26 de febrero 2023
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El 20 de abril de 1957, aferrados a su fe cristiana y amparados en la oscuridad de San Carlos de Río San Juan, en ese tiempo un pueblo carente de servicios básicos como agua potable y con pocas horas de energía eléctrica, Pedro Joaquín Chamorro y Violeta Barrios, lograron escapar hacia Costa Rica de la condena de 40 meses de confinamiento impuesta por la dictadura dinástica de los Somoza encabezada por Luis Somoza Debayle.
Pedro Joaquín Chamorro en ese entonces era una de las víctimas de la política confinamiento en zonas alejadas del país, que la dictadura de los Somoza aplicaba a sus enemigos políticos, un mecanismo replicado con mayor crueldad por el actual régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que los desterró en Estados Unidos y los despoja masivamente de su nacionalidad nicaragüense
En su libro Estirpe Sangrienta, Chamorro narra con detalles su encarcelamiento en septiembre de 1956, los seis meses de encierro hasta que fue condenado por los tribunales somocistas y su confinamiento en San Carlos, como parte de un plan perverso por parte del jefe de la Guardia Nacional.
“Anastasio Somoza Debayle había dicho a un amigo mío que el objeto de ponerme en el pueblo de San Carlos era precisamente el de tentarme a que probara una fuga:—Que se vaya —dijo—, para que le llueva plomo. . .”, escribió Chamorro.
El periodista había cumplido dos meses de confinamiento en San Carlos, antes de lograr fugarse en un Sábado Santo, con la ayuda de su esposa y un baqueano, bregando en silencio por las aguas del Río San Juan y el río Frío, mientras en el pueblo se llevaba a cabo una procesión religiosa de Semana Santa.
El confinamiento somocista en sitios alejados e inhóspitos
Chamorro era parte de un grupo de ciudadanos víctimas de la escalada represiva desatada por la dictadura luego del asesinato de Anastasio Somoza García, ocurrido el 21 de septiembre de 1956. Imputados con los delitos fabricados de “rebelión, atentar contra las instituciones del Estado, y amenazas a la tranquilidad pública”, muchos fueron encarcelados y algunos confinados a zonas de Nicaragua que en esa época eran inhóspitas e incomunicadas.
El grupo de confinados estaba conformado por Chamorro, Enrique Callejas Novoa, Luis Cardenal Argüello y Ricardo Orúe Reyes.
Callejas fue confinado al pueblo de Altagracia, en la isla de Ometepe, Cardenal Argüello al Bluff en el Caribe Sur y Orúe Reyes a Santo Tomás, en Chontales.
Además de estos sitios mencionados, otro de los lugares preferidos por el somocismo para confinar a opositores era Corn Island, llamada también en esa época como la “Isla del Diablo”.
El columnista Onofre Guevara López, en un escrito publicado en CONFIDENCIAL el 21 de febrero de 2023, revela que el destierro y el confinamiento para presos políticos por parte del somocismo, fue una práctica que aplicó desde su llegada al poder por medio del Golpe de Estado en contra del presidente Juan Bautista Sacasa perpetrado el 6 de junio de 1936.
Cuando Corn Island era la “Isla del Diablo”
Durante la dictadura somocista se dieron confinamientos políticos colectivos de reos de conciencia en 1936, 1937, 1944 y 1947 y 1957.
En 1936 fueron confinados a Corn Island los dirigentes del Partido Trabajador Nicaragüense: José Andrés Cajina, Samuel Páramo, Enrique Flores, Salvador Alemán, Abelino Eskorcia Zúniga y Roberto González Morales.
Un año después, fueron confinados en el mismo lugar: Carlos Leclaire, Jesús Maravilla Almendares, Emiliano Alfaro y el poeta Manolo Cuadra.
Los registros periodísticos establecen que el mayor confinamiento político durante la dictadura somocista se dio en julio de 1944, cuando 26 ciudadanos, entre estudiantes universitarios, reconocidos abogados y políticos opositores fueron desterrados y confinados por el régimen.
El diario La Prensa publicó en su edición del 14 de julio de 1944 una primera plana histórica en la que se reseñaba el destierro de 16 ciudadanos nicaragüenses y el confinamiento político en Corn Island de otros 13.
Los desterrados fueron: Octavio Caldera, Luis de León Román, Francisco Ibarra, Arturo Velásquez Alemán, general Carlos Pasos, general Carlos Castro Wassmer, Carlos Montalván, Eloy Sánchez, José Salinas Salazar, Luis Scott, Virgilio Argüello, general Alfonso Estrada, Faustino Arellano, Felipe Mántica, Luis Cifuentes y Leónidas Abaunza.
Los confinados a Corn Island fueron: Gustavo Manzanares, Salvador Buitrago, Eduardo Conrado Vado, Abel Gallard, Francisco Frixione, Horacio Fernández, Luis Ortega Sánchez, Luis Pasos Argüello, Macario Estrada, Mariano Estrada Díaz, Adán Vélez, Fudy Abaunza y Eloy Guerrero.
“Corn Island es una isla pequeña, a su alrededor abundan tiburones y está casi completamente incomunicada con el resto de Nicaragua. El presidente de la República a esta hora de libertades y manifiestos, concede a ciertos reos políticos unos meses (?) de ‘vacaciones’ en la preciosa isla”, reza un artículo de La Prensa en el cual se denunciaban estos atropellos.
Somocismo aplicó destierros, pero no despojó nacionalidades
En junio de 1947, un mes después del golpe de Estado de Somoza García en contra del presidente Leonardo Argüello, fueron confinados en la isla de Ometepe cuatro dirigentes del Partido Socialista Nicaragüense; José Francisco Pinel, Manuel Pérez Estrada, Augusto Lorío y Edmundo Leets Castillo y nuevamente, el poeta Manolo Cuadra.
También se menciona en los registros a tres miembros de la oposición liberal independiente y conservadora, de los que no se precisaron nombres.
Un documento denominado El Exilio Nicaragüense en México del Centro de Investigaciones del para América Latina y El Caribe de la Universidad Autónoma de México, contabilizó 32 nicaragüenses entre exiliados y desterrados que llegaron al país azteca entre 1937 y 1944.
Sin embargo, la política de destierro y confinamiento político perpetrada durante la dictadura somocista, fue superada en crueldad y arbitrariedad por el régimen Ortega-Murillo, teniendo como principal diferencia el ilegal despojo masivo de la nacionalidad a 317 ciudadanos nicaragüenses, entre el grupo de “desterrados”, “apátridas” y monseñor Rolando Álvarez, recluido en el Infiernillo de la cárcel La Modelo.
La dictadura familiar de los Somoza también impuso penas por "traición a la patria" como las establecidas actualmente por el régimen Ortega-Murillo a los 317 desnacionalizados. El 1959, el somocismo condenó por el delito fabricado de "traición a la patria" nuevamente a Pedro Joaquín Chamorro, Reynaldo Antonio Téfel, Luis Cardenal Argüello y Ronald Abaunza, luego de la invasión de Olama y Mollejones.
Las penas por "traición a la patria" no habían sido impuestas en Nicaragua desde el mandato de William Walker en el siglo 19, hasta que fueron retomadas por el somocismo, y en los tiempos actuales y con mucha mayor crueldad, por la dictadura orteguista, con el añadido del despojo de la nacionalidad.
“Esa historia histérica de destierros y expropiaciones la siguen con mayor crueldad los dictadores actuales que, después de años de cárcel, desterró en masa a 222 personas, más los 94 ciudadanos despojados de su nacionalidad y expropiados de sus bienes en menos de 15 días. Han roto todos los récords de las represiones políticas en nuestra historia ‘republicana’ de 203 años”, escribió en su columna Onofre Guevara.
Incluso, el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la crueldad del régimen orteguista, haciendo una analogía con la dictadura somocista que derrocó por la vía armada el Frente Sandinista en 1979.
“Colombia, que en las últimas décadas ha luchado sin desmayo por alcanzar la paz, mucho más ahora que se propone ser potencia mundial de la vida, rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar”, cita el comunicado de la Cancillería del Gobierno de Gustavo Petro.
Un historiador y analista político explicó -bajo condición de anonimato -que ninguna de las dictaduras formales (José Santos Zelaya y la somocista) que precedieron a la que encabezan actualmente Daniel Ortega y Rosario Murillo, despojaron de sus nacionalidades a sus perseguidos políticos.
“Ninguna dictadura –por el mismo hecho de serlo— ha sido respetuosa de las leyes, de la Constitución y los derechos humanos que estas formalmente protegen a los ciudadanos; entre las dictaduras hubo y hay diferencias en cuanto al irrespeto de todo derecho”, reflexionó el analista.
Recordó que la dictadura de Zelaya (1893-1909), además de violaciones a los derechos humanos como asesinatos, encarcelamientos forzosos, azotes y trabajos forzados, también reprimía por la vía económica, con la aplicación de contribuciones forzosas, multas sin sustento legal, expropiaciones y confiscaciones.
Los actos punitivos de Ortega incluyen ”confiscación de tierras, medios de comunicación y sus propiedades, viviendas y edificios, sin ningún proceso ni semilegal siquiera”, subrayó.
Represión de Ortega sin antecedentes en Latinoamérica
El cóctel represivo del régimen orteguista de encarcelamiento político, confiscaciones, destierros y despojo de nacionalidad no tiene precedentes en la historia política latinoamericana en lo que refiere a la cantidad de ciudadanos nicaragüenses reprimidos.
Existen antecedentes en la región como la dictadura derechista del general chileno Augusto Pinochet, a la que el orteguismo constantemente reprocha por el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende, la cual despojó de su nacionalidad a nueve ciudadanos de Chile por razones políticas.
El abogado chileno Esteban Celis Vílchez escribió una columna en CONFIDENCIAL en la que explica los paralelismos entre la dictadura pinochetista con las crueldades del régimen nicaragüense.
“Augusto Pinochet y Daniel Ortega son individuos de una misma especie, que conocemos como ‘dictadores’. Y los pinochetistas son de la misma especie que los seguidores de Ortega. Imagino que los unos y los otros se sentirán profundamente ofendidos por estas palabras, pues, al fin y al cabo, se miran recíprocamente con gran repugnancia y se odian visceralmente. Ser lo que uno desprecia es, lo reconozco, incómodo”, puntualizó Vílchez en su columna.
Las políticas de despojo de nacionalidades de Daniel Ortega superan a las perpetradas por Augusto Pinochet.
Foto: Confidencial | Fotomontaje de EFE.
Las similitudes represivas entre Pinochet y Ortega
Juan Pappier, subdirector en funciones de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), comparó la reforma constitucional chilena de 1973 que facultaba quitar la nacionalidad a un natural de Chile, con la reforma exprés a la Constitución Política ordenada por Ortega a sus diputados de la Asamblea Nacional y aprobada junto a sus aliados colaboracionistas políticos.
Augusto Pinochet 1973//Daniel Ortega 2023 pic.twitter.com/c8I0IWBMwE
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) February 11, 2023
El despojo de la nacionalidad sigue fresco en la memoria de los chilenos, y las últimas medidas de Ortega les recuerda a mucho los atropellos de Pinochet hace medio siglo.
En este nuevo capítulo represivo del régimen orteguista, Chile fue uno de los primeros Gobiernos en señalar por medio de su canciller Antonia Urrejola, que la situación en Nicaragua “es de la más alta gravedad”.
“Nos parece que lo que se está conformando hace ya varios años, y los hechos de las últimas semanas lo que demuestra, es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”, cita un comunicado divulgado por la Cancillería de Chile.
El régimen de Venezuela, uno de los principales aliados políticos de la dictadura nicaragüense, también ha apostado por el destierro de opositores en algunos casos concretos.
Un reporte del portal venezolano Efecto Cocuyo publicado en CONFIDENCIAL detalló el caso de Miguel Rodríguez Torres, a quien liberaron con la condición de que saliera del país y actualmente está en España.
También se reportó el caso del exdirigente político Lorent Saleh, a quien trasladaron al aeropuerto internacional de Maiquetía para que abordara un avión con destino a España, tras su excarcelación. Ese mismo año, el exdirigente estudiantil Villca Fernández denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro lo expulsaba del país y que se establecería en Perú, país que le garantizó protección.
Despojos de nacionalidad en Brasil, y el destierro en Cuba
Un reporte de la agencia EFE mencionó el antecedente de los despojos de nacionalidad por razones políticas perpetrados en 1969 por la Junta Militar que gobernaba Brasil.
En esa ocasión, la Junta Militar decretó que 15 opositores involucrados en el secuestro del entonces embajador estadounidense, Charles Elbrick, fueran “prohibidos del territorio nacional”.
El decreto, sin embargo, no aclaraba si se les retiraba la nacionalidad o solo se les impedía entrar a Brasil. En la práctica no les permitía obtener un pasaporte y los colocaba en una situación equivalente a la apatridia.
El reporte también cita la política de Cuba de confiscar pasaportes a los opositores políticos y activistas sociales, aunque no se ha atrevido a despojarlos de su nacionalidad, como si lo hizo con 317 nicaragüenses su aliado político en Nicaragua.
