6 de junio 2016
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Funcionarios públicos ligados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y al partido indígena YATAMA están relacionados al tráfico de tierras en territorios indígenas, prohibido por la Ley 445, que garantiza la propiedad comunal de esos territorios. Este tráfico ilegal afecta principalmente a las poblaciones miskitas del Caribe, que se enfrentan a invasores o "colonos" y denuncian lo que consideran la "inacción" del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
El Coordinador del Gobierno Regional, Carlos Alemán Cunningham, y los concejales Waldo Müller y Adrián Valle Collins –todos sandinistas–, aparecen en una serie de avales y escrituras en poder Confidencial, por medio de las que benefician a terceros con tierras indígenas. Estos terceros son llamados por los comunitarios "colonos", a quienes acusan de desatar una violencia desmedida contra ellos para sacarlos de sus terrenos ancestrales, y que entre septiembre de 2015 y junio de 2016 ha dejado 28 indígenas muertos, según estadísticas de organizaciones de derechos humanos.
El nombre más repetido en las comunidades y en los documentos es Müller, actual presidente del Territorio Tasba Pri y concejal regional por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aunque nadie puede dar avales en territorios indígenas, Müller y Collins entregaron el aval más reciente el 6 de septiembre de 2015 a favor de un sujeto identificado como Justo Linares Obando.
A Linares Obando le otorgan, bajo la figura de "usufructo vitalicio" (es decir de por vida), la posesión de 300 manzanas de tierras en el sector de Pinares Tunga Tasba Pri, en la Región Autónoma del Caribe Norte.
Müller y Valle Collins justifican el aval con los artículos 5, 10 y 30 de la Ley 445 o Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los Ríos, Bocay, Coco, Indio y Maíz. Sin embargo, al revisar la normativa, ésta no les otorga la potestad de dar derechos de posesión sobre territorios ancestrales.
El artículo 5 acredita a las autoridades territoriales como "órganos de administración de la unidad territorial a la cual representan legalmente", pero no habla sobre ceder terrenos. Mientras que el artículo 10 permite a las autoridades comunales tradicionales otorgar "autorizaciones para el aprovechamiento" de las tierras y de los recursos naturales a favor de terceros, "siempre y cuando sean mandados expresamente para ello por la Asamblea Comunal".
El gobernador Carlos Alemán, y los concejales sandinistas Adrián Valle Collins y Waldo Müller. Foto: Cortesía | La Prensa
Lottie Cunningham es presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), una organización que por años ha trabajado en las comunidades y con el conflicto del tráfico de tierras. Cunningham, miskita de origen, sostiene que la ley 445 permite el arrendamiento pero nunca la venta de tierras, menos de “usufructo vitalicio”.
"El hecho de que seas administrador del territorio no significa que podas avalar la entrega de tierras", dice Cunningham. Esta abogada explica que incluso para arrendar la tierra se necesita el consentimiento libre, previo e informado de la Asamblea Territorial y Comunal. Pero este aval –como otros entregados por Müller– carece de ello.
Cunningham señala que la ley 445 es tajante al establecer que "las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles".
En el aval los concejales sandinistas citan el artículo 30, que, literalmente, reza: "De conformidad con el Estatuto de Autonomía, los derechos de propiedad comunal y los de las áreas de uso común que se incorporen dentro de un territorio indígena, serán administrados por la autoridad territorial correspondiente y las autoridades comunales".
No obstante, el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe recalca que las tierras indígenas "no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles".
Hace un año el gobierno anunció la creación de una comisión interinstitucional, presidida por el procurador Hernán Estrada, para investigar las denuncias por el tráfico de tierra y la violencia. Sin embargo, hasta la fecha, esa comisión no ha resuelto el problema.
El negocio del tráfico de tierras
La escritura pública 149, formulada por la notaria María Adelayda Rizo Torrez, y en poder de Confidencial, demuestra que Justo Linares Obando ya había hecho negocios con Valle Collins antes de 2015.
El 13 de julio de 2014, a las 10 de la mañana en la ciudad de Rosita, localizada en el Triángulo Minero de Nicaragua, Linares Obando le pagó a 445 mil córdobas netos (12 mil 771 dólares al cambio actual) al concejal sandinista.
Valle Collins cedió y dio derechos posesorios a Linares Obando sobre 200 manzanas de tierra, "junto con todos sus usos, servidumbres, anexidades y conexidades", en el territorio de Tasba Pri.
Linares Obando es "casado, agricultor con domicilio en la comunidad de Greyton, jurisdicción de Puerto Cabezas", según la escritura pública. Y, pese a que el comprador no cuenta con cédula de identidad, la notaria Rizo Torrez realizó la transacción.
En cambio, Valle Collins es presentado como concejal municipal de Sasha, territorio de Tasba Pri, número de cédula 612-300167-000B, y como secretario de ese gobierno regional en calidad de "cedente vendedor".
Las 200 manzanas de tierras vendidas a Linares Obando pertenecían a un sujeto identificado como José Ernesto Rivera Navas, por lo que Valle Collins le "traspasa el derecho de posesión".
Colonos señalan a Alemán y Müller
Los avales emitidos por el concejal Müller también son varios. Existe otro fechado el 22 de octubre de 2013, cuando benefició al ingeniero Genaro Alvarado Briceño con 500 manzanas de tierras en el sector del río Tungla, en Tasba Pri.
Alvarado Briceño es descrito como representante del "colectivo Pawanka Raya". El colectivo es dueño de 2 mil 836.83 manzanas y Müller avaló desmembrar 500 manzanas para entregárselas al ingeniero.
La Casa del Gobierno Regional del Caribe Norte funciona en la ciudad de Puerto Cabezas. Es un edifico cuya fachada consta de ocho columnatas dóricas que sostienen su frontis en forma de triángulo. Una especie de Partenón enmohecido. Las banderas del FSLN, de Nicaragua y de la Costa ondean a la entrada. La tarde que Confidencial visitó el edificio por primera vez para entrevistar al gobernador Carlos Alemán, unas mujeres indígenas hablaban en miskito, como contándose algo con angustia. Las papeletas con la imagen del comandante Ortega, la primera dama Rosario Murillo, el expresidente Hugo Chávez y el fallecido Tomás Borge saturaban el recinto. Igual en la oficina de Alemán, donde su secretaria nos informó que el gobernador estaba en una reunión. Lo esperamos.
Pero Alemán nunca salió de la reunión. Volvimos en dos ocasiones más. No hubo respuesta. "Anda en Managua, él viaja mucho", nos dijo un joven. También buscamos al concejal Müller en sus oficinas, ubicadas donde antes funcionaba el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Una mujer muy amable nos atendió. Dimos nuestros datos, especificando que éramos periodistas. La mujer volvió con una respuesta. "Las oficinas de Waldo Müller ya no son aquí". Tampoco quiso decir dónde. "Él se mueve en los territorios", agregó, haciendo un gesto de despedida.
Intentamos contactar en varias ocasiones con Müller a través de su teléfono celular, pero el concejal no contesto a nuestras llamadas ni los mensajes que le dejamos.
Los colonos tampoco encontraron a la dupla Alemán-Müller el 21 de septiembre de 2015, cuando decenas de ellos bajaron a la comunidad de Sasha para realizar una conferencia de prensa pública. La denominada "Asociación de agricultores y ganaderos de Tasba Pri" sostuvo que ellos no "eran invasores" de los territorios indígenas.
"Queremos hacer del conocimiento público que los mestizos y productores no estamos usurpando ningún territorio, ya que quienes vivimos aquí hemos sido avalados por autoridades comunales, territoriales e incluso por autoridades regionales", dijo un colono ante decenas de productores. Para demostrarlo, pidió ayuda para alzar un legajo de más de 500 papeles en los que se ve estampada las firmas y los sellos de Alemán y Müller.
En la denuncia de los colonos son mencionadas concesiones mineras y de propiedades. El líder colono –que llama "nuestro comandante" a Daniel Ortega– pide al gobierno sandinista "revisar la situación de los productores mestizos apegado a derecho". Los colonos dejan claro que su intención no es salir de los territorios ancestrales, sino que exigen al Estado "la convivencia pacífica" con los indígenas. Y, además, culpan del problema de la tierra a las autoridades comunales y regionales.
Carlos Alemán es "protegido" de Lumberto Campbell, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. Campbell es el hombre de confianza de Daniel Ortega en la Costa Caribe.
Autoridades conocen el tráfico de tierras
Muchas de estas transacciones de tierras indígenas son conocidas por las autoridades. La Procuraduría de Puerto Cabezas conoce de denuncias contra Waldo Müller y Carlos Alemán, pero los casos no prosperan. Ahora, hasta se registran conflictos entre colonos.
Sede del Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte en Puerto Cabezas. Confidencial | Carlos Herrera
En una declaración filtrada a Confidencial, el colono Ernesto Ordeñana Olivar denuncia que Müller le ordenó desalojar la propiedad que ocupa en la comunidad Laguna Kukalaya, en el sector Uhumbila Abajo, para ubicar a un nuevo comprador llamado Franck Picado, originario de Siuna.
Según el testimonio recabado por la Procuraduría, Ordeñana Olivar debía salir de las 207 manzanas de tierras el sábado 12 de marzo de 2016, como mandató Müller.
El testimonio recabado por la Procuraduría describe "una nueva modalidad del tráfico de tierras”, que consiste en "desplazar a viejos adquirentes de buena fe con aceptación de autoridades comunales para establecer a nuevos compradores, que bajo amenaza de muerte o de manera forzoza se ubican en estas áreas". El curso de esta denuncia fue truncado, confiaron fuentes de la Procuraduría.
La presidenta del CEJUDHCAN señala que, efectivamente, la Fiscalía, el Ministerio de Recursos Naturales (MARENA) y la Policía Nacional conocen de los casos. "Estamos hablando no solo de personas naturales, sino de personas jurídicas. Empresas que han empujado explotación y exploración de madera y minería y nadie ha atendido estas demandas de las comunidades", dijo Cunningham.
YATAMA en el tráfico de tierra
La violencia que se recrudeció en las comunidades indígenas en septiembre de 2015 agitó la controversia sobre la venta ilegal de tierras. El diputado de YATAMA, Brooklyn Rivera, fue desaforado a pedido del jefe de la bancada sandinista Edwin Castro, quien lo acusó de conocer las transacciones. Así quedaba rota la alianza que el partido indígena selló en 2006 con el FSLN.
Castro señaló a Rivera de estar involucrado en 15 casos ilegales de ventas de tierras, que abarcan 1 mil 556 kilómetros cuadrados. "El 1% del territorio nacional", graficó el legislador sandinista. Castro ordenó crear una comisión para investigar al diputado indígena, pero hasta la fecha no se conocen los resultados de dicho encargo que incriminen a Rivera. El ex diputado siempre ha dicho que no tiene responsabilidad por la venta de tierras que realizan miembros de YATAMA. Rivera acusó al FSLN de estar detrás del tráfico de tierras.
"Las autoridades regionales y nacionales, la Policía y el Ejército y los consejos regionales en el Triángulo minero están implicados en la venta de tierras indígenas", sostuvo Rivera. El entonces diputado señaló a Waldo Müller, concejal de Frente Sandinista, como el más grande traficante de los territorios indígenas, que está protegido por el secretario del Consejo Regional del Caribe Norte, Carlos Alemán. "Llevo 35 años luchando por las tierras indígenas y no tengo ni un palmo de tierra para mi sepultura… lo que pasa es que el gobierno hace y deshace de forma autoritaria", acotó.
Cornelio Tebas, presidente del territorio Wanky Twi Tasba Raya, también fue acusado por Castro. En esa ocasión, Tebas negó el nexo con la ilegalidad. Pero en un recibo en poder de Confidencial y firmado por él, se ve cómo Nicolás Antonio Miranda Urbina le paga 70 mil córdobas por haberle dado un aval sobre una propiedad.
Nicolás Antonio Miranda Urbina es un nombre que se repite en la investigación que publicó la Procuraduría General de la República en septiembre de 2015. De acuerdo a la institución estatal, el dirigente de YATAMA, Ted Omier, le vendió a Miranda Urbina 8,400 manzanas de tierras, que pertenecen a los territorios Wangki Li Aubra y Wangki Twi-Tasba Raya.
Aunque la Procuraduría no dio más pruebas de su acusación, Confidencial constató que el medio de pago del colono a los miembros de YATAMA es por medio de remesas familiares. Existe un recibo enviado por Miranda Urbina desde el Triángulo Minero a Ted Omier el 15 de noviembre de 2014, por la cantidad de cinco mil córdobas.
Otro miembro de YATAMA en firmar avales para Miranda Urbina es René García Becker. Miranda Urbina es un viejo involucrado en el tráfico de tierras. En 2005, García Becker le dio un aval en el que reconoce que "el colectivo número 5" de Miranda Urbina posee 7, 150 manzanas de tierra, ubicadas cerca del río Wawa en Waspam. Este "colectivo" está formado por 143 miembros de la ex resistencia de YATAMA.
En la oficina del alcalde de Waspam cuelga un retrato del exdiputado Rivera por encima de todos. El edil de YATAMA, Alex Fernández, comenta que "hay personas grandes" involucradas en la venta ilegal de tierras, pero no se atreve a mencionar nombres.
Fernández es joven. No pasa los 40 años. Dice que como alcalde indígena le resulta dura la situación que atraviesan las comunidades, porque no puede hacer mucho. Es un fenómeno muy grande para que lo resuelva su administración local, explica. Relata que ha pedido ayuda al gobierno territorial y central, pero nadie responde a su llamado. Fernández dice que ha podido conversar con colonos y conocer que algunos son campesinos pobres y otros no.
"Detrás de todo eso hay muchos interesados en las tierras. Unos podrían ser los grandes madereros, otros que trabajan en la minería, ganadería… pero a veces no estoy viendo el actuar de los colonos humildes. Detrás de ellos hay otros interesados", nos cuenta Fernández en su frugal oficina congelada por el aire acondicionado, y donde cuelgan otros retratos de equipos de béisbol.
La oficina de Fernández y la comunidad de San Jerónimo las separan más de dos horas de trayecto. Toca montarse en cayuco y navegar sobre el Río Coco contra la corriente. A medida que avanzamos, las palmeras y la vegetación pintan de verde ambas orillas. Enormes piedras, que parecen haber sido lanzadas con furia por un ser gigantesco, aparecen colosales, radiantes, absorbiendo el sol de mediodía. En la parte más baja de ellas, las mujeres lavan la ropa y los niños saltan a las aguas soltando carcajadas. El motor disminuye la marcha al mismo tiempo que su caótico ruido. Nos acercamos a la pequeña costa. Porfirio Ebel Zamora, juez comunitario de San Jerónimo, recibe a los extraños. Le pedimos permiso para entrevistarlo. Lo piensa. Con recelo nos dice que sí.
"No tenemos confianza en nuestras autoridades, porque ellos son los culpables de que los colonos invadan nuestras tierras, porque ellos son los que vendieron y el impacto ambiental es grande", dice Zamora, que con su mano delinea la montaña, imita con ella misma un machete y después la zambulle imaginariamente en un riachuelo. "Se ve palpable que los ríos, donde nosotros bebemos agua, cazamos y pescamos están en agonía", lamenta.
La montaña dibujada en el aire por Zamora está detrás de esta comunidad. Por allí han bajado los colonos con sus armas a imponer el miedo, el dolor y la zozobra a los indígenas. Y también la muerte.
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Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
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