Política fiscal aumenta la pobreza

La política fiscal nicaragüense “aumenta la pobreza en el país. A nivel nacional, la acción del Estado no es capaz de reducir ni la pobreza total, ni la extrema”, según el reporte ‘Incidencia de la Política Fiscal en la Desigualdad y la Pobreza’, centrado en el caso de Nicaragua.

La razón es que nuestros estados “prefieren recaudar más sobre el valor agregado y el consumo, que son más fáciles de cobrar, pero son ‘regresivos’ (porque cobran a todos por igual, sin reconocer que algunos pueden pagar más que otros), con lo que generan una incidencia negativa sobre los niveles de pobreza”, aseguró Ricardo Barrientos, Economista Senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El resultado es que “todos los beneficios de los programas ‘pro pobre’, se ven excedidos por los efectos perniciosos de esos impuestos regresivos” que florecen en “un sistema tributario que prefiere los impuestos indirectos, que son los que aumentan la desigualdad”, según Barrientos, de origen guatemalteco.

El documento –preparado por el Icefi, y financiado por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)- fue presentado en Managua, junto con otros dos textos que analizan los niveles y las posibilidades del desarrollo rural en Centroamérica, por Julio Francisco Báez, del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet).

Lourdes Molina, también del Icefi, dijo al presentar el estudio ‘Bases del Desarrollo Rural en Centroamérica’, que para lograr el desarrollo del campo, la política fiscal debe fortalecer al sector rural, aumentar los niveles de protección social a los trabajadores del campo, mejorar la infraestructura en esas zonas, y proteger el medio ambiente, entre otros.

La economista e investigadora detalló que para desarrollar el medio rural nicaragüense, haría falta pasar del 2.97% del Producto Interno Bruto que se le destina en este momento, (que ella calculó en unos US$400 millones) al 4.94% en 2010 (equivale a US$1,600 millones), y al 9.79% en 2025, o sea, unos US$2,000 millones.

Molina demostró que hay de dónde cortar, para destinar el 9.79% del PIB en 2025, comenzando por reducir los privilegios fiscales en 4.9 puntos del PIB; fortalecer la administración tributaria, lo que aportaría otros 1.4 puntos; focalizar los subsidios (1 punto); fortalecimiento del impuesto a la propiedad (1 punto); donaciones (0.8 puntos) y deuda (0.7 puntos).

Mayor pobreza rural

“Hay un componente de la pobreza que es persistente, pero la política fiscal es la principal herramienta de política pública para tatar de atacar un problema como la pobreza. Al decir ‘política fiscal’ estamos hablando de impuestos, pero también del gasto público y éste debería ser el canal por el cual el Estado logra intervenir”, explicó Barrientos en el programa Esta Semana que se transmite hoy en canal 12.

El economista dijo que “los datos nos revelaron cosas preocupantes, porque el gobierno sí está haciendo algunos esfuerzos, con los programas ‘Hambre Cero’ y ‘Usura Cero’, pero los datos revelan que en el área rural, el efecto positivo se pierde por lo poco que se está haciendo, así como por efecto de la reducción en el ingreso que generan los impuestos indirectos, el impuesto al valor agregado, etc., que no permite reducir más ese componente de pobreza persistente”.

“Tenemos que apostar a fortalecer toda la capacidad productiva del sector rural. Cuatro de cada diez nicaragüenses viven en la zona rural, pero vemos muchas diferencias cuando los comparamos con los habitantes de la zona urbana. Por ejemplo, el acceso a servicios básicos de electricidad y agua, o en los niveles educativos. Una persona del área rural tiene la mitad de años de escolaridad que una del área urbana. Hay muchas desigualdades que la política fiscal debiera estar enfrentando y no lo está haciendo”, detalló Molina.

Nicaragua: opacidad fiscal

“Fiscalmente hablando, Nicaragua es el país más opaco de Centroamérica: hay muy poco acceso a los datos, es el menos transparente en aspectos fiscales, lo que tiene consecuencia en término de democracias funcionales, saludables”, dijo Barrientos al ser entrevistado en ‘Esta Semana’.

Explicó que la tributación es una de las principales relaciones Estado-Sociedad y debe discutirse de forma transparente y abierta. “Una de las propuestas que tenemos, pensando en el desarrollo rural, es que en Nicaragua hay privilegios fiscales que son excesivos. Las extensiones tributarias son demasiado grandes, y nosotros sostenemos que técnicamente ya no están justificadas”.

“Las exenciones fiscales en Nicaragua no son una expresión de desarrollo económico, sino de músculo político, y ese músculo se ejerce en la oscuridad, no en una forma democrática, en un parlamento que esté de cara a la ciudadanía y a los electores”, reclamó.

Barrientos relató que tuvieron muchas dificultades para hacer los estudios fiscales en Nicaragua, país en el que no se sabe cuántos córdobas se dejan de pagar por exenciones fiscales. “En Guatemala ese informe se entrega anualmente desde hace quince años, y ahora hay una base de datos en línea donde por cada beneficiario podemos ver qué tipo de beneficio fiscal hay. Esos son los temas que uno mira en la fiscalidad pública nicaragüense, y definitivamente que eso refleja una falta de transparencia”, sentenció.