27 de mayo 2020
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El Gobierno de Nicaragua solicitó 50 millones de dólares al BCIE, para “continuar brindando la respuesta oportuna con calidad en la atención de salud al pueblo de Nicaragua” para enfrentar la crisis sanitaria de covid-19, a pesar de que la respuesta gubernamental ante la pandemia ha sido cuestionada por la Organización Panamericana de la Salud, (OPS).
“La OPS y la OMS (Organización Mundial de la Salud) están aplazando a Nicaragua. Están preocupados por la forma que aquí se está atendiendo la crisis. ¿Cuál respuesta a la pandemia, si no están dando ninguna respuesta?”, cuestionó el economista Róger Arteaga.
El exministro de Hacienda y presidente de Amcham, Mario Arana, cuestionó: “¿Qué sabemos que han hecho? Algunas pruebas; están brindado atención en los hospitales, siguiendo protocolos, haciendo gastos en oxígeno y otros insumos médicos, etc. Sí hay gastos asociados, que requieren ser financiados”.
En contraste, la administración de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha dejado de hacer otras cosas. “No sabemos si están efectuando pruebas masivas, y de ser así, cuáles son los resultados. Las escuelas se mantienen abiertas, siguen invitando a participar de concentraciones masivas. Al minimizar el problema, agravaron la presión sobre el sistema, que está colapsado, y apenas inicia la etapa del contagio comunitario”, detalló Arana.
Al pensar en los fondos solicitados, el experto se pregunta si la administración podrá activar esos recursos para enfrentar esta primera oleada, en especial considerando que es necesario “modificar su estrategia, que es inepta, y no da una respuesta de fondo a este problema. Su sistema de salud comunitaria no es apropiado para un problema como el que representa esta pandemia”, sentenció.
Gobierno está rebasado
A partir de la situación planteada, Arana considera que “el Gobierno tiene que hacer pruebas y publicar los resultados; permitir que el sistema privado participe, para ayudar a gerenciar mejor la crisis. Se vieron rebasados por su ineptitud y arrogancia”, lo que acrecentó el problema y generó mayor aumento de la mortandad.
Arteaga, que conoce cómo funcionan los organismos financieros internacionales, a partir de su experiencia de dos décadas en el BCIE, recordó que este gobierno pidió 470 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), que publica de forma constante cómo asigna sumas millonarias a los países de la región, mientras se abstiene de dar una respuesta a la solicitud nicaragüense.
“Recordá que, en el mundo de la diplomacia, el silencio equivale a un no”, insistió Arteaga, quien explica que el silencio del Fondo está en el fondo de la explicación al silencio de los demás multilaterales.
“El FMI es el contralor que avala que un país está manejando bien la economía, y Nicaragua no tiene un acuerdo con el FMI. Solo la inspección del Articulo IV, que revisa estadísticas para elaborar un informe, pero no es vinculante. Las instituciones financieras multilaterales escuchan al FMI”, ilustró.
Arteaga vuelve al argumento que “el problema no es la disponibilidad de fondos, sino que Nicaragua no es vista como un buen sujeto de crédito. Es cierto que no todos los países tienen un acuerdo con el Fondo, pero el Fondo sí los tiene bien calificados”.
Firma: el sancionado Acosta
El exfuncionario de esa entidad regional recordó que nuestro país ya le pidió dinero al Banco Centroamericano, y que la respuesta fue que no les darían fondos frescos, pero les autorizaban a usar 11.7 de los 77 millones de dólares del tramo de carretera Nejapa - Jinotepe para solventar la petición de fondos para tratar la emergencia causada por el coronavirus SARS – CoV-2.
Al comparar entre multilaterales, Arana recordó que “el BCIE es distinto: se hace de la vista gorda, y no condiciona a los países con criterios estrictos, como sí lo hacen otros”. Por eso, opina que el Banco tendrá que aplicar “algún esquema de rendición de cuentas, que permita rectificar la conducción equivocada que Nicaragua le ha dado a esta crisis”.
La sanción a Iván Acosta, Ministro de Hacienda y como tal, firmante de la solicitud, además de seguir siendo el gobernador por Nicaragua ante el BCIE, impone un problema de forma en la relación del país con ese banco multilateral.
“Nicaragua no tiene a nadie en el BCIE, porque el gobernador Acosta está sancionado, y el director Navarrete murió el fin de semana. No hay quién hable por Nicaragua ante el directorio del BCIE. En este momento, hay un vacío ante la institución”, aseguró Arteaga.
Arana reconoce el problema, pero está claro que se puede resolver, “dándole a alguien más, la facultad de firmar y negociar…. Es posible que sigan adelante, simplemente sustituyéndolo”, recalcó.
Un economista que accedió a hablar con CONFIDENCIAL a petición de mantenerse en el anonimato, dijo que “habría que ver si el BCIE acepta darles dinero para una cosa, y que el Gobierno lo use para otra”.
