanático sandinista, aunque alegó “discrepancias” con los familiares del religioso y que tampoco tenían capacidad económica de sufragar los servicios legales.
Al día siguiente, una sobrina del sacerdote solicitó a través de un escrito que se nombrara a otro defensor privado. Sin embargo, en menos de una hora la defensora pública Jennifer Elieth Hernández presentó un escrito solicitando intervención de ley para representar al acusado.
“Algo inaudito. Que ellos se anden ofreciendo para representar a una persona acusada”, cuestiona el abogado Gutiérrez.
Una condena anunciada
Monseñor José Leonardo Urbina, de 51 años y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Boaco, fue condenado a 30 años de cárcel por los supuestos delitos de abuso sexual y violación contra una menor de 14 años.
La sentencia fue impuesta por el juez orteguista Edén Aguilar Castro, quien lo declaró culpable, el 26 de agosto, en un juicio secreto que duró dos días.
“Monseñor Urbina nunca tuvo ningún tipo de defensa porque es evidente que la Defensoría Pública está coludida con la Fiscalía, con el juez y con la Policía. Todo es un solo aparato de administración de injusticia”, critica el abogado Gutiérrez.
Señala que el régimen orteguista “tiene el monopolio de la acción penal” y por tanto “ellos deciden quienes son inocentes o culpables”.
“Solo en Nicaragua ellos acusan y defienden a la vez. Insisto que es algo inaudito y una muestra de que están amarrados y el caso de monseñor Urbina demuestra que ellos ya habían decidido de antemano que sería condenado, pero ni siquiera le permitieron defenderse de las acusaciones”, explica.
Para este jurista, también originario de Boaco, todo el juicio está plagado de anomalías. Su denuncia sobre el caso le costó su patria: a mediados de septiembre, el régimen no le permitió volver al país después de un viaje familiar a Estados Unidos.
“Había tantas personas testigos que podían dar versión de los hechos que denuncian al sacerdote, tantas cámaras en los lugares que dicen que visitó. Además su defensa solo refutó las pruebas, pero no hizo nada”, criticó.
También, remarcó que la defensora es de Managua y ni siquiera conoce el terreno, ni a la gente de Boaco. “Es que a todas luces se nota que no hicieron nada, más que ser cómplices en silencio de un juicio injusto”, apuntó el jurista.
Defensora fue asistente de juez
El exfuncionario judicial, Yader Morazán, experto en administración de justicia, denunció que la defensora pública Jennifer Elieth Hernández “fue la asistente de confianza del juez Edén Aguilar”, quien condenó a monseñor Urbina. Desde ahí, sostiene, debería haberse declarado la nulidad, porque “provoca una queja disciplinaria y nulidad del proceso por no inhibirse”.
“La confianza de ese cargo es tal, que ni los superiores pueden imponer al juez al asistente a cargo, es una decisión exclusiva del juez. Es un cargo de mucha confianza, porque los asistentes acceden anticipadamente a las decisiones que el juez tomará. Algunos asistentes llegan incluso a incidir en las decisiones de los jueces, y cambiar el rumbo de lo decidido por el juez. En algunos casos, los superiores del juez a veces prefieren entenderse con el asistente, quienes pueden tener más habilidades en el manejo del despacho judicial”, comentó.
Morazán cree que la defensora guardó silencio “maliciosamente” al no recusar al juez como está establecido en el artículo 32, numeral siete del Código Procesal Penal (CPP) que establece que uno de los motivos de la inhibición y la recusación de una causa es: “Cuando tengan amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con cualquiera de las partes o intervinientes”.
Además, citó el artículo 38 de la Ley de Carrera Judicial (Ley 501) que señala: “En los casos de implicancia o recusación, los funcionarios de Carrera
Judicial tienen la obligación de separarse de inmediato de la tramitación
y conocimiento de la causa. De no separarse de inmediato, su comportamiento será motivo suficiente para abrirle proceso disciplinario”.
Morazán valoró que la defensora “podría estar incurriendo en el delito de patrocinio infiel, que es hacer fraude procesal con el propósito de perjudicar deliberadamente los intereses de su defendido” establecido en el artículo 466 del Código Procesal Penal.
El artículo indica que: “El abogado que perjudique deliberadamente los intereses que le han sido confiados, será penado de trescientos a seiscientos días multa e inhabilitación especial de dos a seis años”.
“Nunca hubo derecho a la defensa”
La justicia orteguista también programó para el primero de diciembre el juicio oral y público contra tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo que estuvieron cercados junto a monseñor Rolando José Álvarez, en la Curia Episcopal de Matagalpa durante 15 días, en agosto pasado.
Los religiosos son: Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano; el diácono Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno y el laico Sergio Cadena Flores. Todos son acusados por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
La jueza Nalia Nadezdha Úbeda Obando, del Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua, está a cargo del caso, que ha sido manejado con total hermetismo. En la última audiencia, sin embargo, contaron con defensa privada, contrario a la preliminar cuando les impusieron defensoras públicas.
Para el abogado Francisco Omar Gutiérrez, aunque es evidente que se trata de juicios políticos contra miembros de la Iglesia católica, “en treinta años de ejercicio el caso de monseñor Urbina es la primera vez que veo que a una persona que es procesada no le permiten el abogado de su elección”.
“El juez nunca contestó nada. Le hicieron el juicio y lo condenaron, incluso interpusimos un recurso de apelación, pero ellos nunca me concedieron intervención ley”, reclamó.
“El caso de monseñor ha sido tratado con mucha saña. Le impusieron una defensora pública, el Estado lo denuncia, es decir, el partido Frente Sandinista lo denuncia a monseñor, porque en la primera audiencia llegaron concejales del Frente Sandinista a la audiencia, la Policía sandinista lo investiga, la Fiscalía sandinista lo acusa, la Defensoría Pública sandinista lo defiende y el juez sandinista lo juzga, es decir, todas las etapas del proceso judicial, desde la investigación hasta la condena, no hubo derecho a defensa”, detalló.
Sin embargo, otros abogados defensores de presos políticos han denunciado que son sometidos a requisas invasivas, son despojados de pruebas documentales, fotografiados y bloqueados en su ejercicio del Derecho.
“No nos dejan hablar, nos cortan nuestras intervenciones. Tal vez, nosotros estamos fundamentando lo que estamos diciendo y lo estamos haciendo bajo fundamento jurídico: artículos, doctrina, jurisprudencia, y nos cortan. No, ya, ya, suficiente (les dice el judicial)”, relató el defensor ‘Raúl’, que por seguridad pidió que se protegiera su identidad, en un reportaje publicado por CONFIDENCIAL.
Un familiar de monseñor Urbina, que por motivos de seguridad solicitó el anonimato, indicó que fue evidente durante todo el proceso en el que no les dejaron participar “que nadie estaba haciendo nada por probar su inocencia”.
Tanto así que el día de la sentencia la doctora Clarissa Ibarra Rivera, directora de la Defensoría Pública, se acercó a sus familiares y les dijo: “es lamentable, pero uno nunca termina de conocer a las personas y no sabían en lo que andaba metido”, en alusión a la culpabilidad de monseñor Urbina.
“Si la misma persona que dirige al equipo que supuestamente lo defiende lo culpó en nuestra cara, ¿qué podemos esperar de una justicia controlada por ellos mismos?”, cuestionó el familiar.
“Son una mafia”
El exfuncionario judicial, Yader Morazán, explica que la misión de la Defensoría Pública es ser una institución que debe de representar a personas de escasos recursos económicos o en condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, cuestionó que desde 2018 es “utilizada para validar audiencias clandestinas y para excluir a las defensas reales”.
“Este patrón que se ha venido reproduciendo a partir de los procesos políticos iniciados en el contexto preelectoral de 2021, no podría ser posible sin contubernio entre el magistrado presidente del TAM (Tribunal de Apelaciones de Managua) Ernesto Rodríguez, y la directora de la Defensoría Pública, Clarissa Ibarra”, aseguró.
Morazán asegura que el magistrado Rodríguez le pide a Ibarra que asigne “misiones a defensores de confianza para casos que se celebrarán de forma clandestina, eligiendo a los más adeptos”, y sentencia: “operan como mafias”.
