23 de abril 2020
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La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), vislumbra que, en este 2020, la caída del producto interno bruto será mayor al 6% que calcula el Fondo Monetario Internacional, por lo que demandan de las autoridades del Gobierno medidas paliativas para enfrentar el desastre, sin obtener respuesta.
“Si no hay apertura del Gobierno [para discutir e implementar medidas que ayuden a las empresas y los ciudadanos a mitigar la crisis], el desempleo y el hambre aumentarán de forma exponencial”, vaticinó Carmen Hilleprandt, presidenta de la CCSN.
La emergencia sanitaria causada por la pandemia de covid-19, vino a profundizar la crisis económica y social que vive el país desde abril de 2018, cuando el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió con balas al reclamo ciudadano que exigía la renuncia de ambos, y el llamado a elecciones libres, justas, vigiladas y transparentes.
“Nosotros también manejábamos esa proyección [de -6.0% que estima el FMI], sin embargo, con todas las coyunturas que han pasado ahorita, vemos que eso va a ser más negativo”, declaró Hilleprandt al ser entrevistada en el programa Esta Noche, que se transmite en línea.
Las coyunturas a las que se refiere, son el colapso de la industria del turismo, así como la caída de las exportaciones y de las remesas, que el experto Manuel Orozco vaticina de entre -10% a -12%, “sin embargo, habiendo más de 22 millones de desempleados en Estados Unidos, creo que ese dato se queda corto”, dijo la lideresa gremial.
De forma específica, detalló que algunos sectores como hoteles y restaurantes reportan caídas de hasta 70% y 90%, citando una estadística confirmada con socios de la Cámara que apuntan al cierre de unos 700 bares.
Adicionalmente, citó la publicación de un comunicado de la Cámara Nicaragüense de Restaurantes y Similares (Canires), donde se advierten los riesgos que corre ese sector que emplea a unas 30 000 personas.
Vía “encadenamiento”, el cierre de tantos lugares implica una disminución severa “entre 30% y 40%” en el consumo de productos como gaseosas, licores y cervezas, ítems “que aportan mucho al fisco”, detalló Hilleprandt.
No es el único producto de la industria fiscal que también vive horas bajas. La venta de cigarrillos se ha visto afectada, tanto por el alza en los impuestos que tributa, como por un contrabando feroz equivalente a más del 43% del producto que se fuma en el país, por lo que la presidenta de la Cámara de Comercio concluye que las estadísticas confirmarán esa baja.
Suma a eso, el incremento de los pagos del impuesto sobre la renta (IR), pagado en demasía a lo largo de 2019, al punto que, al llegar el momento de declarar el IR anual, muchas empresas tenían montos a su favor, de modo que, no solo no enteraron nada al fisco, sino que presentaron reclamos para recibir créditos fiscales.
A partir de esa realidad, “una de las propuestas que habíamos visto es que se diera la posibilidad -que está en la misma Ley Tributaria- de que el exceso que haya se pueda usar para el pago de otros tributos”, adelantó Hilleprandt.
Meta: proteger el empleo
Si bien la baja en las ventas y en la actividad en general ha desplomado los ingresos de las empresas, la presidenta de la Cámara de Comercio relata los esfuerzos de empresarios y gerentes por sostener a sus trabajadores hasta donde sea posible.
Entre las estrategias adoptadas, está la disminución de hasta 30% a 40% de salarios, de acuerdo con lo que permite la legislación, o la suspensión temporal de actividades. En el otro extremo, se menciona la entrega de paquetes alimenticios, o de bonos extra para los que cumplan estándares de limpieza.
En el caso de la industria del turismo internacional, la orden de dejar las flotas aéreas en tierra tiene “prácticamente cerradas todas las agencias, que han hecho convenios amigables, basados en la Ley”.
Hilleprandt recuerda que “la principal responsabilidad de dictar medidas recae en el Gobierno”, como se ha visto en muchos otros países, entre las cuales mencionó una moratoria de pago de intereses, o que se ofrezca recursos a las pequeñas y medianas empresas, para mejorar su flujo, similar a la petición que presentó el sector turístico.
La coyuntura actual se suma a una serie de problemas que las empresas ya venían resistiendo, el primero de los cuales es el aumento del pago de impuestos decretado por la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que la entrevistada definió como “una ley bien nociva” que les impone “la carga tributaria más alta de la región”.
Suma a eso el alto costo de la energía, que los golpea a todos, pero proporcionalmente más a las pequeñas empresas, tal como lo señala la observación empírica, pero también los análisis de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades).
“Somos el país donde la energía eléctrica es más cara”, pese a los vaivenes en el precio internacional del barril de petróleo, reclamó.
Hilleprandt también recordó las trabas burocráticas que hay que sortear para sacar los productos de aduana, o tener que sacar una solvencia fiscal cada mes. “Solo en Nicaragua se exige eso, y es más oneroso”, concluyó.
