1 de julio 2023
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La ofensiva tributaria que mantiene el Gobierno en contra de las empresas, representa una dificultad adicional para hacer negocios en un país como Nicaragua que tiene un pobre desempeño en materia gobernabilidad, respeto a la propiedad privada, los contratos, y la estabilidad en las reglas del juego, en especial las tributarias, lo que también termina afectando al Gobierno mismo.
Igual que varios de sus antecesores, la Administración Ortega también ha empleado las facultades recaudatorias que la ley concede a la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), y más recientemente a las alcaldías, (en especial la de Managua, que se integró a la tríada acosadora), para premiar a sus socios y castigar a sus desafectos.
“Lo que vimos la semana pasada con PriceSmart, es solo uno de los muchos casos que afectan a las empresas, tanto las que se dedican a la distribución al detalle, como las productivas o, en general, todas las empresas”, dijo a CONFIDENCIAL el exgerente de una entidad dedicada a prestar servicios al sector productivo.
Aun cuando la DGI tiene un papel destacado en esa ofensiva antiempresarial, este administrador se concentra en los problemas que pasan las empresas importadoras en su relación con las aduanas, que imponen dudas de valor, dudas de origen o cualquier cobro ilícito o multas improcedentes, argumentando cualquier falla en las declaraciones aduaneras. Incluso cuando no las hay.
El resultado común de esos señalamientos es que retrasan la recepción de la mercadería por parte de las empresas. Cuando esa mercadería es materia prima e insumos, se desacelera la producción, pero cuando son productos de consumo final, como ocurrió con PriceSmart, da como resultado una imagen tan poderosa que mostró muchos estantes vacíos en una empresa que siempre está a rebosar, tanto de productos como de compradores.
Más dinero… más, más
“Esa percepción ya está llegando hasta el consumidor, en el sentido de que muchos están expresando que, cuando visitan centros comerciales -y no me refiero a tiendas de lujo ni nada de eso- sino a abastecerse de productos alimenticios, electrodomésticos y otros, ya no encuentran la oferta que antes se observaba en cuanto a variedad y cantidad”, alertó.
La razón de fondo es “una recaudación voraz, comportamiento inconsistente con un país que genera impuestos con normalidad. Lo que te dice esa voracidad es que sostener la plataforma de Gobierno es tan caro, que necesitan recaudar mucho más”, sentenció.
Según el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República 2022, el Estado nicaragüense planeaba ingresar 92 637.8 millones de córdobas (2582.4 millones de dólares) en 2022, pero obtuvo ingresos totales por 113 886.2 millones (USD 3174.7 millones), lo que superó en 21 248.4 millones (22.9%, medido en córdobas), los planes plasmados para el ejercicio presupuestario del año pasado.
Las cifras también crecen en el primer trimestre de 2023. Según el Informe de Ejecución Presupuestaria Enero - Marzo 2023 (ambos producidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP), en ese período se percibieron ingresos totales por C$35 831.6 millones, (C$4737.8 millones o 15.2% más que el monto planificado para esos tres meses). Si solo se miden los ingresos tributarios, estos alcanzaron C$33 506 millones, superando en C$4540 millones (15.7%) la meta programada para ese período.
“El tamaño del Gobierno es excesivo con una plataforma coercitiva de alto costo, que demanda tantos recursos para mantenerse, por lo que buscan todas las maneras de obtenerlo, y en ese esquema, la Aduana solo es una forma de lograrlo”, detalló.
Chantaje a propios y a extraños
“Dominique”, trabaja en el área ejecutiva de una empresa que terceriza servicios administrativos, lo que le permite conocer la situación legal e impositiva de sus clientes, incluyendo a varios cuyos dueños son abierta (o solapadamente) progobiernistas.
“Dominique” mencionó una empresa de transporte de carga nacional e internacional, y otra ligada a la exportación de productos agrícolas, ambas encabezadas por simpatizantes del Frente Sandinista, que no logran obtener las certificaciones de parte del Ministerio de Gobernación o de la Dirección General de Ingresos, pese a cumplir con los requisitos.
La empresa de transporte “tiene mas de un año que solicitó la actualización de sus documentos para mantener la vigencia de la sociedad anónima y seguir operando con normalidad, pero no se las han querido dar: les firman la recepción de los documentos, pero no se los actualizan”, refirió.
En el caso de la empresa ligada a la actividad exportadora, esta tampoco ha podido actualizar su cédula RUC. Si bien pueden seguir operando con normalidad, “se ven obligados a tener que pedir autorización o a pagar para poder operar, lo que ellos interpretan como una forma de control, incluso siendo danielistas”, aseveró.
La tercera empresa, que fabrica piezas de vestir, no ha podido actualizar la documentación de su junta directiva en Gobernación y cédula RUC en la DGI, “pese a que están solventes. La respuesta que les dan desde hace cuatro meses es que están validando la información. Les reciben la información solicitada; les firman la recepción, pero no les entregan la documentación actualizada”, complementó.
Además de atrasar la documentación, el arma predilecta de la DGI son las auditorías, “de las que hay muchas que están en curso, y cada auditoría da como resultado hallazgos de reparos enormes que, aunque sean puestos en revisión, terminan en una dispensa parcial, en la que los empresarios terminan pagando más de lo que tenían que pagar”, conforme a lo que manda la ley, explicó el administrador citado antes.
En referencia a la decisión de confiscar al empresario Piero Coen, la fuente opinó que “toda confiscación manda una mala señal”.
