4 de marzo 2020
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Los 7855.5 millones de córdobas que obtuvo el Gobierno de Daniel Ortega, gracias a la aplicación de la reforma tributaria en vigor a partir del 1 de marzo de 2019, tuvo como contrapartida un tsunami que golpeó a las empresas y a las familias, tal como lo demostraron varios economistas que participaron en un foro tributario organizado por el sector privado nicaragüense.
Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), mostró cómo, entre 2018 y 2020, la pobreza que afectaba al 24.5% de los nicaragüenses creció casi cuatro puntos porcentuales, elevándose al 28.4% de los habitantes.
El comportamiento de la pobreza extrema sigue la misma tendencia, al pasar de 6.7% a 8.4% entre ambos años. En paralelo, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, que se usa para indicar el estado del empleo formal en el país, decayó en 209 000 personas (22.9% menos), entre 2017 y 2020, según los pronósticos de Copades.
A las empresas no les fue mejor. De hecho, el desastre económico que sufren las familias, es reflejo directo de la situación que vive el sector privado, grande o pequeño, formal o informal.
Avendaño lo grafica claramente, al explicar que el impacto de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria (LCT), “aceleró la tasa de inflación de precios al consumidor en tres puntos porcentuales”.
El dato oficial del Banco Central de Nicaragua (BCN), indica que la inflación cerró 2019 en 6.13%.
Hilvanando resultados, Copades halló que la reforma “aceleró la tasa de caída de la producción en dos puntos porcentuales, y fortaleció la recesión económica, que ha durado siete trimestres”, además que “contribuyó a que la demanda interna de bienes y servicios finales de consumo e inversión, se desplomara 9.2%”.
Estrategias de sobrevivencia
Entre otras consecuencias, la inversión fija del sector privado se contrajo 15.6%, lo que está ligado con la disminución de la producción y la caída del gasto de consumo de los hogares, a la vez que “incidió en la destrucción de 82 000 puestos de trabajo formal e incrementó el nivel de subempleo (60% del total de ocupados) y del desempleo abierto y equivalente (34% de la PEA)”, señaló Avendaño.
Mientras todo ese cuadro alentaba el contrabando de bienes (cigarrillos, principalmente), “redujo la liquidez y afectó el capital de trabajo de las empresas por el aumento de la tasa del pago mínimo definitivo a cuenta del IR y el adelanto de la fecha de declaración al 5 en vez del 15 de cada mes”, disminuyendo la tasa de rentabilidad empresarial, dijo Copades.
Para lidiar con esa acumulación de dificultades, las empresas tuvieron que reducir gastos relacionados con su personal, lo que llevó a una sobrecarga laboral para los que se quedaron, y redujo la productividad, aunque también contrataron “proveedores y servicios informales”, explicó la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Dependiendo de su giro de negocios, otras disminuyeron el tamaño de sus inventarios; eliminaron algunas líneas de productos importados que eran menos rentables; tercerizaron algunos procesos como distribución y almacenamiento, negociaron los plazos de crédito con sus proveedores, y no renovaron activos tales como flotas vehiculares y equipos de oficina.
Al ofrecer casos específicos, los investigadores de la Fundación hallaron que las empresas del sector turístico recurrieron a estrategias tales como “ofrecer promociones o descuentos; reducir costos y horarios; utilizar ahorros propios, tratar de atraer también a los turistas nacionales; ampliar la oferta, buscar apoyo informal, y aliarse para compartir rentas”.
Dado ese escenario, el presidente de Copades, Néstor Avendaño, considera oportuno “propiciar liquidez a las empresas, con la reducción del pago mínimo definitivo a cuenta del impuesto sobre la renta de 3% a 1.5% para los grandes y principales contribuyentes, ya que el crédito es más escaso y caro”.
Perfeccionamiento activo
Avendaño también cree necesario “formular una política cambiaria proexportadora, que persiga el objetivo de reducir la sobrevaluación del córdoba y, así, estimular el esfuerzo de los productores” que tratan de aumentar el volumen de las exportaciones y la sustitución de importaciones.
En esa misma línea, sugiere restablecer las exoneraciones del pago del IVA, para reactivar la producción agroexportadora y la sustitución de importaciones, algo para lo que el académico Joe Henry Thompson, propone aplicar el ‘perfeccionamiento activo’.
El experto recordó que fomentar las exportaciones favorece la recuperación económica del país, genera empleos y reactiva la actividad empresarial, por lo que recomienda aprovechar el marco legal que ofrece la batería de tratados comerciales que están en vigencia, y sirven para regular el comercio y la inversión.
Menciona el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana; el Convenio Sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; y varios acuerdos de libre comercio, entre ellos el DR-Cafta; el México – Centroamérica; el Acuerdo de Asociación con Europa (AdA), y el Corea del Sur - Centroamérica.
Clave para tener mejores resultados, es aumentar la base exportadora, apoyando a las empresas, pero también, incrementando la diversificación geográfica de esas empresas, para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados emergentes.
Una de las opciones propuestas es invocar el régimen aduanero de ‘perfeccionamiento activo’, en referencia a una disposición de la Organización Mundial de Comercio que permite exonerar, total o parcialmente, de los impuestos a la importación, a las ventas locales o al ingreso bruto, determinadas mercancías “para su transformación, elaboración o reparación, y posterior exportación”.
Para poder aprovechar esa opción, las empresas deben exportar, “de manera directa o indirecta, por lo menos 25% de sus ventas totales”, siempre y cuando el valor exportado supere, al menos, el equivalente a 50 000 dólares anuales.
