Trabas de Aduana: “parte del paisaje”

Hace varias semanas, el gestor de una empresa aduanera, que pidió ser identificado como “Jordan”, notó que cada vez que intentaba entrar a la Aduana Central de Carga Aérea, (ubicada en el Aeropuerto Internacional), el personal de seguridad le ponía trabas, y no entendía por qué, hasta que descubrió la razón: la gente marcaba los paquetes con consignas de protesta y mensajes satíricos contra el Gobierno.

La reacción de las autoridades fue meter policías vestidos de civil para descubrir quiénes lo hacen, y aunque hasta ahora “Jordan” no sabe si han detectado a alguien, la anécdota es apenas un reflejo de las dificultades que deben enfrentar tanto los gestores, como las empresas aduaneras, los ciudadanos y los empresarios que deben relacionarse con las aduanas del país.

Gestionar un paquete o una carga, puede representar la desagradable sorpresa de que le apliquen una ‘duda de valor’, que siempre se resolverá a favor de la Administración; o un semáforo ‘en rojo’, que implica revisar todo con lupa, para determinar si fue declarado correctamente, y cuál es el monto adicional a pagar.

“Demasiado sale en rojo”, señala Jorge Somarriba, presidente de la Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo de Nicaragua, (Adiprocnic), al detallar que la Aduana usa más de los tres días que le concede la ley para resolver, y eso se traduce en menor disponibilidad de inventario, y caída de las ventas. “Nosotros [la Asociación], pasamos las observaciones a la Aduana desde hace rato, pero no hay respuesta”, lamentó.

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“Jordan” sabe que, cuando se enciende la luz roja, significa que tendrán que pagar el doble para poder retirar la mercadería de sus clientes.

“En la Aduana Managua, donde están los almacenes fiscales, a un cliente le salió rojo. Los tres días de ley se hicieron más de una semana, y los trabajadores de la Aduana no responden llamadas, o dicen que la resolución no está lista todavía. Mientras, los almacenes, que son empresas privadas, cobran por todo el tiempo extra de almacenaje, a la vez que el dueño de la mercadería no puede cumplir sus tiempos de entrega”, relata.

Cobran por todo

Otros afectados son las empresas de paquetería, que antes guardaban los envíos en sus propias bodegas, pero ahora están obligados a almacenarlos en las bodegas de Aduana, lo que significa pagarle por ese servicio, mientras que ellos perdieron la posibilidad de cobrar por eso mismo.

“Felipe”, que trabaja como tramitador para una empresa del sector, dice que los empleados aduaneros los atrasan basados en “el protocolo que según ellos existe”, y que identifica como una mampara para que los funcionarios trabajen a su ritmo, hasta lograr que el empresario se desespere y esté dispuesto a pagarles, porque “todo lo hacen con dinero: si no hay dinero de por medio, no se mueven (…) todo es para pedir coima, o por venganza política en contra de ciertas empresas”, critica.

“Max” es un pequeño empresario que presta servicios a una empresa que provee acceso a Internet y como tal, relata que su empleador tiene problemas con las Aduanas, que atrasan el ingreso de equipos necesarios para atender a sus clientes, decisión que atribuye a una intención de beneficiar a empresas del sector, que son propiedad de la familia gobernante o de sus allegados.

El personal aduanero recurre a “cualquier excusa”, como el peso o la cantidad de equipos, afectando a la empresa, no solo con los ya citados atrasos, sino también al imponer altas multas, o cobros injustificados, explica.

Resignación empresarial

Acosados por un sinfín de trabas aduaneras que significan pérdida de tiempo y aumento de los costos de operación, las empresas que requieren de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), prácticamente han internalizado esa dificultad, y la volvieron parte de su realidad cotidiana. Algo así como otro escollo a superar.

Durante años, las empresas se han quejado en sus respectivas cámaras y ante el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), por la discrecionalidad con que operan los empleados aduaneros, elevando la ineficiencia operativa, e incentivando la solicitud de pagos ilegales.

“En Cosep seguimos recibiendo quejas”, admite su vicepresidente, Álvaro Vargas. Sin embargo, hay asociados que parecen estar resignados.

Así lo evidencian las declaraciones del presidente de la Cámara de Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense (Camexnic), Carlos Salinas, o de su colega, el presidente de Adiprocnic, Jorge Somarriba.

“A inicios de año había más problemas y quejas, por diferencias en la interpretación de las leyes, o por requisitos nuevos que exigían presentar, pero al mes de abril no nos han reportado nada más”, refiere Salinas, admitiendo que no sabe si es porque los problemas se han resuelto, o ya se interiorizaron.

Somarriba, de Adiprocnic, asegura que el tema ha dejado de llegar a las reuniones de la Asociación, como sí ocurría antes. “Hace rato que no tocamos ese tema, porque —graficó— ya se volvió parte del paisaje”.