2 de noviembre 2023
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La decisión del régimen de pasar el Sistema Nacional de Registros al control de la Procuraduría General de la República (PGR) es “una barbaridad”, que aumenta la inseguridad jurídica para cualquier propietario en Nicaragua, asegura el economista Juan Sebastián Chamorro. Además, cuatro abogados que hablaron con CONFIDENCIAL a condición de anonimato, advierten que esa medida deja sueltas las manos de los funcionarios del régimen que deseen quedarse con cualquier propiedad que no les pertenezca, o asignársela a quien se les ordene asignarla.
Este martes 31 de octubre, 81 diputados de la aplanadora oficialista que se autoadjudicó el régimen dentro de la Asamblea Nacional, aprobaron reformar cinco leyes para que los Registros Públicos de Propiedad, Mercantil, Personas, Garantías Mobiliarias, y de Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles, salieran del control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y pasaran a la órbita de la PGR.
Un abogado nicaragüense dijo a CONFIDENCIAL que el traspaso del Sinare “no tiene ningún razonamiento jurídico, es un mero acto de control absoluto y de centralización del poder”, que además envía un mensaje a los trabajadores de los Registros, en el que les deja claro que, aunque (antes) trabajaban para el Poder Judicial, eso no quiere decir que no tuvieran que someterse a la voluntad de la dictadura bicéfala.
“Es un acto de escarnio público someter al Sinare, la entidad con mayor nivel de legalidad e independencia del Poder Judicial que aún quedaba, a una entidad como la PGR, que es hoy la entidad más avasallante e incompetente. Es una fuerte estocada a lo que quedaba del Poder Judicial. Otro golpe más a los vestigios de independencia de poderes, y a la seguridad jurídica de los derechos de propiedad”, añadió.
Esta fuente recordó que en los últimos catorce años, el Sinare, que fue concebido en la época de diálogo con el sector privado, “fue uno de los logros institucionales más notorios del Poder Judicial”, y que a pesar de las críticas, tenía el prestigio de ser “una de las instituciones más eficientes y con decisiones menos politizadas”.
Me gusta tu propiedad: me la quedo
Esa decisión “sólo puede definirse como una barbaridad jurídica, y es por eso que se requiere una reforma constitucional profunda, porque este es un cambio profundo en el régimen de derechos de propiedad en Nicaragua”, aseveró Chamorro en un video difundido en su perfil en la red social X.
El economista explicó que esa decisión quita de la ecuación al Poder Judicial, que en la teoría moderna debería jugar el papel de ‘tercero independiente entre las distintas partes’, en este caso, de cara al Registro de la Propiedad, pero ahora la función del Registro pasa a manos de un interesado, en este caso la PGR, que es el abogado del Estado.
El riesgo es que, dependiendo de sus necesidades o antojos, esa entidad podrá “alterar los registros, y hasta podrá confiscar sin necesidad de ir a pedírselo al Poder Judicial que además, queda sin una fuente importantísima de recursos, porque cada vez que se registraba una hipoteca, una propiedad, o un cambio de propiedad, se pagaba por el trámite, pero ahora, esos dineros le quedarán al procurador”.
Chamorro dice que la reforma aprobada por la Asamblea Nacional “cambia fundamentalmente las reglas del juego de la tenencia de la propiedad en Nicaragua. Es un pésimo mensaje para los inversionistas, que tienen cada vez más vulnerados sus derechos de propiedad, así como los derechos de propiedad de todos y cada uno de los nicaragüenses”.
Poder omnímodo de la Procuraduría sobre registros
Otro abogado nicaragüense valoró que la ley aprobada este martes, vuelve “juez y parte”, a la Procuraduría General de la República, que es parte litigante en todo tipo de proceso judicial donde el Estado tenga interés.
Explicó que mientras el Registro Público estaba bajo la jurisdicción de la CSJ, su papel era servir como una herramienta para auxiliar a los jueces en su actividad, pero ahora, cuando un ciudadano requiera una constancia registral que vaya en contra de los intereses de la PGR en determinado juicio, la PGR simplemente no la va a emitir, o en el mejor de los casos le dará largas, para que no haya tiempo de incorporar el documento al juicio en tiempo y forma.
El abogado citado inicialmente, coincidió en que la Procuraduría es “parte interesada” en miles de disputas por derechos de propiedad, y ahora se convierte en juez y parte, por lo que podrá poner a nombre del Estado cualquier propiedad cuando quiera, simplemente generando “por sí y ante sí”, un nuevo asiento registral.
Una abogada, que también se encuentra en el exilio, opina que “esa decisión tiene un significado”, porque al pasar el Registro de la Propiedad a control de la Procuraduría General, qué es la que ejerce la notaría del Estado, “quiere decir que ellos podrán adjudicarse cualquier propiedad que les guste. Bastará con que la Notaría del Estado elabore una escritura, designe quién es el nuevo propietario, y la registre. Ya no tendrán que pasar por el proceso de la Corte, de ningún juez, ni de nada, aunque ellos igual pasaban por encima de todo”, recordó.
Un cuarto abogado consultado por CONFIDENCIAL consideró que la jugada oficialista responde a la intención de aumentar la influencia de la Procuraduría, pero también, para limitar una posible fuga de información sobre propiedades inscritas en los Registros Públicos.
Al final, el cambio fue posible gracias a la decisión de reformar la Ley 411, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua; la Ley 698, Ley General de los Registros Públicos; la Ley 501, Ley de Carrera Judicial, y la Ley 920, Ley de Tasas de los Registros Públicos del Sistema Nacional de Registros, así como una reforma al artículo 165 de la Constitución Política.
