29 de junio 2021
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La letra del tratado de libre comercio con Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), no incluye una cláusula que permita expulsar a un país por razones políticas, pero eso cambió cuando el presidente Donald Trump firmó, durante su Administración, una orden ejecutiva en la que declara a Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional del país norteamericano.
Desde hace unas semanas, senadores y congresistas que abogan por meter más presión al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, propusieron adoptar leyes que permitan suspender a Nicaragua del acuerdo comercial, con el argumento que hacer comercio con Estados Unidos es “un privilegio”, no un derecho.
Una experta que participó de las mismas negociaciones del DR-Cafta, dijo a CONFIDENCIAL que Estados Unidos no puede argumentar una razón política para excluir a Nicaragua del tratado comercial, porque el texto no contiene una cláusula que lo permita.
Sin embargo, otro economista que también participó de las negociaciones del Cafta en 2004, dijo a CONFIDENCIAL, que bajo la orden ejecutiva de Trump, firmada en noviembre de 2019, Estados Unidos sí puede expulsar del Cafta a Nicaragua.
“El argumento que te dice la experta es cierto, bajo condiciones normales”, dijo el negociador. “Yo pregunté a alguien de la Administración estadounidense involucrado en la aplicación de la política hacia Nicaragua, cómo es que podrían hacerlo, precisamente para verificar si solo era retórica lo que estábamos oyendo”, complementó.
Explicó que al calificarse a Nicaragua como un riesgo para la seguridad estadounidense, solo se requiere de la firma del presidente Biden para expulsarnos.
Sacarnos del Cafta “sería el acabose”, valoró el economista Óscar René Vargas, recordando que “Estados Unidos es la fuente del 60% de la inversión extranjera que recibe el país, además de ser el destino número uno de nuestras exportaciones, y la fuente primera de nuestras importaciones”, sin mencionar que “también podrían incidir por el lado de las remesas familiares”, indicó.
Su cálculo indica que la decisión de tener un Cafta sin Nicaragua “sería un golpe de más de 2000 millones de dólares para nuestra economía, que se manifestaría en el cierre de empresas que trabajan en régimen de Zonas Francas, donde trabajan más de 120 000 personas”.
Observando el día a día de Nicaragua
Un empresario de origen nicaragüense, asentado desde hace varios años en un país del Triángulo Norte de Centroamérica (integrado por Honduras, El Salvador y Guatemala), valoró que excluir a Nicaragua del acuerdo comercial afectaría a quienes operan en nuestro territorio, y a muchos otros en la región.
“Si sacan a Nicaragua del Cafta, el Gobierno buscará imponer nuevos tributos a las empresas que queden, además que habrá más pobreza, y se verán afectadas las empresas centroamericanas que tienen negocios ahí”, determinó.
CONFIDENCIAL habló con empresarios de otros tres países de Centroamérica que tienen negocios en (o con) Nicaragua, o requieren que su materia prima y mercadería pase a través de nuestro territorio. Ellos expresaron la preocupación que les causa el deterioro del clima de negocios en el país, y cómo están frenando cualquier nueva inversión o ampliación de sus operaciones, a la espera de ver qué rumbo toma Nicaragua.
“Como extranjero, es difícil dar una opinión”, dijo un empresario con intereses en varios países de la región, que tiene presencia en Nicaragua desde hace varias décadas. Lo dice pensando no solo en lo inconveniente de opinar sobre procesos políticos internos de otro país, sino también porque, si lo identifican, sus empresas podrían sufrir cualquier tipo de represalias.
“Día a día estamos analizando los sucesos, y permanecemos a la expectativa, listos para reaccionar, mientras nos concentramos en mejorar nuestros canales digitales”, como una forma de seguir adelante en el mundo poscovid-19, a la vez que modernizan y hacen más eficientes sus operaciones.
El empresario aseguró que detuvieron cualquier inversión nueva, no solo porque los mercados están nerviosos, sino porque, en general “todavía no recuperamos el nivel de negocios que teníamos en 2017”, con lo que están aplicando una política de contratación de personal más flexible, para poder “recortarlo o ampliarlo en la medida en que las cosas van cambiando”.
“Estamos exageradamente preocupados, porque esto realmente se salió de control, y no se ve un contrapeso que pueda poner las cosas en orden, así que le damos seguimiento día a día”, dijo por su parte un dirigente gremial guatemalteco que eligió el anonimato pensando en impedir que sus contrapartes nicaragüenses pudieran sufrir alguna represalia.
Frenar operaciones en noviembre
Un nicaragüense que trabaja para una empresa extranjera que comercia alimentos balanceados en Nicaragua, dijo que la gerencia decidió saturar el mercado de aquí a septiembre, y congelar sus exportaciones en octubre y noviembre, a la espera de ver qué pasa mientras se acerca la fecha de las votaciones.
Ese plan tiene un serio problema: las empresas nicaragüenses ya no son sujetos de crédito, así que deben pagar de contado, obligación financiera cada vez más difícil de cumplir, porque la caída en las ventas genera escasez de flujo de caja.
“El plan que estamos siguiendo es meter toda la mercadería que se pueda: un contenedor ahorita, otro en agosto, y quizás otro en septiembre, pero ya no en octubre ni noviembre, porque se prevé que el tiempo previo a la fecha de las elecciones sea convulso”, dijo el ejecutivo.
La estrategia de adelantar ventas pretende asegurar que sus puestos de venta estarán bien surtidos el resto del año, aunque ya no envíen nada en el cuarto trimestre. “Queremos que nuestros clientes tengan suficiente stock acumulado para llegar hasta diciembre”, remarcó.
La falla en ese plan es que, a partir de 2018, la empresa dejó de ofrecer créditos a sus clientes en Nicaragua. Antes de eso, sus clientes gozaban de 60 a 90 días para pagar sus créditos, pero eso cambió en la medida en que se fue deteriorando la situación del país, y los distribuidores locales comenzaron a atrasar sus pagos.
Otra forma de graficarlo es que antes de 2018, la empresa enviaba cada año, 10 a 12 contenedores con mercadería valorada en 35 000 dólares cada uno; pero en 2021 solo han podido enviar un contenedor completo, y cuatro o cinco más valorados en 15 000 a 25 000 dólares cada uno.
“Los clientes están comprando menos porque están siendo más cautelosos; porque el mercado está deprimido —lo que hace que todavía tengan inventario en existencia— o porque no tienen capacidad para pagar de contado”, detalló.
Esperando para ver
Un industrial salvadoreño con inversiones en agroindustria y bienes raíces, tanto en Centro como en Sudamérica, suspendió toda inversión en Nicaragua desde 2017, después de comprar tierras para desarrollar un proyecto agroindustrial, dijo uno de sus asistentes, de nacionalidad nicaragüense.
El proyecto no se concretó porque “encontró mucha corrupción. Luego vino 2018, así que mantuvo sus planes en el congelador, y menos que invierta ahora, con todo lo que está pasando”, explicó.
Un empresario europeo, empeñado en lograr que la tecnología le permita sortear las dificultades que encuentra en la plaza nicaragüense, justificó las decisiones que toman los inversionistas, diciendo que “el dinero es muy cobarde, excepto cuando está en una situación controlada, o tiene contactos al más alto nivel”.
El emprendedor dijo que, desde hace varias semanas, “nadie del Gobierno” contesta sus llamadas. “Todos están callados. Quizás recibieron instrucción de estar en silencio, pero también puede ser que alguna de mis acciones no les haya gustado”, especuló.
Derivado de ese silencio, concluye que es mejor opinar desde el anonimato, convencido que “cualquier exposición mediática puede generar una situación incontrolable e impredecible”, mientras observa cómo “una capa de polvo plomizo cubre el país”, en referencia al deterioro del ambiente político.
Un ganadero costarricense, socio de una empresa que exporta lácteos a Nicaragua, lamentó que “la situación del país esté tan complicada, lo que deteriora el clima de negocios, y no da seguridad alguna para pensar en inversiones”.
“Hace algunos años intentamos comprar una finca en Nicaragua y nos dio miedo tanta inseguridad jurídica. Veo que tomamos la decisión correcta, porque estaría muy preocupado si la hubiéramos comprado. Es una lástima lo que está pasando, porque tienen un potencial enorme”, consideró.
Un profesional del sector financiero y profesor universitario, destacó cómo la imagen del país se deteriora aceleradamente, cuando un CEO bancario está siendo acusado y se le arresta por un delito político.
Encarcelar a un banquero y perseguir a empresarios “deteriora el clima de negocios, y puede generar un pánico bancario silencioso, que se manifestará en una salida de plata en los próximos días, porque es fácil mover tu capital desde una computadora”, dijo, descartando que ocurra una salida masiva de fondos.
