19 de febrero 2022
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La sanción estadounidense al general Ramón Humberto Calderón Vindell, presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), no debería afectar el normal desempeño de la actividad minera en el país, toda vez que el afectado es solo una persona a título individual, y que la entidad es una empresa más, no el ente rector, afirman fuentes del sector.
Dos ejecutivos de la industria minera consultados por CONFIDENCIAL, dijeron que para las empresas privadas que tienen concesiones de exploración o extracción de metales preciosos, la exposición al riesgo es prácticamente inexistente porque su entidad rectora es el Ministerio de Energía y Minas (MEM), no la empresa pública que todavía dirige el exmilitar.
El pasado diez de enero, mientras los cómplices de la dictadura de aprestaban para desarrollar la falsa toma de posesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la presidencia y vicepresidencia de la República de Nicaragua, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informaba de la sanción contra Calderón Vindell, y cinco funcionarios más del régimen.
Los argumentos esgrimidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), señalan que la creación de esa institución por parte del Gobierno de Nicaragua en 2017, “aumentó la participación estatal en el sector minero, especialmente en la extracción de oro, a través de empresas conjuntas con empresas privadas”.
“El valor de las exportaciones de oro de Nicaragua ha aumentado dramáticamente en los últimos años, impulsando las ganancias de sus aliados en el sector privado y aumentando los ingresos de Eniminas, que administran figuras importantes del partido gobernante”, menciona la OFAC.
Las exportaciones de oro en bruto crecieron 172.8% entre 2017 y 2021, pasando de USD 322.7 millones, a USD 880.5 millones. Ese crecimiento de USD 557.8 millones es uno de los indicios que señala el investigador de IBI Consultants, LLC, Douglas Farah, para afirmar que el régimen de Daniel Ortega está triangulando oro venezolano para exportarlo como nicaragüense.
Nadie hace negocios con Eniminas
“Eniminas es una empresa estatal, y como tal, podría competir con nosotros, aunque no conozco que haya empresas privadas que tengan actividades con ellos”, dijeron las fuentes.
“Todas las empresas del sector son privadas y con quien tienen que interactuar de manera forzosa conforme a la ley, para gestionar permisos y todo, es con el MEM. Nadie está obligado a hacer negocios con Eniminas, y si alguien lo hace es porque quiere, pero puede dejar de hacerlo si así lo desea”, añadieron.
Dada la cobertura de las sanciones estadounidenses, el funcionamiento de la empresa estatal no parece estar en cuestionamiento, porque fueron aplicadas directamente al general retirado.
Las fuentes suponen que el régimen se limitará a quitarle funciones administrativas a Calderón Vindell, igual que hicieron con otros sancionados. El MEM tiene una Dirección de Minas, que funciona normal, como sigue funcionando el Ministerio de Hacienda, pese a que Iván Acosta está sancionado.
“Es cierto que la sanción es personal, y que si hubiera sido directo contra la institución, nos imposibilitaría hacer alguna actividad con ellos, pero puede ser visto como una señal de lo que Estados Unidos pudiera hacer en el futuro”, dijeron las fuentes.
Eniminas tiene concesiones a su nombre, y construye una planta en Villanueva, municipio que, junto a Somotillo, son parte del distrito minero de León y Chinandega, en donde hay actividad minera formal, pero también minería artesanal, y pequeña minería.
La ley permite a Eniminas desarrollar las concesiones que se habían reservado para el Estado, que suman decenas de miles de hectáreas, y pueden ser desarrolladas implementando planes de negocios en solitario, o con socios en un joint venture.
“Aunque las concesiones no están otorgadas necesariamente a nombre de Eniminas, ellos tienen un derecho prioritario sobre esas concesiones”, explicaron las fuentes.
