La covid-19 agravó tercer año de contracción económica en Nicaragua

En marzo de 2020, el gerente general de Inversiones y Productos de Centroamérica (Inproceamerica) José León Arrieta, administraba una empresa con 180 empleados, que vendía plástico al comercio, industria y agricultura local, entre mataderos, ingenios azucareros, bananeras y camaroneras. La contracción económica, y la falta de materia prima causada por la pandemia, lo obligó a despedir a 53 personas: casi a un tercio del total.

La empresa no despidió a nadie hasta julio, cuando la crisis sanitaria, y la baja en las ventas, la obligó a comenzar a despedir gente, noticia que, si es mala, aún puede empeorar, porque “estamos pensando en reducir más”, confirma Arrieta.

Las tribulaciones de esta empresa son una constante en Nicaragua, país en el que se reportan más de 3000 muertos por covid-19, (aunque el Ministerio de Salud solo admite 176). Y mientras tanto, los voceros del régimen se felicitan porque la decisión de no paralizar la actividad, ‘salvó’ la economía nacional.

“Nunca la economía está sobre la salud y la vida de la población, ni tampoco sobre los derechos humanos”, asegura el epidemiólogo Leonel Argüello.

“La economía y la salud no se contradicen, se complementan. Prevenir la expansión de la covid-19, es lo que funciona para que la economía no se caiga… Hay que diferenciar entre lo macro (mantener la estabilidad de la moneda, por ejemplo) y lo micro, como el acceso a la canasta básica y ahí estamos aplazados”, sentencia.

El problema al tratar de analizar la magnitud del daño que sufrió la economía en 2020 (tercer año consecutivo, si se suman los traumas derivados de la masacre con la que el régimen reprimió la Rebelión de Abril en 2018), es que “se mezclan las consecuencias económicas de la permanencia de Ortega en el poder, con las que derivan propiamente de la pandemia, entre ellas, la caída del turismo”, valora el economista Enrique Sáenz.

El turismo es uno de los rubros más afectados en el mundo por la pandemia de covid-19. // Foto: Archivo// Cortesía | Manuel Esquivel

Turismo cero y menos inversión

El turismo fue la actividad más afectada en 2020, cuando se reportó una caída del 33%. El desempeño del sector en ese año fue “dramático, algo nunca visto en la historia del turismo moderno en el mundo”, asegura Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

La situación fue tan mala, que los llevó a lanzar un SOS al Gobierno, pidiendo implementar medidas de tipo laboral, fiscal, financieras, y de políticas públicas, que los oxigenara y ayudara a salvar la industria. Aún no reciben respuesta.

“Llegamos a hablar de ‘turismo cero’, porque los mercados emisores de turismo se cerraron en el mundo entero y las aerolíneas dejaron de volar. Por varios meses, la mayor parte de las empresas turísticas en nuestro país estuvieron cerradas y aún hoy muchas continúan estando cerradas, fundamentalmente debido a la pandemia”, rememora Valenti.

El 2020 “cerró con un dramático 14% de ocupación hotelera, -65.8% de ingresos por turismo y 61% menos turistas que en 2019. Si comparamos esos datos con lo que debió haber sido en base a lo proyectado en 2017, que fue nuestro mejor año, el resultado es aún mucho más dramático”, añade.

El agobio de los empresarios de la construcción no fue tan profundo como el de sus pares de turismo, pero eso no quiere decir que fuera inexistente. La construcción —de la que dependen muchas otras actividades económicas— también cayó, solo que a una tasa mucho menor del -3.5%.

Las obras no se detuvieron. “Lo que se detuvo es la inversión, la industria turística, y la construcción de viviendas. En cuanto a productividad, medida como aporte al PIB, retrocedimos hasta 2009 o 2010”, admite Leslie Martínez, presidenta de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC).

Los proyectos no se pueden detener, porque si no hay avances, los constructores no cobran. Ante esa realidad del sistema, la opción fue implementar protocolos de bioseguridad, y contratar médicos para que estuvieran pendientes de la salud de los trabajadores, especialmente en los proyectos grandes, detalla Martínez.

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Personas o PIB

El resultado de ese vaivén, en el que algunas actividades subieron y muchas bajaron, es la destrucción de unos 21 000 empleos formales (y muchos más de tipo informal que, por su naturaleza, es muy difícil calcular con precisión). Estos se suman a la pérdida de personas empleadas, cuyo número se mide a través del número de afiliados a la Seguridad Social.

“Hay una gran discrepancia en el manejo de la información oficial y no oficial en cuanto a la tasa de desempleo. Siempre la ha habido”, asegura Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades).

Explica que “entre 2017 y 2020, se destruyeron 200 000 puestos de trabajo del sector formal”, aclarando que “un poco menos de la mitad se perdieron en 2020”, por causa, entre otras razones, de la decisión de la gente de recluirse en sus casas, para escapar al contagio.

“El subempleo es el problema de siempre: entre 60% y 70% de la PEA, trabaja en empresas que no tienen registros contables, y el número total de los que cotizó a la Seguridad Social, disminuyó de 735 000 en 2019, a 714 000 en 2020. Sin embargo, en 2017, eran 914 000 personas”, precisa.

“Tomando en cuenta todos los desempleados que venías arrastrando de años pasados, el ejército de desempleados es de 1 216 000 personas, de cuatro millones que conforman la PEA, o sea que el 30% de la PEA no generó ingresos en 2020”, añade el experto.

Al analizar las decisiones —e indecisiones— gubernamentales que afectaron de manera positiva o negativa a la economía nicaragüense, Avendaño sintetiza diciendo que “las críticas se ven por doquier. En todas las direcciones”.

A modo de ejemplo, señala que “el Gobierno no daba orientación para contrarrestar los contagios; trataron de salvar la economía, más que las vidas, pero la población se autorrecluyó en sus viviendas, lo que fue visible por la caída de la movilización de personas en las zonas urbanas”.

“La estrategia de mantener activos algunos sectores económicos se logró —porque la caída pudo haber sido mayor— pero no del modo que el Gobierno lo preveía, porque la gente se autorrecluyó. El PIB es para vivir, no se vive para el PIB”, sentencia.

Vidas o impuestos

Desde un punto de vista estrictamente económico, en el que se descarte por momentos lo invaluable de la vida humana, la decisión de tratar de mantener funcionando la economía nacional, pareciera correcta. En especial, a la luz de los resultados: una caída de (solo) -2.5% del PIB, y un incremento en marginal de 1.7% de la recaudación de impuestos, mientras los vecinos reportaban pérdidas: Costa Rica (-1.2%), Guatemala (-3.7%), y El Salvador, que aplicó una de las cuarentenas más severas: -4.4%.

Todo ello en un panorama en el que “a agosto de 2020, permite observar un exceso de mortalidad de 8454 defunciones, las que pueden atribuirse, directa o indirectamente al covid-19”, según cálculos que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), publicó en su Informe de Coyuntura de diciembre del 2020.

En ese mismo documento se señalaba cómo, entre el 18 de marzo (fecha en que se conoció el primer contagio) y el 30 de noviembre, “las instituciones públicas han ejecutado 394 actividades para hacer frente a la situación sanitaria”, mientras, en ese mismo período “se documentan 1635 actividades” que implicaban aglomeración de ciudadanos, como inauguración de obras públicas y eventos recreativos.

El resultado de esa política fue sacrificar a mucha gente. Y aunque los economistas piensan que “quizás se pudo haber alcanzado un punto medio”, la conclusión es que “el Gobierno no ayudó en nada: ni a los que se quedaron sin trabajo, ni alivió los gastos en servicios básicos —aunque la banca sí buscó cómo aliviar la situación de sus clientes— ni se auxilió a las pymes para que se mantuvieran a flote. Fue la gente la que se ayudó solita”.

El citado informe de Funides advierte que “debido a la coyuntura actual de globalización e interdependencia económica, la caída de la actividad global se ha transmitido gradualmente a la actividad económica nicaragüense”. Y el gerente general de Inproceamerica, Arrieta, puede dar fe de ello.

La industria, aglutinada en Plásticos Industriales de Nicaragua (Aniplast), que él preside, ha visto cómo una tonelada de resina lineal buteno (la materia prima con que trabajan) que costaba 1050 dólares en septiembre 2020, subió a 2350 al 12 de marzo de 2021, y los proveedores ya anunciaron que a partir de primero de abril costará 2548 dólares, puesta en Managua.

Las razones se pueden rastrear hasta China, que acaparó toda la resina que pudo, para fabricar millones de unidades de equipos de bioseguridad, por lo que muchas empresas de Centro y Latinoamérica tuvieron que disminuir operaciones, y despedir personal. Como los 53 de Inproceamerica.

El costo de no hacer nada

El sector turístico sufrió la pandemia como ningún otro, pero también la indolencia oficial que se transmitió principalmente en “no haber hecho nada, no haber tomado ninguna medida económica para apoyar a las empresas turísticas, asfixiadas por esta situación, y que contribuyera a aligerar la carga de las empresas, en su gran mayoría mipymes”, detalla Lucy Valenti, de Canatur.

Adicional a esa falta de medidas, “nos ha golpeado mucho en los últimos meses, e impiden la reactivación del turismo internacional”, las medidas aplicadas a las líneas aéreas, que han impedido comenzar a normalizar la conectividad del país.

“Sin líneas aéreas y conectividad, será imposible reactivar el turismo, y el Gobierno lo sabe bien. No hay ninguna lógica que justifique la decisión del Gobierno de no flexibilizar las medidas a las líneas aéreas. El covid no es la razón”, asegura.

Valenti recuerda que el ministro de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura, mostró que eliminar la exigencia de la prueba del covid para los vuelos internacionales, no afectaba la propagación del virus en el país, porque de 188 000 turistas que ingresaron a ese país por vía aérea entre septiembre y enero, solo el 0.12% tuvo síntomas de covid, lo cual es “insignificante”.

Por ello, el sector insiste en eliminar la prueba para los tripulantes de los vuelos; facilitar el proceso a las líneas aéreas, y que los pasajeros se puedan realizar la prueba en el país, abaratar el costo, y poner más puestos para realizarla.

“No podrá reactivarse la industria si el Gobierno no flexibiliza su posición respecto a este tema. El Gobierno debería escuchar esta demanda, que es vital, si verdaderamente vamos a hacer esfuerzos para reactivar el turismo”, sugiere la presidenta de Canatur.