20 de marzo 2019
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El desplome de la economía nicaragüense ha afectado más al conjunto de las familias, que a la banca nacional, pero nadie ha salido indemne: por un lado, hay unas 415,000 personas en el desempleo o el subempleo, mientras que muchos nicaragüenses están en riesgo de volver a la pobreza. Por el otro, la banca parece sumida en una espiral económica descendente, advierte el ensayo “Tragedia Nicaragüense: del Consenso a la Coerción”, presentado este martes en el Centro Wilson, situado en la capital estadounidense.
En el ensayo sus autores -el catedrático y ex funcionario del Departamento de Estado Richard Feinberg y la investigadora Beatriz Miranda- efectúan una mirada intensa sobre las últimas tres décadas en el país, para ayudar a entender cómo es que se llegó hasta la Rebelión de Abril.
El artículo de Feinberg y Miranda fue debatido en el Centro Wilson en un panel en que participaron Luis Rivas, CEO del Grupo Promérica, y Julie Chung, funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos que acompañó al embajador McKinley en la reunión con el presidente Daniel Ortega.
“Antes de la crisis, el FMI había juzgado que el sistema bancario nicaragüense era “sólido” y “robusto”, con niveles de capitalización y liquidez muy por encima de los estándares internacionales”, precaución que proporcionó “cierta protección contra los choques de mediados de 2018”, reconocen.
Pero la crisis económica que siguió a la represión gubernamental en contra de los ciudadanos, llevó a un aumento de los préstamos en mora, a una caída en picada de los beneficios, y a poner repentinamente en riesgo, el capital que los bancos habían acumulado durante muchos años.
En su análisis, Feinberg y Miranda advierten que “el retiro continuo de depósitos podría llevar a una crisis de liquidez, por lo que los bancos no podrían cumplir con sus obligaciones… y cerrar sus puertas o buscar nuevos propietarios. Alternativamente, las pérdidas de préstamos y la disminución de las ganancias podrían acabar con su capital, creando una crisis de solvencia”.
Como se sabe, “una pérdida total de confianza podría causar una corrida en los bancos. Hasta el momento, los retiros de depósitos procedieron gradualmente, pero a la luz del estancamiento político tenso, un retiro explosivo exponencial de depósitos se alza como amenaza creíble”, detallan.
De hecho, la falta de liquidez suficiente para enfrentar una posible corrida de depósitos, tiene en vilo al sistema bancario, que desde hace meses restringió el crédito para casi cualquier tipo de actividad, decisión que ahora se extiende a la producción agropecuaria, lo que amenaza a esa actividad de la que dependen miles de empleos, así como el comercio local, las exportaciones, la agroindustria, y la seguridad alimentaria del país.
Los pro y contra de las sanciones
Si bien “un colapso financiero podría ser provocado por la situación interna”, los autores sopesan el efecto que podrían tener las sanciones económicas estadounidenses, cuyas “medidas punitivas”, apuntan al liderazgo sandinista, pero también pueden perjudicar a la economía y a la sociedad en general.
Las sanciones contra personas “buscan obligar a estos individuos y otros altos funcionarios a reevaluar sus vínculos con el régimen Ortega-Murillo”. La decisión de oponerse a los nuevos préstamos “amenazan a la economía en su conjunto para socavar la base política de Ortega”, pero si se sostienen, “inevitablemente traerán sufrimiento al nicaragüense promedio”, advierten.
Feinberg y Miranda señalan que la efectividad de la estrategia de sanciones supone que “el control aparentemente firme de Ortega sobre el liderazgo sandinista y sobre las fuerzas de seguridad puede verse afectado; que Ortega y los suyos responderán racionalmente al descontento popular; y que la oposición política podrá aprovechar cualquier división emergente para aumentar su capacidad de negociación”.
Esas sanciones podrían afectar los flujos de mercancías y de dinero entre Estados Unidos y Nicaragua, que coloca en ese país el 40% de sus exportaciones de productos, así como el 70% de la producción de las empresas que trabajan en régimen de zonas francas, sin desdeñar que unos 800 millones de dólares (55% del total anual de remesas), proviene de ese país.
“Las sanciones estadounidenses contra las remesas y la exportación de mercancías (especialmente en el sector de vestimenta, que es intensiva en mano de obra) dañarían directamente a los hogares de clase media y pobres”, advierten los estudiosos.
En ese sentido, hacen notar que la aplicación de sanciones económicas que afecten a todo el país puede ser contraproducente, porque aquellos que tengan un empleo en el Estado, o cualquier tipo de beneficio gubernamental, fortalecerán su lealtad a Ortega, aumentando la cohesión del régimen.
El impacto de la salida política
Restaurar una paz verdadera, y echar a andar el aparato productivo nacional -con apoyo financiero internacional- podría triplicar el PIB per cápita desde los 2161 dólares en que estaba en 2017, a unos 6700 dólares en 2050. Con un esfuerzo mayor, la siguiente generación podría disfrutar de un PIB per cápita seis veces mayor que el actual, concluye el ensayo de Feinberg y Miranda.
Su resumen es sencillo: sí, el crecimiento económico es importante; la distribución de la riqueza, también lo es. Pero no es suficiente. Las instituciones, la institucionalidad, pesan. Pesan mucho, y no bastan los acuerdos público-privados para hacer creer a todos que todo está bien.
“Como economía en desarrollo, Nicaragua enfrenta muchos desafíos, pero el modelo económico diseñado en los últimos 25 años había sentado una base sólida. Las claves del éxito futuro incluían una disciplina macroeconómica sostenida, un crecimiento liderado por las exportaciones, una plataforma de exportaciones cada vez más diversificada, y una apertura a la inversión extranjera y al financiamiento multilateral”, resume el documento.
Los autores añaden que “se podría lograr una distribución razonablemente equitativa de los frutos del crecimiento mediante la combinación de una sólida creación de empleo, políticas fiscales progresivas y programas de asistencia gubernamental específicos y eficientes. En el sector privado, una fuerza laboral más educada y entrenada, justificaría un reparto más justo de las ganancias de productividad”.
Al final de cuentas, la realidad se mostró distinta del edulcorado escenario que trataban de orquestar las partes interesadas, como quedó en evidencia cuando “los eventos revelaron que había un problema crítico, o un conjunto de problemas, donde no había consenso: la reforma de las instituciones del sector público”.
Aprovechando a papá Estado
“La vieja mentalidad que buscaba manipular la oficina pública para obtener ganancias privadas y partidistas no había desaparecido. Las relaciones adecuadas entre los sectores público y privado, y entre el aparato estatal y los principales partidos políticos estaban en discusión”, relata.
“También estaban en disputa la independencia del Poder Judicial, y la integridad del proceso electoral. De ahí, la profunda crisis política. Nicaragua es una prueba viviente de que el crecimiento económico no es sostenible sin un consenso funcional sobre las instituciones políticas”, como lo advirtieron muchas voces en distintos momentos de la última década.
Repitiendo lo que se le ha advertido al Gobierno de Daniel Ortega, Feinberg y Miranda detallan que “Nicaragua necesita de forma desesperada, una solución política lo suficientemente creíble como para restablecer la confianza en los mercados financieros, los inversionistas y los consumidores”.
“Los problemas políticos más apremiantes son la reforma del sistema electoral y la fecha de las elecciones, así como el retorno de las libertades civiles y la libertad de los presos políticos”, por lo que “deben seguirse reformas de gobierno más integrales”, señalan.
Advirtiendo a quienes esperan soluciones a muy corto plazo, los autores remarcan que al inicio, “es probable que la recuperación económica avance lentamente, a medida que la nación se recupera del trauma severo de la confrontación violenta, y los actores económicos esperan para ver si los nuevos acuerdos políticos son sostenibles”.
“Durante esta transición, las instituciones financieras internacionales pueden montar un paquete de estabilización concertada y de desembolso rápido, que establezca las condiciones para un crecimiento renovado”, invitaron.
Se refieren a entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, a los que señalan de haberse quedado cortos en tres aspectos críticos: no enfrentar la corrupción, confiar en estadísticas oficiales poco confiables, y no calcular adecuadamente el riesgo político.
