21 de octubre 2024
Nicaragua está viviendo otro año de incremento exponencial en materia de deuda pública externa, la que superará la barrera de los 9000 millones de dólares antes que termine diciembre, al punto que la Administración de Daniel Ortega se vio en la necesidad de elevar el techo anual de contratación de deuda, para dar un barniz de legalidad a sus operaciones.
Detrás de esa espiral alcista están los nueve contratos firmados por altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con sus nuevos socios chinos en condiciones que critica el economista y exviceministro de esa cartera, Juan Sebastián Chamorro.
“Los términos de contratación de estos nuevos proyectos con China no solo son draconianos en lo financiero, sino también en lo relacionado con la soberanía del país”, alertó el experto, en relación con los contratos firmados con empresas de ese país por 951.6 millones de dólares, a lo que se le suman los créditos contratados con el Fondo Saudí por 103 millones de dólares para construir un hospital en Las Minas, más 73 millones en dos préstamos con Bielorrusia, para comprarle más de 700 equipos de construcción.
Luego que en 2018 el régimen encabezado por Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ordenara disparar a las multitudes que se manifestaban en las calles exigiendo libertad, justicia y elecciones anticipadas, varios organismos financieros internacionales decidieron cortar sus vínculos con la dictadura, limitándose a cumplir los contratos de préstamo que ya estaban firmados, o supliendo únicamente ayuda humanitaria.
El resultado neto de eso no fue que el régimen perdiera apoyos en materia de créditos internacionales porque, en la práctica, 2018 terminó siendo uno de esos años atípicos en los que la deuda externa nicaragüense creció mucho más que el promedio: 403.5 millones de dólares, cerrando ese año en casi 5950 millones en deuda pública externa.
Los años 2020 y 2021 vieron crecimientos más expansivos aún: 678 y 850 millones respectivamente, gracias en gran medida, al apoyo decidido que el régimen recibió del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a partir de 2019, luego que Dante Mossi asumiera la presidencia ejecutiva de esa entidad regional en noviembre de 2018.
Ahora, Ortega y Murillo apuestan a que se materialice alguno de los contratos firmados con China CAMC Engineering Co. Ltd. (CAMCE); con CSCEC International Construction Co., Ltda (CSCEC International), o con China Communications Construction Company Limited (CCCC), empresas registradas en la República Popular de China. Además del aeropuerto de Punta Huete hay tres plantas solares, una parte de la Carretera Costanera, instalaciones de almacenamiento de gas, y un proyecto para ampliar y fortalecer el Sinapred.
Aunque para ello tengan que sangrar al erario público.
Inversión extranjera con dinero nacional
El jueves 15 de agosto, el asesor presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, Laureano Ortega Murillo, acompañado del ministro de Transporte e Infraestructura, general en retiro Óscar Mojica Obregón, y del ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo Palaviccine, viajó hasta el otro lado del Lago Xolotlán para inaugurar la obra de reconstrucción, ampliación y mejoramiento de la pista de Punta Huete.
Del lado chino se hicieron presente el vicepresidente de China CAMCE Internacional, Yan Hailu, y el representante general en Nicaragua de China CAMCE, He Wei. En las fotos, se observa detrás de ellos cerca de una docena de equipos entre grúas, tractores bulldozer, retroexcavadoras, montacargas, compactadoras y camiones.
Lo que nadie dijo en ninguno de los entusiastas discursos que se pronunciaron en esa ocasión, es que todo el gasto hecho hasta ese momento corría enteramente por parte de Nicaragua, pagado con recursos del erario público en virtud de la inusual cláusula 2.1 incluida en el contrato.
“Se reconoce y acuerda entre las partes, que el prestatario (o sea, Nicaragua) está obligado a pagar el pago inicial a CAMCE, independientemente de que CAMCE proporcione o no financiación en relación con cualquier parte del pago inicial”, que equivale al 20% del costo total del proyecto, así como la totalidad de los sobrecostos que pudiera llegar a tener.
Aunque no es inusual que las entidades financieras pidan a los Gobiernos que aporten una parte del costo del proyecto, lo que sí es inesperado es que el prestamista imponga la condición de que Nicaragua tiene que entregarle a ellos el 20% del costo del proyecto.
Esa cláusula debe cumplirse, sí o sí, incluso si China CAMCE todavía no ha puesto su parte, e incluso si nunca llega a ponerla.
“Para el caso del aeropuerto, son 80 millones que ya se están desembolsando, y por eso es que había maquinarias en el momento de la supuesta inauguración de la obra”, especificó Chamorro.
Dado que todos los contratos tienen una cláusula similar que indica que Nicaragua debe entregarle a China CAMCE (o a las otras empresas chinas) una suma que oscila entre el 15% y el 20% del costo de la obra, si la dictadura cumple ese requisito sobre la totalidad de los 951.6 millones de dólares contratados, debería transferir a su contraparte asiática entre 143 y 190 millones de dólares, monto que el exviceministro Chamorro no duda que será mucho mayor, siendo que “esos contratos nunca terminan costando lo que dice el presupuesto inicial”.
“Eso pone al Estado de Nicaragua en una enorme indefensión financiera, porque los chinos pueden incrementar el costo del proyecto hasta donde ellos deseen. Estos contratos violentan significativamente la soberanía del país, violentan la capacidad financiera del Presupuesto General de la República, y endeudan de una manera histórica y leonina a Nicaragua, deuda que tendrá que ser pagada por todos los nicaragüenses de las generaciones venideras”, advirtió el economista.
Chamorro también hizo notar que el contrato estipula que ninguna de sus disposiciones está en menoscabo de los derechos de la empresa china, lo que “deja al descubierto al Estado nicaragüense en términos de su derecho. Otra cláusula dice que las partes acuerdan que China CAMCE puede ceder todos sus derechos a una tercera empresa sin pedir la no objeción ni avisar al Estado de Nicaragua, cláusula extremadamente inusual en este tipo de contrato”.
Préstamos chinos son “dinero caro”
De los nueve préstamos suscritos con empresas chinas por 951.6 millones de dólares, los más caros (404.8 millones), son los dos que respaldan financieramente la construcción del aeropuerto de Punta Huete. Le siguen los préstamos para la fase dos de la Carretera Costanera, por 254.1 millones de dólares.
Luego, en orden descendente, están los contratos para construir tres plantas de energía fotovoltaica: una por 92 millones de dólares, en San Isidro; otra en Masaya, por 70 millones, para alimentar las bombas de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), y una tercera en El Hato, (Ciudad Darío) por 69.3 millones. Esa lista se complementa con los 34.1 millones para el Sinapred, más otros 27.3 millones para la construcción de tanques de gas para Enigas.
“Estos contratos representan una muy onerosa carga fiscal para Nicaragua en 2024, desde el mismo momento en que son firmados”, aseveró Chamorro, en referencia a los plazos para pagar; los períodos de gracia; las tasas, y las condiciones en que fueron rubricados.
“Cuando uno se endeuda, un elemento fundamental para saber cómo vas a pagar, es el plazo”, destaca el economista, recordando que a inicios de la década pasada (2011), el plazo promedio para pagar las deudas del Estado Nicaragüense era de 27 años, porque buena parte de esa deuda estaba pactada con bancos de desarrollo, que suelen ofrecer condiciones más blandas.
“En la actualidad, este período se ha reducido significativamente a solo diez años. Es decir, no solo tenemos que pagar más, sino que tenemos que pagarlo más rápido”, alertó. De forma adicional, estos préstamos tienen un menor período de gracia, que es el número de años que el prestamista le ofrece al deudor para que comience a pagar la deuda.
De regreso a 2011, Chamorro rememora que los bancos de desarrollo daban en promedio entre 12 a 14 años de período de gracia, y que ese número se reducía a once al combinarse con otras fuentes que ofrecían períodos menores. “Debido al incremento de la cartera del BCIE, y ahora con China, el periodo de gracia es de solo dos años: no solo tenemos que pagar más, tenemos que pagarlo más rápido y empezar a pagar más temprano”, reiteró.
Los cuestionamientos al endeudamiento con la nación asiática no acaban ahí, porque se trata de créditos pactados a tasas de interés más altas que las que se consiguen con los organismos financieros internacionales, lo que eleva el precio del dinero. Si en 2011, las tasas de interés del Banco Mundial y el Banco Interamericano oscilaban entre el 2% y el 3.5%, la tasa inicial de estos nuevos préstamos —que puede ser modificada a criterio del Centro Nacional de Financiación Interbancaria de la República Popular China— es de 6.5%.
Aunque ese porcentaje es de por sí muy alto, aún puede aumentar porque el contrato establece que Nicaragua tendrá que reconocerle a CAMCE una ‘comisión inicial’ del 1.3%, más una ‘comisión de apertura’ de 0.5%; una ‘comisión de gestión’ del 1%, y una ‘comisión de compromiso’, del 0.7% que se suman al 6.5% inicial, para llegar exactamente al 10%.