22 de octubre 2024
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Las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de la industria minera en 2022, apenas sí perturbaron el desempeño de esa actividad. Ahí están los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), para mostrar que, si ese año se exportaron 525 600 onzas troy, en 2023 fueron 587 300 (11.7% más). Y este año lleva casi los mismos registros que el 2023.
Usando un símil de la guerra naval, Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, dice que la decisión estadounidense equivale a lanzar un par de pequeños torpedos a un barco enemigo, pero no con la intención de hundirlo, sino solo para mostrar poder y determinación. “Estos fueron más bien ‘disparos de advertencia’, que no detuvieron el barco, pero sí le hicieron cambiar de rumbo”, señaló.
El 17 de junio de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), y al presidente de su Junta Directiva, Ruy López Delgado, entre señalamientos de que “los miembros de alto rango del régimen de Ortega-Murillo se han beneficiado enormemente del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, debido en gran parte al papel descomunal que Eniminas ha desempeñado en canalizar las ganancias a socios del sector privado y sobornos a miembros del régimen”.
El 24 de octubre de 2022 le seguiría la Dirección General de Minas (DGM), adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MEM), ocasión en que la Administración del presidente Joe Biden también prohibió a ciudadanos estadounidenses que invirtieran en la industria aurífera nicaragüense. Más allá de esos mensajes políticos, los números demostraron que eso no era suficiente para cerrar el grifo dorado que alimenta las arcas del régimen encabezado por Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
La razón, según un criterio compartido por cuatro fuentes que hablaron con CONFIDENCIAL, es que, más que hundir las exportaciones de oro nicaragüense, la intención de Washington era enviar un mensaje mostrando su arsenal sancionatorio.
“En parte debido a la falta de aplicación de estas sanciones, la fiebre del oro de Nicaragua ha continuado en gran medida sin obstáculos”, señala el Oakland Institute (un centro de pensamiento que aborda problemas sociales, económicos y ambientales a escala global) en su Informe ‘Sanciones Simbólicas’, en el que asevera que “EE. UU. apunta al oro nicaragüense, pero deja intactos a los peores actores”.
Nimios resultados
“En principio, no ha habido un efecto de parálisis del sector”, admite el ambientalista Ruiz, señalando que lo que sí hubo es un cambio de los actores en los últimos dos años, en referencia a la entrada de empresas chinas al negocio aurífero nicaragüense, hecho que vincula con las sanciones, como una estrategia del parte del régimen para minimizar la capacidad estadounidense de hacer daño a esa industria.
Explica que otro efecto de esas sanciones, es que desenmascararon cómo funciona ese sector, y cómo se beneficia el régimen de la actividad minera “tanto por las sanciones a dos empresas vinculadas a Salvador Mansell y Laureano Ortega, como por las afirmaciones que hace el Departamento de Estado de que el sector aurífero suple importantes recursos económicos al régimen, y que hay corrupción, tráfico de influencias, etc.”.
Adicionalmente, señala que la reacción ante las sanciones “demostró el interés del régimen sobre la minería artesanal, que representa alrededor del 30% de la exportación de oro”, en especial cuando expropiaron el Plantel Los Ángeles, que posee una de las instalaciones con mayor capacidad para procesar material proveniente de la minería artesanal.
Aunque esa actividad es ilegal en el país, “tras las sanciones, el régimen creó una figura para tratar de avalar la minería ilegal a través del Ministerio de Energía y Minas. Eso beneficia tanto la extracción como a las industrias extractivas, porque les da cierto margen para decir que obtienen material de fuentes legales”, detalló.
“La idea era tocar un sector importante de la economía que aporta grandes ganancias a la dictadura”, explicó el economista Juan Sebastián Chamorro, recordando que por ley “las compañías mineras tienen que pagar regalías especiales al Estado, y ahí hay una gran cantidad de posibilidades de hacer negocio de parte del Ministerio de Energía y Minas, que también fue parte de la sanción”.
El gato y el ratón
Para el economista Enrique Sáenz, las sanciones -hasta ahora impuestas principalmente por Estados Unidos- “tienen una parte positiva y una parte negativa”, destacando que lo positivo es que las sanciones no apuntaron en contra del ciudadano común, sino “directamente contra los intereses económicos del empresario Ortega y su grupo empresarial: el negocio del combustible, el Goliath, el Bancorp, las minas, etc.”.
Al reiterar que “todas esas acciones han estado dirigidas contra el capital privado de Ortega y el patrimonio de los jerarcas del régimen”, Sáenz desestima el discurso de que las sanciones afectan a la ciudadanía porque “el pueblo nicaragüense nada tiene que ver con Bancorp, que ni siquiera otorgaba créditos. Ni con DNP, que era un mecanismo para esquilmar los bolsillos de empresarios y consumidores. Nada tiene que ver con Goliath, ni con los individuos que han sido afectados en su patrimonio personal”.
Al destacar lo negativo dice, utilizando un símil del boxeo “es como que le das un fuerte golpe a tu adversario. Eso le saca un poco el aire y se va contra las cuerdas y, en lugar de seguirlo, te replegás. ¿Qué significa esto? Que esos golpes han sido aislados”, comparó.
El efecto de esa actuación es que “el impacto es limitado y temporal, porque se le ha dado tiempo a la dictadura -que tiene el control del Registro Público, de la Procuraduría, de la Asamblea y de toda la institucionalidad estatal- para mitigar primero y evadir después, el impacto del golpe y poder recuperarse”.
Eso coincide con una observación de Juan Sebastián Chamorro, quien señala que, después de las sanciones, el régimen creó nuevas empresas para evadirlas. “Este es un patrón que hemos detectado en otro tipo de sanciones, en las cuales el régimen siempre busca una figura legal, un testaferro, una forma de esquivar la sanción original”.
Entonces, ¿para qué sanciones?
Sáenz asegura que no hay evidencia de que ni la Administración Biden, ni la Administración Trump, hayan tenido una estrategia definida hacia Nicaragua. “En la Fundación Puentes para el Desarrollo hicimos un estudio para ver de dónde provenía la política de Estados Unidos hacia Nicaragua y nos encontramos que las medidas, siempre aisladas, obedecían siempre al impulso del Congreso, actuando por un consenso bipartidario que se ha mantenido milagrosamente”.
Al corroborar que ambas administraciones han operado de forma similar, el economista concluye que “son decisiones que obedecen, por así decirlo, a un impulso político externo, como se evidencia al analizar las medidas que se han tomado, como reacción a ese impulso proveniente del Congreso, pero no porque se enmarquen en una estrategia definida”.
Un activista prodemocracia que accedió a hablar con CONFIDENCIAL desde el anonimato, dijo que en su momento el grupo opositor con el que colabora, vio las sanciones contra la industria minera “como un mensaje político, más que una presión material concreta, ya que a las pocas semanas de haberse implementado vimos que el impacto real era mínimo, pero enviaba el mensaje de que Estados Unidos puede sancionar a sectores económicos enteros si así lo quiere. Si el mensaje fue o no efectivo, o si le importó al régimen, esa es otra historia”.
Añade que Estados Unidos tiene muchas otras opciones para aplicar sanciones “desde estructuras enteras de testaferros, a empresas que mueven capital sucio del régimen, así como instituciones, incluído el Ejército, revisar el Cafta, etc., pero no lo hacen porque no quieren meterse de lleno a provocar la transición, porque no es parte de su política exterior”.
Esgrime como prueba que las partidas asignadas a los países del triángulo norte son “monumentalmente mayores a la que tienen asignada a Nicaragua, siendo Nicaragua un problema más serio, aún tomando en cuenta maras y migración”. Además del dinero, también sugirió comparar el tamaño de los equipos de funcionarios que tienen asignados a cada país.
