Miguel Puentes | Connectas
1 de mayo 2020
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Miles de pandilleros semidesnudos, con tapabocas, sin acceso a la luz del día y hacinados en celdas insalubres. Este es el panorama inhumano que develó Human Rights Watch en las cárceles de El Salvador tras la orden del presidente Nayib Bukele de mantener encerrados y mezclados presos de pandillas rivales durante 24 horas y autorizar la ‘fuerza letal’ por parte de la Policía y las fuerzas armadas ante estos. El mandatario tomó la decisión luego de recibir información de inteligencia referente a crímenes cometidos, al parecer, por pandillas que operaban desde los penitenciarios. La medida de contingencia del mandatario va en contra de las recomendaciones de aislamiento social para evitar la propagación del covid-19.
El pasado 24 de abril, El Salvador vivió el día más violento durante el mandato de Bukele: 23 personas fueron asesinadas en distintos puntos del país a manos de la delincuencia común, que aprovechó la ausencia de la fuerza policial y militar, que se encontraban custodiando las medidas de la cuarentena obligatoria. El crimen fue atribuido a miembros de las maras o pandillas salvadoreñas que también operan desde los penales de la ciudad, en donde cuentan con cerca de 12 862 pandilleros, según datos de la Dirección de Centros Penales.
La acción de los grupos ilegales llevó al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, a decretar: “El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”. A inicios de 2020, el actual Gobierno anunció que el país había registrado los índices más bajos de violencia en los últimos 30 años, con un promedio de 3.8 muertes por día, hecho que contrasta con lo sucedido en días pasados.
Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia.
Tendremos que mover recursos para combatirlos.
La @PNCSV y la @FUERZARMADASV deberán priorizar el resguardo de sus vidas, de sus compañeros y de los ciudadanos honrados.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 26, 2020
“Parece decidido a convertirse en un verdadero autócrata”, destacó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas. La decisión de Bukele recuerda a la gestión durante la cuarentena del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien autorizó al cuerpo policial disparar a quien no cumpliera con las leyes de la cuarentena, o el de su colega centroamericano, Daniel Ortega, un mandatario con un historial de abusos de autoridad que se remonta hasta 2007. Uno de los más recordados tuvo lugar en 2018, cuando las autoridades oficiales del Gobierno abusaron y torturaron a los jóvenes que protestaron en contra del régimen. Ahora, en plena pandemia, el gobierno nicaragüense está ocultado las cifras reales de infectados con coronavirus, e incluso ha despedido a personal médico que informe sobre los datos fácticos del covid-19, como ha informado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
🔴📢#Nicaragua 🇳🇮 La @CIDH, a través de #MESENI, @DESCA_CIDH y @RELE_CIDH, manifiesta preocupación por los despidos arbitrarios de personal médico y de salud por brindar información y/o criticar la respuesta del Gobierno ante la #pandemia de #COVIDー19. 📷@elnuevodiario pic.twitter.com/Ixnr80Ro68
— CIDH - IACHR (@CIDH) April 28, 2020
Autoritarismo: La coyuntura como escudo
La coyuntura de la pandemia, y los estados de excepción y emergencia que se están propiciando por su causa en la región, se han vuelto el escudo de varios gobiernos, sobre todo los que tienen un largo historial de autoritarismo y abuso de poder, para poder imponer decisiones que vulneran sin disimulo los derechos de sus habitantes y sus necesidades durante la cuarentena.
Casos como el de Bukele u Ortega nos recuerdan que, con el tiempo, la posible nueva pandemia que la región puede estar enfrentando, junto a la desigualdad y el hambre, es la del abuso de poder en ciertos países.
Pero estos países no son el único referente que hace visible este riesgo. Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro se suma a la lista con La Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela (FAES). En medio de la pandemia, el organismo ha desplegado todo su poder en contra de quien difunda cualquier información relacionada con cifras del Covid-19.
Las FAES son los encargados de ejecutar las órdenes de Maduro, y de hostigar a los ciudadanos que estén en contra del régimen, muchas veces atentando contra sus derechos vitales. Han sido acusados de asesinatos, abuso extremo de la fuerza y más últimamente de hostigar a periodistas que han puesto en duda las cifras oficiales de del virus en el país.
FAES se lleva detenido al colega Darvinson Rojas y a sus padres. Usaron como excusa que buscaban infectados por Coronavirus en Caricuao. ¿Por qué? Porque estaba informando acerca del tema... #informarnoesdelito #LiberenADarvinson pic.twitter.com/YoLeuUTlSm
— Sergio Novelli (@SergioNovelli) March 22, 2020
El caso del periodista Darvinson Rojas fue el más sonado de las últimas semanas en los medios venezolanos. El profesional fue detenido la noche del 20 de marzo, ”luego de poner en duda los casos de covid-19 confirmados por el Gobierno”. Aquel día las FAES llegaron a su casa con el pretexto de que había sido reportado un caso de coronavirus y se lo llevaron preso. Duró 12 días tras las rejas.
Profesionales de la salud, reporteros gráficos y aquellos que no hacen parte de la ‘baraja’ de Maduro han estado bajo vigilancia. Lo mismo ocurre en Cuba bajo el poder Miguel Díaz-Canel. Los periodistas, activistas y artistas se rigen bajo el autoritarismo de la Seguridad del Estado cubano, que sin previo aviso citan a los profesionales o llegan a sus casas en tono desafiante y los llevan a interrogatorios en donde se violan todas las normas de aislamiento para frenar el avance del covid-19.
A río revuelto, ganancia de pescadores: en #Cuba autoridades utilizan el #Covid_19 para intimidar a periodistas que trabajan pars medios cubanos independientes como @diariodecuba https://t.co/NbDSH2ixoR
— Edison Lanza (@EdisonLanza) April 4, 2020
Así como lo expresó el periodista Yoe Suárez , uno de los 245 regulados por el Estado en la Isla. “Lo han hecho dos veces contra mí y dos contra mi madre. El capitán Jorge, de la Contrainteligencia, insistió que mi trabajo como reportero en Diario de Cuba es pernicioso y antiético; sin embargo no ha leído mis textos”, afirmó a Radio Televisión Martí. Ser regulado en Cuba significa no poder salir del país. En la actualidad el Estado tiene bajo vigilancia a 145 hombres y 140 mujeres, de los cuales 150 son activistas políticos y 61 periodistas.
Timothy Snyder, historiador norteamericano, en una entrevista para el diario El País de España, señaló la relevancia de mermar el “dolor” en la pandemia, “porque los peores líderes autoritarios encuentran maneras de hacer que ese sufrimiento opere en su favor. Si no afrontas los hechos, si te dedicas a contar mentiras, consumes el tiempo que necesitas para salvar vidas”.
El caso de Jair Bolsonaro ejemplifica lo dicho por Snyder. Su pulso autoritario ha adquirido una narrativa de ‘Bolsonaro vs el coronavirus’, yéndose en contra de todo aquello que le recuerde el impacto del virus o que su país, por ahora, está perdiendo la batalla de prevención contra este. En la actualidad Brasil acumula 85.380 casos confirmados y 5901 decesos.
Una de sus peleas más visibles tuvo lugar el pasado 16 de abril, cuando despidió a su exMinistro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, por estar a favor del aislamiento obligatorio, una medida con la que el presidente brasileño sigue sin estar de acuerdo, a pesar de los ejemplos que tiene para seguir en la región. En vez de esto, Bolsonaro sigue instando a la población a salir y continuar con una ‘vida normal’.
#Cacerolazo | Así reaccionó la población de #Brasil. Protesta contra el despido del ministro de salud apartado por El pdte Jair Bolsonaro por defender el aislamiento social.
Según el último informe del @minsaude, 1924 personas fallecieron, 30.425 enfermos confirmados de #COVID19 pic.twitter.com/Tdy8Z2QkLt
— André Vieira (@AndreteleSUR) April 17, 2020
Algunos puntos de las Américas desde hace tiempo afrontan las voces de autoridad de sus gobernantes. Desde las épocas de antaño de Fidel Castro o Manuel Noriega, hasta los años de mandato de Hugo Chávez. Sin embargo, el escenario actual es distinto: en medio de una de las crisis sanitarias más grandes de la historia, en un contexto de desigualdad, pobreza, hambre, informalidad laboral, e irregularidades varias en el sistema de salud, miles de latinoamericanos están muriendo en cuestión de días. En vez de procurar evitar este panorama letal, varios gobernantes se han dedicado a empeorar el escenario, imponiendo decisiones autoritarias, sin importar el desenlace que estas puedan tener en sus pueblos. En unos meses las cifras de muertos y las voces de los sobrevivientes serán los únicos testigos del abuso de poder que está sometiendo a parte de la región durante la pandemia.
*Este análisis se publicó en Connectas, plataforma latinoamericana de periodismo.
