1 de abril 2023
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Los trabajadores de algunas cámaras empresariales cerradas, a inicios de marzo, por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no han cobrado sus últimos pagos y liquidaciones de ley, ya que —según los directivos de las organizaciones— la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene bloqueadas las cuentas bancarias de las entidades gremiales.
La dictadura orteguista canceló, el pasado 6 de marzo, al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y 18 de sus cámaras, y como consecuencia alrededor de 300 personas se fueron al desempleo inmediato, lo que incluye choferes, recepcionistas, contadores, conserjes, administradores, analistas y técnicos. Muchos de ellos, desde entonces, esperan el pago de su última quincena y la liquidación, que de acuerdo con la legislación nicaragüense debe cancelarse en un plazo de diez días hábiles, luego de la terminación del contrato laboral.
La empleada de una cámara, cuyos asociados se dedican a producir alimentos, explicó que “aún no han podido pagar nuestras liquidaciones, porque la Junta Directiva continúa buscando los procedimientos adecuados para pagar”. En este caso, el principal atraso es que, “al estar las cuentas congeladas, se tiene que buscar legalmente cómo proceder ya que no hay efectivo disponible, ni cuentas bancarias en las que se pueda recibir y transferir dinero”.
Los directivos le han pedido al personal que les den un poco de tiempo, manteniendo la promesa de que van a pagar, y aunque no pueden darles fecha, esperan poder hacerlo en los próximos días.
La incertidumbre es mayor, por cuanto la Procuraduría no les ha dado ninguna indicación acerca de cómo proceder, ni emitido ningún tipo de comunicación, y los directivos no se atreven a hacer ningún tipo de gestión institucional ante esa entidad, para evitar ponerse en la diana de las autoridades.
A mediados de marzo, fuentes del sector empresarial dijeron a CONFIDENCIAL que la PGR no ha informado a las directivas de las 19 entidades del sector privado ilegalizadas, cuál será el procedimiento a seguir para que, al término de su disolución, sus bienes y propiedades pasen a manos del Estado de Nicaragua, así como si podrán disponer de sus cuentas bancarias. Esta situación se mantiene.
Ministerio del Trabajo “no puede hacer nada”
El expresidente de otra cámara del sector servicios, dijo que a pesar del esfuerzo que están haciendo sus sucesores en la Junta Directiva “aún no se han podido pagar las liquidaciones del personal”, básicamente porque cuando los bancos les cerraron las cuentas, se quedaron sin acceso a los recursos, por lo que continúan esperando poder retirar el dinero para pagarle a sus exempleados.
Una extrabajadora de una organización del sector servicio comentó a CONFIDENCIAL que, junto a unos excompañeros, fue al Ministerio del Trabajo (Mitrab) para conocer cuál era el procedimiento ante la falta de pago de una liquidación, pero les indicaron que en su caso “tenían que esperar la resolución de la PGR”.
“El Mitrab nos dijo que no puede actuar, porque además la ley (laboral) establece que tenemos hasta un año para esperar el pago de la liquidación”, dijo la afectada, quien indicó que en el Ministerio del Trabajo le informaron que “dentro de siete meses podemos, colectiva o individualmente, demandar al presidente de la cámara, si todavía no nos han cancelado”.
La exempleada subrayó que la demanda al exempleador sería la última opción, pero que fueron al Mitrab porque en la cámara empresarial “no les dan información de las gestiones”.
“Nos dicen que lamentablemente el pago no depende de ellos, ya que están viviendo una situación irregular, y que todo es culpa de la Procuraduría”, añadió.
Pagan liquidación, pero falta cancelar a proveedores
La gerente de una empresa que presta servicios al sector de la construcción, dijo que la cámara a la que está asociada, sí pudo pagar a todo su personal, que de todos modos no era muy numeroso, aunque todavía no pueden echar el cierre total desde el punto de vista financiero, porque “aún tenemos fondos bloqueados en los bancos”.
Una extrabajadora de otra cámara que se dedicaba a favorecer la producción, dijo que el personal ya había recibido su liquidación de ley, y que después de cumplir con esa obligación legal, los directivos estaban concentrados en pagar a los proveedores a los que aún se les tenían pagos pendientes.
Muchos de esos proveedores son pequeños empresarios que prestaban servicio a la cámara, como los que servían refrigerios, o las imprentas. “Ahorita se está ordenando todo para pagarle a todos esos negocios pequeños. También se le está regresando el dinero a las empresas que ya habían pagado el patrocinio para una exposición que estábamos organizando”, detalló.
La exdirectiva de una cámara del sector servicios, dijo que para ellos fue más fácil cumplir con sus obligaciones laborales porque “nuestra cámara era pequeña en términos de personal, además que ya nos habíamos reducido al mínimo desde 2018. Eso facilitó que pudiéramos liquidar al personal y cerrar la oficina que alquilábamos”.
