15 de julio 2023
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Una “red de gestores tributarios” opera dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI), y de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), para expoliar a las empresas, denunciaron a CONFIDENCIAL dos empresarios que sufrieron cobros indebidos, y confirmó un exempleado de la DGI, todos bajo petición de anonimato.
Desde hace varios años, empresarios de diversos rubros económicos han denunciado ser víctimas de una política de extorsión integrada por tres entidades gubernamentales: la DGI, la DGA, y las alcaldías, en especial la de Managua (ALMA), destinada a hacerlos pagar impuestos mayores a los que manda la ley, pero también para sacarles dinero que queda en manos una “red” de particulares.
Aunque ya existía desde antes, esa red creció en número e incidencia en 2018, luego que se cerrara la oficina de pequeños contribuyentes, al considerarse que representaba un gasto operativo innecesario, siendo que la gente efectuaba sus pagos en los bancos. Eso creó una masa flotante de personal, que se resolvió reubicando a algunos en Migración, mientras otros fueron enviados a otras dependencias de la DGI, explicó a CONFIDENCIAL el exempleado citado antes, que pidió ser identificado como “Benji”.
El resultado fue que algunos de los que no fueron reubicados encontraron una forma de hacer “dinero fácil”, consiguiendo con sus antiguos compañeros de trabajo, un carnet que los identificara como fiscalizador para presentarse en las empresas a hacer inspecciones en nombre de la DGI. Al concluir sus supuestas auditorías, encontraban “inconsistencias” y “omisiones” por las que imponían multas y reparos, y luego se ofrecían para negociar un acuerdo con la DGI, para rebajarles la multa.
“Benji” detalló que no solo los extrabajadores se han embarcado en el “negocio” de extorsionar a las empresas, porque él sabe de gente que sigue ahí dentro y hace exactamente lo mismo, y lo hacen basados en la filosofía de que “serían unos idiotas si no robaran, habiendo libertad para hacerlo”.
“Actúan así, porque ven que es algo que también hacen sus jefes y hasta sus compañeros de trabajo; a veces, para aumentar la recaudación, y en ocasiones, como una forma fácil de ganar dinero, porque saben que no habrá consecuencias”, insistió.
Pague para acelerar el proceso
“Rodrigo”, exgerente de una empresa, es uno de los empresarios afectados por ese esquema corrupto, relatando cómo fue víctima de “una amplia red de una mafia de gestores tributarios (casi todos exempleados de la DGI, pero también de la DGA) que en contubernio con funcionarios de la institución ‘resuelven’ los problemas que impiden inscribir nuevas empresas”.
Después de salir de la empresa en la que estaba, “Rodrigo” decidió poner en uso sus habilidades gerenciales y crear un nuevo negocio, pero se encontró con una pared artificial de obstáculos que solo podía ser superada con dinero, cuando los “gestores tributarios” le dijeron que su documentación presentaba muchas omisiones, y que por eso no podría inscribir su empresa ni obtener la cédula que acreditaba su inscripción en el Registro Único de los Contribuyentes (RUC).
Refirió que la información que le dieron, es que esas “omisiones” harían que se le denegara la documentación por más de seis meses e inclusive un año entero, con la salvedad que se podía acelerar el proceso “previo pago de elevadas coimas a los gestores, en ocasiones, de varios miles de dólares”.
“Ese ha resultado ser el modus operandi de esa institución a la vista y paciencia de la Dirección General que depende no del ministro de Hacienda, como dice la ley, sino que recibe órdenes directamente de la señora. Es normal que, a más burocracia, mayor corrupción”, comentó.
Como economista, advirtió que al darle carta de naturaleza a ese modus operandi en el que los gestores trabajan para su propio beneficio, disminuye la recaudación de la DGI, que deja de percibir tributos porque las empresas no pueden comenzar a invertir, operar y pagar sus impuestos en buena ley, como le ocurrió a él mismo. “La DGI es el muro de contención para la inversión, porque si hubiese más empresas que se legalizaran, recaudarían más”, sentenció.
Finalmente, un empresario del área comercial relató a CONFIDENCIAL “un caso de voracidad por parte de la DGI en el cobro de impuestos”, refiriendo que al tratar de vender un bien inmueble de su propiedad, le cobraron “7% (antes de 2018 era 4%) sobre el valor catastral o la escritura. El que sea más alto, y ahora duplican antojadizamente el valor real de la propiedad”, para obligar a pagar mucho más de lo que manda la ley.
